Un panorama desolador de violaciones a las libertades de expresión y de prensa en las Américas

Miami (22 de octubre de 2021).- La 77ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó sus conclusiones tras cuatro días de reuniones en las que se denuncia el acoso judicial, la estigmatización, el encarcelamiento, detenciones arbitrarias, exilio, hostilidad y violencia contra periodistas, además de nueve asesinatos en el último semestre.

Entre otros temas destacados que marcaron ese período, la organización mencionó la intervención arbitraria de diarios como una política de acoso del gobierno, restricciones al acceso a la información, falta de transparencia, radicalización represiva en varios países y la sostenibilidad de los medios.

A continuación, las Conclusiones de la 77 Asamblea de la SIP:

Desde su exilio en Madrid, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez apenas necesitó pocas palabras: «El autoritarismo busca reinar en el silencio antes que escuchar las voces que perturban».

En los últimos seis meses, la libertad de expresión en las Américas enfrenta tres rasgos dominantes: la radicalización represiva, criminalización judicial y un entorno asfixiante.

Hostilidad, estigmatización, violencia, detenciones y muerte. Ejercer el periodismo cada vez es más peligroso en países cuyas democracias se degradan lentamente, concluyó en la Asamblea General 77 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Nueve periodistas fueron asesinados en la región en México (seis), Brasil, Colombia y Haití. Ya son diecisiete en los últimos doce meses.

Gustavo Sánchez Cabrera, que había sobrevivido a un ataque armado en 2020, fue asesinado a balazos en Oaxaca. A Ricardo Julio Domínguez lo acribillaron en un estacionamiento cuando iba a recoger un pago por publicidad. Benjamín Morales, director de una página web, fue hallado al borde de una ruta. La desesperación es tal que los propios medios mexicanos decidieron crear la Alianza de MediosMx para combatir tanta impunidad.

En Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa, el principal diario del país lleva más de dos meses preso y sin atención médica, acusado de cargos absurdos.

Más de treinta periodistas huyeron despavoridos al exilio desde Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las campañas de estigmatización contra los comunicadores se han vuelto una política corriente de los presidentes de México, Perú, Brasil y El Salvador, entre otros países.

La sustentabilidad de los medios constituye otro aspecto actual y urgente, tras los serios perjuicios causados por la pandemia del Covid-19, cuyos confinamientos generales derivaron en picos inéditos de audiencias, pero, a la vez, en una gravísima parálisis económica que afectó a anunciantes y lectores por igual. Los ejemplos australiano y europeo marcan una hoja de ruta para lograr que las grandes plataformas tecnológicas retribuyan adecuadamente por el uso de los contenidos periodísticos, proceso en curso en buena parte del mundo.

Los testimonios de la represión cubana son atroces. La dictadura de la isla vivió el semestre más difícil en los últimos 25 años. El gobierno respondió a las masivas protestas pacíficas en forma indiscriminada como no se había visto antes. Varios hombres y mujeres de prensa fueron encarcelados, incomunicados sin asistencia legal, acusados de «desacato» y por difundir «propaganda enemiga», y podrían enfrentar penas de hasta diez años por estos supuestos delitos.

Nicaragua llegará a las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre con los principales candidatos de la oposición encarcelados, el diario La Prensa confiscado y algunos de sus principales exdirectivos bajo arresto. El régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, desató una verdadera cacería para acallar toda voz crítica. El caso de Holmann es indignante: fue llevado a «firmar unos papeles» a una dependencia judicial y detenido acusado de «defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense». La dictadura ataca con citaciones judiciales arbitrarias y asedio policial por cometer «actos que menoscaban la integridad». Ya son 26 los periodistas que decidieron exiliarse, en el mayor éxodo desde las protestas ciudadanas de 2018.

En Venezuela, no se ve una salida del régimen de Nicolás Maduro en el corto plazo. El principal diario, El Nacional, sigue tomado por el Ejército sin orden judicial alguna. Los medios gráficos independientes solo funcionan en la web, manejados desde el exterior, en el país de peor acceso a internet del hemisferio. El madurismo, que acaba de interrumpir el diálogo con la oposición tras la extradición de un conocido testaferro a EE.UU., no reconoce límites: va ahora contra las familias de los periodistas que viven en el exilio, allanándoles las casas y librándoles órdenes de captura.

Tras la asunción del gobierno de Pedro Castillo, los medios peruanos viven la peor situación desde la caída del régimen de Fujimori, veinte años atrás. El Poder Ejecutivo hizo propia la actitud agresiva hacia la prensa que solía tener el Congreso, con proyectos de ley disparatados. Se prohíbe el ingreso de los periodistas al Palacio Presidencial y Castillo se ha negado hasta ahora a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, en favor de la libertad de expresión, además de no haber dado una sola entrevista en dos meses y medio.

En México, el país con más asesinatos a manos del crimen organizado, las descalificaciones y diatribas contra la prensa son ya una costumbre diaria del presidente Manuel López Obrador, que dedica un espacio matutino para criticar a medios y reporteros, concentrándose prioritariamente en los diarios Reforma y El Universal, a los que llama «enemigos del pueblo».

En El Salvador, el régimen de Nayib Bukele avanza en una deriva autocrática con el control del aparato judicial, obsesionado con demonizar la tarea de los cronistas mediante burlas y mensajes infundados que luego se traducen en agresiones y atropellos. ¿La consecuencia? Empieza a reinar la autocensura, reconocen los propios colegas.

El gobierno de Bolivia promueve insólitamente suprimir el secreto de las fuentes periodísticas, medida que ya debate la Asamblea Legislativa.

En la Argentina, un ministro intimida gravemente a un humorista ante la indolencia presidencial, el Gobierno insiste con el invento de un lawfare entre jueces, periodistas y opositores, mientras se prolongan y reproducen causas judiciales contra quienes informan e investigan y, como en toda la región, vuelve la distribución discriminatoria de la pauta publicitaria oficial que premia a los medios amigos del poder.

Incluso en los Estados Unidos sorprenden los niveles de violencia: cerca de cien periodistas fueron atacados durante manifestaciones callejeras en 2021, en lo que parecen rémoras de los años de intolerancia de Donald Trump.

En Brasil, Jair Bolsonaro insiste con un sistemático discurso contra la prensa. Las agresiones y la estigmatización hacia los periodistas se han vuelto cotidianas, como sucede también en Guatemala y Ecuador. Haití vive un clima de violencia generalizada en el cual la prensa no está exenta. En Colombia, las marchas masivas del año pasado ampararon ataques a mansalva.

Las restricciones a la libertad de información pública se repiten en prácticamente todos los países sin distinción de extracción ideológica y los gobiernos incumplen sus propias leyes. La falta de transparencia es como una mancha de aceite que se expande sobre el continente.

Prácticamente no hay nación que quede a salvo. La criminalización del periodismo mediante denuncias judiciales alarma en Paraguay, ardid que se reitera en Panamá como herramienta de intimidación.

Dos diáfanas cenicientas, Uruguay y Chile, aparecen como ejemplos de «plena libertad» en el informe del índice de Chapultepec, con el que la SIP y la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela, miden las condiciones en las que trabaja la prensa. La Argentina también allí da la nota: es el país de la mayor y «estrepitosa» caída en toda la región (bajó del 77,2 % al 53,14%) para la labor periodística, e integra el grupo con «limitaciones parciales» en materia de restricciones.

En otro hecho auspicioso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la tortura, el secuestro y la violación de la periodista Judith Bedoya, en el 2000, cuando hacía un trabajo de investigación en la cárcel Modelo, en Bogotá.

Hace pocas semanas el comité noruego otorgó el Nobel de la Paz a los periodistas Maria Ressa y Dimitri Muratov. No son los primeros reporteros distinguidos con tal galardón, pero sí es la primera vez que el premio es asignado por defender la libertad de expresión, «condición previa para la democracia y la paz duradera», como dice la resolución.

Las democracias de la región se debaten contra las cuerdas, lejos de los ideales de las civilizaciones avanzadas y robustas.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.-