José Antonio Gil Yepes:
El martes pasado Román Losinski me preguntó en su programa de radio en cuanto estimaba yo la inflación para el cierre del 2023. Cometí el error de responder “linealmente” (como si Venezuela fuese predecible, lo cual es imposible). Dije: “Hemos proyectado la inflación en 4.000%”. Eso causó un revuelo. Mi error radica en que, en ambientes de alta incertidumbre, cargados de sorpresas, nunca se debe hablar en términos lineales de un solo resultado, sino de escenarios. Siempre hay que comenzar diciendo “depende…”
Por supuesto que la inflación puede ser muy diferente a 4.000%. Por ejemplo, en julio de 2022, proyectamos la de 2023 en 143%; un porcentaje mucho menor que el de años anteriores.
Durante los primeros seis meses del año pasado, tuvimos inflaciones mensuales de un solo dígito y crecimientos del PIB de 18% en el primer trimestre y de 15% en el segundo. Al montar en el modelo de proyección de la inflación los datos de inflación mensual desde enero de 2019 (cuando cambiaron las políticas económicas) hasta julio de 2022, el resultado del nivel de inflación fue eso: 143% (íbamos bien): Una gran mejoría si se considera que las inflaciones fueron de 1.698.000% en 2018; 7.374% en 2019; 3.712% en 2020; 686% en 2021; y de 234% en 2022.
Ese proceso fue todo un logro, aunque se observa que en los tres últimos de esos seis años la inflación no caía con la misma intensidad observada durante los primeros tres años.
¿Qué pasaba? La restricción de liquidez se basó en disciplina fiscal estricta, alto encaje bancario para evitar la creación de liquidez al minimizar el crédito bancario, libertad de precios, de cambio, del uso de las divisas, sobrevaluación del bolívar para abaratar importaciones y bajos aranceles. A partir del tercer año de aplicación de esa fórmula, lo conveniente era cambiar la política antiinflacionaria basada en restricción de la liquidez por una basada en el incremento de la oferta mediante la inversión privada.
Para lograr esto, he planteado, desde mediados de 2022, que es necesario reorientar la política antiinflacionaria hacia una basada en el incremento de la oferta. Para lo cual es necesario reducir el encaje legal para incrementar el crédito bancario; moderar la sobrevaluación del bolívar para no limitar los ingresos fiscales ni la producción y el empleo nacional; mantener la disciplina fiscal; mantener la libertad de precios, del cambio y del uso de las divisas; negociar con la oposición las condiciones electorales para que EE.UU. flexibilice las sanciones y podamos aumentar la exportación de hidrocarburos; privatizar y volver a colocar aranceles a niveles internacionales para promover el empleo e incrementar los ingresos fiscales.
Pero eso no fue lo que se hizo. A fines del primer trimestre de 2022 se implantó el funesto IGTF el cual, no sólo es un impuesto inflacionario y recesivo, sino que también ataca el uso de las divisas como monedas de curso, a pesar de que con esas monedas es que las economías inflacionarias buscan recuperar cierta estabilidad; se generalizaron los aumentos de tasas, precios e impuestos nacionales y municipales, reduciendo así los recursos disponibles de los inversionistas para producir y de los consumidores para consumir; a pesar de los mayores impuestos, la disciplina fiscal anterior no se mantuvo: En agosto el gobierno monetizó el déficit para pagar compromisos con los maestros, y, por primera vez en varios meses, la inflación llegó ese mes a dos dígitos: 17%; la devaluación fue del 39% debido al crecimiento de la liquidez combinada con el atraso en la entrega de divisas a la banca comercial para la venta al público; se controlaron 42 precios de alimentos; y no se avanzó en las negociaciones con la oposición para flexibilizar las sanciones. Los cambios positivos sólo fueron la reactivación de Chevron, la reducción de la lista de exoneraciones arancelarias y el aumento al 30% la proporción de depósitos en custodia que la banca puede prestar.
Los resultados de esta nueva configuración de políticas fueron negativos: La reducción del PIB en el tercer trimestre de 2022 a 9% y en el cuarto a 7%; y el disparo de la inflación, la cual ha alcanzado el promedio de 37% mensual desde agosto hasta enero de 2023. Al incorporar estos datos adicionales a la serie de tiempo que proyectó 143% de inflación en julio pasado, el modelo arroja el resultado de algo más de 4.000%. Si no se cambian las políticas, seguiríamos regresando hacia la hiperinflación.
Esos son los dos escenarios. Para quienes quieran evitar el segundo, es preferible no enfocarse en descalificar el modelo econométrico (todos son cuestionables en una economía tan distorsionada por la política) sino, más bien, promover las políticas de expansión de la oferta; a las que ahora podemos añadir el aumento de sueldos a los empleados públicos, no monetizando el déficit, como en agosto, sino democratizando el capital de casi 1.000 empresas del Estado. Todo depende…
@joseagilyepes
