ONU y OEA elevan presión por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Mientras el régimen de Nicolás Maduro compra tiempo y silencio de aliados históricos como Gustavo Petro ofreciendo un absurdo e irónico diálogo en Caracas entre “actores colombianos” para promover conversaciones que tiendan a construir las vías hacia el respeto de la “soberanía popular” en Colombia, a propósito de la investigación y formulación de cargos por parte de Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña del hoy mandatario colombiano, en los organismos multilaterales sigue más vigente que nunca la preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que se incrementaron luego del fraude del 28 de julio. Cifras de organizaciones no gubernamentales y sendas declaraciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) así lo evidencian.

La estrategia del chavismo de hacer que se diluya el reclamo y que la comunidad internacional pase la página o mire para otro lado no está dando resultados. Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron este viernes prorrogar durante dos años más el trabajo de la misión internacional independiente para Venezuela, que en sus informes ha acusado al régimen de Maduro de graves abusos que incluyen la comisión de crímenes de lesa humanidad.

La resolución –aprobada por 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones– insta a las autoridades venezolanas a cooperar con la misión creada en 2019 para investigar violaciones de las libertades fundamentales desde 2014, así como con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, cuya representación en Venezuela fue expulsada por la dictadura en febrero. También exhorta a “poner fin a la represión y persecución selectivas que se están llevando a cabo en todo el país por motivos políticos” y aboga por la liberación de las personas privadas de libertad de manera arbitraria.

Edmundo González, presidente electo según las únicas actas publicadas, celebró desde el exilio en España la decisión que calificó como “un paso importante” para documentar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país y agradeció a los gobiernos que aprobaron la resolución, que inicialmente fue presentada por Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Uruguay. De igual manera, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, destacó el “importantísimo logro” y aseguró que “el aislamiento del régimen es cada vez mayor”.

Como era de esperarse, la delegación de Maduro en la ONU cuestionó la votación, asegurando que “no reconoce los mandatos impuestos bajo criterios selectivos, politizados y de doble estándar”. A esto agregó luego en un comunicado que esta “despreciable” y “vergonzosa” misión es “una muestra clara del extravío de las instituciones del Sistema de Naciones Unidas, que se han convertido en instrumentos de coerción y chantaje a los pueblos y gobiernos soberanos”. Y para tratar de desviar la atención del fraude cometido el 28 de julio y las violaciones a los derechos humanos, optó por pedir que se ponga la lupa sobre “el genocidio en Palestina y el bombardeo de civiles en el Líbano”.

OEA impulsa justicia internacional contra el régimen de Maduro

El momento fue propicio para que la Secretaría General de la OEA también emitiera este viernes una declaración en la que “convoca a la comunidad internacional para impulsar justicia internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, según se lee en el documento publicado por el secretario general Luis Almagro. “Las jerarquías del régimen dictatorial venezolano han planificado, instrumentado y ejecutado la realidad represiva que vive el país: el plan de prevalecer por la fuerza y la represión que encarcela, tortura y mata”, agrega.

Adicionalmente, el documento publicado por Almagro señala que de acuerdo con las denuncias recurrentes, “el régimen sostiene esta ignominiosa sistematicidad represiva basado en una política que requiere el aniquilamiento de la voluntad del pueblo, la destrucción de la conciencia democrática colectiva, para imponer la propia voluntad y ha sostenido ese proceso sobre la base de la persistencia y continuidad en el tiempo de crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma”. Por este motivo, recuerda que estas violaciones son competencia directa de la Corte Penal Internacional.

Coincidiendo con los comunicados de la ONU y la OEA, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) publicó este viernes cifras de manifestaciones en el país durante septiembre. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, el coordinador general de la ONG, Marco Antonio Ponce, precisó que de las 131 protestas relacionadas con las elecciones, 105 fueron de la oposición exigiendo la publicación de las actas electorales y el respeto a la voluntad popular, mientras que las 26 restantes corresponden a convocatorias del oficialismo, la gran mayoría (107) ocurrieron el 28 de septiembre, cuando se cumplieron dos meses de los comicios.-