En las cárceles venezolanas mueren más de hambre y salud que por hechos violentos
De acuerdo con el informe 2022 del Observatorio Venezolano de Prisiones, de los 76 fallecidos que se registraron solo el año pasado en las cárceles del país, 55 fueron por condiciones de salud.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó su informe anual correspondiente a 2022 sobre la situación carcelaria en Venezuela, donde precisan que registraron 33.558 personas privadas de libertad, de las cuales, 30.998 son hombres y 2.560 son mujeres, y que esta cifra se constituye como un hacinamiento crítico del 164.19%.
Esta población reclusa se divide en 52 centros carcelarios existentes en el país, de los cuales 35 alberga a población masculina, 1 es una cárcel femenina y 16 son anexos femeninos. Sin embargo, para 2022, el OVP documentó que solo 45 están operativos.
En ese sentido, el OVP hace la acotación que de tener una capacidad instalada para una población reclusa de 26.238 personas, realmente se tiene una capacidad de 20.438, mientras para 2022 la población total en estos centros de 33.558. Esto debido a que con el cierre de 11 sitios de reclusión se desaprovecha 5.800 plazas.
Por otra parte, el director del OVP, Humberto Prado, detalló que desde 2017 hasta 2022 fallecieron 1.032 personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado venezolano, de las cuales el 44.86% fueron muertes por condiciones de salud.
Fallecidos por condiciones de salud
De los 76 fallecidos que se registraron solo el año pasado, 55 fueron por condiciones de salud, y 17 heridos en diversos hechos. En los calabozos se reportaron 53 fallecidos, 27 de ellos por situaciones que tienen que ver con la salud, y 30 heridos en diferentes circunstancias.
Los estados donde más se produjeron fallecimientos por condiciones de salud fueron en los estados Lara, Carabobo, Bolívar y Anzoátegui.
“Anteriormente las muertes que registrábamos eran por heridas de bala, punzo penetrantes, peor ahora el mayor número de personas que mueren es por situaciones de salud. Está mal que una persona muera por hechos violentos, pero es peor aún que una persona muera por condiciones de salud, porque cuando es detenida, está en manos del Estado, y el Estado le tiene que asegurar el servicio de salud y alimentación”, sostuvo Prado.
Mencionó que las condiciones de salud que más se repiten son desnutrición, hepatitis, tuberculosis, paros cardíacos y, además, se agrega ahora el suicidio.
“Ante las situaciones de heridos y personas de gravedad, lamentablemente no hay medicinas, no hay un área profesional para atender a las personas que presenten cualquier patología. Y hay una situación muy grave, que cuando leemos las Reglas Mandela y los principios de las personas privadas de libertad de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, siempre se requiere de la presencia de un médico y enfermeros. Existen en las nóminas, pero no están permanentemente en las cárceles”, detalló.
Agregó que en la mayoría de los recintos carcelarios son los otros reclusos los que atienden a su compañero.
Hacinamiento crítico
El informe del OVP también da cuenta de que los altos índices de hacinamiento representan un riesgo la vida e integridad personal de las personas en prisión.
En 2022 solo 14 centros penitenciarios albergaron el 70% de la población; dicho de otra forma, solo 30% de la población reclusa se encuentra distribuida en 31 centros restantes.
“Resulta alarmante que, aun cuando los 14 centros expuestos solo cuentan con una capacidad instalada de 10.402, estos albergan a 23.845 personas privadas de libertad, duplicando su disponibilidad y representando un hacinamiento en riesgo crítico del 229.23%”, explica el OVP.
El informe añade las denuncias de familiares de privados de libertad sobre casos de pagos para un pase de paquetería -un kit preparado por el familiar que contiene alimentos, bebidas e insumos para el consumo del interno- para permitir visitas conyugales, para el acceso a alimentos y agua potable e incluso para gozar de los traslados a tribunales.
En su balance, precisa también el control que mantiene el pranato en 46% de la población carcelaria venezolana, 43% es de control mixto y 11% está en control del Estado. El OVP advierte que esta situación se ha extendido a los calabozos policiales.
Población Lgbtiq+
Además de las mujeres como población reclusa vulnerable, Prado explicó la situación de otro sector vulnerable como el de las personas de la comunidad Lgbtiq+.
“Es una población de las que más sufre en nuestro país porque no hay respeto a su condición, sino que son objeto de esclavitud dentro de las cárceles, tanto por la propia población reclusa como por los funcionarios. Ante la situación que hay, estas personas son sometidas a lavar ropa, de hacer limpieza, pero bajo amenazas de muerte, de castigos. Lamentablemente eso sucede muchísimo”, expuso Prado.
El OVP destaca que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor de reclusos, cuyas condiciones representan una situación de gravedad y urgencia para sus derechos. La Corte IDH se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado venezolano en el incumplimiento de derechos de las personas privadas de libertad, así como también ha otorgado medidas provisionales a nueve cárceles del país, de las cuales siete de ellas han sido representados por el OVP.
En el ámbito de protección universal, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura emitió en 2015 una decisión de fondo sobre la desaparición de Francisco Guerrero Lárez, un recluso de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) que se encontraba bajo la custodia del Estado.-
