Para abogados, especialistas en derecho penal y constitucional, la anunciada transformación del sistema de justicia de Venezuela no depende del cambio de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ni del aumento en el número de jueces de sus salas, sino del cumplimiento de la ley y la delimitación de sus funciones.
Durante actividades académicas desarrolladas en la Universidad Central de Venezuela (UCV) varios juristas se refirieron a la escasa confianza que genera el sistema judicial actual y la necesidad de transformarlo a uno en el que se respete el Estado de derecho y los cargos sean ocupados por expertos que reúnan los méritos suficientes.
Para los expertos los cambios anunciados en el Poder Judicial tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, han sido solo palabras que, hasta el momento, no se han concretado, pues las instituciones venezolanas se mantienen operando bajo una lógica de control político que ha convertido el proceso penal en “el brazo” de la represión.
Como ejemplo de ello citaron las designaciones recientes del fiscal de la República y de la defensora del Pueblo, además del cursante proceso de postulaciones para magistrados del TSJ, procedimientos que, aseguran, no han sido transparentes, inclusivos ni apegados a derecho.
Actuar con parámetros
Para la abogada y profesora universitaria, Magaly Vásquez, la sociedad civil exige esa transformación que ahora el gobierno de Delcy Rodríguez tomó como bandera. Sin embargo recuerda que ese cambio debe estar acompañado de procesos transparentes en los que distintos sectores puedan participar, conocer y actuar.
“Es lo que la colectividad exige, que se trate de procesos transparentes en los que la sociedad civil verdaderamente pueda participar y pueda conocer, porque no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando del máximo tribunal del país”, dijo la profesora universitaria, haciendo referencia a la designación de magistrados del TSJ en la que trabaja el Poder Legislativo desde finales de abril.
Vásquez cuestionó la opacidad en torno a la cantidad de plazas del TSJ que deben ser llenadas por el recién juramentado Comité de Postulaciones Judiciales, pues hasta el momento se especula que son 20 de los 32 curules de magistrados los que deben llenarse, pero no hay información oficial por parte del Parlamento, donde se ha sostenido que los nuevos magistrados suplirán a jueces jubilados o que dejaron sus cargos vacantes.
En cuanto a los cambios que la llegada de estos nuevos magistrados puedan generar en el funcionamiento del máximo tribunal del país, siendo ahora 32 y no 20 como estaba contemplado antes de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, remarcó que “el problema no es del número de magistrados, el problema es de las funciones que, en algunos casos, se han atribuido al TSJ”.
Para la abogada la importancia recae en que “el TSJ se limite a hacer lo que le corresponde, que es juzgar en las diferentes materias y no a legislar, porque cada institución tiene sus propias responsabilidades”.
Desde los cimientos
El abogado y profesor, Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, explicó que el problema de la justicia venezolana parte desde los cimientos de la Constitución de 1999, pues a su juicio, esta nunca se cumplió.
“Desde un comienzo quienes fueron designados magistrados estaban ahí por su militancia política, por su filiación ideológica, no estaban ahí por méritos profesionales y méritos personales. No se ha cumplido la Constitución en la manera en que ella dice que hay que designar a los magistrados”.
El jurista citó como ejemplo de la crisis judicial las personas juzgadas y no presentadas, las desapariciones forzadas, los maltratos, los casos con audiencias infinitamente diferidas, las sentencias del TSJ que contravienen la ley, entre otras cosas.
Analizar para cambiar
El abogado Juan Pérez Silva, miembro del Bloque Constitucional, el drama actual del sistema de justicia está dado por “la opacidad e irregularidad” que rige el funcionamiento de los tribunales del país en todas sus instancias, por lo que este bloque de abogados propone un plan para diagnosticar su estatus y trabajar en su depuración y modernización.
“El Poder Judicial está corrompido hasta sus más profundas raíces. En todos los estados de Venezuela hay problemas graves”.
Este bloque de juristas, expuso, se propone no solo criticar el actual sistema, sino trabajar en un análisis de su situación actual para, en unos meses, ofrecer un diagnóstico detallado y poder presentar una propuesta de reforma basada en los hallazgos.
“Uno de los esfuerzos que vamos a hacer es hacer una evaluación de todo el Poder Judicial en todo el país, en todo su nivel. Desde tribunales de municipios, tribunales de primera instancia, tribunales superiores e incluso el propio Tribunal Supremo de Justicia para examinar cuál ha sido el rendimiento, cuál ha sido su trabajo, cuál ha sido la calidad de sus decisiones y también cuál es el comportamiento de los titulares de estos despachos”, detalló.-
- Crónica.Uno
- 24 May, 2026
