Para analizar con objetividad el llamado proceso de liberación de presos políticos debemos revisar los antecedentes con detenimiento y afinar la conciencia en la búsqueda de la verdad. Los hechos pueden entenderse en dos etapas claramente diferenciadas. Primera etapa: antes del tres ¿Cómo llegaron los “amnistiados” a la cárcel? Nunca antes en la historia contemporánea del país había existido un sistema de represión tan articulado y metódico. No se trata de excesos aislados ni de desviaciones individuales. Se trata de una estructura diseñada para producir miedo, disciplinar a la disidencia y quebrar la voluntad ciudadana. El proceso funciona como una cadena perfectamente ensamblada. La primera fase es la persecución. Organismos de seguridad levantan investigaciones sin garantías, violentando derechos fundamentales. Las detenciones se ejecutan bajo esquemas que priorizan el impacto intimidatorio sobre la legalidad. Las bandas uniformadas constituyen el primer eslabón de la cadena del terror: su misión es vulnerar la integridad del individuo y enviar un mensaje colectivo. La segunda fase es la construcción formal de la culpabilidad. El monopolio de la acción penal se ejerce con fines políticos. Se consolidan expedientes plagados de inconsistencias, se fabrican narrativas que convierten la disidencia en delito y se validan acusaciones que transforman la protesta en conspiración. El derecho deja de ser garantía para convertirse en instrumento. La tercera fase traslada la decisión a tribunales cuya independencia es inexistente. Jueces sometidos a directrices políticas ejecutan decisiones previamente determinadas. La sentencia no responde a pruebas, sino a objetivos. Se establece el grado de castigo que mejor se ajuste a la necesidad ejemplarizante del poder. Una vez dictada la condena comienza el verdadero viacrucis: centros de reclusión convertidos en espacios de humillación sistemática, extorsión, aislamiento y maltrato físico y psicológico. El mensaje es claro y deliberado: esto es lo que ocurre a quien desafíe al régimen El daño no termina en el detenido. Se extiende a su familia. Se convierte en advertencia colectiva. Eso no es justicia penal. Es terrorismo de Estado. Segunda etapa: después del tres ¿Cómo salieron? La amnistía real supone una carga moral y jurídica poderosa. Remite a reconciliación, cierre de heridas y reconstrucción institucional. Pero cuando es proclamada por quienes controlan un aparato represivo intacto —aunque momentáneamente en estado de hibernación estratégica— la pregunta no es cuál es su significado formal, sino qué función política cumple. Amnistiar a quien no cometió delito alguno equivale a transformar la injusticia en concesión graciosa del poder. Es el Estado presentando como gesto humanitario la corrección parcial de una violación previa. Esa inversión moral es la esencia del “perdón del verdugo”. La historia latinoamericana ofrece precedentes claros. En la década de los setenta y nuevamente en 2010, el gobierno de Fidel Castro concedió liberaciones selectivas de presos políticos en momentos de presión diplomática. No hubo reconocimiento de responsabilidad estatal. No existió desmontaje del sistema judicial subordinado al poder político. No se establecieron garantías de no repetición. Fueron movimientos estratégicos: aliviar tensión externa, ganar margen internacional y preservar la arquitectura interna del régimen. Hoy, en Venezuela, con la aprobación de una “ley de amnistía parcial” impulsada desde el entorno de Delcy Rodríguez, la medida parece inscribirse en esa tradición táctica. No se presenta como parte de un proceso de transición auténtica, sino como herramienta de descompresión que permita mitigar el impacto político de las exigencias del gobierno norteamericano tras los hechos del tres de enero. El “perdón del verdugo” no repara a la víctima ni transforma el sistema. Solo pretende legitimar al poder que lo concede y revestir un mandato externo como iniciativa legislativa autónoma. Aprobar una ley para “amnistiar” a quienes han sido víctimas de procesos arbitrarios hace que la figura pierda coherencia jurídica. Forma parte de un procedimiento que no evidencia un verdadero propósito de enmienda. Utilizar los mismos tribunales que violentaron los derechos procesales de miles de venezolanos como canal del supuesto perdón es la máxima expresión de un chantaje político que busca legitimidad forzada. Hablar de amnistía para quienes nunca debieron estar presos invierte la lógica moral del Estado de Derecho. Es el verdugo otorgándose a sí mismo la facultad de conceder clemencia sobre una injusticia que no reconoce. No se trata de negar el valor humano de cada liberación. Toda excarcelación es relevante para quienes la reciben y sus familias. La cuestión es otra: si la medida forma parte de una transformación estructural o si constituye un mecanismo de gestión temporal del conflicto. La verdadera construcción de la paz en Venezuela no dependerá de una intención aparente que responde a una estratégica selectiva, dependerá de la voluntad real de desmontar las estructuras que hicieron posible la represión. Debe responder a una decisión histórica: desmontar de raíz el aparato que convirtió la justicia en instrumento de persecución y el poder en mecanismo de miedo. No basta con abrir las rejas si permanecen las estructuras que las construyeron. No basta con liberar si se conserva el sistema que puede volver a encarcelarlos. No basta con hablar de reconciliación si no existe reconocimiento del daño causado. El país no necesita indulgencias administradas desde el mismo poder que se apuntaló sobre la injusticia. Necesita restitución plena de derechos, independencia real de los tribunales y garantías irreversibles de libertad. Porque mientras el aparato represivo continúe vivo, cualquier amnistía será circunstancial. Sin la verdad, no habrá reconciliación. El “perdón del verdugo” puede aliviar titulares y descomprimir presiones momentáneas, pero no reconstruye la República ni devuelve la dignidad arrebatada. Venezuela no necesita clemencia. Necesita justicia. Y la justicia no se concede: se restablece.

José Antonio Gil Yepes:

El General López Contreras asumió el poder tras la muerte de Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 1935, siendo su ministro de la Defensa y no habiendo otra fuente de poder ni de estabilidad que pudiera gobernar asegurando la paz.  El país venía marcado por 27 años de dictadura, atraso institucional y por un alto potencial de conflictividad social.

A menos de dos meses de la muerte de Gómez, en febrero de 1936 estallan manifestaciones y huelgas; el gobierno suspendió las garantías y reprimió la protesta. Pero, ante la presión social, y su propio criterio, el General López interpreta que el momento, más bien, era propicio para rectificar, restituir garantías y sustituir a figuras represivas, como al gobernador de Caracas, Félix Galavís, quien fue sustituido por un General civilista, Elbano Mibelli.

El Programa de Febrero (1936) implanta, por primera vez en 35 años, un plan de reformas políticas, sociales y económicas: garantías constitucionales, autonomía municipal, reforma administrativa, salud, educación, trabajo, agricultura, infraestructura y profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Se dicta la Constitución de 1936, que mantiene un presidencialismo fuerte, pero reduce el período presidencial de siete a cinco años, algo insospechable en un país en el que muy pocos habían querido no perpetuarse en el poder,  y reconoce más derechos civiles, aunque sigue prohibiendo el comunismo, el anarquismo y excluyendo a las mujeres de la vida política.

Se liberaron presos políticos y regresaron exiliados, pero, en paralelo, se aplica la llamada Ley Lara para disolver organizaciones como el ORVE, el PRP, la FEV y frentes obreros, reflejando una apertura limitada y vigilada.

Se impulsa una administración pública más moderna, creando ministerios especializados, reorganizando el poder judicial y la Oficina Nacional del Trabajo, las cuales sientan las bases del Estado venezolano del siglo XX.

En cuanto a la evolución social y laboral, el gobierno creó organismos de protección social y asistencia en salud pública, beneficencia, atención a trabajadores y dio inicio a una política laboral de corte más social; inédita frente al gomecismo.

En el mismo primer año de gobierno, se promulgó la primera Ley del Trabajo en Venezuela, entre cuyos proponentes y redactores se encontraba el joven abogado Rafael Caldera Rodríguez, y se creó la Oficina Central del Trabajo, reconociendo formalmente derechos laborales y la agremiación de trabajadores y de patronos.

Estas medidas generan un nuevo marco institucional que permitió canalizar demandas obreras dentro de reglas legales, reduciendo parcialmente la conflictividad directa y preparando el avance posterior bajo Medina Angarita.

En política económica, durante el mismo primer año de gobierno, se observa un proceso de sustitución del latifundio atrasado por un capitalismo petrolero regulado.

La política económica combinó proteccionismo interno con inserción petrolera creciente. Se promulgó Ley de Arancel de Aduanas de1936 impulsada por uno de los ministros estrellas, Alberto Adriani,  para proteger la producción nacional frente a importaciones que venían proliferando. Esas importaciones eran aupadas por la sobrevaluación del Bolívar y la concentración del gasto público en las grandes ciudades, políticas heredada del gobierno del General Gómez.

Se confiscaron los bienes de Gómez y sus ministros, lo que simbolizó la ruptura con el viejo régimen y permitió sanear en parte las finanzas públicas.

En 1938 se impulsó el Plan Trienal, el cual retomó la idea de “sembrar el petróleo” ,   propuesta por Arturo Uslar Pietri en su famoso artículo publicado en el Diario Ahora, el 14 de julio de 1936. En ese artículo, Uslar había planteado que el mal uso de los ingresos petroleros había sobrevaluado el Bolívar, propiciado la caída de las exportaciones agropecuarias y, por contrapartida, la concentración de nuestras exportaciones en un solo rubro; una debilidad estratégica fundamental; el crecimiento de las importaciones de alimentos, que bien podíamos producir en el país; la concentración del gasto público en las ciudades; estimulando el abandono del campo. A partir de 1938, el gobierno de López buscó diversificar la agricultura y la ganadería y desarrollar la infraestructura, acompañado esto de reformas fiscales y bancarias.

En 1939 se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en momentos en que la Segunda Guerra Mundial elevaba la demanda de petróleo, reforzando la posición económica de Venezuela y la capacidad fiscal del Estado.

En 1939, el gobierno de López Contreras creó el Banco Central de Venezuela, bajo una fórmula de propiedad mixta, público-privada, para regular la circulación monetaria, el crédito y el mercado de oro y divisas, marcando el paso de un sistema monetario rudimentario a una política monetaria institucionalizada.

Se estableció el Banco Industrial de Venezuela para promover créditos al sector manufacturero, articulado con el Plan Trienal, tratando de estimular una base industrial más allá del petróleo.

Las políticas fiscal y cambiaria se orientaron a aprovechar la renta petrolera como soporte de inversión pública y programas sociales, prefigurando -desafortunadamente- el modelo rentista‑desarrollista posterior.

En el gobierno del General López Contreras, el país transitó de una dictadura personalista a un régimen autoritario con legalidad más densa, libertades relativas, partidos tolerados selectivamente y elecciones controladas, pero con una cultura política menos basada en el terror que en el gomecismo. Bajo Eleazar López Contreras (1936‑1941), Venezuela pasó de la dictadura personalista gomecista a un régimen aún autoritario pero con apertura política gradual, reformas sociales y modernización económica orientada al capitalismo petrolero regulado por el Estado.

En lo económico, se consolidaron el rol central del petróleo, intentos de promoción de la diversificación de la producción aupada por el Estado, la creación de instituciones financieras modernas y una política social‑laboral que reconfiguró la relación Estado‑trabajadores.

En síntesis, el gobierno de López Contreras funcionó como un puente: abrió la puerta a la modernización institucional, económica y social, pero sin romper del todo con el control autoritario heredado, preparando la evolución posterior bajo el gran civilista, el General Isaías Medina Angarita, hacia mayores libertades políticas y económicas y hacia el desarrollo de un sistema de mayor institucionalidad y seguridad jurídica. Interesante, un cambio de régimen generado desde adentro por sus propios herederos.-

@joseagilyepes