¿Por qué el fascismo sigue dando tanto miedo?

Fulvio Cammarano – Le Grand Continent:

No pasa un día sin que surjan en el debate cuestiones, temas o polémicas relacionadas con el fascismo, entendido no como un fenómeno histórico, sino como una engorrosa presencia política y cultural. No se trata de un vago llamamiento al autoritarismo o a las políticas de derechas, sino de una reivindicación real del fascismo y de recordatorios concretos de su líder y fundador. Sería demasiado largo proponer un catálogo exhaustivo. Una lista así incluiría las noticias locales, en las que varios candidatos al puesto de concejal elogian al Duce, o el camarero que se disculpa con la imagen de Mussolini «por servir a los negros», a la reflexión política, donde Silvio Berlusconi se jacta de haber «legitimado» no a la derecha sino, explícitamente, a «los fascistas», y al mundo cultural, donde la película Sono tornato (He vuelto), en la que se imagina de forma satírica el regreso de Mussolini a Italia, ha tenido un gran impacto.

Qué decir de las largas polémicas sobre la apertura de museos sobre el fascismo -en Predappio, Milán, Roma- y el robo en los archivos nacionales de 970 banderas blandidas durante la marcha sobre Roma, recuperadas posteriormente, pero que constituyen una metáfora del rechazo del fascismo a dejarse encerrar en un archivo. También están en el orden del día de las recientes polémicas las controversias sobre los símbolos arquitectónicos del Ventennio fascista, que siguen siendo bastante evidentes en toda Italia y en algunos casos incluso se ponen de relieve -por no hablar del extendido merchandising iconográfico que indica la existencia de un verdadero mercado de la nostalgia, y no sólo en Predappio-. Como todo lo que responde a la lógica del mercado, si prospera, significa que hay mercado.

Cervezas con la imagen de Mussolini a la venta en Predappio © REX Shutterstock

Por lo tanto, es legítimo preguntarse por qué este pasado no sólo no pasa, sino que sobre todo se está convirtiendo en un escenario preocupante de la normalidad actual. ¿Por qué asistimos a la multiplicación de formaciones políticas que recuerdan, de forma más o menos explícita, el régimen pasado utilizando los temas identitarios como palanca? Es importante plantear esta cuestión explícitamente, porque la vía «judicial» no es suficiente y, como mínimo, no resolvería el problema. Los tribunales apenas reconocen el delito de «apología del fascismo», que está prohibido por la Constitución. Incluso las propuestas de introducir por ley el delito de propaganda del régimen fascista y nazi-fascista, como ha ocurrido recientemente con el «proyecto de ley Fiano», suscitan reacciones de perplejidad, ya que, según se dice, limitarían la libertad de expresión en los ámbitos científico y educativo y, desde luego, no contribuirían a frenar la imaginería neofascista.

Es cierto que el fenómeno se ve en parte acentuado por la percepción del declive económico y la narrativa de una crisis alimentada por el aumento de la migración y las dificultades en las que se debate el proyecto europeo. Pero, ¿no explica todo esto al contrario la especificidad italiana del problema: por qué Italia, 75 años después del fin del nazifascismo, sigue teniendo el fascismo como horizonte en su agenda política diaria y no lo ha convertido definitivamente en objeto de pura investigación histórica? Es cierto que en todos los países existen -y a veces florecen- formaciones políticas que remiten expresamente al nazifascismo. Pero en Italia, el fenómeno se percibe como una amenaza política concreta de forma particularmente fuerte. Y aunque ciertamente no podemos olvidar que la inventamos, también es cierto que ahora tenemos una larga historia de democracia republicana a nuestras espaldas.

¿Por qué, entonces, Mussolini sigue «preocupándonos»? La respuesta más conocida – «nunca ajustamos nuestras cuentas con el fascismo»- no es una respuesta, sino una forma de evitarla. No cabe duda de que en el momento del redde rationem, al final de la guerra, primaron las razones de oportunidad -y en algunos casos de oportunismo- sobre la exigencia de lograr una purga completa, al menos de las figuras públicas comprometidas con el régimen. Sin embargo, para Occidente esto ya no era la prioridad en un mundo que estaba a punto de entrar en el túnel de la Guerra Fría. En Italia, el sentimiento dominante era el de pasar página rápidamente, en la creencia de que la discontinuidad del régimen salvaría la continuidad del Estado e integraría a aquellas culturas políticas -la católica y la social-comunista- que se preparaban para gobernar pero que, sólo veinte años antes, aún podían considerarse antisistema. El hecho de que esta discontinuidad fuera, de hecho, el resultado principalmente de la guerra, la intervención angloamericana y el sacrificio de la minoría de italianos que tomaron las armas para luchar contra el fascismo -y no la repulsión explícita de la mayoría de la población- nunca se consideró un problema serio para el proceso de desarrollo del sistema democrático. Sin embargo, parece difícil imaginar cómo todo esto, empezando por la purga fallida y las dificultades políticas y económicas de hoy, puede explicar realmente, en el umbral de nuestros años Veinte, las razones de la persistencia generalizada del imaginario fascista en Italia.

Para ajustar realmente las cuentas con el fascismo, es necesaria una nueva lectura de la historia italiana, sin la cual todos seguirán viendo las cosas como son. No tiene sentido seguir pensando que podemos aislar las dos décadas fascistas imaginándolas, a la manera de Benedetto Croce, como una especie de paréntesis en la historia política italiana. Los primeros en intentar liquidar la deuda fueron los vencedores: tras la guerra, las personalidades de origen obrero contaban con el apoyo de los italianos, por lo que la responsabilidad del fascismo se atribuyó exclusivamente a los notables liberales que habían abierto las puertas al régimen. Demasiado fácil. Entender el fascismo significa, por el contrario, ahondar en toda la historia del contexto nacional e internacional en el que se desenvolvió el país a partir de los últimos veinte años del siglo XIX, en busca de las razones por las que nunca se desarrolló en Italia la cultura de las libertades y los derechos de ciudadanía que habrían dificultado, si no imposibilitado, el alto consenso a favor del régimen fascista. Esta deficiencia fue el resultado de decisiones políticas concretas, de las que fueron responsables muchas personas, empezando por la familia de Saboya. Víctor Manuel III, hablando de la relación entre la dinastía, por un lado, y la nación y el pueblo, por otro, recuerda que a este último le correspondía «preocuparse por la conservación de las libertades públicas, que no habría infringido en su propio nombre […] pero que no tenía que defender, porque no era su tarea».

También para el garibaldismo las prioridades en la fundación de la nación eran diferentes. Giuseppe Pitrè, que había luchado al lado del gran hombre, confiaba a un amigo: «Aunque abrazo el programa de la más completa libertad, no parece haber llegado el momento de poder aplicarlo; ni llegará si no se resuelve primero la cuestión de la nacionalidad.» No en vano Antonio Colocci, diputado de la Izquierda Histórica, escribía a su mujer en 1861: «ahora, para nosotros, no hace falta tanto la libertad como un gobierno fuerte […]; cuando un día seamos fuertes […] no faltará la libertad.» La libertad, además, podía ser peligrosa porque fomentaba el descontento. «Sobre la base de una ideología absurda, contraria a toda realidad y a todo sistema experimental -escribió el conservador Alessandro Guiccioli en su diario en 1878- hemos creado el derecho a la prosperidad. El resultado es que los que no la tienen, es decir, casi todos, se creen «defraudados» de lo que les corresponde.»

Tras la unificación, el miedo a la «plebe» y la desconfianza ante un «país real» desconocido y preocupante habían convencido a las élites liberales de «hacer» a los italianos mediante la disciplina y la administración, evitando la politización de la que se hicieron cargo al contrario los católicos y los socialistas que no pretendían sin embargo integrar a los ciudadanos a través de sus derechos, sino alejarlos educadamente, con métodos y objetivos diferentes, del Estado italiano que se consideraba inicuo y prevaricador. Con el Syllabus de 1864, Pío IX había aclarado definitivamente la doctrina de la Iglesia católica al condenar «la amplia facultad concedida a todos de manifestar abiertamente y en público toda opinión y pensamiento», porque conducía «a corromper más fácilmente la moral y las mentes del pueblo, y a extender la plaga del indiferentismo». Ninguna fuerza política de la época -salvo algunas minorías radicales que pronto fueron marginadas- pensaba en términos de integración patriótica a través del conflicto político y la conquista mediada de derechos y libertades políticas. Por eso, el establishment política de la Italia posterior a la unificación siempre ha estado obsesionada con los radicales y no con los socialistas.

Guglielmo Ferrero, uno de los intelectuales más influyentes de finales del siglo XIX, lo expresó así: «Es cierto que si una parte de las clases cultivadas de Italia es indiferente a las cuestiones de libertad, otra parte es una ferviente admiradora de los métodos más violentos de gobierno. Italia no está madura para la libertad, no la entiende y no la siente.” No en vano la historia de Italia, única entre las historias de los grandes países europeos, no conoce ninguna batalla de la calle por la conquista de los derechos de ciudadanía. Si excluimos el Risorgimento y las empresas insurreccionales entre 1848 y 1870, ha habido muy pocas luchas en Italia en las que no estuvieran en juego las reivindicaciones económicas de los trabajadores, y estas pocas batallas se han centrado casi todas en el conflicto nacionalista-internacionalista que comenzó tras la guerra de Libia. En efecto, el socialismo había ocupado las calles con creciente frecuencia para exigir mejores condiciones materiales para los millones de asalariados de la industria y el campo.

Si bien en un principio el atraso de los «rezagados» hizo que estas luchas fueran prioritarias e inevitables, posteriormente su persistente separación de la demanda de ampliación de derechos se convirtió en algo perjudicial para la democracia liberal a menudo codificada sobre el papel pero a menudo vaciada en la aplicación concreta de sus principios, que, como sabemos, requiere una participación decisiva desde abajo para ser efectiva.

Para comprender mejor el alcance de este letargo, puede ser útil hacer un breve análisis comparativo del papel que desempeñó la presión popular a favor de la ampliación del sufragio en un sistema parlamentario de sufragio limitado como el de Gran Bretaña, donde las grandes manifestaciones públicas se extendieron y derrotaron a la clase dirigente británica desde principios del siglo XIX. La masacre de Peterloo de 1819, por ejemplo, surgió de una concentración de más de 60.000 hombres y mujeres organizada para conseguir representación política para Manchester. Y lo que es más importante, hay que recordar que la Segunda Ley de Reforma de 1867, que garantizó el voto a un millón de trabajadores, se aprobó a toda prisa bajo la presión de un agudo descontento que presagiaba graves peligros para la estabilidad del sistema político británico. El propio cartismo, ya en 1842, había solicitado a tres millones de trabajadores el voto secreto para cada varón adulto. Incluso hubo enfrentamientos callejeros por el sufragio en el Imperio Austrohúngaro a principios del siglo XX, antes de que se concediera el sufragio universal masculino en 1907.

En Italia, el clima era exactamente el contrario: ninguna presión popular ni manifestaciones para exigir la ampliación del sufragio, hasta el punto de que la reforma de 1882 fue concedida a cámara lenta por la izquierda histórica, tras agotadores debates, sin que se notara la menor tensión. Al igual que la demanda de sufragio universal realizada por algunos representantes conservadores de la época nunca fue apoyada por los que se beneficiarían de ella. Lo mismo ocurre con el sufragio universal masculino, concedido desde arriba por Giolitti en 1912 y acogido incluso con perplejidad por algunos socialistas. El silencio de las mujeres, es decir, su ausencia en las manifestaciones, es también significativo a este respecto, lo que es aún más evidente si se compara con la presencia pública de las sufragistas británicas, francesas, estadounidenses y de muchas otras.

Más allá del diferente grado de madurez política de las clases trabajadoras, fruto de diferentes trayectorias históricas, la cuestión electoral en Italia sirve de prueba de fuego para la falta de atención a las cuestiones de participación y derechos civiles, empezando por las fuerzas políticas de masas: socialistas y populares. Habiendo eclipsado la cultura de la libertad de Mazzini como ética de los derechos y los deberes, reformistas y maximalistas compitieron por la dirección del joven partido socialista, poniendo en el centro los modelos productivos y las mejoras materiales o la revolución proletaria, pero ignorando de hecho totalmente el problema de la ciudadanía: en 1919, durante un debate en Bolonia sobre la representación proporcional, los socialistas derrotaron la iniciativa gritando: «¡Otros problemas más acuciantes enfrenta hoy el proletariado, que no se interesa en absoluto por la cuestión electoral!” Incluso saliendo de la esfera electoral, el panorama no cambió: el proyecto de ley sobre el divorcio – un logro ya presente en muchos países europeos – presentado con obstinación por el Primer Ministro Giuseppe Zanardelli en 1902, no sólo fue rechazado por 400 votos en contra (sólo 13 a favor), sino que incluso se burló dentro de la misma mayoría deseosa de no abrir «innecesariamente» un frente conflictivo con los católicos.

Fue la falta de interés por estos valores de la vida colectiva, así como la incapacidad de poner en marcha un proceso revolucionario eficaz, lo que debilitó la credibilidad de la oposición socialista frente al rápido e indoloro afianzamiento del fascismo entre los italianos, que en aquel momento no consideraban que la pérdida de pluralismo y libertad fuera un precio especialmente alto a pagar a cambio del orden, el prestigio internacional y la protección económica. Por ello, no es casualidad que la cuestión de las libertades y los derechos como base de una nueva ciudadanía consciente se convirtiera en la consigna lanzada por un liberal herético como Piero Gobetti y asumida sólo por sectores minoritarios y desvaídos del accionismo, el radicalismo y el socialismo liberal. El fascismo, escribió Gobetti, «es una tutela paternal antes de […] la dictadura: al mantener a los italianos en un estado de minoría de edad, Mussolini los liberó de la lucha por los derechos y de la carga de ejercerlos». Este era precisamente su objetivo: «curar a los italianos de la lucha política».

La cuestión a la que es imprescindible prestar atención hoy en día, si realmente queremos abordar la cuestión del fascismo, es que la duración del régimen y el consenso del que gozaba no pueden separarse de una realidad popular que, predispuesta a la indiferencia hacia la cuestión de la libertad y la lucha política, había aceptado ese estado de minoría. Hay que decir, sin embargo, que esta insensibilidad fue cultivada y mantenida por todas las grandes fuerzas políticas hegemónicas de nuestra historia: la mayoría del liberalismo post-Risorgimento consideraba peligrosa y prematura la cultura de la conquista de los derechos y libertades colectivas; para la izquierda de clase era superflua y para los católicos era un planteamiento equivocado y materialista, siendo el constitucionalismo sólo el «fruto envenenado» de la revolución.

Este distanciamiento -cuando no hostilidad- caracterizó las convicciones profundas de la mayoría de las clases dirigentes y de las oposiciones, configurando profundamente la cultura política del país incluso después de la caída del fascismo. Si bien los constituyentes elaboraron un sistema moderno y muy avanzado de garantía y defensa de las libertades individuales y colectivas -lo que demuestra que las élites y los intelectuales eran plenamente conscientes de la importancia de estos valores-, resultó una vez más que la voluntad de la clase política de imponer una estrategia de aplicación decidida de los principios constitucionales era muy débil. No sólo varios artículos indispensables para ampliar los márgenes de la ciudadanía activa -el Tribunal Constitucional, la escala regional, el referéndum- permanecieron congelados durante mucho tiempo por la sospecha mutua que unía a democristianos y comunistas, sino que, sobre todo, todo un universo jurídico y social hostil a la cultura de los derechos siguió viviendo -pensamos, entre otras cosas, en la permanencia de amplias partes del código penal fascista, el famoso código Rocco- en medio de la sustancial indiferencia de la mayoría de los italianos.

Fue la explosión liberadora, al margen de la lógica partidista, del movimiento de 1968 – «una rara temporada de felicidad pública», como la calificó Anna Rossi-Doria-, con todas sus contradicciones, la que puso fin a la secular ausencia de luchas públicas por los derechos y las libertades. Significativamente, los años siguientes verían una aceleración de la legislación sobre derechos civiles, también gracias a la difusión de la práctica del referéndum y al nuevo protagonismo social que encontró en el pequeño partido radical y en el movimiento feminista las principales referencias para la expansión de la esfera de libertad.

Fue el momento en que se aprobaron leyes sobre cuestiones decisivas para los derechos individuales y sociales: el divorcio, la objeción de conciencia al servicio militar, el derecho de familia, el aborto -por mencionar sólo las normas más importantes que entraron en vigor en pocos años-. Esto parecía ser el comienzo de una conciencia que nunca antes había existido y que, partiendo de las necesidades y deseos individuales y colectivos, de la intolerancia hacia el conformismo cultural y de las costumbres, parecía ser el presagio de un cambio de mentalidad y de una forma diferente de entender la ciudadanía.

Este no fue el caso. Por otra parte, como ya nos recordaba Maquiavelo en su momento, el momento legislativo no es el resultado de un conflicto, sino el de un proceso siempre abierto que sería un error dar por concluido. En consecuencia, estos movimientos y logros, ayudados también por los años del terrorismo y la «estrategia de la tensión», no produjeron un cambio profundo en el «sentimiento cívico» de los italianos. Es precisamente con referencia a estos años que debemos preguntarnos por qué sólo en Italia se consideró posible imaginar, por parte de ciertos aparatos de Estado «desviados», una modalidad asesina para poner fin a los procesos de democratización en curso. Es de suponer que, a pesar de la subestimación de la capacidad de respuesta de las instituciones republicanas y de la estrechez del rígido marco de las relaciones internacionales, esta hipótesis subversiva debió parecer funcional precisamente ante la reconocida fragilidad de la conciencia democrática de un país que había hecho creer a los círculos golpistas que el trueque de la libertad por la vuelta al orden era bastante factible.

Una cosa es cierta: desde ese momento, la cuestión de los derechos colectivos ha pasado a ser superflua con respecto al problema de la igualdad económica -los derechos que cuentan son sobre todo los derechos sindicales, sobre los que empieza a cernirse la sombra de la nueva era de Thatcher y Reagan- o a estar supeditada a la satisfacción de los deseos individuales dentro de una nueva cultura del consumo. Fueron los años 1980, cargados de reivindicaciones de más libertad personal, los que condujeron al paradójico resultado de una división en la que los derechos, sobre todo con el inicio del nuevo milenio, se presentaban como un lujo de las élites, mientras que la narrativa populista volvía a poner en el centro de la escena la cuestión del orden y la seguridad frente a la crisis económica: la conservación de los puestos de trabajo a cambio de los derechos adquiridos, sindicales o no. ¿Qué decir de la perenne e indiferente aceptación de la inicua violencia del «caporalato» o de la falta de reacción de la plaza pública y de la sociedad civil ante hechos como la paliza a los manifestantes en el cuartel de Bolzaneto, en Génova, donde nos vimos obligados a constatar la ausencia de las más elementales garantías de habeas corpus, o inviolabilidad personal, codificadas en el derecho inglés desde el siglo XII?

La historia de Italia se revela así como una historia de fragilidad en el arraigo del principio de ciudadanía colectiva, de una identidad nacional que debe construirse a partir del conflicto político indispensable para cimentar la conciencia del lugar de los derechos y libertades colectivas. Esta fragilidad es la clave para descifrar las causas del actual auge del imaginario fascista, que aún no se ve obstaculizado por anticuerpos suficientemente potentes dentro de una sociedad que no ha visto -salvo importantes y minoritarias excepciones- la defensa de las libertades y los derechos civiles como una barrera infranqueable.

Frente a esta debilidad, la advertencia consistente y permanente de activistas políticos e intelectuales de un «retorno del fascismo», provocado por acontecimientos y propuestas de derecha, nacionalistas o incluso simplemente conservadores, no debería por tanto parecer extraña, por muy patológica que parezca. Es una alarma tan exagerada como fundada: el miedo al fascismo es hoy, ante todo, la desconfianza de la mayoría de los italianos, y nace de la convicción más o menos inconsciente de que, hoy como ayer, muchos conciudadanos no se opondrían a él si se justificara en nombre del orden y la seguridad económica o social. Y quizás por eso nuestras cuentas con el fascismo no están del todo saldadas. Porque si el miedo está más que justificado, la auto-absolución no lo está.

El problema de quienes ven el peligro de un resurgimiento fascista no es tanto -y no sólo- el de hacer del antifascismo una renta de posición, como se repite a menudo en la derecha -lo que siempre ha sido una tentación importante en la izquierda-. El problema es más bien el más difícil de admitir: no comprometerse, es decir, rechazar la idea de que una parte sustancial de la cultura política liberal, primero, y popular, después, católica y de izquierdas, ha contribuido históricamente a debilitar los fundamentos políticos y civiles de una nación que ha llegado a ser lo que es sin apasionarse nunca por los valores de la democracia, los derechos y las libertades.