«En Chile no hay un estallido social, hay un intento de desestabilizar el país»
El experto en gobernabilidad Francisco Javier Vargas asegura que hace mucho tiempo se arrastra en esa nación un desprestigio del sistema político
SANTIAGO DE CHILE.- Han pasado 20 semanas desde que iniciaron las destructivas manifestaciones en Chile, en octubre de 2019. Desde entonces, Santiago exhibe cicatrices imborrables: decenas de estaciones del metro completamente destruidas, supermercados saqueados, iglesias quemadas, modernos rascacielos con inmensas protecciones de metal que intentan evitar el destrozo de los manifestantes, y centenares de mensajes incitan a la violencia en buena parte de los grafitis que han invadido la ciudad. Todo esto en medio de la cuenta regresiva hacia el Plebiscito Nacional 2020, un referéndum convocado para el próximo 26 de abril, con el objeto de determinar si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente para generar una nueva Constitución.
Ahora, como una guerra anunciada, con el inicio de las clases se reactivaron las jornadas de protesta en la nación suramericana. Para la mayor parte de los medios internacionales continúa el “estallido social”, para los chilenos es el “marzo rojo” que todos esperaban y que ya se presenta como un mes intenso de acciones de calle y mucha más violencia.
DIARIO LAS AMÉRICAS viajó hasta Chile y entrevistó al experto en gobernabilidad y negociación internacional Francisco Javier Vargas Galindo, quien asegura que “no hay un estallido social”, sino más bien se trata de una “acción organizada” para “desestabilizar el país”. “Lamentablemente los medios de comunicación han confundido la opinión pública nacional e internacional, pues han mezclado estos actos de violencia con estallido social y no lo es”, dijo.
Entonces, ¿qué está sucediendo en Chile?
Primero, esto se arrastra desde hace mucho tiempo atrás producto del deterioro y el desprestigio del sistema político nacional y, sobre todo, debido al deterioro de los cimientos del modelo de la economía social de mercado, contemplado en la Constitución. Es un modelo que se basa en dos elementos fundamentales: la ética y el bien común. Ambos cimientos se han deteriorado desde 1990, cuando se reestableció la democracia en Chile. Eso fundamentalmente creó un alejamiento entre la clase política y sus electores, producto del desprestigio, de los abusos cometidos tanto por los políticos como por el sector empresarial, llámese corrupción e impunidad. Por eso, no es un estallido social lo que está sucediendo desde el 18 de octubre, sino que es un despertar de la mayoría de los chilenos democráticos que reclaman de forma pacífica contra los abusos cometidos.
¿Se podría afirmar que desde el 18 de octubre hay una revuelta social contra la clase política?
Yo separo las aguas, la violencia, los saqueos no tienen nada que ver con los problemas sociales. Esa violencia, llamémosla ilegal, es cometida por enajenados mentales, a mi juicio, promovida y organizada tanto por organizaciones externas como el Foro de Sao Paolo y los partidos políticos antidemocráticos que tenemos acá, que son el Partido Comunista y el Frente Amplio. La prioridad del país es que el sistema político se aboque a solucionar los problemas, los cuellos de botella, los problemas sociales que no han sido resueltos durante los 30 años de democracia. Pero la mayor responsabilidad la tienen los gobiernos de izquierda porque han sido la mayoría, de los 30 años han gobernado 26. Entonces, ¿qué sucede?, la gente está consciente de que la mayoría del pueblo es clase media, que ha salido de la pobreza gracias al modelo de economía social de mercado. En cambio, la exclusión social que tienen Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, es enorme; el país más inclusivo era Venezuela y mira como está. Pero ¿qué ocurrió en Venezuela? Es consecuencia de la apatía y de un sistema político corrupto. La corrupción destruye las democracias.
¿Cuáles son los cambios necesarios en Chile para bajar los niveles de conflictividad actual?
Primero, se debe restablecer el Estado de Derecho y el principio de autoridad. Segundo, el sistema político y el empresarial tienen que asumir su responsabilidad y hacer las correcciones correspondientes. Tercero, recobrar la ética y el bien común, que son los cimientos de la economía social de mercado, previo al reconocimiento y la aceptación de la culpabilidad que tienen estos sectores, la élite pues. Cuarto, al recuperar los cimientos, el sistema político tiene que ser más cercano a la gente, que los gobernantes recobren el servicio público, que escuchen a la gente, sus problemas, sus dificultades.
Pero ¿existen pruebas de la interferencia del Foro de San Paolo?
Hay evidencias más que suficientes. Desde que el gobierno de Chile condenó la dictadura de Venezuela esto comenzó de inmediato, reconocido por el propio Maduro y Diosdado Cabello. Primero comienzan a desestabilizar Perú, después Ecuador y Chile. Hay que explicar que, en su segundo gobierno, Michelle Bachelet incorporó al partido comunista, que había quedado excluido desde 1990. Entonces, se radicalizó hacia el extremo izquierdo, porque no gobernó con la concertación, sino con el partido comunista y la extrema izquierda. Por eso el cambio de la Constitución se inició a promover en el gobierno de la Bachelet y fracasó. ¿Por qué fracasa? Porque la Constitución vigente en Chile es del 2005, no es desde el ’80. La Constitución de 1980, que le llaman la “Constitución de Pinochet” ha sido modificada muchas veces y la última es del 2005, del gobierno de Ricardo Lagos, por consiguiente, es legítima. Entonces, la extrema izquierda al no haber logrado el cambio de la Constitución por la vía democrática, lo quieren imponer por la vía violenta. Por eso, la Constitución no es el problema de Chile, el problema es otro: es el nuevo comunismo craxiano, representado en el Foro de San Paolo o Grupo de Puebla o Foro de los Derechos Humanos, que busca la hegemonía cultural para destruir la cultura judeo-cristiana, destruir la familia, que es el núcleo fundamental de una sociedad, los valores nacionales y a su vez la educación. Intentan socavar las instituciones democráticas para llegar al gobierno, porque llegando al gobierno obtienen el poder local, a través de artilugios democráticos como la Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución. ¿Ejemplo? Venezuela.-
06 de marzo de 2020 -Diario de Las Américas
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