El II Conversatorio Indígena venezolano esta vez “exige” abrir una puerta a la escucha y al diálogo, el último paso que les queda a los pueblos para denunciar el colapso sanitario y educativo, los abusos de poder, las privaciones y la negligencia de un Estado inexistente.
Alina Tufani – Vatican News
El Covid-19, el cambio climático, la migración forzada y los megaproyectos mineros son solo una parte más de la lamentable situación de abandono que sufren los pueblos originarios que, reunidos en el II Conversatorio Indígena Venezolano, han ilustrado, en un documento final, las “pandemias” y desafíos de esas poblaciones golpeadas por un abandono endémico del Estado, los abusos y la acuciante crisis socioeconómica que golpea al país.
“Los pueblos indígenas también tienen derecho a una vida de oportunidades, esperanza y escucha” se titula el documento presentado en días pasados, luego del encuentro que tuvo lugar a mediados de junio, con diferentes organizaciones y comunidades indígenas de Venezuela. Expresar las “dolencias, llantos y clamores ante las lamentables situaciones que padecen las comunidades y sus pobladores” motivó este segundo Conversatorio nacional inspirado en el tema: “Hacia la sinodalidad de las comunidades indígenas”.
“Tantos gritos que se escuchan en los caños, selva y montañas, tantas muertes que a diario viven a causa de enfermedades, desnutrición y por enfrentamientos en defensa de sus territorios, una contaminación que crece diariamente por el extractivismo y el que los hace vulnerables por ser los que habitan en esos territorios, un desplazamiento obligado por los grandes desafíos que esta situación país ha causado y sigue golpeando la vida de los pueblos indígenas”, denuncia el documento.
Los pueblos Indígenas presentes en ocho estados venezolanos; las organizaciones indígenas (Grupo Cambalache “Amigos del Pueblo Warao, Organización Indígena Intercultural “Wainjirawa”; Pastoral Indígena y Organización de Jóvenes Indígenas), junto una veintena de universidades, organizaciones sociales, religiosas, ambientales y comunitarias, suscriben el Documento final que en cinco páginas expone la dura realidad que enfrentan los pueblos originarios de Venezuela
De Covid-19 y algo más
La llegada de la pandemia de Covid-19 no sólo agravó la terrible crisis humanitaria, social, ambiental y sanitaria que vive el país, sino que hizo más vulnerable a los pueblos indígenas que ya venían viviendo diferentes pandemias con brotes de diversas enfermedades que llevan hasta la muerte.
“Los pueblos no solo están siendo impactados por el coronavirus que se suma a las condiciones que ya venían vapuleándolos, por el colapso de un sistema de salud deteriorado, por una educación maltratada y empobrecida, sin medios específicos para poder impartirla, por condiciones básicas exhaustas y por una privación comunicacional que no permite conocer sus realidades”, explica el documento. En el mismo se subraya también la urgencia de estrategias y atención por parte del Estado venezolano, tal como los establece la Constitución y estipula la Ley Orgánica para Pueblos y Comunidades Indígenas.
Minería indiscriminada y asesina
La contaminación causada por el llamado “extractivismo” y la destrucción masiva de grandes territorios indígenas de la Amazonía venezolana, comprendidos en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro contribuyen en el deterioro de las condiciones socioeconómicas básicas. En particular, el texto se refiere al mega proyecto “Arco Minero del Orinoco”, decretado en 2016 y que abarca el 12% del territorio nacional, justamente el más habitado por comunidades indígenas, violando sus derechos fundamentales, invadiendo sus territorios y obligándolos a huir de esos lugares por la depredación y violencia.
“La minería trae consigo grandes impactos al ecosistema, como la deforestación, contaminación de agua a causa de la utilización del mercurio y cianuro, pérdida de biodiversidad, tráfico de la fauna y flora, cambio en los fisiográficos de los cauces de los ríos y la entrada de foráneos y grupos armados externos”, denuncia el documento y exhorta a los poderes del Estado a tomar conciencia y medidas que protejan la vida de los pueblos, del medio ambiente y el cumplimiento de las leyes.
Obligados a huir de sus tierras
Las poblaciones indígenas, al igual de los casi 6 millones de venezolanos, han optado por cruzar las fronteras terrestres en busca de alternativas, no solo de vida, sino de supervivencia a causa de la terrible crisis humanitaria, social, ambiental y sanitaria que enfrenta el país.
“Cada noche que pasa muchas familias duermen sin haber consumido ningún bocado de comida, otros sin techo pasan la noche en las calles de las ciudades y otros de camino a nuevos horizontes totalmente inciertos”, denuncia el documento al mencionar las alarmantes cifras aportadas por ACNUR sobre el aumento de la migración, a pesar de la pandemia. Y añade: “Sigue la migración y entre ellos de las poblaciones indígenas, el desplazamiento forzado a causa de los enfrentamientos con foráneos, la movilidad hacia las ciudades y sus asentamientos en plazas, calles y vertederos».
Escuchados, consultados, atendidos y respetados
El II Conversatorio Indígena Venezolano concluye con un llamado urgente al Estado para que recuerde que las comunidades indígenas también son ciudadanos con derechos: “Es necesario definir con la participación de los indígenas las herramientas estratégicas para dar respuestas según sus costumbres y cosmovisión a sus necesidades. Ellos merecen ser escuchados, consultados, atendidos y respetados; de ellos se debe aprender a cuidar la Madre Tierra y toda la creación”.-
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