Javier Cremades: «Los totalitarismos acechan, son eficaces y pueden prevalecer»

«Puede que la democracia constitucional esté en crisis, pero de ella no se sale pervirtiéndola». Esta es sólo una de muchas aseveraciones redondas que vierte Javier Cremades – abogado, académico y presidente de la World Jurist Association- en su libro ‘Sobre el imperio de la ley’, en el que trata de realizar un diagnóstico de lo local a lo global de la situación actual.

En esta obra, publicada por la editorial Galaxia Gutemberg, Cremades toca a rebato para advertir ante lo que puede ocurrir si las democracias no protegen y cuidan ese «experimento» con el que se dotaron hace no mucho y que lleva por nombre Estado de derecho: «Los totalitarismos acechan, son eficaces y pueden prevalecer».

-¿Por qué poner el foco en el imperio de la ley?

-Los estados de derecho están empezando a ser objeto de la conversación ciudadana porque parecen frágiles, amenazados y no ya por fuerzas externas. Hoy en día parece que las autocracias funcionan y que la gente está satisfecha, y da la sensación de que en las democracias nos pasa lo contrario, que estamos desafectados, desconectados, y eso supone en riesgo porque para un sistema constitucional es fundamental la conexión entre los ciudadanos y el sistema, si no, no puede funcionar.

-¿Por qué falla esa conexión?

-Se dan dos fenómenos, uno que es externo y otro que es interno. El externo es que las autocracias han podido penetrar en las democracias abusando de nuestras libertades y están generando muchas interferencias en la conversación pública y dificultades para acceder a la verdad. Pero también hay elementos internos que son desconstitucionalizadores. Cuando vemos a los partidos y a los poderes de derechas y de izquierdas atacar la independencia judicial, cuestionar su funcionamiento, acusar (a los jueces) de ser políticos vestidos con togas, eso produce una desconexión de los ciudadanos con el sistema. Hemos visto al Poder Ejecutivo quejarse del escrutinio judicial al que a veces es sometido, y sostiene que sufre ‘lawfare’. Pero todos los ciudadanos estamos sometidos al control judicial y al imperio de la ley, también los poderes públicos, especialmente los poderes públicos. (…) En España hemos tenido un proceso de erosión de las instituciones.

-¿Cree entonces que el Gobierno de Pedro Sánchez contribuye a esa erosión?

-Yo he señalado en el libro tres grandes tumores que pueden afectar a la salud del sistema: la dificultad del acceso a la verdad; el ataque a la independencia judicial, los jueces se han convertido en el último bastión para el Estado de derecho y son los más débiles; y la polarización. La dinámica de una vida pública cada vez más polarizada está en defenderse cuando tienes un frente judicial, pero creo que hay que ser extremadamente prudente porque cualquier gobierno puede erosionar el Estado de derecho solamente con criticar la acción de los jueces. No solo hay que acatar las decisiones judiciales, sino respetarlas. Decía Stephen Breyer, el juez mítico del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que el Estado de derecho es que un ciudadano acepte una decisión judicial sabiendo que puede ser errónea porque conoce las consecuencias de no hacerlo. Y eso vale para el Gobierno, pero también para la oposición. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la ley de amnistía y ha dicho que es constitucional, tenemos que aceptarlo. Creo que tanto los gobiernos de derechas como los de izquierdas tienen la tentación, por la agresividad que sufren, de atacar al árbitro, y el árbitro es el Poder Judicial, que es un poder fundamental.

-El sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial no ayuda, entiendo.

-En el libro analizo una docena de países que han visto tensionado, erosionado o destruido sus Estado de derecho, como Venezuela o Nicaragua, donde hemos visto la mutación de un sistema democrático constitucional en un sistema autoritario, en una auténtica tiranía. España ha sufrido fuertes tensiones y en parte tiene mucho que ver con una hipertrofia de los partidos políticos. Se hizo una Constitución después de 40 años en los que no hubo libertades políticas, y el partido político, en el artículo 6 de la Carta Magna, resulta especialmente fortalecido. Ese partido político ha ido penetrando en el Poder Judicial precisamente a través del sistema de elección de los jueces. Los dos partidos principales del poder son responsables del actual sistema que no es óptimo, porque uno de ellos propició el cambio y el otro, cuando pudo cambiarlo, no lo hizo. Y hay una alta interferencia de la política en la selección del Consejo y por lo tanto en las más altas magistraturas del Estado y eso no es conveniente.

Los mejores sistemas son aquellos donde los propios jueces eligen a los jueces, donde hay un criterio técnico, no ideológico, sobre la idoneidad de las personas para interpretar el derecho, que es una ciencia abstracta complicada, que requiere una alta especialización, y solamente los mejores, que tienen que tener altas dosis de integridad, capacidad de independencia y un gran conocimiento técnico, tienen que ser llamados para ello. El actual sistema para mí debe ser corregido. Los jueces son hijos de su tiempo, los jueces viven en una generación concreta y tienen su ideología, pero están obligados por ley a no tenerla en cuenta cuando aplican la ley, (…) ellos mismos también son un poder sometido a la Constitución y a las leyes.

«Los partidos, cuando tienen sentencias en su contra como la del fiscal general, lo primero que hacen es atacar a los jueces»

-Entiendo que la situación de España le alarma.

-Es mi país, lo conozco más de cerca, me preocupa el desprestigio de las instituciones por la acción de los partidos, que cuando tienen sentencias en su contra, como la del fiscal general, lo primero que hacen es atacar a los jueces. Y eso no se puede hacer, tenemos que cuidar mucho a nuestros jueces, respetarlos. Tenemos que reforzar la conexión de la comunidad política con el sistema jurídico. En España hay un desgaste que debemos revertir, debemos recuperar ese respeto (…) por el conjunto del sistema jurídico, porque hay que tener muy claro que el Estado de derecho es un experimento. El año que viene Estados Unidos cumplirá 250 años, es muy poco tiempo y ese experimento se puede perder. Los totalitarismos acechan y son eficaces y pueden prevalecer, y no queremos perder un sistema que es el único que permite que la dignidad de la persona sea protegida integralmente. Si cualquier poder ataca al Poder Judicial, los ciudadanos debemos salir a proteger a los jueces (…) porque son la última frontera que nos queda, no tenemos otra para poder aplicar el Derecho.

-¿Considera que la pandemia fue una prueba de fuego para la democracia?

-Sin lugar a dudas porque hubo dos situaciones de peligro. Una viene derivada de aquello que decía Aristóteles de que el poder tiende a expandirse. El poder tiende a perpetuarse y a continuación el poder tiende a corromperse. Por tanto, en un espacio donde los márgenes de acción se amplían porque la intervención del Gobierno es más amplia y los márgenes de esfera privada disminuyen, el Gobierno y los poderes públicos tratarán de ocuparlo todo, pero no solamente el español socialista, todos los gobiernos trataron de decirnos cómo teníamos que vivir, con quién teníamos que conversar, cuántas veces podíamos visitar a nuestros familiares. Fue una situación realmente peligrosísima y había que recuperar la esfera de la autonomía, de la libertad, porque el Estado de derecho no es un sistema de leyes, es un sistema de leyes antropocéntricas.

«Cualquier esfuerzo dentro de la legalidad por devolver a los venezolanos un Estado de derecho me parece inteligente, necesario y una obligación ética»

-¿Cómo definirías la situación en países como la Venezuela de Nicolás Maduro?

-Es la arbitrariedad y el totalitarismo máximo. Es muy interesante lo sucedido en Venezuela porque, como dijo Moisés Naín -escritor venezolano-, es un régimen que ha vestido con eficacia durante muchos años la túnica de la democracia. Parecía formalmente un sistema donde había jueces, había parlamento, había elecciones, parecía una democracia, pero no lo fue y no lo fue desde aquella reforma constitucional que se dio en los primeros años de Hugo Chávez, porque fue una reforma ilícita, inconstitucional. Hizo trampas para cambiar las reglas del juego y a partir de ahí todo el juego estaba viciado, ya no era un sistema antropocéntrico y por eso el poder tuvo esa capacidad de expandirse y de dominarlo todo: ya no queda ni un solo juez de carrera independiente en Venezuela.

-Las acciones que adopta sobre ese régimen Donald Trump, ¿qué opinión le merecen?

-Cualquier esfuerzo dentro de la legalidad por devolverle a los venezolanos un Estado de derecho que nunca debieron perder me parece inteligente, me parece necesario, me parece una obligación ética. Yo creo que el régimen de Nicolás Maduro tiene los días contados y probablemente podamos ver un cambio dentro de pocos días. Y tendrá mucho que ver con la presencia de María Corina Machado -opositora venezolana y premio Nobel de la Paz- en Oslo.

-¿Qué herramientas o qué claves son necesarias en sociedades como la española para mantener ese Estado de derecho?

-Tenemos que ir por ese camino de entender que los ciudadanos somos los responsables de nuestro propio Estado de derecho, y con nuestra opinión, con nuestro voto, con nuestros impuestos, con nuestra vida en común, estamos defendiendo un sistema donde el poder va a estar siempre limitado y vigilado, vigilado por una opinión pública libre a través del periodismo profesional y también de ese micropoder que tenemos ahora los ciudadanos de observar, de criticar, de participar. Pero también vigilado por quien es el elemento de cierre y de control, que es el Poder Judicial, que es lo último que nos queda y el poder más frágil y débil.-

Javier Lillo

16/12/2025  (ABC. Madrid)