19 millones de venezolanos tienen necesidades humanitarias

HumVenezuela, 4 de octubre 2022.- Los datos contenidos en el más reciente informe de HumVenezuela revelan que la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en el país desde hace siete años, presenta una tendencia al alza, causando masivas privaciones de derechos que se manifiestan en pobreza, hambre, violencia, colapso de servicios básicos, ausentismo y abandono escolar, mala salud, muertes evitables y la mayor y más veloz migración forzosa ocurrida hasta ahora en los países de América Latina y el Caribe.

En una población de 28,7 millones de personas, la medición muestra que 19,1 millones se encuentran con necesidades humanitarias de salud y en materia de agua y saneamiento; 18,7 millones tienen problemas en alimentación; 6,2 millones de niños, niñas y adolescentes enfrentan serias dificultades para recibir una educación básica de calidad o están fuera del sistema educativo. En promedio, 55% presenta necesidades humanitarias severas: 65,7% en alimentación, 56% en salud, 55,5% en agua y saneamiento, y 54,8% en educación.

Las medidas de confinamiento entre los años 2020 y 2021 para contener la transmisión de la COVID-19 dejaron una mayor escala y severidad de la EHC en 2022, si se compara con los niveles alcanzados al inicio de la pandemia. Y esta tendencia continuará ocurriendo en tanto no desaparezcan los factores que la producen: una caída estructural de las capacidades internas a niveles muy profundos en un contexto de desinstitucionalización y gran incertidumbre para resolver la falta de gobernabilidad democrática y la ausencia de Estado de derecho.

De acuerdo con el informe, el colapso prolongado de las capacidades nacionales condujo al aumento del número de personas con necesidades humanitarias. Y aunque la economía presentó algunos signos positivos incipientes entre 2021 y 2022, éstos no permearon hacia las necesidades de la mayoría de la población que se encuentra en situación de pobreza generalizada, con una gran acumulación de vulnerabilidades y problemas cada vez más complicados, y con un agotamiento de sus reservas y estrategias de sobrevivencia.

El Estado no ha tenido la disposición para asumir las reformas estructurales internas que permitan restaurar las capacidades que han sido profundamente fragilizadas para poder encaminar el país hacia el desarrollo. Tampoco ha mostrado disposición para cumplir obligaciones de respeto a la democracia, las libertades y los derechos humanos, incluyendo garantías para que las víctimas de violaciones y sus familiares obtengan justicia. Esto, a despecho de recibir una gran cantidad de recomendaciones emitidas por órganos y mecanismos del sistema internacional de protección, que han sido reiteradamente desestimadas.

Considerando el enfoque de nexos anunciado en los planes de respuesta para Venezuela con apoyo internacional, la escala de personas con necesidades humanitarias severas en sectores esenciales indica que la implementación de soluciones de desarrollo, aun cuando se contara con recursos disponibles, llevará tiempo mientras no sea posible superar las enormes brechas de las capacidades institucionales en el país, lo cual se encuentra estrechamente ligado a una eventual solución al conflicto interno.

Ello exige mantener una respuesta humanitaria el tiempo que sea necesario, con capacidades operativas y financieras suficientes, y fuertes interdependencias con la protección efectiva de los derechos humanos. Ámbitos en los que descansa la posibilidad de que la sociedad venezolana pueda apoyarse y reforzar capacidades de resiliencia para afrontar los tiempos de necesidad, riesgos y vulnerabilidad que se atraviesan.

Sin medios de vida para alimentación

La pérdida de medios de vida es una de las principales causas de las privaciones de la población en el acceso a la alimentación. La mayoría destina más de la mitad de los gastos familiares a la compra de alimentos y un 77,9%, dispone de presupuestos muy deficitarios para adquirirlos.

Según las mediciones de HumVenezuela, 18,7 millones de personas perdieron o agotaron sus medios de vida de forma irreversible y 15,4 millones dependen de bonos, remesas o de la ayuda de terceros por haber perdido la totalidad o la mayor parte de sus fuentes de ingreso. Hay 12,3 millones de personas en inseguridad alimentaria y, de esta población, 10,2 millones están en inseguridad alimentaria moderada y 2,1 millones en inseguridad severa.

Se encontró que 10,9 millones de personas padecen hambre crónica, cifra estimada de acuerdo al déficit de consumo de alimentos. En estas severas circunstancias, unos 4,3 millones debieron privarse de alimentos, incluyendo 1,4 millones que pasaron días enteros sin comer.

Evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil indican que más de 200 mil niños y niñas menores de cinco años padecen desnutrición aguda, y hay unos 800 mil con desnutrición crónica.

Sistema sanitario público en colapso

El colapso del sistema sanitario público se evidencia en la privación de servicios de salud que, antes de la pandemia, llegaron a reducir sus capacidades en un 70% y, después de pasar por la emergencia de la atención de los casos de COVID durante 2021, se elevó a más de 80%.

Esto afecta a 89,7% de la población que depende del sistema sanitario público para la atención de sus necesidades de salud; un 91,5% sin protección financiera para gastos de enfermedad y en una pobreza generalizada que ubica al menos al 58% sin recursos económicos mínimos para cubrir esos gastos de su bolsillo.

Como consecuencia, unos 19,1 millones de personas tienen necesidad de recuperar servicios que están inoperativos en el sistema sanitario, y esto se hace más urgente para 10,7 millones de personas con afecciones de salud graves. De este grupo, 8,4 millones enfrenta grandes dificultades para recibir atención médica y 4 millones no la recibió en los últimos 6 meses.

Las medicinas son económicamente inaccesibles para 9,3 millones de personas y 3,1 millones no contaron con tratamientos.

A esta situación se suman aspectos tales como la suspensión indefinida de programas de salud en áreas críticas para poblaciones con condiciones de salud graves, las débiles capacidades de vigilancia y detección de enfermedades que generan un considerable subregistro de casos, lo cual representó un gran problema para el seguimiento del comportamiento de pandemia de COVID, y la negativa a publicar boletines epidemiológicos, estadísticas de servicios y de gasto en salud, desde 2016.

De la meta de una vacunación total contra la COVID-19, para febrero-marzo de 2022 6,5 millones de personas todavía no tenían la primera dosis y más de 15 millones no habían recibido la segunda.

Continúan las severas privaciones de acceso al agua

En marzo de este año 2022, el 90% de la población dijo estar afectada por deficiencias de acceso al agua. Al menos 19,1 millones de personas reportaron interrupciones severas en el suministro del servicio o que carecían de conexión al sistema de acueductos.

Unos 21,2 millones de las personas expresaron estar expuestas a aguas con señales de contaminación y 4,4 millones no tenían medios para usar métodos de purificación. Un total de 4,4 millones reportó no tener conexión al sistema de cloacas y 1,3 millones tampoco a pozos sépticos.

La medición arrojó que 19,1 millones dijeron tener interrupciones severas en el suministro del servicio de agua. De esta población, 6,7 millones carecen de conexión a acueductos mientras que las demás personas pasan semanas y hasta meses sin recibir agua, debiendo recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento no seguras, como pilas públicas, manantiales, ríos y caños.

Asistencia irregular en la educación básica

En una población de 9,2 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA), hasta marzo 2022 unos 2,9 millones no asistían regularmente a clases.

Los NNA enfrentan un alto déficit de docentes, quienes se han retirado del sistema educativo para velar por su subsistencia. A esto se suma que hay escuelas que no cumplen condiciones físicas adecuadas. La falta de servicios aparece entre los principales problemas, así como una alimentación escolar. La mayoría de estos NNA habitan en hogares que se encuentran en pobreza extrema.

Como producto de la pérdida de capacidades en el sistema educativo, al menos 62,6% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 17 años están en riesgo de abandono escolar o fuera del sistema educativo. Este número suma a los NNA afectados por una asistencia irregular, la deserción educativa y la no escolarización que afecta sobre todo a los más pequeños.

La caída de las capacidades del sistema educativo también se observa en el deterioro de la infraestructura escolar, siendo que hasta marzo 2022 al menos 4,9 millones de estudiantes asistían a escuelas básicas que presentaban severos problemas de infraestructura y 1,6 millones no asistían regularmente por las condiciones inadecuadas de las escuelas.

La pobreza multidimensional afecta a dos tercios de la población

Un 94,5% de la población no tenía ingresos suficientes para cubrir el costo de alimentos y otros bienes y servicios básicos como vivienda, salud, educación, transporte y vestimenta.

En la Venezuela de 2022, 19,7 millones de personas viven en contextos de pobreza multidimensional, atrapados entre la precariedad económica y el colapso de servicios: 8,8 millones están sin gas doméstico, 5,9 millones viven con fallas eléctricas severas y 3,8 millones habitan viviendas inadecuadas.

Ante fallas severas de transporte 13,1 millones y 10,3 millones reportaron caminar para realizar sus actividades. Unos 3 millones no tenían telefonía móvil y 14,9 millones no contaban con internet en el hogar.

Miembros de 2,1 millones de hogares habían migrado fuera del país hasta junio de 2021. Hasta marzo de 2022 1,8 millones integrantes de hogares encuestados migraron y en 700 mil manifestaron intenciones de emigrar.

En 2022, la población venezolana sigue enfrentando dramáticos problemas de acceso a fuentes de ingresos ante un costo de la vida que supera en más de 90% el poder adquisitivo del salario mínimo. Esto, a pesar de los esfuerzos para estabilizar la inflación, la dolarización de las transacciones y las expectativas positivas de reactivación económica, al levantarse las restricciones por la pandemia de COVID.

CLAVES PARA INTERPRETAR EL INFORME

¿Qué es una Emergencia Humanitaria Compleja?

A diferencia de otras emergencias, una EHC es una crisis humanitaria originada por factores políticos. Estas crisis se gestan durante un largo período de inestabilidad que erosiona las estructuras jurídicas, institucionales, económicas y sociales de un país, hasta producir el derrumbe de las capacidades que se sostenían sobre esas estructuras para garantizar la vida, la seguridad, las libertades y el bienestar de la población.

¿Qué periodo abarca este Informe de HumVenezuela?

Actualiza la información hasta marzo de 2022 e incluye la evolución la EHC comparada con los reportes anteriores, de marzo 2020 y junio 2021.

¿Qué contiene el informe?

Aborda el contexto pandémico, económico y político de la EHC, y reseña algunos eventos relevantes sobre la respuesta humanitaria y los esfuerzos de recomendación de órganos internacionales para revertir los severos retrocesos del país en materia de Estado de derecho, democracia y justicia.

Toma en cuenta el enfoque del triple nexo adoptado por las Naciones Unidas, que representa un cambio estratégico en la concepción y planificación de la respuesta.

Presenta los resultados de la medición de los impactos de la EHC en las condiciones de vida, donde se evidencian las principales condiciones de vulnerabilidad que afectan a la población, así como los impactos en alimentación y nutrición, salud, agua y saneamiento y educación básica, identificando:

a) la población afectada, b) las personas con necesidades humanitarias y c) aquellas con necesidades más severas.

¿Cuál es la metodología aplicada?

El reporte contempla mediciones en los impactos, la respuesta y la complejidad de la EHC siendo el plano de los impactos el que ha demandado mayores esfuerzos en cuanto a escala de afectación en la población y de las necesidades humanitarias de las personas, de acuerdo a sus niveles de severidad. Se estudian la intensidad de los daños humanos y otras pérdidas causadas a las personas y sus hogares y la profundidad de las capacidades caídas o déficits de capacidades, incluyendo las preservadas hasta el presente.

¿Cuáles son los indicadores?

Se trabajó con un sistema de recolección, procesamiento y sistematización de datos y evidencias de diversas fuentes. Las fuentes se revisan, cruzan y agregan para alimentar un catálogo de 695 indicadores estandarizados, siguiendo un proceso de verificación de calidad, consistencia y coherencia, y de consulta a expertos por sectores, poblaciones y estados del país.

¿Cuáles fuentes se consultaron?

Para la elaboración de este informe, se consultaron los Diagnósticos comunitarios de HumVenezuela publicados entre febrero y marzo de 2022, para los cuales se consultó a 6.459 hogares, que representan un total de 20.186 personas en 145 municipios de 18 estados. De los hogares encuestados, 50,5% se encuentran en barrios o comunidades populares; 37% en urbanizaciones o vecindades urbanas; 12% en el campo o zonas rurales; 1,5% en asentamientos o comunidades indígenas.

Además, esta información se complementó y comparó con más de 3.000 fuentes secundarias. El trabajo contó además con los aportes de más de 100 actores informados y especialistas que aportaron datos y contribuyeron al análisis que dio como resultado este “Reporte de seguimiento a los impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela (EHC) tras el confinamiento por la pandemia de COVID. Actualización a Marzo 2022 y evolución comparada con Marzo 2020 y Junio 2021”.-