La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó esta semana sobre su visita al Instituto de Biotecnología de la República Islámica de Irán, para compartir experiencias y el aporte de “mujeres científicas” en la producción de alimentos.
En el Venezuela, especialmente en el sector agropecuario, abundan más preguntas que respuestas respecto a la posibilidad de que el país proporcione a Irán un millón de hectáreas de tierra de cultivo, como dijo la semana pasada el viceministro de interior para asuntos económicos de Irán, Mohsen Kousheshtabar, a la agencia de noticias Tasnim.
El gobierno de Nicolás Maduro no se ha referido a las declaraciones, Pero en junio, durante su visita a Irán, el mandatario firmó acuerdos de cooperación en diversas áreas y al referirse los proyectos conjuntos para producir alimentos en Venezuela y exportarlos a Irán, insistió en que el país cuenta con 30 millones de hectáreas de tierra para el cultivo “perfectas, con agua, con clima estable”.
“El territorio de Irán, 70 %, más o menos, es desierto. Ellos producen todo su alimento en el 30 % del territorio. Inclusive han creado tecnología para producir alimentos en zonas desérticas, por eso vino el ministro de agricultura Wilmar Castro Soteldo, a priorizar dos cosas, la primera (es) la cooperación tecnológica para producir más alimentos en Venezuela, aprender de toda esta experiencia impresionante para seguir elevando nuestra producción agroalimentaria con recursos propios en tierra venezolana”, dijo el mandatario el pasado 12 de junio.
La respuesta es no de acuerdo al marco legal.
“El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional”, según lo establecido en el artículo 13 de la Constitución venezolana.
A juicio del ingeniero agrónomo y abogado experto en derecho agrario, Juan Fernando Marrero, es necesario revisar los términos de los convenios, pero considera que no se trataría de una “cesión territorial”.
Pero, ¿se pueden entregar tierras para la producción, por ejemplo, a inversionistas a través de un convenio? Sí, por la vía de concesiones, explica el especialista.
“Lo ha hecho a lo largo de su historia con el tema petrolero, a compañías y empresas extranjeras sean privadas o sean empresas estatales. El problema con todo este asunto es que hay mucha opacidad, no hay detalles que nos permitan definir con claridad los términos del acuerdo, pero existe esa posibilidad”, dijo a la Voz de América.
El experto insiste en que, aunque no se trate de una cesión territorial, los acuerdos, tratados o convenios deben ser informados por las autoridades para que la ciudadanía, en el marco del debate democrático, pueda opinar.
Marrero expone que los convenios bilaterales deben ser de mutuo beneficio, no deben perjudicar a la República y deben ser avalados por el Parlamento que, aunque esté bajo control del partido de gobierno, debería representar la “pluralidad de ideas”.
“La idea de la Constitución es proteger los intereses de la República y de sus ciudadanos”, añade.
Consultado por VOA sobre las implicaciones geopolíticas, Marrero estima que el hecho de que sobre ambos países pesen sanciones internacionales, podría traer consecuencias en el marco del derecho internacional.
Recuerda, además, que la crisis de los últimos años en Venezuela se ve reflejada en la inseguridad alimentaria y en la desnutrición en buena parte de la población, especialmente de la más vulnerable, por lo que considera que todo lo que contribuya a garantizar la seguridad alimentaria mediante la producción nacional es importante.
Y se pregunta cuál es la motivación real, al tiempo que hace referencia a pronunciamientos de funcionarios iraníes que han manifestado interés en expandir su frontera agrícola en el exterior.
“Los términos del acuerdo deben ser conocidos porque de lo que se deduce de esa motivación es que ellos utilizarían en condiciones ventajosas, inclusive más ventajosas de las que le ofrecen Brasil y Rusia”, subraya.
¿Venezuela cómo podría beneficiarse? Quizás en materia de transferencia tecnológica, apunta el experto, pero resalta que muchos productores agrícolas venezolanos han desarrollado tecnología propia y adaptada a las condiciones naturales del país.
“En la agricultura no se puede improvisar, es una actividad muy compleja que depende de factores aleatorios que aún con todo el desarrollo tecnológico el ser humano no puede controlar, por ejemplo, el cambio climático. La Constitución de alguna manera obliga al Estado venezolano a favorecer la producción agrícola nacional con productores nacionales”, expresa.
Cuestionamientos
El dirigente político opositor, Carlos Prosperi, cuestionó la posible entrega a Irán del equivalente al 80 % del territorio del estado Táchira, fronterizo con Colombia.
“Se tienen que entregar programas agrícolas dirigidos a solucionar la crisis por la cual está atravesando el campo venezolano. Nuestros productores necesitan que se les entreguen los insumos, el diésel para mover la maquinaria agrícola”, afirmó en conferencia de prensa.
María Verdeal, vicepresidenta nacional del partido Movimiento al Socialismo (MAS), no cree que un proyecto “de tal magnitud” con un país que considera muy “distinto” a Venezuela pueda ser en beneficio de los venezolanos.
“No sabemos a ciencia cierta de qué se trata (…) ahora se desecha la mano de obra, lo que puede ser todo el desarrollo en los campos venezolanos por venezolanos”, afirmó.
Muchos problemas
Representantes del sector agropecuario venezolano insisten constantemente en que la producción enfrenta muchos obstáculos, porque, además de la inseguridad jurídica, las fallas en los servicios básicos y las frecuentes fallas en el suministro de combustible, los productores no obtienen créditos para inversiones necesarias, por ejemplo, la reposición de maquinarias, y la adquisición de semillas y otros insumos para cultivo.
Además, han resaltado que las políticas económicas implementadas por el gobierno, incluyendo la expropiación de empresas productoras de alimentos, así como la ausencia de garantías que han “minado” los derechos a la propiedad privada, han contribuido con el crecimiento de la inseguridad alimentaria en Venezuela.
De acuerdo a la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), la situación “se sigue deteriorando” y, entre 2020 y 2021, registró un aumento de la Inseguridad Alimentaria Severa que se ubica en 24,5 %.
Según el más reciente informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras cuatro agencias, Venezuela es el segundo país de la región con mayor prevalencia de hambre detrás de Haití.-
Carolina Alcalde – Voz de América
