El nuevo desafío para Estado y sociedad
El reclutamiento de niños y adolescentes
Alfredo Infante, SJ, del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco:
“Esclavizar para delinquir” es el título de la reciente investigación que la organización no gubernamental Cecodap ha publicado sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado.
El estudio -que da cuenta de una realidad que está presente en los sectores más excluidos de la geografía nacional- se focaliza en el suroeste de Caracas (Cota 905, La Vega y Cementerio), dada la violencia que se vivió allí en el primer semestre de 2021 y cuya figura emblemática fue Carlos Revete (alias ‘El Koki’), abatido en febrero de 2022 por efectivos policiales, según anunció, vía Twitter, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos: “Se mantiene activa la Operación Indio Guaicaipuro II 2022, en el Estado Aragua, con nuevas detenciones y tras enfrentamiento armado contra las fuerzas policiales, resultó abatido alias El Koki, Carlos Luis Revete. Seguimos tras la búsqueda de sus cómplices”.
El informe de Cecodap explica que la guerra que se vivió en el primer semestre de 2021 en el suroeste de Caracas -con gran impacto en la opinión pública nacional e internacional- arrojó algunos indicios que motivaron la investigación. “El desenfado mediático de la megabanda liderada por alias Koki dejó al descubierto algunas pistas sobre la vinculación de niños, niñas y adolescentes con la organización delictiva. A partir de allí, Cecodap emprendió un proceso de documentación y análisis que se desarrolló durante seis meses, entre septiembre de 2021 y febrero de 2022”, apunta el documento.
En su introducción, el reporte ofrece un resumen de sus principales hallazgos: “alcanzamos a identificar dinámicas de reclutamiento: cómo y por qué menores de edad quedan atrapados en el vertiginoso mundo del crimen organizado. También precisamos que en la ‘megabanda’ existe un macabro escalafón: ascender en la organización implica estar más cerca de la muerte”.
De acuerdo con el análisis, el mismo Estado ha reconocido este lamentable fenómeno “al formular imputaciones y acusaciones por el delito de uso de niños, niñas y adolescentes para delinquir”; sin embargo, advierte que “se trata de un reconocimiento incompleto, pues lo más relevante en términos de protección a la infancia y a la adolescencia es determinar las causas y las consecuencias del reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado”.
Después de recoger y analizar testimonios directos de victimas, los investigadores concluyen que “las principales causas del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por la megabanda están relacionadas con la situación de precariedad socioeconómica en que viven. La inseguridad alimentaria, la deserción escolar y la violencia intrafamiliar son motivaciones recurrentes de la vinculación de menores de edad con esta organización delictiva. En este orden de ideas, el reclutamiento de menores de edad es forzado por las circunstancias y la violación sistemática de sus derechos humanos”.
Ante el hambre, la pobreza y la exclusión, este tipo de organizaciones criminales ofrecen dinero, armas y poder; y aunque este camino acorta el período de vida de los involucrados, simbólicamente confiere un reconocimiento seductor, por eso, “el principal anzuelo es la oferta de ingresos semanales en dólares, con los cuales los niños, niñas y adolescentes podrían cubrir necesidades reales o percibidas: alimentación, ropa y calzado (como símbolo de estatus social) y protección de una lógica de la ley del más fuerte”, según la documentación realizada por Cecodap.
El tema no es nuevo; según expertos, tiene su raíz en la política de “Zonas de Paz”, implementada en 2013, a través de la cual el Estado cedió territorios a los delincuentes -sin la debida consulta y consentimiento de las comunidades- con el propósito de desmovilizarlos y reintegrarlos a la sociedad. Esta acción trajo como resultado el empoderamiento de bandas y megabandas que terminaron controlando esas áreas y, prácticamente, secuestrando a la población, mucha de la cual terminó sumida en una especie de Síndrome de Estocolmo. Ya para 2015, según cifras de Cecodap, se había incrementado a 2.978 el número de menores involucrados en actos delictivos, muchos de ellos, vinculados a las bandas organizadas.
La criminalidad articulada en megabandas es un fenómeno global que, en Latinoamérica, tiene su expresión más visible en países como Brasil, México, Salvador, Guatemala y Colombia y que desde hace casi una década viene creciendo peligrosamente en Venezuela. El caldo de cultivo es la combinación del deterioro de la institucionalidad del Estado con la pobreza, desigualdad y violencia intrafamiliar; estos elementos son relevantes como hallazgo en el estudio que comentamos pues, en este escenario, la infancia y la adolescencia quedan en una alta vulnerabilidad y aumenta la posibilidad de que queden sumergidos en estas dinámicas irregulares de poder armado y delincuencial.
El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado podría ser calificado como un delito de lesa humanidad. En el contexto de conflictos armados es considerado crimen de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI). Aunque el fenómeno del reclutamiento por parte de la delincuencia organizada es de más reciente data, ya en la región existen antecedentes de acciones que urgen al Estado a actuar con diligencia para enfrentarlo, gracias a la incidencia de las ONG que trabajan la materia. “El Comité de Derechos del Niño de la ONU instó al Estado mexicano a tomar acciones para contrarrestar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en las filas de la delincuencia organizada, haciendo hincapié en las consecuencias que ello trae para la niñez mexicana y en la urgencia de desplegar estrategias de seguridad que les protejan”, apuntó la asociación civil Reinserta un Mexicano en un informe publicado en 2019. [1]
Retomando los factores de riesgos, vale la pena subrayar la violencia intrafamiliar como propiciadora del involucramiento. Con intuición pastoral, el papa Francisco ha afirmado lo siguiente: «En los adolescentes que no se sienten amados puede nacer la violencia. Detrás de tantas formas de odio social y vandalismo se encuentra muchas veces un corazón que no ha sido apreciado». La búsqueda de afecto, seguridad, pertenencia, es un móvil subjetivo que conduce a este tipo de organizaciones que ofrecen de manera distorsionada el anhelado reconocimiento.
Este fenómeno emergente, que atenta contra la vida y que en nuestro país se ha venido incrementando en los últimos años, impele al Estado y a la sociedad a asumir un rol preventivo, a fin de garantizar un ambiente sano para nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, es importante recordar -y enfatizar- que, aunque el reclutamiento es una realidad y los niños y adolescentes de los sectores populares crecen en una atmosfera de riesgo y vulnerabilidad, los menores captados por los grupos delictivos siguen siendo una minoría. En nuestros barrios son muchos más los niños y adolescentes que crecen con la mirada puesta en el camino del bien para salir adelante, aun en medio de tanta exclusión. En ello trabajan, con tesón y persistencia, muchas organizaciones comunitarias, sociales y, por supuesto, la Iglesia católica.
Es hora de apostar por nuestros muchachos y muchachas, se lo merecen, el país nos lo exige. Recordemos las palabras del Señor que murió en la cruz: “Dejen que los niños se acerquen a mí” (Mt 19,13).
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco
25 al 31 de marzo de 2022/ N° 139
El informe completo de Cecodap puede ser leído aquí: https://
*Foto: El Estímulo
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[1 ]https://reinserta.org/wp-
