Clima 21: El Estado venezolano incumple con sus obligaciones en materia de acceso a la información, participación y la justicia en materia ambiental

• Una encuesta realizada recientemente permite concluir que el gobierno venezolano obstaculiza hacer efectivos los derechos al acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, así como a proteger a los defensores de derechos ambientales.
• Una parte de los consultados afirmó haber afirmó haber recibido amenazas, intimidación, hostigamiento en redes sociales y obstaculización de las actividades realizadas.
• Resulta imprescindible que el Estado venezolano suscriba e implemente el Acuerdo de Escazú con el fin de avanzar hacia la plena realización de estos derechos.

Caracas, 8 de mayo de 2023. El gobierno venezolano incumple obligaciones constitucionales en materia de defender los derechos a tener acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, así como a proteger a los defensores de derechos ambientales.

Estas son conclusiones del informe: “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en Venezuela. Las organizaciones de la sociedad civil opinan sobre el Acuerdo de Escazú” publicado este lunes 8 de mayo por la organización Clima21.

Este informe describe los resultados de una encuesta realizada a organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan de manera directa o transversal temas ambientales.

El instrumento estuvo dirigido a conocer el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil venezolana sobre el Acuerdo de Escazú, así como su percepción de la situación de los derechos a acceder a la información, la participación y mecanismos judiciales, así como a la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.

Una consideración importante que subyace a esta investigación es que, aun cuando el Estado venezolano se niega a suscribir el Acuerdo de Escazú, un instrumento jurídico regional dirigido a fortalecer estos derechos, todos ellos fueron reconocidos por la Constitución de Venezuela.

Los principales resultados de la encuesta son los siguientes:

Las organizaciones encuestadas indicaron que el acceso a información ambiental en Venezuela es limitado y los organismos oficiales casi nunca publican información pertinente sobre temas ambientales.

Asimismo, en su mayoría indicaron que no son convocadas a participar en procesos de consulta, implementación o evaluación de políticas públicas ambientales. A pesar de ello, la mayoría está dispuesta a participar en este tipo de actividades.

Sólo un porcentaje pequeño de las organizaciones que respondieron que han utilizado mecanismos judiciales para la solución de conflictos ambientales. Las razones, que adujeron para no ejercer este derecho es principalmente el desconocimiento de los procesos para realizar acciones judiciales y la desconfianza sobre el sistema de justicia venezolano como mecanismo para la solución de problemas.

La mayoría de las organizaciones consultadas consideran que la defensa de los derechos ambientales en Venezuela es una actividad insegura. Una cuarta parte de los mismos afirmó haber recibido amenazas, intimidación, hostigamiento en redes sociales y obstaculización de las actividades realizadas. La mitad de las organizaciones respondió que conoce de otras que han sufrido estas situaciones.

Finalmente, la casi totalidad de las organizaciones respondió que la defensa de los derechos territoriales por parte de pueblos indígenas y comunidades tradicionales no es segura e identificaron como los causantes principales de dicha inseguridad a la violencia por parte del gobierno, bandas de delincuentes y grupos de rebeldes extranjeros.

En conclusión, es necesario que el gobierno venezolano cumpla con sus obligaciones de respetar, proteger y adoptar las medidas adecuadas para hacer posible la plena realización de los derechos de acceso a la información, participación y la justicia en temas ambientales, así como la protección de los defensores de derechos ambientales y territoriales.

No actuar en este sentido, dificultará aun más la protección ambiental en Venezuela e incrementará los riesgos sobre la vida y seguridad de los defensores de los derechos humanos ambientales, incluyendo la de activistas ambientales, comunicadores sociales y principalmente líderes indígenas que defienden sus territorios ancestrales.

Para fortalecer el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales es urgente que el Estado venezolano firme, ratifique e implemente el Acuerdo de Escazú en el menor tiempo posible.-

El informe completo está disponible para ser consultado o bajado en el siguiente enlace: https://clima21.net/noticias/acceso-a-la-informacion-participacion-y-justicia-en-temas-ambientales-en-venezuela/

Para más información sobre este informe y Clima21:

Alejandro Álvarez, Coordinador General de Clima21

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