Venezuela: La violencia como modelo de relación
Las últimas cifras acerca de las ejecuciones extrajudiciales reflejan que la forma más brutal de violencia de Estado crece en Venezuela. La Iglesia sale al paso y llama a "contar una nueva historia a los jóvenes", como lo hizo Jesús
Los resultados del último balance son escalofriantes. La ONG Control Ciudadano registró al menos 73 personas “abatidas” por cuerpos policiales y distintos componentes militares en diversas operaciones en 13 estados del país, solamente durante el mes de noviembre de 2021.
Se hace muy difícil determinar con exactitud el número de víctimas pues las autoridades no ofrecen declaraciones y menos cifras. Se ha recordado, con motivo de esta última investigación de la ONG que, en el marco de la llamada “unión cívico militar policial”, la administración de Nicolás Maduro ha profundizado la ejecución de operaciones mixtas, “sin determinarse claramente la línea de mando, oficial responsable de la operación, así como las unidades y funcionarios bajo su mando, con lo cual se dificulta la determinación de responsabilidades en caso de violaciones a los derechos humanos”.
La navaja arbitraria
La Iglesia católica, a través de las exhortaciones pastorales de los obispos, se ha venido ocupando de este tema lacerante para la familia venezolana. Porque en esas acciones absolutamente discrecionales caen justos por pecadores. En otras palabras, no es la manera de hacer rendir cuentas a los delincuentes pues para eso existe la ley y sus normativas. Pero lo más grave es que muchos inocentes pasan por el filo de esa navaja injusta de la actuación de los cuerpos policiales y grupos armados.
Los hay de todos los tipos. Unos actúan bajo las siglas ya conocidas de las fuerzas represivas y otros aparecen de improviso, con chaquetas que se supone pertenecen a comandos armados, muchas veces sin identificación y frecuentemente con sus rostros cubiertos. Y esto no es nuevo. Ya son muchos los que han caído en esas batidas policiales sin que se haya hecho justicia a las familias que lloran a sus miembros asesinados o desaparecidos.
La Iglesia: la violencia no es modelo para una sociedad
Durante la realización de la Asamblea Plenaria del Episcopado en 2019, el sacerdote jesuita y vicerrector de extensión de la UCAB Guayana, Arturo Peraza Celis, se expresó en estos términos:
“En Venezuela se respira un aire de mucha desesperanza, de mucha tristeza, y por qué no decirlo, de cierta resignación que espera en una situación fortuita la salida de este destierro. Como el pueblo oprimido de Israel, la gente llora un profundo lamento”.
Y formuló un dramático llamado a sus hermanos sacerdotes para “trabajar en la construcción de una nueva narrativa en la que la esperanza sea la protagonista y conduzca a los ciudadanos hacia un nuevo modelo de país”. En su ponencia resaltó la necesidad de «consolidar una verdadera sociedad democrática», donde «la violencia pueda ser superada como modelo de relación».
Ni siquiera para las sociedades primitivas, tampoco para los estados guerreros, la violencia era una forma de relacionarse. Cazar y matar se reservaba a la procura de alimentos o a la protección de la vida ante un entorno salvaje. En los estados militares la violencia era para hacer la guerra, para conquistar y expandir los imperios o defender los límites del propio; pero el resto de la sociedad se mantenía en convivencia segura y pacífica en la medida en que ello era posible.
En Venezuela, gracias a un discurso agresivo, hostil y divisionista desde el poder que ya suma 22 años, la sociedad se ha visto envuelta en la espiral de la violencia. Toda una generación se ha levantado escuchándolo. Su influencia ha permeado hasta marcar el compás de las relaciones cotidianas entre ciudadanos, antes eran joviales y muy sociables, hasta convertirse en seres pendencieros capaces de echar mano de la violencia y del insulto verbal al menor contratiempo.
“¿Qué más podemos hacer como Iglesia frente a la actual situación?
Esa es la pregunta que Peraza formuló. «Nuestra Iglesia sí ha hecho y mucho por toda esta situación y debemos agradecer el nivel de compromiso que ha mostrado tanto la Conferencia Episcopal Venezolana(CEV) como el Santo Padre y el Vaticano en toda esta historia”.
Sin dejar de destacar los aspectos positivos que el venezolano ha mostrado en medio de la crisis, no obstante recordó el grave problema de la progresiva desinstitucionalización del país. “Con el agravante creciente que ha dado paso a una realidad aún más dura que podemos definir como colapso”, afirmó.
Producto justamente de ese deterioro de nuestras instituciones, sobreviene la arbitrariedad y la impunidad. No hay sino caudillos enquistados en las diferentes instancias de control político y policial del país. Los contingentes armados responden a esas directrices y no a la Constitución y a las leyes. Los debidos procesos son ajenos a su entendimiento.
¿Cómo podría extrañar que los informes de organismos internacionales de derechos humanos revelen una realidad tan terrible como cotidiana en Venezuela?
Describen precisamente cómo actúan las Faes, tal y como los hace un escuadrón de la muerte. La cifra del mismo gobierno es espeluznante: 5.287 muertes por resistencia a la autoridad. Ello, unido al silencio e impunidad por parte de los órganos responsables de sancionar las violaciones a los derechos humanos. (Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet).
“Nuestro pueblo teme por su vida”
La Red de Acción Social de la Iglesia (RASI), que une a decenas de organizaciones eclesiales y ONG que trabajan en el área social y de derechos humanos se quejaba públicamente en un valiente comunicado:
“Hasta cuándo ver como se atenta contra la dignidad de nuestra gente (…) Nuestro pueblo teme por su vida, ante las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de fuerzas de seguridad del Estado o por terceros con aquiescencia del Estado (…); arbitrariedades de toda clase cometidas por funcionarios públicos, y que comportan serias violaciones de derechos civiles y políticos, que no encuentran lugar ni fuerza pública alguna en el país donde puedan ser denunciados y satisfechos”.
“Se visten color de muerte”
Un reportaje muy reciente de Open Democracy se refería a las ejecuciones extrajudiciales y a la doble muerte que ocasionan: “Cuando estos casos ocurren parece que hay una doble muerte, la de la persona a la que asesinan y la de su madre”.
La periodista Sheyla Urdaneta presenta un caso que describe a la perfección el drama, el caso de Lucía a quien el sólo recuerdo de esa jornada fatídica aterroriza:
“Ese día de enero en el que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, Faes, entraron a su casa y mataron a su hijo en su cuarto (…) Ver a su hijo, muerto, no le permite a Lucía describir de qué tamaño es el dolor de una madre a la que le matan a un hijo. No sabe explicar cómo suenan los disparos que significan muerte y menos cuando esos disparos matan a lo que más ama una madre”. Los vecinos han llamado al negro fúnebre de la vestimenta de esos comandos: color de muerte.
Sumarias, arbitrarias…despóticas
Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen, sin pasar por ningún proceso judicial. Pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Son, en suma, despóticas.
Según los datos aportados por los propios investigadores, las últimas cifras actualizadas sobre ejecuciones extrajudiciales en el país provienen del monitoreo de Lupa por la Vida, un proyecto de Provea y Centro Gumilla (jesuita). En el tercer trimestre de 2021 (julio a septiembre) se registraron 372 presuntas ejecuciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
La Guardia Nacional/Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) están involucrados en 40% de los casos, mientras que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías regionales en el 33%. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) está vinculado al 27% de los “abatidos” durante noviembre, siendo menor la participación de otros órganos del Estado como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Política de Estado
La mayoría de estos asesinatos –que los reportes oficialistas llaman “muertes”- son extrajudiciales, según la ONG Control Ciudadano, la cual ha establecido que en el mes de noviembre los estados Sucre, Zulia, Monagas, Miranda y el Distrito Capital lideran las estadísticas de mayor cantidad de personas asesinadas por organismos del Estado.
“La práctica de ejecutar a presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado (…) La regla de los cuerpos de seguridad de Estado y de la FAN, en procedimientos de seguridad, parece ser ‘disparen a matar’, lo cual no es solo violatorio de la Constitución, sino que además aumenta los niveles de violencia en la sociedad”, aseguró Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
La ONG solicitó al Ministerio Público investigar efectivamente estos casos, pues la mayoría tiene características de ejecuciones extrajudiciales, lo que estimula “un ciclo de impunidad que alienta la práctica, en un contexto de violencia cada vez mayor en el país”.
De nuevo, mueren delincuentes pero también caen muchas personas inocentes a quienes jamás se les hace justicia. El dolor de las familias queda como un recordatorio cruel que lesiona el alma y resta a la esperanza a la que todo ser humano tiene derecho.-
Macky Arenas – Aleteia Venezuela – publicado el 09/12/21
