Presas sufren violencia sexual, hacinamiento y amenazas en cárceles venezolanas, advierte el OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó el primer informe sobre Mujeres Privadas de Libertad: Las voces de las mujeres detrás de las rejas. Allí se recopila no solo las condiciones de los centros de detención con población reclusa femenina, sino de todas las violaciones de derechos humanos que allí se cometen.

El trabajo recoge entrevistas de 65 mujeres privadas y ex privadas de libertad en nueve estados del país, así como 14 familiares, 16 abogados, abogadas y personas que trabajan con mujeres privadas de la libertad y 11 coordinadores del OVP.

El informe detalla que Venezuela cuenta con 17 espacios para mujeres privadas de libertad, de los cuales sólo uno, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), fue diseñado para albergar mujeres privadas de la libertad. El resto son anexos de los internados de reclusión masculinos.

Aunque no hay estadísticas oficiales, el OVP identificó que la población reclusa en Venezuela es de 37.517 personas, de las cuales 2.318 son mujeres, lo que representa el 6.2% del total de la población reclusa venezolana.

En cuanto a la capacidad instalada, en el país existen 2.154 plazas para mujeres en prisión. Para el primer trimestre de 2021, esta población era de 2.238 mujeres, lo que se traduce en una sobrepoblación de 103.9%, un hacinamiento moderado de acuerdo con los estándares internacionales.

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En el INOF, en cambio, con una capacidad instalada de 350 plazas, hay una población de 533 mujeres, un hacinamiento del 152,2%. La mayoría de las mujeres reclusas tienen entre 25 y 45 años de edad. La mayoría de las encuestadas dijo estar soltera, 78% manifestó que su orientación sexual es heterosexual, 9.4% se identificaron como mujeres lesbianas y 12.5% como mujeres bisexuales.

El OVP destacó que estas preguntas sobre estado civil y orientación sexual reflejan si cuentan con algún apoyo para su subsistencia en reclusión, ante las posiciones de poder que se generan dentro de los centros de privación de libertad.

“Las mujeres que tienen esa posición de poder son denominadas “machitos” y suelen utilizar la violencia, incluida la violencia sexual, para el cumplimiento de sus órdenes”, señala el informe. Algunas de las entrevistadas por el observatorio informaron que a pesar de identificarse como heterosexuales eran forzadas a tener relaciones con otras mujeres para sobrevivir y obtener beneficios.

70% de las reclusas son madres, de las cuales 16 son adolescentes, y la mayoría tiene más de dos hijos, quienes en el 42% de los casos quedaron a cargo de las madres de ellas.

Violencia sexual

El informe precisa que a nivel mundial, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación, señala que “más del 50% de las mujeres encarceladas declara haber sufrido malos tratos emocionales, físicos o sexuales durante su infancia, mientras que solo el 25% de los reclusos varones dicen haber vivido esas situaciones”.

Al menos 24 de las mujeres entrevistadas por el OVP declararon que habrían sido víctimas de actos de violencia antes de su detención, lo cual representa el 37.5% de las entrevistadas. 17 de ellas dijeron que estas situaciones se dieron antes del arresto. La presentación del informe también incluyó un video con los testimonios, con identidades protegidas, de mujeres ex privadas de libertad.

Una de ellas relató que, para obtener agua, los funcionarios del centro de reclusión las coaccionaban para tener relaciones sexuales con ellos. Manifestó también que el agua a la que tenían acceso se le llamaba “agua de sapito”.

“No se podía beber porque era de un tanque de agua que nunca se lavaba y llegaba con olores feos. Yo le echaba cloro, pero había personas que no tenían y se bañaban así, ya estaban estambradas. A mí una vez me dio escabiosis. Para cocinar, mi mamá me llevaba comida para hacer, pero tenía que esperar hasta las 3:00 de la tarde para desayunar porque se hacían colas y había una sola cocina eléctrica para cocinar todas”, relató.

Si bien querían relatar a familiares o abogados sobre su situación, también eran amenazadas para que no contaran lo que allí adentro padecían. “Los custodios estaban pendientes de que no contáramos nada. No podíamos expresar lo que estábamos viviendo porque eran reglas de allí”.

La entrevistada también es un testimonio de abuso sexual en reclusión.

“A los dos días que llegué a la cárcel, las mismas presas de allí y los custodios querían que yo fuera a la celda de los hombres, porque había uno que me estaba pidiendo y yo no quería, pero me obligaron a ir porque si no iba era peor. Fui abusada sexualmente allí. Después los custodios me llevaron a la celda de las mujeres”.

Según el relato, se trataba de una práctica a la que otras reclusas ya estaban “acostumbradas”. El testimonio muestra, además, la omisión del Estado para la supervisión de estas irregularidades.

“Después de ser abusada pedí el traslado y los tribunales me lo dieron, pero los funcionarios no me trasladaron. Siempre hubo un problema, no entendía, pero me di cuenta que fue por los mismos presos”. La ex privada de libertad relató que de esa violación sexual salió embarazada.

Salud y alimentación

Una coordinadora del OVP, indica el informe, reportó que las mujeres “tienen acceso al agua durante determinadas horas del día, que bien puede ser en la mañana o en la noche, pero pasan algunos días sin agua. Además, poseen recipientes grandes (de 170 litros) para almacenar agua, que es utilizada para consumo humano, bañarse, lavar la ropa y los espacios físicos.”

Asimismo, hay dos situaciones particulares según respuestas de las privadas de libertad consultadas: “Más del 60% de las mujeres encuestadas tiene acceso esporádico al agua en detención. El cual es básico e indispensable para la higiene personal y menstrual de la mujer, adicionalmente la ausencia de agua es contraria a la Regla Número 5 de Bangkok”, destaca el OVP.

En cuanto a la alimentación, 48 de las encuestadas dijo que depende de un familiar para poder comer, 34 de ellas obtienen los alimentos en la cárcel, 10 señalaron depender de compañeras en prisión, 3 no tienen quien les provea los alimentos y 1 declaró que su pareja le lleva sus alimentos.

Tampoco hay acceso a atención médica, pese a que más del 40% adquirió una enfermedad después de su detención, ni siquiera tienen acceso a toallas sanitarias.

El OVP destacó la importancia de que “los sistemas de justicia penal incorporen un análisis con perspectiva de género, que vea a las mujeres privadas de libertad como una población con necesidades diferenciadas que deben ser atendidas, además de realizar análisis sociodemográficos de las mujeres y las adolescentes que integran los centros de privación de la libertad”.

Sus recomendaciones consideran que “las mujeres no representan, en su mayoría, un riesgo para la sociedad y, en cambio, su encarcelamiento tiene consecuencias dramáticas para ellas, sus familias y la sociedad”. En ese sentido, presentó un conjunto de propuestas legislativas y de políticas públicas, incluidas en el informe.

Correo del Caroní