Entre vacíos y contradicciones, expertos y sociedad civil ven amnistía como oportunidad

Durante una consulta pública sobre el proyecto de ley de amnistía para presos políticos, realizada en Caracas el pasado 9 de febrero, abogados, expertos y representantes de la sociedad civil coincidieron en señalar problemas de indeterminación jurídica, vacíos técnicos y riesgos en su aplicación; sin embargo reconocieron que la iniciativa es una vía para avanzar hacia la libertad de los detenidos por razones políticas en el país.

La abogada Magaly Vásquez, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y doctora en derecho, advirtió que uno de los problemas de fondo del proyecto es la falta de claridad sobre qué se entiende por delitos políticos, una noción que -recordó- no está definida en el ordenamiento jurídico venezolano y ha sido construida de manera casuística por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Vásquez sostuvo que esta indeterminación compromete la aplicación de la ley y señaló que el proyecto no ofrece criterios claros para delimitar los hechos que quedarían cubiertos. En ese sentido explicó que el documento de observaciones presentado propone listar los delitos específicos susceptibles de amnistía.

La especialista cuestionó además la redacción del artículo 1, al considerar imprecisa la noción de “sucesos de violencia por motivos políticos”, así como la temporalidad de la norma, que fija como límite el 30 de enero de este año sin explicar por qué no se extiende hasta el 31 o hasta la fecha de publicación de la ley.

Uno de los señalamientos más críticos estuvo dirigido al artículo 6, que enumera hechos de violencia por motivos políticos. Vásquez indicó que, salvo el primer numeral -vinculado a hechos ya contemplados en el decreto de amnistía de 2007-, los demás son tan indeterminados que, a su juicio, impedirían que la ley cumpla su objetivo.

En relación con los delitos contra el patrimonio público, la especialista alertó que tal como está redactada la norma, quedarían excluidas personas a las que se les imputó este tipo de delitos para impedir su postulación a cargos de elección popular, pese a que no están expresamente excluidos de la amnistía por el artículo 29 constitucional.

Vásquez añadió observaciones de orden procedimental, al advertir que el proyecto omite la intervención de los jueces de ejecución en la extinción de la pena de los condenados y confunde los efectos de la amnistía con el recurso de revisión penal. Asimismo alertó que el artículo 10 atribuye a cuerpos policiales y autoridades militares la facultad de dar por terminadas investigaciones penales, una competencia que -subrayó- no les corresponde.

Finalmente recordó que bajo los estándares actuales del derecho internacional de los derechos humanos, una ley de amnistía legítima debe estar vinculada a mecanismos de reparación y garantías de no repetición, aspectos que no están contemplados en el proyecto.

Desde la sociedad civil, el abogado César Ramírez, integrante del partido Centrados, defendió la ley como una vía para avanzar hacia la reconciliación nacional y la liberación de personas detenidas injustamente. Llamó a los diputados a darle celeridad al debate, al considerar que la norma representa una esperanza para los presos políticos y sus familias.

Ramírez propuso eliminar el artículo 6 del proyecto, al sostener que las personas detenidas por motivos políticos enfrentan una variedad de delitos imputados que, según dijo, son “inventados” y no constituyen delitos reales. A su juicio bastaría con el respeto al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución.

También cuestionó que el procedimiento judicial previsto deje en manos de los jueces la libertad de los procesados, al considerar que esos mismos jueces han sido responsables de violaciones al debido proceso. Propuso la designación de jueces ad hoc o itinerantes que revisen los casos directamente en los centros de detención. Además planteó que el proyecto incluya la derogatoria de la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización contra las oenegés.

Por su parte, el diputado Henrique Capriles afirmó que para liberar presos políticos no se necesita una ley de amnistía, al señalar que las excarcelaciones recientes no han sido consecuencia de la aprobación de una norma de este tipo. Insistió en que el problema no es jurídico sino político y que el respeto al debido proceso habría evitado la situación actual.

Capriles cuestionó la falta de voluntad política para desmontar el aparato represivo y planteó que, aun con la “mejor ley de amnistía”, sin voluntad política no se producirían cambios reales. También habló sobre la reparación de las víctimas, al preguntar si el poder estaría dispuesto a incluirla en una eventual amnistía.

El parlamentario advirtió que miles de personas procesadas en el contexto de protestas mantienen causas abiertas y que el miedo impide muchas denuncias. También se preguntó si la ley puede servir para desmontar ese miedo y criticó los límites temporales del proyecto, al señalar que futuras protestas quedarían fuera de su alcance.

Otras intervenciones reforzaron las críticas al texto. El abogado Alberto Arteaga Sánchez recordó que la amnistía no es un perdón, sino la renuncia del Estado a sancionar, y calificó el proyecto como una “pobre ley” frente a los males acumulados en 27 años. Señaló que otorga una amplia discrecionalidad al poder judicial y planteó la necesidad de designar jueces específicos para conocer de estos casos, además de derogar leyes como la Ley contra el Odio y listar de manera expresa los hechos amnistiables.

El abogado y coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, advirtió que los adolescentes no pueden ser excluidos de una ley de amnistía, al considerar que su inclusión fortalecería el instrumento.

Desde el ámbito académico, un profesor de la UCAB cuestionó el uso del término “clemencia” en el proyecto, al considerarlo una falta de respeto frente a décadas de represión estatal, y planteó que debería hablarse de “rectificación”. También señaló la necesidad de que el Estado asuma responsabilidades.

Por su parte, la diputada Nora Bracho, también vicepresidenta de la comisión para la promoción del proyecto de la ley de amnistía, defendió la decisión de avanzar con el proyecto, aun reconociendo que tiene carencias. Señaló que la consulta artículo por artículo permitirá mejorar el texto y afirmó que el objetivo central es la libertad de los presos políticos. Reconoció la desesperación de las familias y sostuvo que la derogatoria de leyes como la Ley contra el Odio y la Ley Bolívar es necesaria, aunque compleja.

Capriles recordó finalmente que, aun sin una ley de amnistía, siguen siendo aplicables los indultos como mecanismo para liberar detenidos.

Delcy Rodríguez anunció el 30 de enero una ley de “amnistía general” de presos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad. Anteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos, luego de que el pasado 3 de enero fuerzas militares estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Pese a que las autoridades venezolanas aseguran que más de 800 personas han sido excarceladas, la ONG Foro Penal había confirmado 426 excarcelaciones hasta el pasado 9 de este mes.-

• TalCual
• 11 Feb, 2026