Masacre de La Vega: memoria, miedo y verdad

Alfredo Infante S.J., del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco:

Para vivir y convivir en paz es necesario, entre otras cosas, sanar las heridas y procesar los duelos. No se pueden sanar nuestras heridas sin afrontar y encarar la verdad. Como nos recuerda Jesús, «la verdad los hará libres«. (Jn 8,32)
 
El camino de la búsqueda de la verdad es tortuoso y está en diálogo con nuestros miedos. Jesús, en el monte de los Olivos, dialoga crudamente con sus miedos y los supera desde la fe en Dios y el amor a la humanidad y consuma, así, su más honda verdad, la plenitud de ser hijo de Dios y hermano de todos.
 
Los miedos están enraizados en nuestra condición humana, son ambiguos y polivalentes. La polivalencia del miedo está, de manera resumida, en que una dosis moderada de miedo es sana para actuar con sentido común, mientras la ausencia de miedo es psicopatía; por otro lado, el miedo desmesurado nos paraliza y desmoviliza, mientras el miedo bien administrado y encauzado puede convertirse en energía movilizadora que da impulso a la búsqueda de la verdad.
 
El miedo, aunque es primeramente una experiencia subjetiva, tiene su fundamento en la realidad, por ejemplo, una familia que, por un conflicto armado, se desplaza o saca a sus hijos de una zona asediada por la violencia estatal, paraestatal y delincuencial, experimenta lo que llamamos un «temor fundado»; está familia ha tomado una decisión rápida que ha cambiado su vida en un instante y en sus niveles de priorización ha optado por dejarlo todo para resguardar su integridad. Este fenómeno viene ocurriendo en muchos lugares de la geografía nacional, donde los conflictos por los territorios y los negocios irregulares mantienen en jaque a la población. Por eso, las organizaciones de derechos humanos subrayamos que las personas que emigran de Venezuela -y muchas de las que se desplazan internamente- son población con necesidad de protección internacional.
 
El 08 de enero de 2022 se cumplió un año de la Masacre de La Vega, ocurrida en este sector del oeste caraqueño y resultado del operativo policial más letal que se haya conocido en, por lo menos, los últimos 50 años de nuestra historia como nación. El escenario previo a dicho operativo fue la expansión territorial y control poblacional por parte de megabandas delincuenciales. Toda La Vega vivió días de confrontación armada, aunque la zona baja fue la más afectada. Sin embargo, pese a la intensidad del conflicto, no se conocieron bajas pertenecientes a los actores en confrontación, es decir, ni de los cuerpos policiales ni de miembros emblemáticos de las bandas. Hay que apuntar que la Policía Nacional Bolivariana, vía Twitter, mostró números y datos de supuestos delincuentes abatidos, versión que, contrastada con la narrativa de miembros de la comunidad y de familiares de las víctimas, y con el patrón de las heridas causadas por las balas, dan cuenta de que hubo alteración de la escena del crimen y de que, por tanto, estaríamos en escenarios de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
 
Todo apunta a que, en medio del caos producido por el conflicto y la premura de mostrar números como indicador de éxito de dicho operativo, se acudió a la táctica del «falso positivo» o alteración de la escena del crimen.
 
Recordemos las palabras del papa Francisco, hablando de las ejecuciones extrajudiciales: «Se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos. A esto se define como ’crimen de Estado’».

Sobre esta masacre, hasta la fecha no se conoce investigación alguna por parte del Ministerio Público, ni declaración oficial del fiscal general Tarek William Saab. Tampoco el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, ha fijado posición sobre estos hechos, ni la Defensoría como institución ha actuado diligentemente en la asesoría y acompañamiento de los familiares. Todas las instituciones competentes guardan silencio cómplice, dejando en absoluto desamparo a los familiares de las víctimas y en impunidad a los responsables.

En este contexto de temor fundado y alta vulnerabilidad por la ausencia de Estado de derecho, entre los familiares de las víctimas hay procesos muy diferenciados, pero todos desean la verdad para procesar el duelo y mantener la memoria contra el olvido, con la esperanza de que algún día, en nuestro país, podamos decir con el salmista que «la Gracia y la Verdad se han encontrado, la Justicia y la Paz se han abrazado«. (Sal 85:10)