Egildo Luján Nava:
La cita literaria no se refiere a la excelente novela que le ofreciera al mundo en 1981 el Premio Nóbel Gabriel García Márquez. Sí al intento de la población demócrata venezolana de realizarle un «Referéndum Revocatorio» en su cargo de Presidente a Nicolás Maduro Moros.
Desde luego, después que se diera hace pocos días el primer paso con dicho objetivo, los demócratas deben felicitar y sentirse orgullosos por el esfuerzo que realizaron hijos del país, identificados como convencidos venezolanos sobre la posibilidad de materializar la idea inicial. Sobre todo porque se trató de que hubo quienes se lo plantearon, lo intentaron y hasta entusiasmaron al Soberano para convertir en hecho cierto la posibilidad de realizar dicho referéndum, y de destituir a quien se desempeña como Presidente de la Venezuela.
Fue una idea que nació apoyándose en la vigencia del Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece que: «Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables, transcurrida la mitad del período para el cual sea elegido(a) en un proceso electoral». Pero, además, que es posible legalmente, si al citado funcionario se le considera: «inconveniente, incompetente o ineficiente».
¿ Y por qué no fue posible la materialización de lo que los demócratas consideraron posible y necesario?. Por lo ya conocido. Y es que, lamentablemente, en Venezuela los poderes electorales (Consejo Nacional Electoral) y judiciales (Tribunal Supremo de Justicia) están controlados por la máxima autoridad ejecutiva del país, y obedecen dócil y complacientemente a lo que dispone la estructura conocida como jefatura del Estado venezolano.
Los hechos que se suscitan alrededor de lo relacionado con situaciones parecidas, sencillamente, conforman un suceso que se manifiesta como consecuencia de dicha voluntad. Tanto es así que cualquier proceso electoral que se pretenda realizar en consonancia con lo que es, traduce y registra como evento dependiente de los poderes antes citados, y que ponga en riesgo la estabilidad o permanencia en el cargo que se pretenda someter a su sustitución, estará vetado o sujeto a la conveniencia, condiciones y controles del mismo.
Lo que se podía esperar, ante la posibilidad de que se produjera el tan ansiado referéndum, no podía ser nada distinto a lo que se consideraba que pudiera suceder, mientras los Poderes comprometidos no pasaran de ser garantes de su propia negación, en vista de su desempeño como «aliado útil» de resguardo y protección. Y la cita viene al caso ante lo que aconteció, y que luego, desde instancias políticas gubernamentales, fue exhibido como logro de una demostración de que el ejercicio del poder en Venezuela se corresponde con el capricho dominante de la voluntad de quienes gobiernan, jamás con el alcance de lo que equivale y se traduce en el respeto y acatamiento de lo que está comprendido en las normas vigentes. De ahí, la constante de que «eso es lo que hay y se mantiene, y a quien no le gusta que se vaya».
La convocatoria para iniciar un «Referéndum Revocatorio» fundamentado en contar con una supuesta gran mayoría, fue aprobado por el régimen inmediata y convenientemente. Y todo se dio -a partir del obvio y nada inmaculado hecho- de lo que determinó el Consejo Nacional Electoral, que impuso la obligatoria aprobación de condiciones irrealizables, dando al traste con las que luego pasarían a ser efímeras esperanzas electorales de los ciudadanos solicitantes.
Por otra parte, voceros del régimen, libre e ilícitamente, anunciaron su decisión de solicitar la data de todos los que votaran a favor del Revocatorio, con el fin de intimidarlos, a partir de la seguridad de que así sucedería, honrando el uso de la ya conocida experiencia registrada en otros momentos en el país, indistintamente de que se trata de un hecho y de un proceso totalmente inconstitucional.
Para emprender cualquier intento electoral y cambiar la actual situación administrativa del Estado venezolano, además de apegarse al cumplimiento de lo que está establecido en la vigente Constitución Nacional, tiene que contar con: 1- Los recursos necesarios, 2- El respaldo mayoritario de los ciudadanos, 3- El apoyo moral y logístico internacional y 4-No permitir la intervención de los poderes públicos, específicamente los del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, en Venezuela, todo aquello que debe ser acatado y cumplido, figura bajo el absoluto control del régimen actual.
¿Y qué hacer, entonces?. La pasada iniciativa y experiencia desarrollada en las elecciones que se llevaron a cabo en el Estado Barinas, obliga a no descansar y perseverar. Sobre todo en la intención de continuar en la lucha por recuperar la unión, reconstruir y de refundar la nación en beneficio de todos los venezolanos.
Llegó el momento de deponer actitudes hostiles, de construir y sostener la unidad de los demócratas del país. Y de convertir la unidad en un propósito y no en un accidente político e histórico. Hay que salvar y recuperar al país. Hace 23 años, ese mismo país tomó una ruta equivocada, y hoy el Soberano está convencido de que el camino escogido -y aún en vigencia- es el equivocado.
Venezuela, luego de ser un país próspero, pasó a ser el más pobre y arruinado del Continente Americano. Ha perdido un volumen poblacional y en crecimiento creciente. Los informes internacionales indican que se trata de más de 7 millones de ciudadanos, en tanto que los índices de producción como sociales, por su parte, también describen que ellos están en descenso permanente. Lo que los hechos hacen sentir, mientras se convierten en evidencia social, económica, ética y moral, es que Venezuela se ha convertido en epicentro de una amenaza continental, pero que esa no puede ser la única razón de peso para que su realidad sea tratada de reojo.
Los ciudadanos venezolanos, actualmente, están divididos en dos grandes sectores o grupos: 1- los chavistas-maduristas y 2- la oposición. Ambos sectores, integrados por diversas corrientes sociales, controlados por conflictivas cúpulas de poder y ambiciones, desacertadamente, no han permitido que el país se reconcilie y retome el camino de la prosperidad en favor de todos.
La única forma de dirimir y de lograr el rescate y refundación del país, es apegándose a lo establecido en la vigente Constitución Nacional. En ella, claramente se manifiesta que el SOBERANO es la máxima autoridad en el país, y es el que tiene la última palabra para actuar y decidir. Y actuar y decidir está consagrado en el Artículo 347 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza lo siguiente:
«El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.»
Por ser así, entonces, la Refundación, el progreso, la reconciliación y el rescate de la nación, sólo se puede lograr con un proceso Constituyente, nombrando una «Asamblea Nacional Constituyente» con todos los poderes de decisión, tal y como lo señala la vigente Constitución, electa e integrada por personalidades con experiencia, conocimientos y honorables de todos los sectores de la vida nacional, y no de cúpulas o de «cogollos«. Así lo establece la Constitución en sus artículos 5, 347,348,349 y 350.
De acuerdo a lo que está comprendido en dichos artículos, todo el proceso descarta la intromisión de los poderes constituidos (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA) dejando las acciones, decisiones y conducción del mismo en manos de las autoridades designadas por el SOBERANO.
