México: Iglesia y jesuitas piden el fin de la impunidad
Durante este mes de julio se han estado celebrando misas por todos los asesinados, desaparecidos, secuestrados y víctimas de la violencia en México
Apoco más de un mes del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un ciudadano, ocurrido en el templo de la misión jesuita de Cerocahui, aunque hay, según las autoridades federales y las del Estado de Chihuahua, 14 detenidos, el principal sospechoso del asesinato, el capo José Noriel Portillo Gil, apodado «El Chueco», sigue prófugo de la justicia.
Para la comunidad jesuita de la Tarahumara, para todos los asistidos en esta que pasa por ser una de las regiones más pobres de México, y para la Iglesia católica en general, este cuádruple asesinato representó el culmen de la impunidad con la que los delincuentes mantienen el control de cerca de 35 por ciento del territorio nacional.
A los llamados de paz, a las jornadas de marchas y oración por la paz propiciados por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y por cada una de las iglesias particulares del país, se han unido grupos defensores de los derechos humanos. Incluso, personas sin religión, para reclamar un cambio en las políticas de seguridad del Gobierno federal.
Cerca de 125.000 asesinatos dolosos en tres años de la presente administración, y 90.000 personas «desparecidas» en el conteo oficial (miles no entran dentro de éste ominoso conteo) han llevado a la Iglesia católica y a millones de mexicanos a exclamar: ¡Ni uno más! De hecho, durante este mes de julio se han venido celebrando misas por todos los asesinados, desaparecidos, secuestrados y víctimas de la violencia en México.
Los jesuitas denuncian y exigen justicia
El asesinato de dos sacerdotes jesuitas ancianos –Javier Campos y Joaquín Mora– dentro del templo de la Misión de Cerocahui, mientras asistían espiritualmente al guía de turistas rarámuri Pedro Palma, gravemente herido por «El Chueco» y sus sicarios, y que se había refugiado en el templo, levantó una ola de indignación nacional.
Tras más de un mes de los hechos –acaecidos el 20 de junio pasado—la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús ha exigido a las autoridades federales y a las del Estado de Chihuahua que el doble crimen (y todas las vidas que se ha cobrado la organización criminal de Portillo Gil) no quede impune.
«A un mes del doloroso asesinato de nuestros hermanos Javier Campos y Joaquín Mora, y de dos laicos en Cerocahui, Chihuahua, la Compañía de Jesús en México sigue exigiendo justicia. Estamos convencidos de que si prevalece —como hasta ahora— la impunidad, no será posible avanzar hacia la reconciliación y la paz», dice el comunicado de los jesuitas cuyo destinatario es el Gobierno federal.
Los jesuitas de México apuntaron que «la atención que sobre la región generó este lamentable hecho que sacudió al país no puede ser coyuntural: se deben revertir las causas estructurales de la violencia en la Sierra, que prevalecen desde hace décadas». De hecho, las actividades violentas y criminales del grupo delictivo de «El Chueco», son conocidas desde hace, por lo menos, cinco años atrás, y no se hizo nada para detenerlas.
Recomponer el tejido social
«El intempestivo asesinato de dos de nuestros hermanos (jesuitas) remite a la vivencia de tantas víctimas de la violencia que siguen esperando justicia y verdad en nuestro México adolorido», subrayó la Compañía de Jesús en su comunicado, poniendo el dedo en la llaga de una Iglesia y un país profundamente horadados por el crimen, la extorsión y, de nuevo, la impunidad.
Para muchos analistas, el asesinato de los jesuitas fue un parteaguas en cuanto a la movilización de la Iglesia católica hacia la exigencia de un diálogo nacional por la paz y en contra de la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en el país.
Así lo han expresado los jesuitas y la CEM. Esta última, en un comunicado posterior al asesinato de los padres Campos y Mora difundió un comunicado que en su parte final resaltó el camino a seguir:
«Todos somos mexicanos, todos necesitamos vivir en paz y concordia. Es responsabilidad de los gobernantes aplicar la ley con justicia para erradicar la impunidad, respetando los derechos humanos, pero procurando la seguridad de los ciudadanos y la paz social.
Como obispos mexicanos en unidad con el Pueblo de México del que también somos parte, hacemos un respetuoso llamado a nuestras autoridades políticas a convocar a un diálogo nacional para emprender acciones inteligentes e integrales con el fin de alcanzar la paz mediante una participación conjunta. Creemos que “la paz es posible, que tiene que ser posible”. En esta tarea todos los ciudadanos de buena voluntad podemos ser aliados. ¡No perdamos esta oportunidad!».-
Jaime Septién – Aleteia Mexico – publicado el 25/07/22
