José Antonio Gil Yepes:
La crisis de los bajos salarios del sector público puso de relevancia la necesidad de recuperar la capacidad del Estado de financiarse a sí mismo. El petróleo no volverá a hacerlo ni tampoco el cobro de altos impuestos. Esto último, junto con el regreso a la monetización del déficit-inflación, más bien, están teniendo el efecto contrario; empobrecer a los pocos contribuyentes que financiaron la moderada recuperación de la economía a partir de las medidas de 2019.
Lo primero que se hace en una empresa u organización ante una crisis es recortar los gastos no esenciales; no siempre se pueden subir los precios. El Estado necesita reducir sus actividades y egresos en las áreas que no le son medulares para poder responder a las expectativas de la sociedad sobre sus papeles esenciales: Defensa nacional y seguridad personal, relaciones internacionales, imperio de la justicia y de la seguridad jurídica, educación básica y salud gratuitas, infraestructuras. Lo demás es superfluo. En la medida que el Estado ha creído poder ser petrolero, minero, siderúrgico, electrificador, manufacturero, agricultor, pescador, criador, asegurador, banquero, dueño de mataderos, frigoríficos, aserraderos, hoteles, etc. ha sido un fracaso; antes con la excepción de PDVSA, EDELCA y otras pocas; hoy con la excepción del Sistema de Orquestas Juveniles. De resto, el Estado tiñe su propia imagen y operatividad con fracasos económicos, bajos sueldos y casos de corrupción.
De allí surge la tesis de la privatización. Obvio, si el Estado quiere deslastrarse de las casi 1.000 empresas públicas, es necesario que las venda, total o parcialmente.
Pero ¿venderlas a quién y en qué condiciones? En el pasado reciente, las empresas más importantes se vendieron a grupos económicos internacionales que garantizaban financiamiento, gerencia profesional, tecnología y mercados. En el mejor de los casos, además de los grandes capitalistas, se incluyeron entre sus accionistas, a los trabajadores; ejemplos, SIDOR y CANTV. Los resultados fueron mucho mejores que los obtenidos durante las administraciones públicas de esas empresas y los obreros ganaban más como accionistas que por sus ingresos salariales (que eran de los mejores en América Latina). Las reestatizaciones de éstas y otras empresas, así como las expropiaciones, fracasaron.
Ahora, las protestas salariales de los empleados públicos vuelven a hacer evidente la necesidad de deslastrar al Estado de los gastos de esas casi 1.000 empresas y que es necesario ponerlas a producir, rentablemente, pagar mejores sueldos e impuestos.
Pero a muchos del sector oficial no les gusta el término “privatización”. A primera vista, pensé que ese rechazo era un “afán ideológico”. Pero luego caí en cuenta de que tienen razón porque, frente al modelo de privatización, cabe el que quieren llamar la “democratización del capital”. ¿Cuál es la diferencia?
La privatización, en su esencia, es una venta a un inversionista privado que aporta capital, gerencia profesional, tecnología y mercados. Eso está muy bien. Pero no es todo lo que debemos aspirar. La privatización de grandes empresas monopólicas, como PDVSA, SIDOR, CANTV, PEQUIVEN, etc. necesita incluir dentro de su estructura accionaria a los trabajadores (como se hizo en SIDOR y CANTV). También tendría que extenderse la propiedad al público en general, por lo que es necesario ofertar sus acciones a través de la Bolsa de Valores y en títulos de baja denominación para que el público pueda comprarlas como instrumentos de ahorro. Lo que empezó modestamente a suceder en CANTV. Así sucede en Brasil con la petrolera PETROBRAS y con BRASKEM, la petroquímica; ambas fundadas por el Estado, pero hoy bajo propiedad mayoritaria privada.
La democratización del capital debe sobrepasar el 50% para que el Estado no mantenga una participación mayoritaria. Esto no es ideológico. Al Estado poseer menos del 50% de las acciones, la gerencia de esas empresas se ve liberada de la aplicación de las Leyes de Presupuesto, Crédito Público y Salvaguarda de Patrimonio, leyes que hacen imposible que la empresa sea gerenciada con la velocidad y flexibilidad que se requiere hoy día para ser competitivo.
En la democratización del capital sería necesario asegurar la productividad y competitividad de esas empresas para garantizarle al consumidor los mejores productos o servicios. Es decir, como bien apunta Alejandro Sucre, no pueden seguir siendo monopolios. Esto significa que, por ejemplo, PDVSA tendría como competidores a otras empresas petroleras mundiales desde la exploración y explotación en la boca del pozo hasta la producción, transporte, refinación y exportación de petróleo. El mismo criterio es válido para SIDOR, VENALUM, ALCASA, etc., y, por supuesto, para cualquier otra empresa menor poseída por el Estado. Ese es el nuevo concepto de ”democratización del capital” y reconozco que no es una majadería ideológica sino un acierto.’
@joseagilyepes
