Venezuela

Coordinador de exigibilidad de Provea: “Lo que ocurrió en Parima B fue una ejecución extrajudicial y una masacre”

Organizaciones como Provea, Foro Penal, SOS Orinoco y Fundaredes piden una investigación imparcial de los hechos, que haya justicia para las víctimas, sobrevivientes y sus familiares

Abogados y especialistas en derechos humanos definen el asesinato de los cuatro indígenas yanomamis de Parima B, sur de Amazonas, a manos de militares de la aviación de la FANB, como una masacre y una ejecución extrajudicial que puede constituir, incluso, un delito de lesa humanidad.

“No puede llamarse enfrentamiento a una situación en la que en primer lugar hay una enorme desproporción de la fuerza empleada, y en segundo lugar porque el deber de los funcionarios del Estado debe ser evitar cualquier confrontación y más cuando ellos tienen la ventaja de las armas”, explicó el abogado y coordinador de exigibilidad de Provea, Marino Alvarado en entrevista con Correo del Caroní.

Los funcionarios policiales y militares suelen recurrir a la fuerza letal sin la intención de preservar la vida de terceros o actuar en defensa propia durante operativos de seguridad, lo cual es una violación grave de los derechos humanos. Solo en 2021 hayan ocurrido 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales según últimos datos levantados por Provea.

Acción letal injustificable

“Entendemos como ejecución extrajudicial toda privación arbitraria de la vida causada por funcionarios del Estado al hacer uso de la fuerza letal y no aplicar el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, evidentemente estamos frente a un caso de ejecución”, definió Alvarado.

Marino Alvarado: “Hubo la intención de causar la muerte de los indígenas yanomamis y por eso no estamos ante una ejecución sino ante una masacre”  | Fotos cortesía

“Además se entiende por masacre aquellos casos en los que una acción violenta priva de la vida a tres o más personas en situación de desventaja en términos de fuerza, pero además un uso premeditado de la fuerza”, agregó.

Anuncios

Alvarado señaló que hay uso legítimo de la fuerza letal cuando los funcionarios actúan en defensa propia o para preservar la vida de terceros. Sostiene que ese principio debe aplicarse aun cuando la protesta o discusión con civiles se torne violenta.

“Ninguna de esas circunstancias se presenta acá. Hubo la intención de causar la muerte de los indígenas yanomamis y por eso no estamos ante una ejecución sino ante una masacre”, sentenció.

Dos procesos judiciales en marcha

Por otro lado, Olnar Ortiz, coordinador y defensor de pueblos indígenas de Foro Penal, sostiene que, aunque el accionar de los funcionarios fue desproporcional y letal, es prematuro definir el hecho como una masacre o ejecución, pues hasta ahora, todo lo que se tiene del caso se ha reconstruido fuera de la comunidad.

“Aunque por supuesto que por muy arcos y flechas que se tengan, un fusil puede matar hasta a 20 indígenas. De hecho, a la mujer fallecida, le dispararon en el cuello”, puntualizó Ortiz.

Pero señaló que los funcionarios no estaban preparados para enfrentar esa situación. “Hay otros mecanismos para enfrentar el conflicto, pudieron disparar al cielo, pero estos funcionarios son de la Aviación, no supieron cómo responder al verse rodeados por los yanomamis”, explicó.

Detalló que en la actualidad hay dos procedimientos judiciales abiertos, uno civil a cargo de la Fiscalía III del Ministerio Público, y otro militar, a cargo de la Fiscalía 40 del Ministerio Público, además de la denuncia interpuesta ante la Defensoría del Pueblo.

Anuncios

Informó que por ahora Foro Penal ha brindado asistencia al indígena menor de edad herido, mientras espera que familiares de las víctimas, y los heridos den su consentimiento para proceder a darles asistencia legal.

Los hechos

De acuerdo con lo relatado por Ortiz y periodistas locales, el conflicto entre militares e indígenas inició porque el segundo capitán de la comunidad solicitó la devolución de un dispositivo electrónico que era de su propiedad, para poder tener acceso a internet en su comunidad.

“Por favor ayúdennos porque nosotros no hicimos nada, somos inocentes, ellos (los militares) no tenían por qué usar sus armas”, declaró una yanomami

Los militares se negaron, la comunidad se alteró y rodeo la base militar compuesta por 16 funcionarios. Los militares procedieron a detener al segundo capitán y fue entonces cuando el hijo de la autoridad indígena le quitó el armamento a uno de los militares, e hirió a dos funcionarios para intentar liberar a su padre. Entonces los militares dispararon a matar.

El conflicto dejó un saldo de cuatro indígenas muertos, y otras cinco personas heridas. Entre los lesionados se cuenta un menor de edad que recibió un balazo de arma larga en el brazo izquierdo que le ocasionó fractura de hueso, y otro en la pierna derecha. El adolescente fue operado de emergencia en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, y espera otra cirugía pautada para este jueves 24 de marzo.

También hay dos militares heridos que continúan en la comunidad.

“No tenían por qué usar sus armas”

 “Por favor ayúdennos porque nosotros no hicimos nada, somos inocentes, ellos (los militares) no tenían por qué usar sus armas”, manifestó una indígena yanomami, dirigiéndose a una comisión de organismos del Estado que acudieron al sitio, ubicado a 440 kilómetros de la capital de Amazonas. Esto de acuerdo con un video difundido por la ONG socioambiental SOS Orinoco.

Luego del ataque de funcionarios militares, oenegés como SOS Orinoco, Provea y Fundaredes se pronunciaron para exigir justicia para las víctimas.

“Exigimos respeto, protección a las comunidades indígenas de Venezuela y que se garanticen sus derechos”, escribió Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su cuenta de Twitter.

“FANB no tienen condiciones para interactuar y convivir con comunidades indígenas, pertenecen a una sociedad con valores y códigos que los yanomamis no entienden. Los yanomamis merecen interactuar con personas que entiendan y respeten su cultura”, manifestó SOS Orinoco vía redes sociales.

El estado Amazonas está militarizado de facto por la FANB, además de cercado por la minería ilegal -y, por lo tanto, por grupos armados que operan, pactan y se enfrentan con la FANB por el dominio del territorio-. Todo se traduce en zozobra para el pueblo yanomami.

“A los yanomamis de Parima B, otrora autosuficientes y orgullosos, se les ha creado una dependencia material y psicológica que los pone en situación de indefensión y postración”, denunció la ONG.-

@mlclisanchez

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba