La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se dirige a la nación con relación a la angustiosa
situación económica en la que viven muchos venezolanos, y que hoy se expresa en las numerosas
movilizaciones efectuadas recientemente a lo largo y ancho del país para exigir remuneraciones y
beneficios socio-económicos dignos, así como el acceso y la prestación eficiente de los servicios
públicos. Esta situación es consecuencia de la incapacidad de la actual administración para promover y
satisfacer adecuadamente las necesidades vitales de la población, no obstante sus pretensiones de que
la situación mejora.
Es preocupante el deterioro del poder de compra de aquellos que dependen de sueldos y salarios y/o
de rentas fijas ante el alza incontrolada de los precios. Ello es particularmente grave para los empleados
del sector público, los pensionados y jubilados y aquellos que dependen de un salario mínimo; todos
receptores de ingresos que hoy se encuentran en la parte inferior de la escala de remuneraciones. Aun
cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha publicado cifras de inflación posteriores a octubre
2022, estimaciones confiables llevan a concluir que el ajuste en el salario mínimo realizado en marzo de
2022 habría perdido más del 80% de su capacidad adquisitiva para finales de febrero del presente año.
Así, el salario mínimo mensual, equivalente a USD 30 hace un año, hoy apenas supera los cinco dólares.
Tal deterioro revela niveles de remuneración realmente deplorables para una parte significativa de la
población, muy por debajo de las condiciones mínimas de existencia, requeridas en la Venezuela de
hoy.
Las razones de esta tragedia se asocian a la fuerte contracción de la actividad económica venezolana,
reducida a aproximadamente la cuarta parte de la registrada en 2013, acompañada de desequilibrios
acumulados en el ámbito monetario, fiscal y cambiario que han alimentado un alza creciente en los
precios de los bienes y los servicios hasta desembocar en la hiperinflación que se vivió entre noviembre
de 2017 y diciembre, 2021, y las tasas de inflación más elevadas del mundo, que aún siguen
caracterizando a Venezuela. Ello ha ocurrido, además, en el contexto de una producción petrolera muy
disminuida y del aislamiento virtual del Estado venezolano de las principales fuentes de financiamiento
internacional, dada la cesación de pagos de la República y de PDVSA sobre sus deudas y obligaciones
a partir de 2017, y las sanciones impuestas por distintos gobiernos, como consecuencia de la pérdida
de las garantías democráticas y el respeto a los derechos humanos.
Los ingresos externos son precarios y su efecto es agravado por el ahogo del crédito internacional.
Además, es claro el agotamiento de las reservas internacionales reportadas por el BCV, a lo cual se
suma la ausencia total de información en torno a los activos externos del Bandes y Fonden, instituciones
que tradicionalmente mantenían importantes sumas de activos en el exterior. En esas circunstancias,
las remuneraciones están constreñidas por la productividad laboral, sumamente baja en la economía
venezolana como resultado de las medidas de desestimulo y acoso a la actividad productiva aplicadas
durante años por el Estado. Pero el nivel de remuneraciones se resiente aún más por la instrumentación
de la política antiinflacionaria, de fuerte corte contractivo, aplicada en los últimos años. Ésta ha buscado
contener la liquidez monetaria con la intención de estabilizar el tipo de cambio y “anclar” los precios,
reduciendo drásticamente el crédito bancario y el gasto público, sin que se haya logrado reducir la
dependencia del financiamiento monetario del déficit fiscal. En consecuencia, es muy escaso el
financiamiento a la actividad económica, el deterioro de los servicios públicos es severo y hay un rezago
significativo en las remuneraciones a los empleados del Estado con relación al alza de precios
La ANCE alerta que, a menos que se optimice la dimensión del Estado en función del disminuido tamaño
de la economía, se impulse la eficiencia en la gestión de sus recursos, se combata la corrupción y se
recupere la credibilidad en la política económica y las instituciones responsables de su definición y
gestión, será muy difícil recuperar la confianza en la economía, incentivar la inversión privada y la
generación de puestos de trabajos bien remunerados. Ella es la vía para romper con la práctica de
aumentos salariales por decreto, financiados con improvisados impuestos regresivos o la emisión
monetaria sin respaldo productivo, que perpetúan las presiones inflacionarias, y no se reflejan en una
mejora del poder de compra de los trabajadores.
Las condiciones descritas llevan a la ANCE a insistir en la necesidad imperiosa de un cambio
fundamental en la orientación de las dinámicas económicas, basada en la restitución del Estado de
derecho, lo que implica la redención de los derechos civiles y económicos contemplados en nuestro
ordenamiento constitucional, así como la transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos
públicos, de manera de restablecer la confianza requerida para promover la inversión e incentivar la
actividad productiva. Cabe destacar, además, que avanzar en el respeto pleno al Estado de derecho ha
sido planteado por aquellos gobiernos que han impuesto sanciones al BCV, PDVSA y a otros entes
públicos, como condición fundamental para su flexibilización. Ello abrirá las puertas, asimismo, a las
posibilidades de restablecer las relaciones de la República con los organismos financieros multilaterales
y, con ello, contar con su apoyo para llegar a acuerdos con los acreedores internacionales a fin de
reestructurar la deuda pública externa, junto con la concertación de un programa de estabilización y
reformas estructurales orientadas a la rápida recuperación del país.
Por último, el restablecimiento pleno de las garantías constitucionales debería ofrecer, también,
condiciones para confiar en la restitución de las posibilidades de alternabilidad en la conducción del
Estado por medios electorales, contemplados en los Principios Fundamentales de nuestra Carta Magna,
base para la consolidación de nuestra democracia y la concertación de acuerdos para la recuperación
económica y social del país.
Como hemos planteado en otras oportunidades, la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en
atención a sus competencias, como ente asesor en asuntos relacionados con el manejo de la economía,
manifiesta su disposición a contribuir a la formulación e instrumentación de las políticas, acciones y
correctivos que permitan, con el tiempo, restablecer un nivel justo y merecido de remuneración a los
residentes del país.-
En Caracas, a los trece días del mes de marzo de 2023.
Sary Levy Carciente, Presidente
Eduardo Ortiz Felipe, Secretario
