Misión de Determinación: Alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela aseguró este 12 de marzo que las estructuras o “alianzas represivas” en el país no solo se mantienen, sino que “están mutando” para adaptarse y mantener el poder tras el ataque militar de Estados Unidos y una serie de reformas políticas y económicas presionadas por la administración de Donald Trump.

“Los nuevos casos reportados ponen de relieve que la compleja maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y crímenes internacionales previamente documentados por la misión permanece intacta. No existen indicadores sobre cambios o reformas estructurales”, aseveró María Eloísa Quintero, una de los expertos de la misión, ante la 29 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La actualización oral se da en el marco de un anuncio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el país, instancia que decidió cerrar el examen preliminar de la denominada “Situación en Venezuela II”, al concluir que no existe fundamento razonable para investigar si las sanciones impuestas por Estados Unidos constituyen crímenes de lesa humanidad.

La Misión de Determinación investigó hechos que abarcan desde septiembre de 2025 hasta la fecha, que calificaron como “un periodo de mucha incertidumbre que ha visto tanto cambios como continuidad”. Los expertos dividieron este periodo en dos fases para su examen: el último cuatrimestre de 2025 y los primeros meses de 2026, especialmente tras el ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

“Las estructuras y alianzas represivas están mutando, en un intento de adaptarse a las nuevas realidades y mantener el poder”, puntualizó Quintero.

Sobre el primer periodo, resaltaron que hubo una “continuidad” de patrones y graves violaciones de derechos humanos. En esos meses registraron 135 presuntas detenciones arbitrarias, además de varios casos de tortura y violencia sexual y de género en centros de detención y casas clandestinas de seguridad.

Un tercio de las personas apresadas, expresó Quintero, eran familiares de los arrestados, entre ellos ocho niños, niñas y adolescentes “algunos de dos y cinco años”.

La misión también registró la muerte de tres personas bajo custodia del Estado. Según investigaciones iniciales, han podido determinar que estos fallecimientos se derivaron de condiciones de salud no atendidas. “Estas muertes en custodia ponen de relieve una vez más las duras condiciones en las que se encuentran los detenidos”.

Asimismo resaltaron el “grave impacto” que supone para las familias la falta de información sobre el paradero y situación de sus seres queridos detenidos, así como el tiempo en que serán liberados, una situación que, acotó la experta, ha afectado desproporcionalmente a las mujeres que se mantienen en los alrededores de las cárceles o se sometieron a huelgas de hambre.

Respecto al segundo período identificado por la misión, la experta destacó los ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos en varias zonas de Caracas y estados aledaños. Quintero mencionó que, según las estimaciones oficiales, estos hechos causaron 82 muertes, de los cuales dos eran civiles.

La Misión de Determinación de Hechos reiteró que la operación militar de Estados Unidos “violó el derecho internacional. Si bien la misión tiene motivos razonables para creer que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad, ello no justifica una intervención ilegal militar”.

“Todos los actores que hayan participado en el sistema de represión y perpetración de estos crímenes deben rendir cuentas en un proceso judicial con las debidas garantías”, afirmó.

Tras el nombramiento de Rodríguez como encargada del Ejecutivo venezolano por el Tribunal Supremo de Justicia, la Misión de Determinación registró algunas “medidas cuestionables” como el decreto de Estado de Emergencia, “pero luego y como expresión de cambio las autoridades pusieron en marcha un proceso de excarcelación masiva”.

María Eloísa Quintero destacó que es un “acto positivo”; sin embargo apuntó que “no hay datos ciertos y únicos sobre la identidad y el número” de los presos políticos excarcelados. “Las cifras oficiales de personas encarceladas y excarceladas son problemáticas y no pueden ser corroboradas”.

Además reafirmaron sus cuestionamientos a la Ley de Amnistía aprobada el pasado 20 de febrero por la Asamblea Nacional. Insistieron que “toda ley de esta naturaleza es un instrumento positivo”.

No obstante, los expertos señalaron que la normativa aplicada en Venezuela no es de carácter general, fue adoptada en un plazo acelerado que impidió un proceso consultivo transparente; no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones a los DD HH; no contempla mecanismos de búsqueda de la verdad; y no reconoce a las víctimas, a las que se sigue “caracterizando como delincuentes”.

Liberación de presos políticos

La Misión de Determinación de Hechos resaltó que en Venezuela “cientos de personas continúan privados de libertad, son personas de distintas nacionalidades”. De acuerdo a datos recabados, tienen registro de al menos 76 personas extranjeras o de doble nacionalidad.

Los expertos insistieron en la liberación de todos los presos políticos, “con independencia de que sus casos queden o no comprendidos en el ámbito de la Ley de Amnistía. No se requiere de esta ley para excarcelar a quien ha sido privado ilegítimamente de su libertad”.

Asimismo señalaron que después del 3 de enero han identificado que al menos 87 personas fueron detenidas, entre ellas 14 periodistas y trabajadores de medios detenidos temporalmente durante la juramentación de Delcy Rodríguez.

Al menos 27 ciudadanos fueron apresados por presuntamente celebrar la detención de Nicolás Maduro, entre ellos 15 niños, y al menos 30 funcionarios del Cicpc o parientes están bajo arresto luego de que presuntamente se negaron a “falsear evidencia relacionada con el ataque militar del 3 de enero”.

Confirmaron que en este período los colectivos y otros grupos civiles armados “continúan operando”, el espacio cívico continua restringido; la sociedad civil aún es objeto de ataques, hostigamiento e intimidación; y las perspectivas de celebración de elecciones libres y democráticas “siguen siendo remotas”.

Además los funcionarios gubernamentales y militares de alto nivel identificados como facilitadores de graves violaciones “continúan ejerciendo altos cargos en el Ejecutivo y fuerzas de seguridad”, al tiempo que permanecen los “instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política”.

Pero también resaltaron que es un “momento crucial para las víctimas”, especialmente para “más de 8.7 millones de venezolanos” que viven fuera del país y esperar retornar.

La experta María Eloísa Quintero destacó que cientos de personas excarceladas se han acercado a la misión “porque sienten que hay un nuevo contexto” y pueden ofrecer su testimonio, por lo que han triplicado sus labores. Reiteró que este mandato independiente continúa recabando información sobre hechos recientes y de años anteriores.

La misión reafirmó su llamado a la cooperación por parte de las autoridades venezolanas y que se permita su acceso pleno “como una expresión de transparencia y cooperación… La misión entiende que es un momento para aumentar el apoyo, acompañamiento y escrutinio internacional”.

El diálogo interactivo fue pospuesto para este 13 de marzo debido a cuestiones de tiempo. Solo Canadá, a nombre de un grupo de países, expresó que siguen “preocupados” por la situación de derechos humanos en el país.

Canadá señaló que si bien la adopción de la Ley de Amnistía “es un paso positivo”, es un instrumento “restrictivo” pero que “tiene que aplicarse de manera transparente”. El representante canadiense insistió en que se liberen a todos los detenidos arbitrariamente por razones políticas en el país. También señaló que “se han dado pasos”, pero aún quedan cambios por materializar, debido a que las instituciones responsables por graves violaciones de derechos humanos siguen laborando. “Sigue faltando la independencia judicial y hay impunidad”.-

•  TalCual
• 12 Mar, 2026