La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el Gobierno ha desatendido 24 resoluciones emitidas desde el proceso electoral, en las que solicita medidas cautelares de protección para más de 40 personas que enfrentan graves riesgos en el contexto actual del país. Sin embargo, el Estado venezolano no ha implementado ni respondido a estas solicitudes.
Estas medidas están fundamentadas en el artículo 25 de su reglamento, el cual permite la adopción de resoluciones en situaciones de extrema gravedad y urgencia para prevenir daños irreparables a los derechos fundamentales de las personas.
Los titulares de las referidas medidas son los líderes opositores María Corina Machado, Williams Daniel Dávila Barrios, Rolando Oswaldo Carreño, Américo De Grazia, Freddy Francisco Superlano Salinas, Perkins Rocha Contreras, María Andreina Oropeza, Carmen Leonor García Azuaje, Biagio Pilieri Gianninoto, Jesús Alfredo Pilieri Vasile, Juan Pablo Guanipa Villalobos, Andreina Zerpa Vivas, Yolivares Infante Camacho, Eichler Hernández Ortuño, Leocenis Manuel García Osorio, Delsa Jennifer Solórzano Bernal, S.J.R.G., Eduardo Emiro Labrador, y Jorge Luis Graterol Guzmán.
También periodistas como Ana Carolina Guaita, y Eleanger David Navas Vidal; defensores de derechos humanos como Nelida del Rosario Sánchez Oropeza, Franklin Caldera Cordero y familia, y 14 integrantes de la oenegé Foro Penal.
Otros integrantes de la sociedad civil con medidas cautelares son Osmary Gabriela Sánchez Chirinos, Israel Moisés Crespo Sulbarán y Gustavo Adolfo Torres Zambrano, e incluso figuran en la lista extranjeros como Jan Darmovzal.
Al otorgar este mecanismo de protección, el organismo consideró una serie de elementos que reflejan situaciones de gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables a derechos esenciales como la vida y la integridad personal, con patrones de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por su postura política, participación en manifestaciones o labor en defensa de derechos humanos.
Estas detenciones se llevan a cabo sin órdenes judiciales claras ni información oficial sobre los tribunales competentes, las víctimas no tienen acceso a sus expedientes penales, les son impuestos abogados designados por el Estado y son acusados de delitos como el terrorismo.
La CIDH también ha destacado que, ante la falta de medidas de protección, muchas de las personas beneficiarias han tenido que recurrir a medios propios para resguardarse. Sin embargo, esto no ha impedido que continúen enfrentando intentos de detención y actos de intimidación por parte de las autoridades.
Frente a este contexto, reiteran su llamado al Estado venezolano para que cumpla con las medidas cautelares emitidas y garantice la protección de las personas en riesgo, ya que el incumplimiento de las medidas solicitadas podría derivar en una responsabilidad internacional. Además ha instado a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para asegurar la efectividad de los instrumentos de derechos humanos.-
- TalCual
- 17 Dic, 2024
