Alfredo Infante SJ, del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco:
Esta semana, Estados Unidos comenzó la deportación hacia Colombia de migrantes venezolanos que se encuentran en situación irregular dentro de su territorio. La mayoría de ellos han entrado por la frontera sur hacia el gigante del norte, pagando su ingreso a los llamados «coyotes», mafias irregulares que -ante el cierre de las políticas migratorias de los países de tránsito y de destino- han hecho de la necesidad de migrar de la gente un jugoso negocio trasnacional.
Según fuentes oficiales de la Casa Blanca, se trata -irónicamente- de una acción de salud pública destinada a controlar el aumento de casos de Covid-19. Dicha medida antinmigrante viene de la administración republicana de Donald Trump y, ahora, es aplicada por el Gobierno demócrata de Joe Biden, con énfasis en la población venezolana, por lo que estamos ante una clara política de Estado.
Para su efectiva aplicación, además, la acción fue ejecutada como parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, su aliado incondicional en Suramérica. Por ello, ante la ruptura de las relaciones diplomáticas de Venezuela con Estados Unidos, las deportaciones se realizan hacia Colombia, so pretexto de que los deportados habían elegido primeramente a esta nación como país de destino.
Previo a esta decisión se habían publicado estadísticas que señalan un aumento exponencial del número de venezolanos que ingresan por la frontera sur a territorio estadounidense, cifra que, en diciembre, superaban las de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, hito histórico en la conformación de los flujos migratorios Norte-Sur.
¿Qué decir ante este hecho doloroso?
- En primer lugar, desde Signos de los tiempos nos solidarizamos con los deportados y sus familiares, quienes han dejado todo, buscando nuevos horizontes de vida, y se encuentran con un muro que hace inviables sus sueños y los coloca en un estado de mayor vulnerabilidad.
- En segundo lugar, es imperativo que la comunidad internacional asuma, de una vez por todas, que el fenómeno masivo e incontenible del éxodo forzado venezolano es una clara señal de que nuestro país continúa deteriorándose, que el supuesto crecimiento económico nacional es cosmético y que el mismo no supone el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías sino que, por el contrario, ha profundizado la desigualdad y la exclusión.
- En tercer lugar, denunciamos la hipocresía de la política migratoria de Estados Unidos, que se excusa en la pandemia para violar los derechos humanos de los migrantes.
- En cuarto lugar, denunciamos la actitud servil de la administración del presidente Iván Duque, en Colombia, la cual -con este acuerdo «antimigrante venezolano»- utiliza la vulnerabilidad de los connacionales que han huido de nuestro país como recurso político para mostrar su fidelidad incondicional a Washington, mientras se niega a restablecer las relaciones consulares con Venezuela, asunto clave para la protección de los migrantes venezolanos necesitados de protección internacional.
- Por último, hacemos un llamado a los representantes del «Gobierno interino», amigos visibles del Gobierno de Estados Unidos y del actual Gobierno colombiano, para que incidan y exijan que se revierta esta inhumana política de deportación y, así, muestren que, para ellos, el mejor activo es nuestra gente y no sólo los activos económicos, los cuales -dicho sea de paso- han sido manejados con poca transparencia.
Estos hechos nos deben llevar a plantearnos, como Iglesia y sociedad civil, una agenda pacífica y común para el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestro país.
En las sagradas escrituras, el respeto por la dignidad del forastero es una máxima divina que remite a la memoria de los pueblos: «Al forastero que viva con ustedes lo mirarán como a uno de ustedes y lo amarás como a ti mismo, pues ustedes también fueron forasteros en Egipto: ¡yo soy Yavé, tu Dios!». (Levítico 19,34) Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco
28 de enero al 03 de febrero de 2022/ N° 131
