Una década preso y ninguna prueba en su contra: la historia del ferrominero Rodney Álvarez
Hace apenas nueve días Álvarez recibió sentencia. Al contrario de lo que esperaba la defensa, los trabajadores y su familia, fue declarado culpable. Este jueves cumple 10 de los 15 años a los que fue condenado.
La mañana del 9 de junio de 2011, trabajadores de Ferrominera Orinoco (FMO) esperaban elegir en asamblea a tres representantes de la comisión electoral para las elecciones del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera).
Era la primera vez, desde 2009, que el líder del movimiento oficialista en la empresa y hoy inspector del Trabajo, Alfredo Spooner, se encontraba en los portones con el secretario general del sindicato, Rubén González. La asistencia era masiva y el ambiente tenso, pues meses antes un tribunal otorgó libertad plena a González, luego de una componenda judicial del PSUV y de Chávez en su contra.
A los portones asistieron trabajadores adeptos al oficialismo con gorras rojas alusivas a la plancha 7 y empleados de Ciudad Piar respaldando al secretario general Rubén González. Las requisas eran más estrictas que los días previos, pues había amenazas de que ocurrieran altercados.
Durante las primeras horas de la mañana ocurrieron al menos tres forcejeos entre trabajadores. Pese a la vigilancia y la cantidad de funcionarios militares, los controles no evitaron que ocurriera el quinto y más grave incidente de violencia de ese mes.
Entre las 7:00 y 8:00 de la mañana se escucharon los primeros disparos. Uno de ellos impactó contra el trabajador y militante de Juventud de Trabajadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, Renny Rojas, de 28 años. El hombre moreno, de camisa blanca con rayas moradas, cayó tendido en el suelo en medio del tumulto. Con su mano izquierda constató que estaba herido en el cuello.
El dirigente sindical de ferrocarril Luis Quilarte también recibió un disparo en la pierna. Los trabajadores se tiraron al suelo mientras otros trataban de correr agachados, esquivando los disparos. En menos de dos minutos llegaron los bomberos y una ambulancia de la estatal.
Mientras los heridos eran trasladados al hospital de Ferrominera Orinoco Américo Babó, un grupo de trabajadores gritaba “asesino” a Héctor Maicán, en ese entonces secretario de finanzas de Sintraferrominera y miembro de la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT). Maicán estaba resguardado dentro de las instalaciones de FMO.
Rojas murió a los pocos minutos después de ser trasladado. Aunque Héctor Maicán, el supuesto pistolero, fue detenido ese día y se esperaba que el día posterior fuera presentado en el Tribunal Cuarto e imputado el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, eso nunca pasó.
“El caso está complicado y politizado, quizás digamos algo y al gobierno no le guste. El detenido (Maicán) está metido hasta el fondo en el suceso, pero no sabemos qué va a pasar”, dijo una fuente extraoficial del Cicpc en ese entonces a Correo del Caroní.
El Tribunal Segundo de Control otorgó medida cautelar de libertad con régimen de presentación cada 30 días. El juez que llevaba el caso desestimó el homicidio calificado por motivos fútiles e innobles que formuló la Fiscalía contra Maicán, y precalificó los delitos de porte ilícito de armas y lesiones leves.
El día 12 de junio en una rueda de prensa la plancha 7 solicitó justicia por el asesinato de Rojas y acusaban con pancartas a Rubén González del homicidio. El secretario de finanzas, Maicán, instó en ese entonces al asesino a “apegarse a ley” y agregó que la bala que mató a Rojas era para él o Spooner.
Pasado ocho días de los hechos en los portones de la estatal Ferrominera Orinoco, el 17 de junio de 2011, Rodney Álvarez, un trabajador prácticamente desconocido en el mundo sindical, pero que había participado el día 9 de junio en los portones en respaldo a Rubén González, fue apresado en Ciudad Piar, donde vivía y trabajaba para la extractora de mineral de hierro.
Violaciones al debido proceso
Este jueves, 17 de junio de 2021, Álvarez cumple una década preso en El Rodeo II, a más de 700 kilómetros de su familia. Ha sufrido 10 años de retardo procesal, tres atentados en la cárcel, 10 aperturas de juicio, más de 25 audiencias diferidas y un proceso viciado sin ninguna prueba que lo vincule con el asesinato de Rojas.
Las violaciones al debido proceso fueron tan graves que, cuando cumplió ocho años preso, Álvarez aseguró no asistir más a tribunales por no tener garantías de un proceso justo.
En una carta el trabajador afirmó: “El secretario del tribunal de la causa me dijo frente a mi defensa de forma alterada y con desesperación: estamos claros que tú eres inocente y que el asesino es Maicán, pero la orden es que tú asumas los cargos y nosotros te damos un beneficio de libertad condicional bajo presentación”.
Para el abogado defensor de Álvarez, Luis Aguilera, el ferrominero permanece recluido por una decisión presidencial. “No existen elementos probatorios que demuestren su culpabilidad. Es una detención ilegal”, afirmó en una entrevista radial en abril de 2021.
“Los testigos han podido declarar fehacientemente y con mucha claridad que la persona que disparó contra los tres trabajadores y que ocasionó la muerte de Renny Rojas la cometió el dirigente Héctor Maicán”, agregó Aguilera.
Pese a que no hay pruebas y el incumplimiento de los tiempos procesales, el trabajador fue sentenciado el 8 de junio, un día antes que se cumplieran los 10 años del asesinato de Rojas, a 15 años de prisión. El abogado no asistió porque se recupera del COVID-19.
Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, recordó que el dirigente sindical de Ferrocarril, Luis Quilarte gritó: “¡Maicán está disparando!”. Afirmó que posterior a esto vio cómo Maicán lo persiguió y terminó disparándole en la pierna.
Para el secretario general de Sintraferrominera, Álvarez fue usado como chivo expiatorio debido a que Maicán era miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y aliado del gobernador de Bolívar en ese entonces, Rangel Gómez.
“Condenamos esa sentencia de 15 años que le hacen de forma aberrante”, dijo González, dos días después de la condena. El dirigente instó al fiscal general, Tareck William Saab y a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia a investigar los hechos y a liberar a Álvarez.
Sin ver a su familia
La madre del ferrominero, Yanitza Rodríguez, no imaginaba que el 11 de junio de 2011 sería el último cumpleaños que pasaría con su hijo. El día de la detención pensó que se trataba solo de un interrogatorio por las averiguaciones, no que dejarían preso a Álvarez por 10 años.
Durante este tiempo le ha tocado hacerse cargo de sus tres nietos. Pese a que hasta hace nueve días fue que dictaron sentencia, el ferrominero fue despedido de FMO durante los primeros meses de juicio y sus hijos expulsados de los colegios de la empresa.
“Los hijos dicen que cómo va a ser posible que los hayan dejado sin su papá, sin un abrazo”, comentó vía telefónica. “Rodney le había dicho a su hijo de 14 años: espérame que yo voy a salir de aquí para darte el cariño que no te he dado en estos 10 años que he estado alejado de ti (…) ¿Cómo le digo al hijo que le dieron 15 años?”.
Aunque durante los primeros años intentaba viajar mensualmente a la capital para asistir a las audiencias, el retardo procesal, los costos de los viajes y la falta de recursos para pagar los traslados impidieron seguir viajando y hoy en día tiene cerca de cuatro años sin visitar a Álvarez.
“Suelten a mi hijo. Es inocente, pónganse a agarrar a los verdaderos culpables, que los tienen metidos dentro del mismo gobierno”, dijo. “Yo quisiera que se terminara toda esta pesadilla en contra de mi hijo, que lo dejen en libertad”.
La OIT
La Comisión de Encuestas, el órgano de investigación más importante de la OIT, documentó en 2019 las violaciones laborales que hasta la fecha sufrieron tanto empleadores como trabajadores por parte del Estado venezolano. El organismo de las Naciones Unidas incluso documentó el caso de Álvarez.
“Existen numerosos testimonios que afirman la inocencia de Álvarez (…) La comisión expresa su profunda preocupación ante el encarcelamiento de un dirigente sindical durante ocho años sin que se haya demostrado su culpabilidad y en ausencia total de justificación por parte del Gobierno de las pruebas que condujeron a la Fiscalía a hacer las imputaciones de las que es objeto”, expresaron en su informe.
La OIT recomendó al Gobierno venezolano la liberación inmediata del trabajador, una medida que hasta ahora ha sido desatendida y que fue totalmente burlada con la sentencia de 15 años.
Álvarez está a la espera de que se apele su condena de 15 años y de que haya verdaderamente justicia, como sostuvo en su última carta hace dos años: “Solo me resta decirles a mis captores, a mis secuestradores: en algún momento de la historia les corresponderá a ustedes sentarse en el banquillo donde me tienen ahora, a rendir cuentas de todos sus actos”.
José Rivas/@g8che–Correo del Caroní– Diseño Roberth Delgado
