La dictadura nicaragüense prohíbe misiones pastorales y vuelve a cercar las celebraciones católicas en varias ciudades

«La situación ha empeorado» en Nicaragua tras la prohibición de misiones pastorales en la diócesis de León y el endurecimiento de restricciones a actos religiosos católicos en Managua y otras ciudades. Así lo asegura la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, autora del informe «Nicaragua: una Iglesia perseguida», en declaraciones del 10 de febrero.

Molina sostiene que la dictadura del presidente Daniel Ortega y de su esposa y “copresidenta”, Rosario Murillo, mantiene «un discurso de reconciliación y amor, pero sus palabras no son coherentes con sus acciones: tienen miedo de la fe y del amor a Dios que siente el pueblo». En ese contexto, recuerda que el último informe publicado en agosto de 2025 atribuye al régimen 1.070 ataques contra la Iglesia católica y la prohibición de 16.500 procesiones desde 2018, cifras que —según afirma— continúan aumentando.

La investigadora añade que «la dictadura en ocasiones ha enviado a la policía a sacar a los sacerdotes de actividades religiosas o de Misas para amenazarlos; no les importa si los sacerdotes están celebrando la Misa». Además, señala que los sacerdotes ya estaban sometidos a diversos métodos de control policial, entre ellos la exigencia de informes semanales sobre sus actividades e incluso demandas de revisar sus teléfonos móviles para conocer con quiénes se comunican.

Prohibición de misiones pastorales en la diócesis de León

Molina informó el 21 de enero que la dictadura prohibió las misiones pastorales en la diócesis de León, que abarca los departamentos de León y Chinandega y está a cargo del obispo René Sándigo. Según se indica, Sándigo fue el único obispo en Nicaragua que votó en las elecciones presidenciales de 2021 en las que Ortega fue reelegido, proceso que observadores internacionales describieron como una farsa.

De acuerdo con Molina, la orden dada al clero fue: «Hagan su trabajo bajo techo» y permanezcan «en sus parroquias». La investigadora explicó que esto impediría a la diócesis cumplir su misión de «llevar la Palabra de Dios de casa en casa». La diócesis de León fue contactada para recoger su versión, pero no se obtuvo respuesta al momento de la publicación.

Félix Maradiaga, presidente de la Fundación por la Libertad de Nicaragua, advirtió que la dictadura «ya no se limita a hostigar a los líderes religiosos o cancelar procesiones, sino que ahora busca silenciar la fe en la vida cotidiana y castigar cualquier expresión espiritual que no controle». Maradiaga, que intentó postularse en 2021, fue arrestado por el régimen, pasó casi dos años en prisión y, en 2023, fue liberado y deportado a Estados Unidos.

Maradiaga afirmó que la dictadura está «prohibiendo fiestas populares con profundas raíces culturales y religiosas —como la tradicional festividad en honor de los santos patronos de varios pueblos que se celebra en Diriamba— y restringiendo celebraciones de gran significado comunitario, como la del Divino Niño en Matagalpa». También denunció que se está «prohibiendo la predicación de puerta en puerta y de casa en casa», lo que, según dijo, afecta igualmente a otras denominaciones cristianas.

En ese marco, se menciona la concurrida procesión y peregrinación del Divino Niño en Matagalpa —diócesis del obispo Rolando Álvarez, expulsado a Roma en enero de 2024 tras pasar 18 meses detenido—, que habría sido prohibida y restringida por la dictadura durante los últimos años.

La tradicional «Reunión de Santos», también prohibida

En su declaración del 10 de febrero, Molina recordó que la prohibición de procesiones impuesta por la dictadura data de 2022 y que en 2026 «estas actividades religiosas vuelven a estar prohibidas». Se refirió, en concreto, a la prohibición de la llamada «Reunión de Santos» en Diriamba, en honor de San Sebastián: una celebración que reúne varias imágenes de santos y convoca a numerosos fieles. «La dictadura solo permite que las imágenes de los santos salgan al atrio de la iglesia», lamentó.

Molina agregó: «Lo mismo ocurrió con la celebración de la Virgen de Candelaria, en Managua, que fue confinada a los muros de la iglesia para impedir una mayor participación de los fieles».

Se informó también que, por primera vez, el régimen canceló la tradicional procesión de santos —San Juan Bautista, San Marcos y Santiago— en la parroquia Inmaculada Concepción de María, en el municipio de La Concepción, Masaya, conocida como la parroquia de La Concha. Según se indicó, la alcaldesa sandinista (pro-Ortega) de La Concepción, María Esperanza Mercado Hernández, declaró feriado el 9 de febrero y autorizó «una multitud de actividades para contrarrestar la fiesta religiosa de la parroquia».

El sacerdote nicaragüense Edwing Román, vicario parroquial de Santa Águeda en Miami, explicó que, además de San Sebastián en Diriamba, se dictaron prohibiciones similares en la parroquia Santiago de Jinotepe, la parroquia Santiago de Boaco y la parroquia San Jerónimo de Masaya. Señaló que esto ha ocurrido «en todas las cabeceras departamentales y en la mayoría de los pueblos», donde municipios afines al gobierno organizaron en su lugar espectáculos seculares.

Román describió un modo de control que, según él, se ha instalado para impedir la expresión pública de la fe: «Para un mayor control, las alcaldías sandinistas, con todo su aparato organizativo y equipos de sonido, se adueñan de los atrios de las iglesias para montar sus espectáculos: eligen reinas, organizan bailes al aire libre para distraer y vender una fachada de alegría, pero la realidad es muy distinta en cada hogar nicaragüense». El sacerdote, que indicó vivir exiliado desde hace más de cuatro años, añadió que las actividades religiosas se realizan «bajo vigilancia policial y con paramilitares de civil» y que «las imágenes religiosas ya no se cargan en brazos por los fieles, sino en vehículos escoltados por la policía para impedir que la gente las lleve».

Román resumió el motivo de fondo con una frase: «La dictadura teme a las multitudes, incluso a las religiosas, que toman las calles de las ciudades». Y, pese a todo, afirmó: «La gente se aferra a su fe, y el pueblo de Dios espera en la intercesión de sus santos patronos ante Nuestro Señor Jesucristo».

«Una batalla espiritual»

Arturo McFields Yescas, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y también exiliado, afirmó que «Nicaragua está viviendo una batalla espiritual que se manifiesta en el plano terrenal mediante represión, persecución, censura y espionaje a las personas». Subrayó que «la ferocidad del régimen contra la fe del pueblo es más evidente entre la comunidad católica, pero también entre la evangélica, porque el enemigo es la fe del pueblo, su fe en Dios, porque saben que Dios es más fuerte que cualquiera de estas amenazas terrenales». Y concluyó: «Pero creo que el pueblo de Nicaragua está convencido de que esta es la Iglesia de Dios y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es una verdadera batalla espiritual, y la dictadura la está perdiendo, gracias a Dios».

Por su parte, en una homilía de la Misa dominical del 8 de febrero en la parroquia Santa Águeda de Miami, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez —también exiliado— afirmó: «Hay mucha oscuridad en el mundo que debe ser iluminada por el Evangelio. Somos la luz del mundo cuando desenmascaramos la oscuridad de un poder despótico y cruel que amenaza, intimida y oprime».

El prelado exhortó a los fieles a ser «faros de esperanza en un mundo que a menudo parece dominado por la oscuridad. Estamos llamados, por tanto, a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esa es nuestra misión como discípulos de Jesús: preservar la vida y darle sentido, ser testigos del Evangelio e iluminar con su luz».-