Entrevistas

Arturo Peraza: Sin reconciliación tenemos asegurado el fracaso otra vez

El rector de la Universidad Católica Andrés Bello advirtió que la transición política en Venezuela fracasará si no se construye sobre la verdad, la justicia transicional y la reparación a las víctimas, e instó a concretar un pacto social que impida la revancha

Arturo Peraza Celis, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), afirmó que Venezuela fracasará si la transición política no incluye verdad, justicia y reparación a las víctimas. Advirtió que la reconciliación exige un pacto social y rechazar la venganza.

Reconciliarse después de años de violencia, persecución y enfrentamiento político no significa olvidar lo ocurrido. Tampoco que las víctimas renuncien a la justicia ni que los responsables queden al margen de sus consecuencias. Pero una sociedad tampoco puede reconstruirse si la justicia termina convertida en una forma de venganza. La dificultad está en salir del conflicto sin borrar el daño, sin diluir las responsabilidades y sin dejar el pasado convertido en combustible de nuevas disputas.

La palabra reconciliación se pronuncia en Venezuela sobre una herida todavía abierta. Hay víctimas que esperan verdad y reparación; responsables que no han reconocido los hechos ni han mostrado voluntad de revisar leyes y procederes, mucho menos equivocaciones.

De un lado y de otro se han construido memorias distintas, responsabilidades distintas y, con ellas, distintas ideas sobre lo que debería ser la justicia y la reconciliación, pero todavía hay propuestas y deseos comunes, aspiraciones que se comparten y un mismo país que reconstruir y desarrollar. Falta identificar el piso común y el futuro que se comparte.

El rector de la UCAB lleva años ocupándose de la reconciliación en sus escritos sobre la crisis venezolana. La vincula al diálogo, la negociación, la justicia y la verdad. La salida nunca será sustituir a unos por otros, sino recuperar la política como un espacio para tramitar el conflicto y superarlo.

—La reconciliación, como la guerra civil y el tango, necesita dos. El ofensor y el ofendido tienen que estar de acuerdo en hacer las paces. Hasta ahora solo una parte quiere reconciliarse: la víctima.

—Mi percepción es que ninguno de los dos quiere reconciliarse. No veo a la oposición buscando un camino de reconciliación. Veo, sí, una noción de justicia vindicativa en muchos medios vinculados con actores de la oposición que complica una posibilidad de reconciliación desde una visión de justicia reconciliadora. Tiene que haber justicia, pero si pretendemos una justicia vindicativa probablemente el otro actor no quiera reconciliarse. Evidentemente, ese sector que plantea la justicia vindicativa como un elemento central tampoco se quiere reconciliar. Lo que quiere es venganza. La reconciliación sobre la base de la venganza no funciona. La reconciliación no es venganza. Yo hablo de una justicia reconciliadora, no una justicia vindicativa.

—Si el victimario no ha reconocido sus delitos…

—Cuando se habla de reconciliación, hay unos elementos que el lado del gobierno no tiene ninguna intención de incluir, pero que hay que incluir. Reconciliación no es lo que dijo en algún momento Jorge Rodríguez: «Perdónennos, olvídannos y pasen la página». No tiene ningún fundamento, y transfiere a un aparente futuro un conflicto que seguirá persiguiendo a la sociedad. La reconciliación tiene un elemento constitutivo de paz y de justicia, desde la verdad. La reparación de la víctima es central, pero no el elemento vindicativo que tiene ciertos límites dentro de la justicia transicional sin que pueda sonar a grave impunidad. Es necesario encontrar una narrativa común sobre la cantidad de violencia que ha habido en el país y que es responsabilidad de quienes han conducido el Estado durante estos 27 años. Sin encontrar caminos de reparación de las víctimas no es posible reconciliar. Si lo que quiero es pasar factura, no quiero reconciliación, quiero venganza. Hay gente que quiere venganza, así de simple. Hay otra gente que eventualmente podría tender puentes en una sociedad que ha estado dividida y debe encontrar puntos en común que nos permitan rearmar la convivencia social. No es un problema de minoría o de mayoría, sino de respeto a la persona y de entender que el horizonte es colectivo. Las fuerzas políticas deben hacer un esfuerzo gigantesco para construir un marco común. El proceso de acuerdo de 1958-1959, incluso la Constitución de 1961, estableció un marco común que la sociedad venezolana progresivamente aceptó de manera mayoritaria.

—Hubo elecciones…

—El camino a la reconciliación es imposible sin un proceso electoral, pero no sé si es el primer paso. Tampoco puede ser diferido indefinidamente. En 1958, en once meses se crearon las condiciones para un proceso electoral, pero había una voluntad clara en quienes ejercían el poder de llegar a esas elecciones. Los procesos de conciliación deben integrar a la sociedad. En 1999 el chavismo no abrió un camino de reconciliación sino de disrupción, enfrentamiento y polarización. Chávez tuvo la mayoría, pero no fue un integrador de la sociedad sino un disruptor que llevó al encontronazo que nos ha destruido como sociedad. Llegó con el deslave de Vargas y parece que se va con el terremoto del estado Vargas, casi un epítome de un proceso de comienzo y final. La fricción constante, sistemática, alimentada y sostenida que hemos tenido en Venezuela ha generado una hecatombe que puede llevar al traste lo que en verdad es la soberanía nacional. Hace tiempo que la golpean, pero vemos signos mucho más agravantes. La incapacidad de ponernos de acuerdo puede poner fin a la idea de que, en algún momento, decidamos nuestro propio futuro. Ahora no lo decidimos.

—He visto que se le exige mucho a la oposición que no espere venganza, sino justicia, y que no se disfrace la justicia de venganza. Pero no he visto la primera manifestación de reconciliación de los victimarios.

—En esta universidad el discurso ha sido que no es posible una reconciliación sin el encuentro de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Insisto, hay una alta responsabilidad del Estado venezolano en los hechos de violencia que han ocurrido. La reparación a las víctimas no es derogable ni pasable. No se puede decir: «Pobrecito, pero lástima contigo». No.

—Entonces, ¿cuál es el primer paso?

—El primer paso es la verdad, sin duda. Una comisión responsable debe establecer la veracidad de los hechos y de los reclamos de las múltiples víctimas; acatar el conjunto de decisiones que han tomado los organismos internacionales de derechos humanos fundamentadas en un universo de descripciones bastante claro y que no amerita mayor discusión. El artículo 23 de la Constitución de 1999 establece la obligación de aceptación de los criterios de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, una disposición que desde el primer momento el régimen burló. Hay que llegar a ese elemento de verdad y reparación de las víctimas. Es fundamental que reconozcan que tomaron decisiones que mataron gente, la sometieron a torturas, a detenciones o situaciones de estrés. Deben darle la cara a la víctima. La reparación también es un problema complejo. La justicia transicional requiere jueces que puedan llegar a acuerdos razonables con las dos partes para que efectivamente subsanen la herida de la víctima y que no sea la privación de libertad el único elemento, pero no puede dejarlo impune.

—Nombrar una comisión de la verdad es mucho más difícil que nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral.

—Necesitaremos ayuda internacional de los organismos internacionales en materia de derechos humanos para llegar a algunas soluciones razonables.

—Y si estamos en un proceso, en un momento excepcional, ¿por qué no se aplican medidas excepcionales? Lo que pasó en Venezuela el 3 de enero fue una derrota tanto política como militar.

—La derrota política ocurrió en 2024, por no decir antes. El 28-J fue una derrota política bárbara. En el caso de Nicolás la legitimidad siempre fue un problema muy grave. En la elección del año 2013 fue complicado sostener la legitimidad del proceso; la de 2018, mucho más complicado, pero la de 2024 no admite duda alguna. María Corina y Edmundo mostraron efectivamente que Nicolás Maduro no ganó. Fue una derrota política bárbara; para silenciarla se utilizó el máximo de violencia contra la sociedad venezolana. Silenciar a la sociedad no legitima, sino que muestra a un régimen que propone gobernar a través del miedo.

—Los colectivos no han desaparecido…

—Coincido con Trump en que la oposición no puede gobernar sola. Requiere acuerdos, pero no es sencillo. El gobierno actuante no está demasiado dispuesto a llegar a ningún acuerdo en serio. Habrá que ver si la presión estadounidense permite llegar a algunos acuerdos y si esa misma presión mantenida en el tiempo logra que esos actores se ajusten a crear condiciones de legitimidad.

—Para la reconciliación la legitimidad es una necesidad absoluta. No hay reconciliación sin legitimidad.

—Pero debo decir que es un error pensar que al tener legitimidad tienes el poder. No. La historia ha mostrado mil veces que no. Las lógicas de poder no son las lógicas de legitimidad. A uno le gustaría que fuera así. Me parece moral que sea así, pero el poder no funciona bajo ese esquema. Pues no, no funciona así, a pesar de que a uno le duela. Hay que entender que hay una dinámica, unas leyes propias del poder que asociamos éticamente a la legitimidad. Evidentemente, en la medida en que hay legitimidad, no necesitas usar la violencia. Pero en una sociedad tan enferma como la venezolana, el problema de la legitimidad se vuelve bastante más complicado. Necesitamos un acuerdo.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, conversa con la exdiputada opositora Dinorah Figuera durante la foto oficial previa al inicio del proceso de diálogo político de Venezuela en el Centro de Convenciones de La Carlota, municipio Sucre, Caracas, el 6 de agosto de 2026. Foto: Federico PARRA / AFP)

—Otro pacto de Puntofijo

—A Betancourt se le alzaron los militares, se alza Castro León, después ocurre el Carupanazo, el Porteñazo, pero existe un acuerdo político fundamental de las fuerzas políticas más importantes del país que le dan estabilidad y le permiten a Betancourt superar todas esas dificultades. Ese acuerdo de base, ese piso, es muy necesario, pero no lo tenemos. Tenemos personas como referencia, no proyectos. La misma lógica de Chávez. Los acuerdos se deben sustentar en proyectos y bases que hacen sentir a los actores que participan en la dinámica del poder. En Venezuela no es posible un cambio transicional sin un pacto razonable de todos los actores, incluso los que estuvieron metidos en el problema del gobierno. Ese pacto de estabilidad es algo que hay que buscar.

—¿Y las víctimas de la tortura?

—Vuelvo a insistir: hay que crear una comisión de la verdad y necesitamos ayuda internacional. Pero si, como hubo torturados y personas asesinadas, vamos a salir a perseguir a todos y cada uno, debo decir que no pasó ni siquiera en Alemania. El que lanzó los cohetes contra Inglaterra después participó en los cohetes que llegaron a la Luna, el mismo personaje.

—Los juicios de Núremberg…

—Claro, pero el juicio de Núremberg agarra a unos pocos gatos, menos de 200, y los castiga. A mí no me van a decir que todo ese aparataje que significó el nazismo se reduce a los gatos condenados en ese juicio. Los guardias que golpearon, maltrataron y asesinaron volvieron para su casa.

—¿Por qué no realizamos las elecciones y nombramos una comisión de la verdad, se castiga al que haya que castigar, y construimos el país que todos queremos?

—Esa idea se parece a lo que estoy tratando de manifestar, solo que los estadounidenses fueron los que ganaron y están poniendo la pauta. Deciden quién discute en la mesa y qué se discute en esa mesa. No es una mesa de diálogo ni de negociación. Es una mesa de tareas dirigidas. El gobierno estadounidense dice qué se discute, cuándo y cómo; qué se aprueba y qué no se aprueba. María Corina no ha vuelto al país porque el gobierno estadounidense no lo permite, no porque Delcy se oponga. Delcy se opone, pero Delcy es irrelevante. Trump es relevante y quien decide. El cuento completo es que quien decide qué podemos hacer y qué no, incluidos los fondos del petróleo, no está dentro de Venezuela, está en Washington.

—Los venezolanos crearon las condiciones para que se diera el apagón militar inducido del cual somos víctimas, aunque se llevaron a Maduro y a Cilia Flores.

—Absolutamente. Hay una responsabilidad de la sociedad venezolana y del liderazgo y, fundamentalmente, del gobierno de Nicolás Maduro en lo que ocurrió. Maduro casi 90% y el resto otros actores de la sociedad civil. No entendió las señales de negociar. Ahora está planteado un modelo muy de la mentalidad de Trump: un neocolonialismo. No estamos saltando de alegría ni estamos viendo el resultado de absolutamente nada. La oscuridad de lo planteado es de tal calibre, la falta de transparencia es de tal calibre que uno termina sintiendo mucho temor de vincularse. No sé a qué se apuesta en este juego, ni entiendo qué es y quién decide qué cosas en qué momento. A cada rato los actores cambian de juego y de discurso. Es absolutamente increíble oír a Diosdado Cabello alabar a Trump. A mí me hubieran contado esta escena de Game of Thrones en enero y me hubiera costado creerlo. En medio de esa oscuridad se pretende que uno tome partido, decisiones y haga comentarios políticos mientras los actores están en un juego muy distinto al de las reconciliaciones. En esa mesa de Figuera y Rodríguez no se está discutiendo un pacto social.

—¿Dónde está la iniciativa de la sociedad venezolana?

—No hay que desmeritar el resultado de estos 25 años de destrucción del tejido social venezolano. Desmontó todas las organizaciones de la sociedad civil. Cualquier decisión incluía la reacción virulenta del gobierno o de la oposición más radical; se prefería abstenerse de tomar posiciones o se hacía de manera limitada. Ese temor de hablar, de expresarse y de proponer hizo muchísimo daño en la sociedad venezolana. Aun así, las universidades estamos haciendo un ejercicio importante. La Universidad Metropolitana (Unimet), la Universidad Central de Venezuela (UCV), mi universidad, la Universidad Monteávila y algunas otras tratan de abrir foros y espacios de discusión que rearmen el tejido social. En este momento el trabajo primordial es la reconstitución del tejido social desde las bases y en el campo político. Las universidades podemos servir de espacios de interlocución abiertos en los que puedan entrar todos, de la oposición y también el chavismo, los que tengan ideas, concepciones, para rearticularnos como sociedad. Es absolutamente necesario.

—Pusieron a unos desconocidos a representar a la oposición…

La comisión que supuestamente está dialogando no tiene una articulación fuerte con la sociedad venezolana. Hay que tender puentes y establecer diálogos para ver si las líneas de gobernabilidad pueden responder a líneas de discusión. Tenemos que expresar todas las ideas que tienen que tenerse para la recuperación del Estado, pero también de la electricidad, el petróleo y otras cosas. Algunos actores tienen la capacidad de ejecutar una suerte de toma de decisiones, que creo que no es legítima, sobre la industria petrolera y lo que significa en los marcos económico, social, político y jurídico.

—Es muy difícil que la sociedad tenga como interlocutor al gobierno, dialogue con el Estado. Sería avasallador, pero sí puede discutir con las bases chavistas.

—La situación actual no es igual a la de antes del 3 de enero, que es la que usted acaba de describir, a la situación posterior al 3 de enero. Aunque no son todos los que estamos esperando ni son todos los necesarios, ha habido algunos cambios. El gobierno de Rodríguez ha tratado de articular algunos puentes muy limitados con las entidades de la sociedad civil. Muy puntuales, muy ejecutivos, y la discusión de fondo todavía es muy débil.

—¿El PSUV discute?

—No, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no discute, obedece. No hay discusión ni pueden opinar, por eso es que tienen la crisis que tienen.

—Nunca han podido.

—Nunca, pero algunas discusiones internas se habrán librado, pero es muy evidente que ahora no hay debate alguno. Antes era relativo, pero lograban encubrirse y parecer que llegaban a alguna suerte de acuerdo para efectos del público. Aunque no haya un cambio total, hay algunos cambios de señas. No estamos en democracia ni la sociedad venezolana puede hablar de lo que quiera, pero pude viajar de Mérida a Caracas y de Caracas a Mérida sin la sensación de que me iban a parar para pedirme el teléfono a fin de revisar mis mensajes y llamadas. Un cambio importante para un venezolano, aunque alguien lo pueda considerar irrelevante afuera. No valorar ese elemento y otros similares, pasarlos por alto, no ayuda al análisis concreto de la complicada y compleja situación actual que no discute lo más importante.

Leyes que deben derogarse para la convivencia democrática

Ley contra el odio

Señalada como un instrumento punitivo que cercena la libertad de expresión y criminaliza la disidencia.

Ley constitucional antibloqueo

Calificada como un marco de discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos públicos.

Ley de fiscalización de las ONG y Ley libertador Simón Bolívar

Normativas lesivas para el tejido social de la sociedad civil organizada.

Ley resorte y normas de traición a la patria

Urgencia de reformar su estructura sancionatoria ante tribunales independientes.

Medida inicial indispensable

Concesión de libertad plena e inmediata a todos los presos políticos en el país.

—¿Y qué es lo importante?

—El petróleo y la gestión petrolera son absolutamente importantes. Los recursos del Estado venezolano y la transparencia en su manejo es lo importante. Es fundamental poder establecer una mesa de negociación razonable en la que los actores legitimados que están en el proceso de enfrentamiento efectivamente puedan sentarse y tengan que hablar, pasando por encima y tragándose sapos cada uno de ellos, con tal de poder ver si es posible llegar a un acuerdo que rescate la soberanía. Es decir, que rescate que las decisiones de la sociedad son las decisiones de la sociedad. Eso es importante. En cambio, digamos, lo otro es bueno, ayuda. Yo no digo que no se den diálogos porque sí se dan, pero no estamos hablando de lo que es trascendental.

—Una de las cosas que son sumamente importantes y que no se han considerado importantes es la derogación de la Ley Constitucional Antibloqueo, que permite que toda esa opacidad y todo esto de «me da la gana» sea legal. Nadie pide que se derogue esa ley ni la ley que viola todos los derechos humanos, la Ley contra el Odio, que es la ley del odio, y así otras leyes, más de cien, que violan la Constitución y que no han sido derogadas. Yo pediría que, para empezar a hablar seriamente, antes deroguen las leyes que violan la Constitución.

—Públicamente he hablado de la necesidad, como signo inicial, de la derogación de la Ley contra el Odio, la ley de fiscalización de las ONG, la Ley Libertador Simón Bolívar, la reforma de la estructura penalizante de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte). Hay algunas leyes claves que evidentemente requieren derogación, incluso la aplicación de normas sobre traición a la patria. Eso hay que derogarlo porque la mala aplicación de ese conjunto normativo ha hecho un daño terrible a la justicia venezolana. La solución no es crear una nueva ley de amnistía con excepciones que los jueces interpreten libremente, sino la derogación de ese conjunto normativo. En eso estoy de acuerdo y creo que después una Asamblea Nacional legítima tendrá que revisar otro conjunto de leyes, ordenar el proceso y establecer unas regulaciones legislativas que sean acordes con un marco de respeto a los derechos humanos. La Sala Constitucional de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia podría derogar ciertos marcos legislativos como signo de un proceso de cambio en los instrumentos jurídicos institucionales.

—Usted me perdona, pero ¿cuál puede ser la complejidad jurídica de derogar la Ley Antibloqueo? ¿Venezuela funcionó muy bien sin la Ley Antibloqueo?

—Esas siete leyes se derogan y no pasa absolutamente nada. Eso es lo más fácil y un signo inmediato de cambio. Sería muy fácil si efectivamente el régimen tuviese una real voluntad de cambio y eso no existe. No está dado. No hay real voluntad de cambio; si la hubiera, habríamos visto la derogación de ese conjunto normativo. No lo hemos visto.

—¿Y Washington?

—A Estados Unidos tampoco le preocupa mucho. Se ha enfocado en reformar la ley del petróleo, la ley del hábitat, la ley de minas, pero las legislaciones que afectan la vida subjetiva de los venezolanos no han sido abordadas. Y la mesa Figuera-Rodríguez tampoco parece tener por destino abordar esos problemas.

—No incluyeron en la agenda ni siquiera a los presos políticos.

—Hemos pedido constantemente la liberación de todos los presos políticos. Sería un signo inicial de reconciliación. Una de las primeras cosas que hizo Eleazar López Contreras fue excarcelar a los presos y demoler La Rotunda. Una señal que ahora no ha recibido la sociedad venezolana.

—¿Con quién nos vamos a reconciliar si el gobierno no muestra la menor intención de hacerlo? Si no deroga la Ley Libertador Simón Bolívar, si no anula la Ley contra el Odio, ¿cómo vamos a reconciliarnos si mantiene el hacha alzada para cortarnos la cabeza?

—Mientras no exista un pacto social y político que eventualmente permita una comisión que busque la verdad, no hay un camino de reconciliación. Una comisión de la verdad supone un cambio muy importante tanto del gobierno como de la otra parte. Una acción de cambio político progresivo en la sociedad venezolana puede permitir ese camino. Pero si se pretende cambiar a través de un proceso electoral, el nuevo gobierno puede activar un proceso de reconciliación o la venganza. La reconciliación puede no ocurrir con el actual gobierno, que no tiene ninguna voluntad de cambio, pero si lo cambias, la pregunta es si esa gente que llega tiene voluntad de transitar un camino de reconciliación. Si no la tuviera, ese gobierno no duraría mucho tiempo.

—¿Habría una insurrección popular?

—Quizás sí, quizás no. La reconciliación supone verdad, no venganza. ¿Volveremos a los juicios públicos anticorrupción del trienio 1945-1948 para vengarse del medinismo?

Presidenta Delcy Rodriguez y secretario de Energía de EE UU Chris Wright. Foto: JUAN BARRETO, AFP

—Llevamos 27 años con ese tipo de juicio, en que se condena a 30 años de cárcel por una crítica en redes sociales.

—Hablamos del futuro, de cómo vamos a hacer posible la reconciliación. El pasado es lo que hay que zanjar, por una comisión de la verdad que establezca los hechos, los daños, las víctimas y los victimarios. Si hubiese un cambio, que no lo veo en el actual gobierno, ¿cómo será el camino a la reconciliación? Mi camino está hacia adelante, no hacia atrás. Se necesita abrir camino hacia el futuro, un pacto que incluya la necesidad de verdad, justicia, reparación y reconciliación. Si ese horizonte está claro, podremos reconstruir el país.

—Nos tocará decidir, ya sin Delcy, si nos queremos reconciliar.

—Si no queremos reconciliarnos, tendremos garantizado el fracaso otra vez.

—Seguimos en el fracaso…

—No veo que Delcy entre por ese camino de la reconciliación, tampoco existen condiciones para que su gobierno entre por ese camino.

—¿Entraría por la presión de Estados Unidos?

—Aparentemente sí, por la conducta desplegada hasta el presente. Vivimos el momento más difícil que ha tenido Venezuela en los 27 años que transcurren desde 1999. Desde principios del siglo pasado nunca tuvimos una situación tan grave como la actual.

—¿Qué le queda a la sociedad venezolana, tener esperanza?

—Reconstruir el tejido social entre nosotros. Reconstruir la confianza y el diálogo. Es muy importante crear espacios de debate con reglas claras que hagan posible el intercambio de ideas, desde el respeto al otro, que reconstruyan espacios de confianza en la sociedad que nos permitan armar alternativas. No existe el tejido social y hay que construirlo.

—Una parte de la oposición ha quedado desconectada de la sociedad.

—Absolutamente. La mayor vertiente de la oposición está desconectada. Una líder que tiene la legitimidad, pero que uno la siente aislada de los demás actores que deben articularse para construir un piso político que viabilice una alternativa sostenible. Necesitamos hacer un esfuerzo en la sociedad civil para crear lazos de confianza y de encuentro que restablezcan el tejido social.

—¿Está en manos de María Corina, como estuvo en manos de Rómulo Betancourt, construir ese piso?

—María Corina Machado es una figura muy importante, no sé si equiparable con Rómulo Betancourt, pero ella es una figura muy importante. En el caso del Pacto de Puntofijo, no solo Betancourt, Caldera y Villalba se pusieron de acuerdo entre ellos, sino que incorporaron a los empresarios, a sectores militares importantes y a la Iglesia. Eso es lo que permite la paz y superar los conflictos de los primeros años de la democracia. Fue lo que dio estabilidad.

—Ahora los empresarios están casi todos en quiebra, las universidades acosadas y no sabemos qué ocurre en las Fuerzas Armadas…

—Si bien esas complejidades existen, hay un salto de diciembre de 2025 a septiembre de 2026. Los empresarios tienen problemas, pero muchos han sabido hacer esfuerzos muy importantes para ser resilientes y mantenerse en el contexto del país. Obviamente están limitados, pero existen. Las universidades también lo hacen. se oriente en la dirección de verdad, justicia, reparación y reconciliación. Eso es lo que yo creo que hay que hacer y en ese horizonte estamos trabajando. No con la rapidez que la realidad demanda, pero no estamos quietos observando el paisaje.-

Ramón Hernández/septiembre 14, 2026 

Ramón Hernández