El caso Residencias Mirador

Sebastián de la Nuez:

Hace casi cuarenta años busqué al periodista Eduardo Delpretti, de El Nacional, y me escuchó lo que tenía que contarle. Delpretti cubría la fuente de Salud. Paciente y atento, tomó nota; luego averiguó cosas por su cuenta y sacó a la luz un tremendo reportaje que hacía justicia. Los medios, tradicionalmente, están para eso, para contar la verdad o lo más cercano a la verdad posible; y contar la verdad suele ser hacer justicia. El reportaje de Delpretti hablaba de un parto en una clínica del este de Caracas que nos había costado, a mi esposa y a mí, más o menos lo que costaba un apartamento modesto en aquel tiempo. La clínica no me devolvió un céntimo del exceso cobrado, pero se lo habrán pensado dos veces a la siguiente vez, antes de especular con la salud y la ilusión de los demás.

Ahora cuento esta otra historia y se relaciona con la caída absoluta de los valores en el seno de la sociedad venezolana. Es una historia de invasión. Alguien se ha apropiado del apartamento número 24 del edificio Residencias Mirador, en La Morita, San Antonio de los Altos. No, no es un caso personal, o no es nada más un caso personal; representa un problema colectivo hoy en día  en Venezuela, una consecuencia más de la diáspora y otro síntoma de la amplitud de miras que alcanza la corrupción. Cierto: debe haber miles de casos parecidos. Deberían contarse todos, públicamente, a ver si así al menos a los desvergonzados les da algo de vergüenza.

Lo que parece haber es, antes bien, ante situaciones como la nuestra, cierto mirar para otro lado, como quien esconde la cabeza en tierra; estamos llenos de avestruces en Venezuela.

Mientras tanto, el invasor, o sea, el que vive sin pagar por ello en la casa de otro, espera tranquilamente a que el propietario le haga una jugosa oferta en dólares. Eso es lo que me dicen que se estila en Venezuela, lo cual es premiar al que mantiene una conducta reprochable: ¡hay que pagarle para que deje de cometer una irregularidad! ¡No solo una irregularidad sino un delito!

El invasor o, mejor dicho, los invasores del apartamento número 24 de Residencias Mirador no recibirán ni un céntimo de dólar de nuestra parte, si eso es lo que esperan. El solo planteamiento de esa posibilidad es, de entrada, una inmoralidad.

Modus operandi

Un corredor de seguros que estudió en la Universidad Simón Rodríguez ―es decir, un tipo solvente, se le presume educado― nos arrendó nuestro apartamento el 6 de noviembre de 1989, cuando nos tuvimos que mudar a Caracas por razones prácticas. Comprar aquel apartamento nos había costado ahorros, trabajo y sacrificios: nada inusual en una clase media dedicada al oficio del periodismo, que nunca ha sido de los más rentables, por cierto.

Para hacer el cuento corto y gráfico: Residencias Mirador es un edificio de siete pisos absolutamente privilegiado, situado en una lomita rodeada de verde desde la cual, en aquel entonces y hoy en día también, el mundo se ve apacible, terso, floreciente, sin cambios climáticos ni ninguna de esas monsergas. El apartamento número 24 ofrece una vista panorámica hacia La Morita, con el colegio UEP Mater Dei («nuestros pies en tus pasos») en primer plano, alegre y bullicioso.

El caballero que nos alquiló el inmueble era simpático, entrador, carismático. Ese tipo de venezolano que suelta chistes picantes en una fiesta y sabe bailar salsa y tambor, o al menos así me lo parecía. Firmamos sin problema lo que debíamos firmar, eso sí, por consejo de abogados pusimos buen cuidado en colocar en el texto legal, debidamente registrado, unas palabras en latín: «Este es un contrato INTUITU PERSONAE y por lo tanto el arrendatario no puede ceder ni traspasar los derechos y obligaciones que conlleva el arrendamiento a terceras personas».

El corredor de seguros entrador y posible contador de chistes picantes en una fiesta se ha convertido en una pesadilla, un cohonestador de una invasión a distancia pues opera con cuerdas de marioneta desde Miami. Eso, después de que por décadas acordamos cada año un canon de arrendamiento muy conveniente para él (y él lo cumplía, todo debe decirse, más o menos con puntualidad).

Seguramente, en algún momento, debe haberse asomado a la terracita del apartamento, aspirando el aire puro de La Morita; se habrá dicho tal vez a sí mismo que nosotros, legítimos dueños, no necesitaríamos ese apartamento más nunca, que mejor se lo quedaba él, que sí sabe saborear aires bucólicos, apreciar el clima de montaña.

Se largó a Miami sin avisar hace como siete años (el presidente de la junta de condominio ha dejado constancia de ello en un chat) pero continuó pagando como siempre.

El núcleo de la cuestión es este: dejó a un individuo en su lugar, ni familiar ni nada, dentro del apartamento. No nos avisó del viaje, no nos avisó tampoco de esto. Vinimos a enterarnos luego de casi siete años. ¿Le cobró a ese individuo, un vendedor de pan árabe en San Antonio, traspaso y tampoco consideró conveniente avisarnos de tal detallito? Lo cierto es que confiábamos en el corredor de seguros entrador y dicharachero, qué se le va a hacer, y él seguía pagando desde Estados Unidos. La transferencia llegaba, o el dinero en efectivo a través de alguien que creímos un familiar o amigo que le hacía el favor. En fin. No quisimos preocuparnos por ello, total, ¿acaso no era el mismo tipazo entrador y eventual contador de chistes que habíamos conocido?

A partir de enero de 2023, ni pagó él ni pagó el vendedor de pan árabe ni nada de nada: han decidido quedarse con el apartamento, al parecer.

Lo que viene ahora

Lo único que puede venir ahora es el rechazo público a la conducta del (ex) inquilino que ha promovido la invasión y la del propio invasor, que ha heredado lo que no es del primero. En Venezuela no existe la sucesión borbónica. La primera vez que llamé al vendedor de pan árabe (de origen portugués) me salió con esta perla: «Es que yo soy custodio de los bienes dejados por X». ¿Custodio? Hay que ver el palabrerío que se inventa la gente para disimular sus marramuncias. Esa palabra no está en la Ley de Inquilinato.

Lo único que puede venir ahora es que los propios vecinos de Residencias Mirador asuman esto como un problema de ellos. Lo es. Si no lo asumen, el conflicto se va a eternizar en tribunales y será motivo de estrés para los propietarios del apartamento, lógico; pero además Residencias Mirador adquirirá fama de edificio susceptible de ser invadido. Un edificio con invasores dentro no parece muy seguro, que digamos: mala propaganda. Los dolores de cabeza de la junta de condominio no serán solo que el ascensor se echó a perder o los ladridos madrugadores del perro de la casa de enfrente, no.

El corredor de seguros dejó de contestarnos las llamadas en diciembre de 2022 y el vendedor de pan árabe, con quien intentamos un acuerdo ya que el presidente de la junta de condominio dijo que era «un vecino muy colaborador», se niega a cualquier tipo de acuerdo que mínimamente se haga eco del derecho que asiste a los propietarios. No tiene nuestro consentimiento para vivir allí, nunca lo hemos conocido personalmente, no tiene papel alguno firmado por nosotros y se ha convertido, o lo era ya de hecho desde que se mudó, en invasor. ¿El Ministerio Público hará una investigación al respecto? Ya ha sido requerido para ello mediante denuncia, pero uno, el ciudadano inerme, pues no sabe si sí o si no.

Lo que queda es fomentar la acción colectiva ante este tipo de prácticas. Que se sepa, por ejemplo, públicamente que la mujer del invasor trabaja en la Alcaldía de Los Salias, a ver qué le parece esto al alcalde.

Acudimos a la jurisdicción de Paz del Municipio Los Salias a objeto de que aplicara la resolución alternativa de conflictos; fue citado el invasor y él y su abogado se burlaron de esa instancia: presentaron un poder que, según indicios, es chimbo, o sea, fue fabricado en Venezuela, donde el poderdante no vive actualmente. ¿De dónde sacaron la firma?

La juez de Paz no puede hacer nada que implique obligación simplemente porque está atada de manos, así funcionan esas instancias. En realidad, la jurisdicción de Paz sirve de muy poco cuando una de las partes en litigio no tiene ningún interés en comenzar a pagar por algo que hasta entonces lo tiene gratis.

Ojalá salgan otros casos a la luz, que los hay a montones y con diferentes tipos de modus operandi. Es un problema público y como tal debe abordarse.-