La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés) ha señalado que el ejercicio de la libertad religiosa en Venezuela sigue afrontando dificultades debido a los ataques que el gobierno dirige contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.
Así lo indica en su Informe sobre libertad religiosa 2023 que presentó ayer 22 de junio. Se trata de un documento con cerca de 700 páginas que analiza la situación de la libertad religiosa en 196 países.
En el caso de Venezuela, el informe apunta que en el período 2021-2022 ha aumentado la discriminación contra los creyentes de alguna religión y que la causa de ello es el gobierno autoritario de Nicolás Maduro.
Asimismo, recuerda que cerca del 80% de los 33 millones de habitantes “sufren pobreza extrema”, mientras que más de cinco millones de venezolanos han emigrado a otros países, incluso arriesgando sus vidas.
“La crisis política, social y económica de Venezuela continúa, dando como resultado una crisis humanitaria caracterizada por la escasez de alimentos y medicamentos. El gobierno brinda ayuda sólo a quienes se han inscrito en su registro, o a través de programas que favorecen a ciertos grupos religiosos que están inscritos en este”, indica.
Pero además, el gobierno de Maduro ha reaccionado “con dureza a las denuncias” que, durante el período analizado, ha realizado la Iglesia Católica ante “la crisis sociopolítica del país” y por “su defensa de los derechos humanos”.
Un ejemplo fue la exigencia de explicaciones de Maduro hacia el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, por la “carta llena de odio y ataques” contra Venezuela que en julio de 2021 envió a Fedecámaras, la asociación venezolana de empresarios.
En su misiva, la autoridad vaticana había invitado a “los venezolanos, especialmente a los que tienen algún tipo de responsabilidad política”, a dialogar para sacar al país de la crisis.
Otro hecho sucedió en agosto de 2021, cuando el Episcopado venezolano criticó a la Guardia Nacional Bolivariana por impedir que la ciudad de Mérida recibiera la ayuda humanitaria para atender a los afectados por las lluvias torrenciales, y por expresar “una actitud de desdén hacia los miembros de la Iglesia y otras instituciones” que estaban colaborando.
El Obispo Auxiliar de Mérida, Mons. Luis Enrique Rojas, se enfrentó a miembros de esta Guardia y denunció el hecho en las redes sociales. “El presidente Maduro respondió llamando a los obispos que enviaron la ayuda ‘diablos en sotana’ y calificándolos de ‘bichos’”, reporta ACN.
El informe indica asimismo que durante este período la Iglesia Católica ha seguido denunciando “el deterioro de la democracia, el desplazamiento forzado de personas y el castigo de la pobreza, así como las continuas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen”.
Sin embargo, los casos muestran que al ser “una voz importante que habla por los oprimidos”, la Iglesia también “soporta una carga significativa de críticas implacables y ataques del gobierno”.
La fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada indica que las iglesias evangélicas también son blanco del régimen socialista, que busca socavarlas con “el llamado Plan del Buen Pastor”, cuyo objetivo real es tener el control de estas asociaciones. Para ello otorga “bonos económicos a aquellos pastores que se registren”.
“Los ataques a los lugares de culto y el acoso a los líderes religiosos son claras violaciones a la libertad religiosa. Esta situación no ha cambiado significativamente desde el informe anterior. Las perspectivas para el futuro siguen siendo negativas”, concluye el informe sobre Venezuela.-
