Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Esta es una traducción no oficial del Informe presentado ayer  por el Alto Comisionado ante el Consejo de Derechos Humanos 

Consejo de Derechos Humanos

Quincuagésimo tercero período de sesiones

18 junio – 14 julio 2023

Tema 4 del programa

Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

 

Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Resumen

De conformidad con la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, en el presente informe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas anteriormente por su Oficina a la República Bolivariana de Venezuela.

 

1. Introducción

 

1. El presente informe ha sido elaborado de conformidad con la resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos, en la que el Consejo solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preparara un informe escrito exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (República Bolivariana de) que contuviera una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores y que lo presentara al Consejo en su quincuagésimo tercero período de sesiones.

 

2. El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023 y se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico, así como en el grado de aplicación de las correspondientes recomendaciones formuladas en informes anteriores. El informe se basa en información recopilada y analizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en particular mediante entrevistas con víctimas y testigos y reuniones con funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. También tiene en cuenta la información oficial proporcionada por el Gobierno. El Alto Comisionado visitó Venezuela del 26 al 28 de enero de 2023, durante la cual se renovó por dos años la Carta de Entendimiento entre Venezuela y el ACNUDH, en un acontecimiento bien acogido.

 

3. Las conclusiones del presente informe se han documentado y corroborado en estricto cumplimiento de la metodología del ACNUDH. El ACNUDH actuó con la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de las fuentes y cotejó la información recopilada para verificar su validez. Recabó el consentimiento informado de los entrevistados y adoptó las medidas adecuadas para proteger su identidad y garantizar la confidencialidad, según procediera. El ACNUDH evaluó la información recopilada y la legislación nacional a la luz de las normas internacionales de derechos humanos.
4. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y pueblos indígenas

 

4. Durante el periodo que abarca este informe se observaron signos positivos de recuperación económica, incluido un crecimiento del producto interior bruto del 17,73% en 2022.[1] Si bien dicho crecimiento traería esperanzas de mejores perspectivas económicas, los desafíos persistentes y otros factores continuaron afectando negativamente los servicios públicos esenciales, el transporte, la educación y la salud. Aunque las raíces de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, son uno de los factores que siguen impidiendo la recuperación de la economía del país y afectando negativamente al disfrute de los derechos económicos y sociales, como ha reiterado el sistema de las Naciones Unidas.[2] La inflación y la devaluación del bolívar obstaculizaron los niveles de ingresos,[3] incluyendo salarios y pensiones, dificultando las condiciones necesarias para disfrutar del derecho a un nivel de vida adecuado. Al ACNUDH le preocupan reportes de crecientes desigualdades, según los cuales la riqueza seguía concentrada en Caracas y en algunas zonas urbanas, dejando atrás a grandes porciones de la población rural.
5. El ACNUDH saluda los esfuerzos y programas gubernamentales en curso para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP),[4] que apoyaron el acceso a alimentos básicos a más de 6 millones de personas.[5] Sin embargo, los venezolanos y venezolanas siguen teniendo dificultades para adquirir los alimentos necesarios para una nutrición equilibrada. Según se informó, el costo promedio de los CLAP estaría valorado en 33 bolívares, lo que representa aproximadamente el 30% del salario mínimo.[6] El ACNUDH alienta a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias, incluso mediante programas para mejorar el acceso a los alimentos, y garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes.[7]
6. La pandemia de la enfermedad por coronavirus (Covid-19) afectó significativamente al sector educativo, con un menor número de estudiantes y alumnos y alumnas matriculadas en las escuelas.[8] Persistieron las dificultades para cumplir las condiciones mínimas para una educación de calidad, especialmente fuera de las zonas urbanas, incluyendo en lo que respecta a infraestructuras (agua, electricidad, transporte), nutrición, condiciones de trabajo y disponibilidad de personal.[9]  Las universidades se enfrentaban a problemas de financiación insuficiente, ya que algunas sólo recibían entre el 1% y el 2% de su presupuesto anual asignado.[10] El ACNUDH recibió informes de que los profesores y el personal no pueden sobrevivir con sus salarios, lo que les obliga a buscar fuentes alternativas de ingresos y a abandonar su profesión.[11] El ACNUDH llama a las autoridades para que adopten medidas que permitan y ayuden a las personas y a las comunidades a disfrutar del derecho a la educación, entre otras cosas, garantizando la provisión adecuada de recursos financieros, humanos y de infraestructura.[12]
7. La reapertura de las fronteras con Colombia, Curazao y Aruba es un avance significativo que podría arrojar resultados positivos para la región. Todos los Estados pertinentes deben abordar los riesgos de protección para los migrantes venezolanos, que a menudo viajan en condiciones peligrosas, ya que siguen estando expuestos y expuestas a abusos y violaciones de los derechos humanos en las zonas fronterizas y las rutas migratorias, incluida la trata de personas.[13] El ACNUDH alienta a las autoridades venezolanas a que sigan prestando apoyo a las personas retornadas, entre otras cosas para facilitarles el acceso al empleo, los servicios sociales y la vivienda.[14]

 

1. Derecho a la Salud
2. El gobierno mantuvo sus políticas y programas que facilitan el acceso a la atención sanitaria a los barrios empobrecidos, a través del programa Barrio Adentro[15] y el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica,[16] a pesar de las dificultades, incluidas las exacerbadas por las sanciones sectoriales. Sin embargo, los centros de salud reportaron una escasez estructural de fondos y personal que provoca, por ejemplo, apagones periódicos y escasez de agua.[17] Una organización de la sociedad civil estimó que los hospitales de todo el país sólo pueden cubrir los costes de entre el 35% y el 40% del material de emergencia y el 60% de los medicamentos de urgencia. El coste de estos artículos recaería sobre todo en los pacientes y sus familias,[18] lo que limitaría el acceso a las instalaciones, bienes y servicios sanitarios,[19] al tiempo que afectaría de forma desproporcionada a quienes necesitan tratamientos que salvan vidas, incluidos los trasplantes.
3. Las mujeres y los niños y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas por el deterioro del sistema sanitario, por ejemplo, se calcula que 560.660 niños de entre 12 y 23 meses necesitan la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR).[20] Los servicios de salud sexual y reproductiva, como la atención obstétrica y el tratamiento del cáncer de cuello uterino y de mama, a menudo no están disponibles o son inaccesibles.[21] La sociedad civil denunció, por ejemplo, que el costoso acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que supera los 100 dólares estadounidenses, ha contribuido a que, según los informes, la tasa de muertes causadas por cáncer de cuello uterino haya aumentado un 66,9% desde 2019.[22]
4. El marco legal venezolano sólo permite el aborto en los casos en que la vida de la mujer embarazada corre peligro. Como consecuencia de un marco legislativo tan restrictivo, a las mujeres no les queda más remedio que recurrir al aborto inseguro, una de las principales causas de mortalidad materna. Durante el periodo que abarca el informe, no se ha avanzado para poner fin a la criminalización de las mujeres que abortan ni para adaptar la legislación, incluido el artículo 432 del Código Penal, a las normas internacionales de derechos humanos.[23]
5. El ACNUDH acoge los esfuerzos realizados para proporcionar consultas médicas gratuitas a las personas que viven con el VIH/SIDA a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y el fortalecimiento de la respuesta holística con los organismos de las Naciones Unidas en el país, incluso para el acceso a la medicación. Sin embargo, algunas fuentes han indicado que la prevalencia del VIH/SIDA en las comunidades indígenas es preocupante[24] y que las personas indígenas tienen graves dificultades para acceder a las pruebas y al tratamiento. El ACNUDH pide que se adopten medidas para garantizar una atención del VIH/SIDA disponible y accesible para todos.
6. Durante el periodo que abarca este informe, la sociedad civil y el personal sanitario denunciaron un entorno intimidatorio en el sector sanitario, incluidas alegaciones de arrestos y detenciones de personas que denunciaban las deficiencias del sistema de salud pública,[25] como la escasez de fondos y de personal en los hospitales públicos, y los salarios críticamente bajos del personal sanitario.

 

1. Derechos Laborales
2. El Gobierno dirigió el Foro de Diálogo Social, bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en abril y septiembre de 2022 y en febrero de 2023. La iniciativa proporcionó un espacio necesario para que las centrales sindicales, las organizaciones patronales y el Gobierno discutan sobre los Convenios 144 (consulta tripartita), 26 (fijación del salario mínimo) y 87 (libertad sindical) de la OIT, incluida la criminalización de líderes y lideresas sindicales, y de las elecciones sindicales. También permitió establecer una instancia técnica para discutir una metodología para la fijación del salario mínimo. En su 347ª reunión, el Consejo de Administración de la OIT «solicita al Gobierno que acelere el cumplimiento de los compromisos adoptados en el plan de acción actualizado por el foro de diálogo social en febrero de 2023, a fin de seguir logrando resultados concretos sin demoras».[26] El ACNUDH llama al Gobierno a utilizar este marco como una oportunidad para afrontar, mediante un diálogo inclusivo y significativo, algunos de los retos socioeconómicos a los que se enfrenta el país.
3. Si bien el ACNUDH acoge con satisfacción los diálogos en curso y los progresos realizados, persiste la preocupación por las violaciones denunciadas de los derechos de reunión pacífica, libertad de asociación, incluida la libertad sindical, y protección de los derechos de dirigentes sindicales y laborales, de las que también ha tomado nota la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.[27] En marzo de 2023, el Comité de Libertad Sindical de la OIT pidió que se prestara especial atención a dos casos que incluían denuncias de persecución, intimidación, acoso y otros actos de violencia contra empleadores, sindicalistas y trabajadores, incluido el asesinato de un dirigente sindical en 2015.[28] El ACNUDH reitera su llamado para que se lleven a cabo sin demora investigaciones independientes e imparciales de todas las presuntas violaciones de los derechos de reunión pacífica y de libertad de asociación, y para que se exijan responsabilidades y se ofrezca plena reparación a las víctimas.
4. A pesar de la reducción de casos documentados desde años anteriores, el ACNUDH documentó 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, nueve de los cuales fueron detenidos, así como hostigamiento a siete dirigentes sindicales, secuestro de un familiar de un dirigente sindical y amenazas contra cuatro (una contra un familiar), ya sea por parte de presuntos funcionarios del Estado o de colectivos.[29] Por ejemplo, entre el 4 y el 7 de julio de 2022 fueron detenidos seis líderes sindicales y laborales, entre ellos un representante de la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), acusados de conspiración y asociación para delinquir en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El 13 de septiembre de 2022, los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales enviaron una comunicación al gobierno expresando su preocupación por este caso y solicitando la cooperación y observaciones del Gobierno.[30] En el momento de esta publicación, no se había recibido una respuesta. Su juicio comenzó el 6 de febrero de 2023 y sigue en curso. El ACNUDH también documentó un caso de despido de un trabajador supuestamente por su participación en protestas pacíficas en Bolívar.
5. La sociedad civil informó que las protestas laborales constituyeron el 47% de todas las protestas a nivel nacional en 2022.[31] Esto incluye las protestas pacíficas en curso, desde abril de 2022, en respuesta a un ajuste de la escala salarial que reduce los ya bajos salarios de los funcionarios públicos en aproximadamente un 40 por ciento[32] siguiendo una supuesta instrucción de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE). Las fuerzas del orden habrían amenazado a los líderes de las protestas.
6. El 24 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible un recurso presentado por un grupo de jubilados contra la instrucción de la ONAPRE. El Tribunal afirmó que la acción constituía una «perturbación y ejercicio abusivo de una acción judicial», multó a cada jubilado con aproximadamente 50 USD y declaró que debían determinarse posibles responsabilidades «penales, disciplinarias, administrativas y/o civiles».[33] Los sindicatos de profesores declararon que la decisión del TSJ era una forma de intimidación contra las acciones en defensa de los derechos laborales.[34] En septiembre de 2022 también se desestimaron otros recursos administrativos y se impusieron multas.[35] El 16 de noviembre, el Tribunal anuló la multa por razones humanitarias[36] tras una petición de los jubilados.[37]

 

1. Situación de personas campesinas y otras personas en zonas rurales
2. La producción de alimentos se ha visto especialmente afectada por las medidas coercitivas unilaterales sectoriales, que, según los informes, han provocado escasez de combustible, un descenso en la producción de semillas y la importación de fertilizantes y maquinaria.[38] La falta de financiación y crédito para los pequeños productores ha obstaculizado aún más a los pequeños agricultores y trabajadores rurales. El ACNUDH recibió informes de conflictos por la tierra, con alegaciones de personas campesinas y agricultoras que fueron expulsadas de sus tierras por propietarios más grandes, incluso mediante violencia física y amenazas.[39]
3. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó el asesinato por autores desconocidos de dos dirigentes campesinos, la presunta detención arbitraria de nueve pequeños agricultores, trabajadores rurales y dirigentes (cuatro mujeres), y el desplazamiento forzoso de cuatro familias debido a la violencia y las amenazas, incluidos mujeres y niños, todo ello por defender los derechos a la tierra o protestar por sus condiciones de vida. Además, grupos criminales habrían extorsionado tanto a pequeños agricultores como a grandes propietarios de tierras y ganado. Es probable que no se reporten todos los casos de violencia en las zonas rurales. El ACNUDH insta a las autoridades a adoptar medidas para proteger los derechos de las personas que viven en zonas rurales, incluidos los defensores y las defensoras de derechos humanos.
4. El Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo autónomo, es responsable de la realización segura y equitativa del acceso a y uso y control de la tierra. La buena gobernanza de la tenencia de la tierra[40] es fundamental como un «medio para garantizar medios de vida y evitar y gestionar los conflictos», así como para superar la actual crisis alimentaria. Las cifras oficiales indican 851.181 hectáreas de tierra regularizadas en 2022, de las cuales 6.968 mujeres trabajadoras de la tierra recibieron 173.519 hectáreas,[41] lo que refleja esfuerzos positivos en este sentido. Sin embargo, el ACNUDH recibió denuncias de que, en algunos casos, el INTI no respondió a las solicitudes de regularización de tierras de pequeños productores, revocó arbitrariamente tierras adjudicadas previamente y habría contribuido a la estigmatización y criminalización de líderes que defendían sus derechos a la tierra. El ACNUDH documentó el arresto en diciembre de 2022 de un dirigente en el estado Barinas, acusado de instigación al odio, supuestamente por sus denuncias públicas en contra la corrupción en el INTI. Fue liberado en diciembre de 2022, pero los cargos en su contra persisten.

 

1. El derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible
2. Venezuela sería responsable de menos del 1% de las emisiones mundiales actuales,[42] pero está muy expuesta a las consecuencias del cambio climático, incluidas las sequías prolongadas[43] y las lluvias torrenciales, que contribuyeron a desprendimientos de tierras, inundaciones repentinas y tragedias humanas.[44]
3. La producción de petróleo y la falta de un tratamiento efectivo de las aguas residuales de la empresa nacional Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) agravaron los riesgos de contaminación del agua.[45] Según la sociedad civil, en 2022 se registraron al menos 86 derrames de petróleo, 77 más que en 2021,[46] que destruyeron ecosistemas acuáticos y terrestres esenciales para garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y otros derechos humanos.[47] El ACNUDH recuerda que la explotación y el uso de los recursos naturales deben ser consistentes con el derecho y estándares internacionales.[48]
4. A pesar de la prohibición por decreto presidencial,[49] el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro y otros metales generó efectos negativos en la salud ambiental y humana, incluso con indicios que apuntan a una grave contaminación del agua. La extracción de oro se ha vinculada a alegaciones de asesinatos,[50] mutilaciones, violencia sexual, formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata sexual y el trabajo infantil, desapariciones forzadas por presuntos grupos armados y criminales no estatales,[51] amenazas e intimidación contra personas indígenas y desplazamiento forzado de comunidades indígenas enteras por temor a la violencia y huyendo de condiciones de vida críticas. El ACNUDH recuerda al Estado su responsabilidad de adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y proporcionar reparación por violaciones y abusos a los derechos humanos, tanto por parte de agentes estatales como no estatales.[52]
5. Durante el periodo del informe, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa anunció el lanzamiento de un proyecto de reforestación llevado a cabo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,[53] dirigido a parques nacionales como los de Canaima, Caura y Yapakana, entre los más afectados por la minería ilegal.[54] La deforestación, que contribuye a la desertificación, la erosión del suelo, las inundaciones y el aumento de las emisiones de efecto invernadero, es cada vez más preocupante, ya que los informes indican que, para 2025, se habrán perdido más de 1,3 millones de hectáreas de cubierta vegetal entre los bosques y las sábanas de Venezuela,[55] siendo la extracción de recursos, los cultivos, los incendios forestales y la urbanización algunas de las principales causas, incluso en los parques nacionales.[56]
6. El Gobierno se ha comprometido a reforzar la regulación minera y ambiental. El ACNUDH recuerda que esas regulaciones deben ser conformes con el derecho internacional de los derechos humanos, en particular el despliegue de militares, y al mismo tiempo complementarse con esfuerzos civiles para mejorar las condiciones de vida de los afectados. Asimismo, alienta a las autoridades a investigar las denuncias de desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia que, según se informa, han acompañado a las operaciones militares dirigidas contra la minería ilegal,[57] como las de Roraima y Autana.[58]

 

1. Derechos de los pueblos indígenas
2. Durante el período que abarca este informe, la demarcación de las tierras de los pueblos indígenas permaneció paralizada, a pesar de la obligación del Estado de reconocer y proteger jurídicamente las tierras de los pueblos indígenas, respetando sus costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra.[59] Según los informes, la pandemia de Covid-19 exacerbó la malnutrición entre los pueblos indígenas y su capacidad para buscar atención médica en centros médicos a menudo distantes, especialmente en los estados de Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas.[60] Los embarazos precoces, las complicaciones durante el embarazo y el parto, así como las enfermedades infecciosas amenazan la supervivencia de las mujeres y los niños indígenas.[61] Según los informes, la falta generalizada de acceso a alimentos e ingresos adecuados ha provocado una migración significativa de indígenas a zonas urbanas y mineras, y al extranjero, contribuyendo a la pérdida progresiva y a largo plazo de sus instituciones y formas de autoorganización, e interfiriendo gravemente en su derecho a la autodeterminación.
3. El ACNUDH recibió denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, en particular en zonas mineras de los estados de Zulia, Bolívar y Amazonas, donde operarían organizaciones armadas y delictivas no estatales, incluyendo implicadas en el narcotráfico y la minería. El ACNUDH recibió denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas por parte de presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y garimpeiros, mineros ilegales procedentes de Brasil, en el estado de Amazonas.[62] Otras denuncias indicaban trata de mujeres y niñas indígenas para su explotación sexual en zonas mineras o por miembros de grupos armados.
4. El ACNUDH sigue supervisando el caso de una mujer indígena Jivi, víctima de violación en el estado de Amazonas en agosto de 2020. Su situación suscitó preocupación en cuanto a los problemas específicos de acceso a la reparación para las supervivientes indígenas de la violencia sexual. A pesar de esfuerzos por obtener reparación, no se ha sancionado a los responsables.
5. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados y delictivos no estatales contra cinco defensores indígenas de los derechos humanos, dirigentes y autoridades, que provocaron el desplazamiento forzoso de dos defensores (entre ellos una mujer) y sus familias, incluidas mujeres y niños. También se alegaron amenazas contra comunidades enteras que defendían su territorio ancestral del narcotráfico y la minería. El 30 de junio de 2022, Virgilio Trujillo, activista de los derechos de los pueblos indígenas y coordinador de los guardianes territoriales indígenas Uwottüja, fue asesinado en Puerto Ayacucho, Amazonas. El ACNUDH hace un llamado a la investigación independiente, imparcial, oportuna, completa, y efectiva de este asesinato, y a la conclusión adecuada de la investigación sobre la muerte de cuatro personas yanomami (tres hombres, una mujer), y las lesiones de un niño yanomami el 20 de marzo de 2022, en Parima B, Amazonas.[63]

 

• Género, Violencia basada en género, y la no-discriminación

 

30. Durante la conmemoración en 2023 del Día Internacional de la Mujer, el presidente de Venezuela anunció la creación de la «Gran Misión Mujer Venezuela», un organismo gubernamental encargado de articular y coordinar políticas y programas para mejorar los derechos de la mujer, incluyendo educación, salud, trabajo y seguridad social.[64] Esto representa una oportunidad para implementar políticas e iniciativas pendientes, tales como el proyecto de ley sobre igualdad de género, el desarrollo de un plan de acción nacional para abordar la violencia de género y la reforma de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de diciembre de 2021,[65] de la cual ACNUDH continúa observando la ausencia de información sobre la asignación presupuestaria necesaria para garantizar su implementación efectiva.
31. Según fuentes oficiales, 1899 personas fueron acusadas de feminicidios desde 2014. Sin embargo, Venezuela no cuenta con un observatorio oficial de violencia de género. A lo largo de 2022, un observatorio creado de forma independiente informó de 240 feminicidios,[66] lo que refleja niveles similares a los de 2021.[67] Otro observatorio independiente documentó 282 casos de feminicidios en 2022.[68]
32. El ACNUDH documentó dos casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, en los que se produjeron retrasos en la investigación y juzgamiento de los autores. Es esencial que esos procedimientos se lleven a cabo de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Además, el Estado debe aplicar medidas de protección y servicios integrados para las víctimas de la violencia de género, así como para las personas en situación de riesgo, incluidos refugios y apoyo médico y psicosocial para las víctimas.[69]
33. El ACNUDH saluda la sentencia del TSJ de 16 de marzo de 2023, a solicitud de la Defensoría del Pueblo, en la que declaró nula la última frase del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar[70] que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo en el ámbito militar. La decisión representa un paso importante hacia el establecimiento de condiciones que garanticen una vida digna y libre de violencia y discriminación para las personas LGBTIQ+. Las organizaciones LGBTIQ+ siguen solicitando que se tomen medidas que permitan el pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellas la elaboración de una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida, la aplicación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil, que permite al cambio de nombre según su identidad de género, y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.[71]
34. A lo largo de 2022, una organización no gubernamental registró 97 casos de violencia física, incitación al odio y discriminación contra personas LGBTIQ+, de los cuales cerca del 21% se atribuirían a agentes estatales y el 13% a otras personas influyentes.[72] El ACNUDH recomienda la elaboración de un protocolo sólido para la investigación y el enjuiciamiento exhaustivos y eficaces de los casos de discriminación, delitos motivados por el odio y otras formas de violencia basadas en la orientación sexual, la identidad y expresión de género, y las características sexuales.

 

1. Rendición de cuentas y estado de derecho

 

1. Independencia del sistema judicial y reformas de justicia
2. Las autoridades judiciales y legislativas adoptaron medidas durante el período de referencia para mejorar la celeridad de sus procedimientos y fortalecer el sistema judicial. Se incluyeron varias reformas en la agenda legislativa durante el período que abarca el informe, en particular sobre la formación y selección de las personas funcionarias judiciales y sobre la inspección de los tribunales.
3. El ACNUDH facilitó a las autoridades cinco notas técnicas para armonizar en mayor medida la legislación nacional con las normas internacionales, en particular en materia de selección, ratificación, nombramiento y destitución de jueces, y para defender los principios y criterios de ingreso y ascenso en el poder judicial, por ejemplo, mediante concursos públicos, transparentes, inclusivos y competitivos. El ACNUDH alienta a las autoridades a que se tomen en cuenta estas notas y aborden las preocupaciones expresadas por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en una comunicación de 30 de mayo de 2022.[73]
4. El 1 de noviembre de 2022, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para reanudar su investigación sobre la situación en Venezuela, suspendida desde la solicitud del Gobierno de abril de 2022 de aplazar la investigación. En su solicitud, el Fiscal argumentó que, en su opinión, el aplazamiento solicitado por el Gobierno no estaba, en ese momento, justificado, y que debía autorizarse la reanudación de la investigación. El Fiscal también reconoció que las autoridades venezolanas habían emprendido reformas legales destinadas a abordar cuestiones estructurales y sistémicas. Sin embargo, la evaluación independiente y objetiva de su Oficina fue que estos esfuerzos y reformas seguían siendo insuficientes en su alcance o aún no habían tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes en el sistema nacional. El Fiscal señaló además que su evaluación podría ser revisada en una etapa posterior del procedimiento. El Gobierno de Venezuela presentó sus observaciones sobre la solicitud del Fiscal. La Sala de Cuestiones Preliminares ha sido plenamente informada, por lo que está pendiente una decisión al respecto. En virtud del principio de complementariedad, el ACNUDH alienta a las autoridades venezolanas a cooperar plenamente con la Fiscalía de la CPI (OTP) en el marco del Estatuto de Roma y de la aplicación de los Memorandos de Entendimiento celebrados entre el Gobierno y el OTP.

 

1. Detención y derechos a la libertad y seguridad de las personas
2. El ACNUDH reconoció anteriormente las enmiendas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para reducir la detención preventiva y acelerar la apertura de juicios.[74] Sin embargo, persiste la preocupación por la aplicación de la legislación aprobada. Durante el período que abarca este informe, el ACNUDH documentó al menos 135 casos de personas (10 mujeres) que permanecen en detención preventiva más allá del período legalmente establecido en la reciente enmienda del artículo 230 del COPP, lo que equivale a detención arbitraria,[75] lo que también puede generar violaciones de otros derechos humanos.[76] Otras 39 personas fueron condenadas a pesar de haber superado el periodo de detención preventiva legalmente establecido. En 44 casos documentados, las personas detenidas solicitaron su puesta en libertad a las autoridades judiciales (34 en la jurisdicción ordinaria y 10 en la militar) tras haber pasado dos, tres o más años en prisión preventiva. Sin embargo, hasta la fecha las solicitudes han sido denegadas o no han recibido respuesta. El ACNUDH insta a las autoridades judiciales a que examinen debidamente las solicitudes de puesta en libertad a la luz de las normas internacionales de derechos humanos y a que pongan inmediatamente en libertad a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente.
3. Durante el período que abarca el informe, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTAD) emitió dictámenes en los que determinaba que cinco detenidos se encontraban en detención arbitraria, uno de los cuales fue puesto en libertad casi cuatro meses después del dictamen,[77] mientras que otro fue puesto en libertad antes de que se adoptara el dictamen.[78] Los tres restantes continúan en prisión preventiva.[79] Otras 12 personas con dictámenes emitidos por el GTAD antes del periodo que abarca el informe continúan detenidas. Otros 16 casos dictaminados por el GTAD siguen sujetos a medidas alternativas a la detención, incluido uno que se remonta a marzo de 2010.[80] En total, continuaron los procedimientos judiciales o se dictaron sentencias contra al menos 16 personas, a pesar del dictamen del GTAD. El ACNUDH alienta a las autoridades a que apliquen rápidamente las recomendaciones formuladas por el GTAD.
4. El ACNUDH documentó nuevos retrasos en la ejecución de las órdenes de liberación en 16 casos, incluidos casos denunciados anteriormente.[81] En siete casos, las personas detenidas fueron puestas en libertad tras períodos que abarcaban de ocho a 330 días de detención arbitraria. Se dictaron nuevas órdenes de detención contra otras ocho personas detenidas tras la emisión de la orden de liberación, incluidos cuatro casos de informes anteriores. Una mujer vio revocada su orden de libertad 256 días después de su emisión, al parecer por retrasos en la comunicación entre instituciones.
5. El ACNUDH reconoce las iniciativas estatales relativas a los programas de redención de penas[82] para las personas en prisión preventiva. Sin embargo, los detenidos expresaron su preocupación por la dificultad de acceso a sus redenciones y la acreditación de estas. El ACNUDH sigue alentando a las autoridades a que elaboren una orientación normativa general sobre los programas de redención de penas para las personas en prisión preventiva, y recuerda que la prisión preventiva es una medida excepcional que sólo debe imponerse en estricto cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.[83]

 

1. Derecho a un juicio justo
2. Durante el período que se examina, el ACNUDH tuvo acceso confidencial a 13 expedientes de la fiscalía general y a tres audiencias judiciales, y formuló recomendaciones a las autoridades judiciales sobre la realización de investigaciones y procedimientos. El ACNUDH acoge con satisfacción este acceso y alienta a que se convierta en una práctica habitual que permita mejorar el apoyo técnico.
3. El ACNUDH observó continuas demoras en los procedimientos judiciales, incluidas las investigaciones, las audiencias y los enjuiciamientos, que erosionan las garantías procesales y el debido proceso, así como problemas para cumplir los plazos legalmente establecidos para la publicación de las sentencias.
4. Según la información recibida, se observaron retrasos indebidos en la tramitación de tres causas contra personas acusadas de insurrección contra el Estado, en las que se aplazaron 93 audiencias durante el período que abarca el informe.[84] Sigue siendo motivo de preocupación el aplazamiento de las audiencias judiciales en estos casos, debido presuntamente a problemas en la notificación oportuna por las autoridades judiciales sobre los traslados de las personas detenidas de los centros de detención a los tribunales, entre otras cuestiones, lo que refleja la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales y los centros de detención. En un caso, las audiencias judiciales se aplazaron consecutivamente 14 veces desde el 9 de agosto de 2022 por causas relacionadas con problemas de coordinación entre las autoridades.
5. Se observaron restricciones indebidas al derecho a un juicio justo en seis casos en los que no se concedió a los acusados el derecho a la representación legal de su elección, y en tres casos en los que las personas detenidas y los representantes legales denunciaron obstáculos para acceder a los expedientes, videos y transcripciones de las audiencias.[85]

 

1. Detención y el derecho a la integridad física y mental
2. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH prestó asistencia técnica a las autoridades nacionales, incluidas tres actividades de formación como parte de su plan de capacitación en derechos humanos,[86] entre ellas la impartición de un módulo sobre los derechos de las personas privadas de la libertad y los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en marzo de 2023.
3. El ACNUDH realizó 15 visitas a centros de detención y entrevistó a 206 personas detenidas, 50 de las cuales eran mujeres, seis personas LGBTIQ+ y cuatro niños. Desde mayo de 2022, 32 personas detenidas fueron puestas en libertad (una mujer), luego de las actividades de incidencia del ACNUDH, 19 de ellos sin condiciones y otras con medidas alternativas como el arresto domiciliario.
4. El ACNUDH expresó preocupación por las condiciones de salud de muchas personas detenidas, incluidas 23 personas reclusas que esperaban respuesta a solicitudes de medidas humanitarias u otras medidas alternativas a la detención (tres en la jurisdicción militar y 20 en la ordinaria), y 63 que esperaban traslados médicos. La prestación de servicios médicos oportuna y adecuada para la salud física y mental de las personas detenidas es parte de la responsabilidad del Estado, de manera gratuita y sin discriminación por su condición jurídica.[87] El ACNUDH también señala los riesgos y consecuencias diferenciales asociados con el acceso limitado a los servicios de salud para personas específicas en detención, como las mujeres, las personas LGBTIQ+ y las personas que viven con discapacidades.
5. El ACNUDH reconoce los continuos esfuerzos de las autoridades para proteger los derechos de las personas LGBTIQ+ detenidas, incluida la sensibilización de la comunidad en general sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ en los centros de detención.[88] El ACNUDH recomienda la adopción de protocolos específicos para prevenir la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual, la identidad de género y expresión de género, y las características de las personas privadas de libertad.
6. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó casos de 22 personas que presuntamente fueron torturadas o sometidas a malos tratos en centros de detención entre 2018 y 2022. Estos últimos casos se suman a los 92 documentados anteriormente del mismo periodo. Del total de 114 casos, 62 fueron atribuidos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y cinco al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El temor a las represalias y la desconfianza en las instituciones y las autoridades han contribuido a que no se denuncien todos los casos de tortura ante las autoridades. El ACNUDH reitera su recomendación de cerrar los centros de detención anteriormente administrados por los servicios de inteligencia y de velar por que los centros de detención cumplan las normas internacionales.[89]
7. Durante 2022, 362 personas funcionarias públicas fueron procesadas, 185 acusadas y 47 condenadas en casos de tortura y malos tratos.[90] Sin embargo, el ACNUDH supervisó al menos 91 denuncias formales de tortura presentadas a las autoridades por las víctimas y sus representantes, y hasta la fecha no hay información de que ninguno de ellos esté siendo juzgado. El ACNUDH recuerda que la ausencia o el retraso prolongado en la investigación de las denuncias de tortura y otras formas de malos tratos puede constituir una violación independiente de la prohibición de la tortura y los malos tratos, y del derecho de las víctimas a recursos efectivos.[91]

 

1. Derecho a la vida
2. A lo largo del período que se examina, el ACNUDH siguió prestando asistencia técnica a las autoridades, en particular mediante la elaboración de dos guías para abordar las denuncias de violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas funcionarias públicas. El ACNUDH alienta a las autoridades a que aprueben y apliquen esas guías, ya que abarcan las principales normas internacionales tanto del Protocolo de Estambul relativo a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como del Protocolo de Minnesota relativo a la investigación de posibles muertes ilícitas.
3. Al igual que en el periodo del informe anterior, el ACNUDH no recibió información sobre muertes en protestas ocurridas durante el período del presente informe.[92] Sin embargo, el ACNUDH observó retrasos persistentes en las investigaciones de las muertes en las protestas ocurridas entre 2014 y 2019. Algunos casos han experimentado retrasos de hasta nueve años, como los de Robert Redman Orozco y José Alejandro Márquez.[93] De 41 casos documentados por ACNUDH, 28 siguen bajo investigación o juicio, dos sobreseídos o absueltos y siete condenados. Al menos cuatro sentencias fueron recurridas por las familias como consecuencia de la falta de investigación de todos los autores, o de inconsistencias de la sentencia. Tres de estos recursos siguen pendientes ante el TSJ. El ACNUDH observó repetidos cambios de fiscales y múltiples aplazamientos de las audiencias, lo que provocó más retrasos. Según la información recibida, en 26 casos estaban pendientes diligencias pertinentes, mientras que en 14 casos aún faltaba la individualización de las personas autoras. En al menos 16 casos se observó falta de cooperación de las fuerzas militares y de seguridad del Estado. El ACNUDH alienta a que se redoblen los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por estas violaciones, tanto de las personas autoras directas como de la cadena de responsabilidades.
4. Al igual que en informes anteriores, la información disponible indicó una reducción de las muertes en el contexto de operaciones de seguridad.[94] Sin embargo, es posible que no se denuncien todos los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad, incluso debido al temor a las represalias y al acceso limitado a las zonas donde se han producido los incidentes. El ACNUDH documentó casos de 17 muertes (todas de hombres) en este tipo de operaciones, siete de las cuales se produjeron entre mayo de 2022 y abril de 2023. De estas siete, cinco fueron perpetradas por la Policía Nacional Bolivariana. Tres fueron documentadas en el contexto de operaciones Trueno en Petare, el 28 de septiembre de 2022. El ACNUDH recuerda que todas las operaciones de seguridad deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.
5. Con respecto a las 101 personas (todos hombres, incluidos seis menores de edad) que murieron en el contexto de operaciones de seguridad documentadas por el ACNUDH, incluidas las anteriores al período del presente informe, 90 muertes siguen siendo investigadas por la fiscalía general, sólo ocho casos han sido juzgados y tres sentenciados, dos de los cuales resultaron en condenas por homicidio. Los familiares de al menos 38 víctimas denunciaron dificultades persistentes para acceder a los expedientes de los casos, y los familiares de 59 víctimas denunciaron la ausencia de respuesta institucional a sus solicitudes. Los protocolos forenses están pendientes en 41 casos. Quince familias denunciaron retrasos procesales indebidos causados por repetidos cambios de fiscales, o ausencia de análisis forenses.
6. El ACNUDH documentó una muerte en detención, al parecer debida a metástasis y a una atención médica limitada. El ACNUDH observó retrasos en la investigación de seis muertes en detención de las que se había informado anteriormente. Según el Comité de Derechos Humanos, la pérdida de la vida durante la detención, en circunstancias no naturales, crea una presunción de privación arbitraria de la vida por las autoridades del Estado.[95] El ACNUDH pide que se investiguen con prontitud y eficacia las circunstancias de esas muertes y, si procede, que se enjuicie y castigue a los responsables, de conformidad con el derecho internacional.
7. El ACNUDH recibió informes de trato degradante a familiares de víctimas de violaciones del derecho a la vida por parte de personas funcionarias judiciales en al menos 19 casos, como actos de intimidación y estigmatización, que causaron más angustia y revictimización. Las víctimas y sus familiares deben recibir una reparación integral, teniendo en cuenta la gravedad del daño sufrido.

 

1. Investigaciones de casos de desapariciones, incluso en el alto mar
2. Un quinto sospechoso fue detenido en diciembre de 2022, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) como parte de la investigación de los presuntos autores de la desaparición de 33 personas (entre ellas 10 mujeres y tres niños) a bordo de «la Vela» en junio de 2019. Sin embargo, se observaron retrasos en las investigaciones y diligencias judiciales de los otros ocho casos registrados de desapariciones en alta mar entre 2015 y 2022, así como dificultades para las familias y los representantes legales, para acceder a la información relacionada con las medidas implementadas por el Ministerio Público y otras autoridades competentes para la búsqueda de las personas desaparecidas.[96]
3. El ACNUDH sigue preocupado por el retraso en las investigaciones de las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos y Hugo Henrique Marino Salas, ya que han transcurrido más de cuatro años sin que se tenga información sobre su paradero.[97] El ACNUDH pide que se redoblen los esfuerzos para investigar estos y todos los casos de desapariciones, incluidas las presuntas desapariciones forzadas, y que se adopten las medidas necesarias para apoyar la búsqueda oportuna y efectiva de las personas desaparecidas, en consonancia con su obligación de garantizar recursos efectivos, incluida la prevención de la repetición.

 

1. Espacio Democrático y Cívico

 

60. El ACNUDH saluda la disposición del Gobierno y de otras partes interesadas a aunar esfuerzos en pro de la paz y la reconciliación en Venezuela, como se observó con la reanudación inicial del proceso de diálogo en México en noviembre de 2022 y el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano. Este proceso representó una importante oportunidad para la cooperación, y para identificar soluciones a largo plazo para abordar los persistentes desafíos sociales y económicos hacia el fortalecimiento del estado de derecho y el disfrute de los derechos humanos en el país. El ACNUDH alienta a todas las partes a aplicar plena y rápidamente los acuerdos alcanzados hasta la fecha, y a reanudar este diálogo, de manera inclusiva y no discriminatoria, garantizando al mismo tiempo la debida diligencia en el uso de los fondos.

 

61. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH siguió documentando restricciones al espacio cívico, entre ellas marcos jurídicos restrictivos que siguen en vigor, que limitan la labor de las organizaciones de la sociedad civil, y denuncias de que las voces disidentes fueron objeto de procedimientos judiciales y administrativos arbitrarios, así como de estigmatización. La OACNUDH documentó 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en medios sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo ocho mujeres. El ACNUDH alienta a Venezuela a redoblar sus esfuerzos para garantizar un espacio cívico abierto y pluralista.

 

1. Libertad de opinión y expresión, transparencia y acceso a la información pública
2. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país. Según las organizaciones de la sociedad civil, 2022 marcó un pico sin precedentes de cierres de emisoras de radio.[98] Al parecer, las personas propietarias y gerentes de las emisoras temían denunciar públicamente la situación. En la mayoría de los casos de cierre documentados por el ACNUDH, las emisoras carecían de los permisos correspondientes por falta de renovación o prórroga. Distintas emisoras informaron de dificultades para obtener los costosos permisos de las autoridades pertinentes, para realizar trámites administrativos en Caracas debido a la falta de oficinas regionales de registro, a la falta de respuesta o a la negativa a completar los procedimientos. Por lo tanto, las emisoras de radio a menudo no pueden cumplir con sus obligaciones legales, a pesar de sus esfuerzos. Varias emisoras habrían sustituido los programas de noticias, opinión o denuncia ciudadana por otro tipo de programación para evitar represalias de las autoridades.
3. El ACNUDH documentó el bloqueo de 44 sitios web, incluidos medios de comunicación nacionales (29) e internacionales (cuatro), organizaciones de la sociedad civil (tres), servicios digitales en línea (cinco) y servicios de privacidad (tres). Estos bloqueos fueron llevados a cabo por proveedores de servicios de Internet (PSI) estatales y privados, sin orden formal ni notificaciones. Se levantaron los bloqueos de siete sitios web y el ACNUDH anima a que se sigan levantando, en consonancia con las libertades fundamentales.
4. En junio de 2022, una empresa de telecomunicaciones publicó información sobre sus 7,9 millones de líneas de servicio (accesos telefónicos y de datos) desde 2021, señalando que más de 1,5 millones de estas líneas fueron objeto de solicitudes de interceptación, y casi un millón fueron objeto de solicitudes de metadatos.[99] Esta información suscita gran preocupación por las posibles interferencias indebidas en el derecho a la intimidad de las personas afectadas.[100]
5. El ACNUDH reitera su preocupación por la aplicación generalizada de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia para criminalizar y deslegitimar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas.[101] Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó nueve casos, lo que hace un total de 32 víctimas, incluidos los documentados anteriormente por la Oficina, en los que personas, incluidas defensoras de los derechos humanos y periodistas, habían sido acusadas o procesadas en virtud de las leyes de incitación al odio o de instigación pública. El ACNUDH reitera que cualquier restricción a la libertad de expresión resultante de la aplicación de leyes nacionales que prohíban la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, debe cumplir los requisitos del artículo 19(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[102]
6. La falta de transparencia y de acceso a la información pública siguió siendo motivo de preocupación. Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público se aprobó el 17 de septiembre de 2021,[103] el ACNUDH siguió registrando solicitudes de acceso a la información pública presentadas por la sociedad civil, 71 de ellas en el período que abarca el presente informe. Según los informes, la mayoría de estas solicitudes no recibieron respuesta.

 

1. Derecho a la libertad de asamblea y asociación
2. Durante el período que abarca este informe continuaron las protestas sociales, ya que se convocaron manifestaciones en todo el país, en gran medida relacionadas con reivindicaciones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales. El ACNUDH observó que estas protestas habían sido en gran medida pacíficas y acogió con satisfacción las mejoras en la gestión de multitudes por parte de las autoridades. Sin embargo, el ACNUDH documentó el caso de tres trabajadores detenidos junto con al menos otras siete personas, en enero de 2023, por su participación en una protesta que exigía mejoras salariales y laborales en Puerto Ordaz, Bolívar. Estas personas fueron acusadas de varios delitos, entre ellos conspiración, instigación e incitación al odio. Aunque fueron puestos en libertad como parte de un acuerdo que puso fin a las protestas, continúan algunos procedimientos penales contra ellos.
3. El ACNUDH observó preocupaciones en relación con el derecho a la libertad de asociación durante el período que abarca el presente informe, en particular debido a la legislación propuesta que podría obstaculizar las actividades humanitarias y de la sociedad civil. La legislación propuesta, como la «Ley de cooperación internacional» (mayo de 2022) y la » Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» (enero de 2023), suscitaron preocupación por las implicaciones de nuevas restricciones indebidas y nuevas regulaciones para las organizaciones de la sociedad civil. Estas se sumarían a los procedimientos de registro preexistentes, como el Registro Único de Sujetos Obligados (RUSO) y el Servicio Autónomo de Registros y Notariado (SAREN).[104] La multiplicidad de registros obligatorios puede constituir un obstáculo para el libre ejercicio de sus actividades y representar una restricción indebida del derecho a la libertad de asociación.[105] El ACNUDH reitera que toda limitación de la libertad de asociación deberá cumplir los requisitos de legalidad, finalidad legítima, proporcionalidad y necesidad con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos.[106]
4. En abril de 2023, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) declaró que Venezuela no cumplía las normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación,[107] ya que no aplicaba medidas de supervisión proporcionadas y basadas en el riesgo a las organizaciones sin ánimo de lucro.

 

 

 

1. Derecho a participar en los asuntos públicos
2. El ACNUDH observó que, si bien se celebraron consultas públicas en relación con la legislación propuesta, estos procesos aún no cumplen las normas de transparencia, inclusión y participación. El ACNUDH fue alertado de la falta de información sobre los procesos de participación en las consultas, así como de la ausencia de garantías de que la participación fuera reconocida por las autoridades.
3. Preocupan al ACNUDH 14 alegaciones recibidas entre febrero y abril de 2023, sobre restricciones al derecho de participación política, incluyendo hostigamiento y otras formas de intimidación contra miembros de partidos políticos y militantes en el contexto de la campaña electoral para las Primarias lanzada por parte de la oposición. Durante el período reportado, el ACNUDH recibió reportes sobre la inhabilitación de personas para participar en procesos electorales por parte de la Contraloría General de la República. Según se informa, no se emitió ninguna notificación sobre la apertura de los procedimientos, ni advertencia previa a estas inhabilitaciones, restringiendo así el ejercicio del derecho de defensa. El ACNUDH continúa monitoreando las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que podrían restringir indebidamente la libertad de asociación a través de la interferencia en los procesos internos de toma de decisiones de los partidos políticos, incluyendo el nombramiento de juntas directivas ad hoc para dichos partidos.

Conclusiones y recomendaciones

 

72. El ACNUDH acoge con beneplácito los compromisos asumidos por el Gobierno de Venezuela, incluso durante la visita del Alto Comisionado al país en enero de 2023 y la renovación de la Carta de Entendimiento con la Oficina. El ACNUDH continuará brindando su apoyo a las autoridades para el avance de los derechos humanos en el país. Si bien el ACNUDH hace un llamado a levantar las sanciones sectoriales que exacerban los desafíos preexistentes y limitan el goce de los derechos humanos de las personas, Venezuela debe tomar medidas, hasta el máximo de sus recursos disponibles, con miras a lograr progresivamente la plena realización de los derechos económicos y sociales; así como asegurar un entorno propicio para el pleno ejercicio de otros derechos humanos, incluso abordando los desafíos que afectan desproporcionadamente a los pueblos indígenas, las personas LGBTIQ+ y las mujeres. La Oficina pide que se investiguen con prontitud, independencia, imparcialidad y eficacia, a todos los niveles de responsabilidad, las presuntas violaciones de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la integridad de las personas, la libertad y la prohibición de la tortura. Venezuela debe adoptar medidas para prevenir, mitigar y sancionar todo ataque, intimidación y criminalización de personas con voces consideradas disidentes, y asegurar la participación significativa, inclusiva y vial de los actores, para garantizar el pleno disfrute del espacio cívico.

 

73. Además de las recomendaciones formuladas anteriormente (véase el anexo), el Alto Comisionado llama a la República Bolivariana de Venezuela a:

 

• Reactivar el proceso de demarcación de las tierras de los pueblos indígenas, que deberá llevarse a cabo respetando la participación plena y significativa y el consentimiento informado de los pueblos indígenas;
• Elabore y adopte un protocolo sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales y dirigentes sindicales y laborales en situación de riesgo. Tomar las medidas adecuadas para poner fin a los actos de estigmatización por parte de personas funcionarias públicas y adoptar las medidas de rendición de cuentas correspondientes;
• Aplique plenamente los compromisos adoptados en el plan de acción del Foro de Diálogo Social de febrero de 2023; lleve a cabo investigaciones rápidas, independientes, imparciales y efectivas de todas las alegaciones de violaciones de los derechos a la libertad de asociación, incluido el derecho a sindicarse, y de reunión pacífica, y lleve a todas las personas responsables ante la justicia; adopte medidas concretas para abordar las causas de fondo de las protestas de trabajadores, trabajadoras y personas jubiladas, incluidos los salarios y las condiciones laborales;
• Adoptar medidas para garantizar el disfrute del derecho a la salud, incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la despenalización del aborto, prestando especial atención a las necesidades diferenciadas de las mujeres;
• Acelere la adopción del proyecto de ley sobre igualdad de género, actualmente pendiente en la Asamblea Nacional, y elabore un plan de acción nacional para abordar la violencia de género en consonancia con las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;
• Adoptar medidas para garantizar el goce de los derechos humanos, libres de discriminación, incluyendo una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida, además de la implementación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil;
• Desarrollar una política integral y unas directrices sobre la ejecución oportuna de las órdenes de liberación, los programas de redención de penas y su cómputo, garantizando al mismo tiempo el pleno acceso y la transparencia de los procedimientos que se establezcan;
• Garantice investigaciones y procedimientos judiciales rápidos, independientes, efectivos, imparciales, transparentes, exhaustivos y creíbles en los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad y protestas, denuncias de tortura u otras formas de malos tratos y desapariciones en alta mar; detenga, procese y castigue a los responsables, incluidos los superiores jerárquicos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y proporcione a las víctimas plena reparación;
• Garantizar el cumplimiento efectivo de las reformas al COPP destinadas a reducir la detención preventiva, incluyendo el examen oportuno de las solicitudes presentadas y de los casos que calificarían para la aplicación del artículo 230 del COPP;
• Promover consultas públicas transparentes, amplias, inclusivas y significativas antes de la adopción de leyes, políticas o proyectos públicos;
• Garantice que la aplicación de la legislación sobre delitos motivados por el odio e incitación al odio cumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se adhiere al Plan de Acción de Rabat;
• Revisar la legislación sobre interceptación de comunicaciones y recopilación y uso de datos personales para garantizar el cumplimiento del derecho a la intimidad;
• Establecer un plan de regularización que permita a las emisoras de radio acceder al uso del espectro radioeléctrico en condiciones que garanticen la pluralidad informativa y la seguridad jurídica, incluso mediante la participación efectiva de representantes del sector, organizaciones dedicadas a la promoción de la libertad de expresión y otros actores interesados;
• Establecer mecanismos para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de información pública de la sociedad civil;
• Garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos;
• Ampliar la cooperación con el ACNUDH con vistas a aplicar las recomendaciones basadas en los derechos humanos, incluidas las derivadas de mecanismos internacionales, como los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;
• Inste a las autoridades venezolanas a que, en virtud del principio de complementariedad, sigan cooperando con el OTP y demuestren su voluntad y capacidad para emprender las investigaciones y enjuiciamientos nacionales pertinentes de alcance suficiente, con miras a garantizar la debida rendición de cuentas de conformidad con las normas internacionales;
• Aprovechar la cooperación preexistente con el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OIT;

 

A los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional,

• Fomentar el apoyo al proceso de diálogo nacional y la aplicación de los acuerdos alcanzados, y levantar las sanciones sectoriales que agravan los problemas preexistentes y repercuten negativamente en el disfrute de los derechos humanos de la población.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex

Summary of recommendations

Democratic and civic space

Right to take part in public affairs •  Halt, publicly condemn, punish and prevent all acts of persecution and targeted repression based on political grounds, including stigmatizing rhetoric and smear campaigns (A/HRC/41/18); •  Prioritize a legislative agenda aimed at strengthening the promotion and protection of human rights, avoid the adoption of laws and regulations that are disproportionately restrictive of fundamental freedoms and civic space and review adopted laws and regulations to ensure that they are consistent with human rights standards (A/HRC/47/55); •  Ensure that spaces for civil society participation are maintained and expanded and that any restrictions introduced in the context of the COVID-19 pandemic are strictly necessary and proportional to mitigating the impact of the pandemic (A/HRC/47/55); •  Ensure that all conditions are in place for free, fair, peaceful and independent electoral processes (A/HRC/47/55); •  Support spaces for an inclusive and wide-ranging political dialogue, with human rights at the centre of the discussions (A/HRC/50/59); •  Ensure the meaningful and effective participation of civil society in the adoption of policies and legislation on matters affecting them (A/HRC/50/59);
Protection of human rights defenders
•  Adopt effective measures to protect human rights defenders and media professionals (A/HRC/41/18); •  Refrain from discrediting human rights defenders and media professionals, and take effective measures to protect them, including by adopting a specialized protocol to investigate human rights violations and criminal offences against them (A/HRC/44/20);
Freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association
•  Respect, protect and fulfil the rights to freedoms of opinion and expression, peaceful assembly and association, as well as the rights to access to information and to participate in political affairs (A/HRC/44/20); •  Reverse closures of media outlets and cease other measures of censorship against media; guarantee access to the Internet and social media, including to news websites, and guarantee the impartiality of governing bodies in the allocation of radio spectrum frequencies (A/HRC/41/18); •  Cease and prevent excessive use of force during demonstrations (A/HRC/41/18); •  Publish a comprehensive report on the investigations and criminal proceedings of deaths that occurred in the context of protests in 2014, 2017 and 2019 (A/HRC/44/54); •  Disarm and dismantle pro-government armed civilian groups (armed colectivos) and ensure investigations into their crimes (A/HRC/41/18); •  Ensure that all requests for broadcast licenses, including renewals, are processed in strict compliance with all applicable regulations and with due regard to international human rights law and standards, including due process and the right to freedom of expression; and that any restrictive measure, such as revocation or suspension of licenses, does not constitute an impermissible restriction under article 19 of the ICCPR (A/HRC/50/59); •  Take measures to ensure that democratic and civic space is not unduly restricted, including by i) repealing or abstaining from introducing, as appropriate, regulations that are inconsistent with the protection and promotion of democratic and civic space; ii) considering review the Constitutional Law against Hatred, for Peaceful Coexistence and Tolerance, the Law on Transparency and Access to Information of Public Interest, and the Organic Law Against Organized Crime and the Financing of Terrorism to bring them fully in line with international human rights law; iii) strengthening effective accountability mechanisms; and iv) immediately releasing those detained for acts of legitimate work or expression (A/HRC/50/59); Right of access to public information
•  Allow access to information of public interest (A/HRC/41/18); •  Ensure access to public information and data to monitor and adequately inform public policies, in particular in the context of the COVID-19 pandemic (A/HRC/47/55); •  Regularly publish comprehensive health and nutritional data, disaggregated by sex, age, ethnicity, and location that may be used inter alia, to develop and implement a full-scale humanitarian response to the crisis (A/HRC/41/18); •  Ensure provision of all social programmes in a transparent, non-politicized, and non-discriminatory manner, including effective oversight and accountability measures (A/HRC/41/18); •  Publish the national annual budget and expenditure reports, guarantee access to key data to assess the realization of rights and re-establish the oversight role of the National Assembly on use of public funds (A/HRC/44/20); •  Establish a system for the systematic collection of statistical data on violence against women, disaggregated by forms of violence, number of complaints, prosecutions and convictions imposed on perpetrators (A/HRC/44/54); •  Undertake and publish key information related to the Arco Minero del Orinoco region, such as environmental and social impact studies, violence and homicide rates and socioeconomic data of the population living within Arco Minero del Orinoco and the surrounding area, including indicators related to economic and social rights (A/HRC/44/54); •  Publicly and regularly report on information produced by public institutions related to economic, social, cultural, and environmental rights, including Sustainable Development Goals indicators and internationally recognised human rights indicators, and the methodologies and sources used to produce that information (A/HRC/48/19); •  Take concrete measures and publicly inform on their implementation, to guarantee the right to access public information, including drafting and enacting an Organic Law of Transparency in accordance with international standards, ensuring public information requests are not unnecessarily cumbersome nor rejected because of omission of non-essential formalities, developing digital mechanisms to receive public information requests, addressing concerns over reprisals for requests for public information, and improving accessibility and understandability for all groups, particularly the most marginalized (A/HRC/48/19); •  Ensure transparent and representative consultations, and access to public information in relation to public policy, particularly with members of vulnerable groups, prior to the adoption or implementation of any decision, activity or measure that affects them (A/HRC/48/19); •  Publish the national budget and the ministries’ reports and accounts, as well as the regulatory framework of individual public entities and policies, their organizational structure, assigned budget and execution, procurements and contracting, public participation and accountability mechanisms, audits, and legal and administrative proceedings initiated by State entities (A/HRC/48/19); •  Ensure citizens’ right to stand for election is not unduly restricted, either in law or in practice, and ensure due process guarantees are strictly implemented should candidates be disqualified, respecting the independence and separation of powers (A/HRC/50/59); State of exception
•  Ensure that exceptional measures authorized under the “state of alarm” are strictly necessary and proportionate, limited in time, and subject to independent oversight and review (A/HRC/44/20);

Accountability and rule of law

	Right to life
•   Take immediate measures to halt, remedy and prevent human rights violations, in particular gross violations such as torture and extrajudicial executions (A/HRC/41/18); •   Ensure systematic, prompt, effective and thorough, as well as independent, impartial and transparent, investigations into all killings by security forces and armed civilian groups (armed colectivos), and ensure independence of all investigative bodies, accountability of perpetrators and redress for victims (A/HRC/44/20);
•   Dissolve the Special Action Forces of the Bolivarian National Police and establish an impartial and independent national mechanism, with the support of the international community, to investigate extrajudicial executions during security operations, ensure accountability of perpetrators and redress for victims (A/HRC/41/18);
•   Revise security policies to implement international norms and standards on the use of force and human rights, in particular by restoring the civilian nature of police forces, conducting vetting, restricting the functions of “special forces” and strengthening internal and external oversight mechanisms (A/HRC/44/20); •   Implement a comprehensive reform of security institutions and policies, to effectively address human rights concerns and provide redress to victims of human rights violations (A/HRC/47/55);
Right to physical and moral integrity
•   Ensure effective investigation and sanctioning of those responsible for cases of torture and ill-treatment, and strengthen the National Commission for the Prevention of Torture, in compliance with international human rights norms (A/HRC/44/20); •   Ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (A/HRC/41/18);
•   Ensure the rights to food, water and sanitation, health, security and dignity of all persons deprived of liberty, including by meeting gender-specific needs (A/HRC/44/20); •   Adopt specific measures in the context of the COVID-19 pandemic to ensure the rights to health and security of detainees, including by granting alternative measures to deprivation of liberty to the broadest set of prisoners possible, consistent with the protection of public safety (A/HRC/44/20); •   Put an end to incommunicado detention, including by intelligence services, guarantee that any individual subject to pretrial detention is held in official pretrial detention centres subject to judicial oversight, and transfer all persons detained in premises of intelligence services to official detention centres  (A/HRC/44/20); •   Allocate sufficient resources to ensure adequate conditions of detention and access to justice (A/HRC/47/55); •   Protect persons, including those on the move, from abuses, corruption and extortion by State agents (A/HRC/41/18); •   Implement a comprehensive reform of security institutions and policies, to effectively address human rights concerns and provide redress to victims of human rights violations (A/HRC/47/55);
Rights to liberty and to a fair trial •          Ensure that reforms undertaken in the justice, police and detention sectors materialize into effective and sustainable changes based on international human rights law and standards and that legal reforms are strictly applied (A/HRC/50/59);   •          Continue to take measures to ensure pre-trial detention and other coercive measures are used only when strictly necessary, in accordance with international standards, and remain within statutory terms. Address all causes of judicial delays such as ensuring timely transfer of detainees to tribunals’ hearings (A/HRC/50/59);
•   Release all persons arbitrarily deprived of their liberty (A/HRC/41/18); •   Release unconditionally all persons unlawfully or arbitrarily deprived of liberty, including through the implementation of the decisions of the Working Group on Arbitrary Detention (A/HRC/44/20); •   Address the underlying causes of overcrowding and undue judicial delays through comprehensive reform of the administration of justice (A/HRC/44/20);
•   Put an end to the trial of civilians by military tribunals, and ensure that the jurisdiction of military’ tribunals is limited to military offences committed by active members of the military (A/HRC/44/54); •   Publish the legal authority and mandate of the counter-terrorism courts and take all necessary measures to guarantee their independence, impartiality and transparency, as well as their strict compliance with international human rights standards (A/HRC/44/54);
•   Take effective measures to restore the independence of the justice system and ensure the impartiality of the Office of the Attorney General and the Ombudsperson (A/HRC/41/18); •   Undertake and complete the reforms of the justice system announced by the Government in January 2020 to guarantee its independence, impartiality, transparency, accessibility and effectiveness (A/HRC/44/54); •   Establish an independent, impartial and transparent mechanism to increase the number of tenured judges and prosecutors through a transparent public process (A/HRC/44/54); •   Guarantee that lawyers’ associations recover their independence and full autonomy by allowing free internal elections (A/HRC/44/54); •   Guarantee the independence of the Public Defender, through the provision of sufficient resources and training, and ensure the rights of defendants to appoint a lawyer of their own choice (A/HRC/44/54); •   Restore the capacity of the criminal unit against the violation of fundamental rights of the Office of the Attorney General to conduct independent forensic investigations into cases of alleged human rights violations by security forces (A/HRC/44/54); •   Ensure that judicial action is strictly guided by the principles of legality, due process, presumption of innocence and other national and international standards (A/HRC/47/55);
Access to justice and adequate reparations ·         Ensure prompt, independent, effective, impartial, transparent, thorough and credible investigations and judicial proceedings into cases of alleged human rights violations, and hold, prosecute and punish those responsible, including superiors, in accordance with international human rights law (A/HRC/50/59);
•   Conduct prompt, effective, thorough, independent, impartial and transparent investigations into allegations of human rights violations, including deprivation of life, enforced disappearance, torture, and sexual and gender-based violence involving members of the security forces, bring perpetrators to justice and provide victims with adequate reparation (A/HRC/44/54);
•   Conduct prompt, effective, thorough, independent, impartial and transparent investigations into human rights violations, including killings of indigenous peoples, and bring perpetrators to justice (A/HRC/41/18);
•   Ensure the right to remedy and reparations for victims, with a gender-sensitive approach, as well as guarantee their protection from intimidation and retaliation (A/HRC/41/18); •   Review the protocols and methods of the Office of the Attorney General to provide gender-sensitive attention and support for victims of human rights violations and their families (A/HRC/44/54); •   Cease immediately any acts of intimidation, threats and reprisals by members of security forces against relatives of victims of human rights violations who seek justice (A/HRC/44/54);
•   Adopt the necessary regulations and protocols to fulfil all rights and obligations enshrined in the Organic Law on the right of women to a life free of violence, and also adopt effective measures to assist and protect victims of all forms of violence, including women and children (A/HRC/44/54); •   Establish a system for the systematic collection of statistical data on violence against women, disaggregated by forms of violence, number of complaints, prosecutions and convictions imposed on perpetrators (A/HRC/44/54); •   Effectively implement a victim and witness protection programme, to safeguard the integrity of victims and witnesses, and ensure accountability for human rights violations (A/HRC/47/55); •   Conduct independent and thorough investigations into allegations of human rights violations committed in Apure State in the context of clashes with non-State armed groups (A/HRC/44/54);

Economic, social, cultural, and environmental rights

 

 

• Take all necessary measures to ensure availability and accessibility of food, water, essential medicines and healthcare services, including comprehensive preventative healthcare programmes with particular attention to children’s and maternal services, including sexual and reproductive healthcare (A/HRC/41/18);
• Allocate the maximum available resources towards the progressive realization of economic and social rights in a transparent and accountable manner that allows the assessment of expenditures (A/HRC/41/18);
• Prioritize measures to decrease early pregnancies, and ensure that all plans regarding sexual and reproductive rights include measurable indicators and monitoring mechanisms (A/HRC/41/18);
• Increase vaccination coverage for preventable diseases and take adequate measures to control outbreaks of communicable diseases (A/HRC/41/18);
• Guarantee a full-scale United Nations led response to the humanitarian situation, including increased access for humanitarian actors, facilitating the entry of the World Food Programme, regularizing the presence of international non-governmental organizations and ensuring the protection of all humanitarian workers (A/HRC/44/20);
• Take urgent steps to end labour and sexual exploitation, child labour and human trafficking within Arco Minero del Orinoco, and ensure regularization of mining activities that respect the right to just and favourable working conditions (A/HRC/44/54);
• Continue efforts to improve access to essential services, and food, and inform publicly and regularly on those efforts, with particular attention to equality of access and non-discrimination, ensuring transparency, participation and public oversight (A/HRC/48/19);
• Take all necessary measures to guarantee sufficient income to public servants and workers in sectors dependent of public funding, particularly in the health and education sectors, in a transparent and participatory manner, including by adjusting salaries and cash transfers to the basic consumer basket, and take concrete measures to promote the enjoyment of labour rights, including compliance with international labour conventions and collective agreements, and publicly inform on their implementation (A/HRC/48/19);
• Take concrete measures to promote the autonomy of universities and free and independent electoral processes in accordance with their internal regulations, and to ensure freedom of association of university workers (A/HRC/48/19);
• Ensure that labour rights, including freedom of trade union association, are upheld and remain committed to the establishment of a genuine social dialogue with representatives of workers and employers (A/HRC/50/59);
• Take urgent measures to ensure the highest attainable standard of health, including those deprived of liberty, in particular by allocating adequate resources to hospitals and health centres (A/HRC/50/59);
• Ensure all mining in the Bolivarian Republic of Venezuela is carried out in accordance with adequate human rights, sociocultural and environmental impact studies, and meets national and international environmental standards (A/HRC/44/54);
• In compliance with international human rights standards, conduct effective and transparent investigations and law enforcement operations to dismantle criminal and armed groups controlling mining activities, tackle corruption, and prosecute and sanction those responsible for crimes and human rights violations in Arco Minero del Orinoco and the surrounding area (A/HRC/44/54);
• Rescind resolution No. 0010 related to mining in rivers (A/HRC/44/54);

Rights of specific groups

• Adopt all necessary measures to ensure the safe, dignified and voluntary return and sustainable reintegration of Venezuelan returnees; ensure their access to healthcare and social protection, and their protection from discrimination and stigmatization (A/HRC/44/20);
• Ensure adequate and representative consultations are conducted with all indigenous peoples prior to the adoption or implementation of any decision, activity or measure that may affect them, including any impact on their traditional lands, territories and resources (A/HRC/44/54);
• Ensure that indigenous peoples are able to enjoy their collective right to live in freedom, peace and security, and that they are able to own, use, develop and control their lands, territories and resources, including through the demarcation of traditional lands (A/HRC/44/54);
• Provide redress to indigenous peoples affected by mining activities, including in the Arco Minero del Orinoco region, in consultation with them (A/HRC/44/54);
• Establish a special voter register for indigenous people to ensure their free and meaningful participation in the electoral processes (A/HRC/50/59);
• Cease any intimidation and attacks against indigenous peoples, including leaders, and ensure their protection and take all necessary measures to protect their individual and collective rights, including their right to land (A/HRC/41/18);

 

Non-discrimination

• Investigate allegations of discriminatory access to social protection programmes, take all necessary measures to guarantee equal access to such programmes, prioritizing the most marginalized groups, and publicly informing on the findings and the implementation of the measures (A/HRC/48/19);
• Take all necessary measures to implement the Constitutional mandate to recognize all indigenous territories and collective land rights at the earliest, with particular emphasis on self-demarcation initiatives (A/HRC/48/19);
• Continue working in partnership and cooperating with the United Nations system to ensure the human rights of people on the move within its territory, particularly migrants and returnees, and investigate cases of disappearances and allegations of human trafficking (A/HRC/48/19);
• Ensure the implementation of the national environmental regulatory framework to the oil and mining industries, particularly in the Arco Minero del Orinoco region, and sign and ratify the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, also known as the Escazú agreement (A/HRC/48/19);
• Amend legislation to decriminalize abortion and ensure the provision of appropriate sexual and reproductive health services (A/HRC/48/19);
• Take all necessary measures to ensure equal access to the vaccine, particularly for marginalized groups, with specific attention to this digital divide (A/HRC/48/19);
• Introduce a comprehensive law to prohibit all forms of discrimination, including based on sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics, adequately penalize them (A/HRC/50/59);
• Ensure prompt, thorough and effective investigation and prosecution of cases of discrimination, hate crimes and femicides, while strengthening protection measures, in consultation with relevant civil society organizations (A/HRC/50/59);
• Ensure legal recognition and protection of same sex relationships, without discrimination based on sexual orientation or gender identity. Repeal norms that criminalize consensual sexual acts between adults of the same sex, in particular article 565 of the Organic Code of Military Justice (A/HRC/50/59);
• Ensure the right to identity and documentation for all persons, including children (A/HRC/41/18);
• Introduce legislation and policies promoting equitable participation of women in the structures of political parties and on quotas to ensure gender parity for nominations to elected positions, including governors and mayors (A/HRC/50/59);
• Ensure that official data and disaggregated information of public interest is available, accessible and proactively disseminated, including information related to gender-based violence and economic, social, cultural and environmental rights (A/HRC/50/59);
• Ensure measures are taken towards the progressive realization of the right to an adequate standard of living of all the population, without discrimination (A/HRC/50/59);

Engagement with OHCHR and human rights mechanisms

 

 

•  Increase engagement with international human rights protection mechanisms, including the special procedures system, by receiving regular official visits from mandate holders (A/HRC/44/20);

•  Accept and facilitate the establishment of a permanent OHCHR country office (A/HRC/41/18); •  Facilitate the establishment of an OHCHR office in the country as an effective means of assisting the State in tackling the human rights challenges and concerns addressed in the present report (A/HRC/44/20); •  Remain committed to the effective implementation of the joint workplan signed with OHCHR and its engagement with international human rights mechanisms (A/HRC/47/55); •  Continue to expand cooperation with OHCHR with a view at implementing human rights-based recommendations, including those stemming from international mechanisms, such as UN human rights treaties bodies, the Special Procedures and the third cycle of the Universal Periodic Review of the Human Rights Council (A/HRC/50/59); •  Accept and facilitate the establishment of a permanent OHCHR country office (A/HRC/41/18);

Member States should:

1. Suspend or lift the sectoral unilateral coercive measures imposed on Venezuela which impede the Government’s efforts to address the combined impact on the population of the current humanitarian situation and the COVID-19 pandemic (A/HRC/48/19);
2. Continue their support to the humanitarian response in the Bolivarian Republic of Venezuela, particularly with regards to the COVID-19 pandemic (A/HRC/48/19);
3. Ensure a fair distribution of vaccines across countries, as a global public good and accessible to all without discrimination in accordance with international legal norms and in support of the achievement of the Sustainable Development Goals (A/HRC/48/19);
4. Ensure the rights of migrants from Venezuela in their respective territories and investigate human rights violations or abuses committed against them (A/HRC/48/19).

[1] http://www.sudeban.gob.ve/wp-content/uploads/Historico_Notas_Prensa/NP_(2023-01-13).pdf

[2] Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible con la República Bolivariana de Venezuela (2023-2026) p. 55

[3] Tras el aumento nominal del salario mensual oficial en marzo a Bs 130,00 que equivalía a USD 30,17 según tasas de cambio del 15.03.2022, devaluado a USD 5,33 al momento de este informe. Anunciado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 15 de marzo de 2022 N/6.691

[4] Creado en 2016 para la distribución de la asistencia alimentaria a nivel local, A/HRC/48/19

[5] CEDAW/C/VEN/RQ/9 Para 2(b)

[6] https://www.ovsalud.org/publicaciones/informes/informe-cualitativo-ovs-2022/

[7] Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), Comentario General No. 12, E/C.12/1999/5, para. 8.

[8] https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2022/09/HumVenezuela-Informe-Marzo-2022.pdf

[9] https://www.fundaredes.org/2022/08/11/informe-de-educacion-2022-2/

[10] https://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2022/08/7.-Reporte-julio-2022-Situacion-de-las-Universidades-Venezolanas.pdf

[11] UNICEF Humanitarian Action for Children 2023

[12] CDESC, Comentario General No. 13, E/C.12/1999/10, paras. 6 y 27.

[13] https://www.unhcr.org/emergencies/venezuela-situation

[14] UNHCR Venezuela Situation 2023 Operational Update #1

[15] http://www.mppef.gob.ve/mision-barrio-adentro-dos-decadas-atendiendo-la-salud-del-pueblo-venezolano/

[16] http://www.sencamer.gob.ve/?q=content/farmacias-m%C3%B3viles-han-dispensado-m%C3%A1s-de-67-millones-de-tratamientos-en-tres-a%C3%B1os

[17] Estado de la atención ginecobstetricia durante la gestación, parto, nacimiento y puerperio inmediato en el sistema de salud venezolano.

[18] https://cronica.uno/los-pacientes-en-los-hospitales-tienen-solo-dos-opciones-o-compran-los-medicamentos-o-se-mueren/

[19] CDESC, Comentario General No14, E/CN.4/2000/4, para. 43 (a).

[20] UNICEF Humanitarian Action for Children 2023 https://www.unicef.org/media/131841/file/2023-HAC-Venezuela.pdf

[21] https://humvenezuela.com/wp-content/uploads/2022/09/HumVenezuela-Informe-Marzo-2022.pdf

[22] https://www.laprensalara.com.ve/nota/56571/2023/01/cancer-de-cuello-uterino–medicos-alertan-que-el-control-es-vital

[23] CEDAW, Comentario General No. 24, para. 31(c); Comité de Derechos Humanos, Comentario General No. 36, para. 8; CDESC, Comentario General No. 22, paras. 34, 40, 49(a) and 57.

[24] Monitoreo Global del Sida 2023 presentado por la República Bolivariana de Venezuela- marzo 2023

[25] FMV reporta detención de más de 40 médicos venezolanos en los últimos 10 días

[26] GB.347/INS/13 (Rev.1), para. 33.

[27] OIT Informe de Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Conferencia Internacional del Trabajo, sesión 111, 2023, p319

[28] Caso 3277 (Venezuela); Caso 2254 (Venezuela)

[29] A/HRC/48/19. para 12.

[30] https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27519

[31] https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/

[32] http://www.tsj.gob.ve/displaynews/-/asset_publisher/K6rIV66atYrZ/content/tsj-declara-inadmisible-demanda-ejercida-contra-un-supuesto-acto-de-la-onapre

[33] Ibid.

[34] https://efectococuyo.com/la-humanidad/docentes-contratacion-colectiva/

[35] República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Suprema de Justicia, Expedientes No.2022-0174 y No.2022-0155.

[36] https://accesoalajusticia.org/spa-revoca-multa-impuesta-a-grupo-de-jubilados-y-pensionados-del-mp-tras-declarar-inadmisible-demanda-de-nulidad-contra-el-instructivo-onapre/

[37] https://accesoalajusticia.org/instructivo-salarial-onapre-vuelve-ganarle-pulso-funcionarios-publicos-ante-tsj/

[38] https://provea.org/wp-content/uploads/2022/03/FIDH_Rapport_VENEZUELA_es.pdf

[39] Comité de Derechos Humanos, Comentario General No. 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, para. 8; No. 36. paras. 7 and 21; CDESC, Comentario General No. 26, E/C.12/GC/26, paras. 54-55; Declaración E/C.12/2016/2, para. 6.

[40] E/C.12/GC/26, Para. 1

[41] http://www.inti.gob.ve/2023/01/07/gobierno-bolivariano-regularizo-851-181-hectareas-durante-el-ano-2022/

[42] https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2022

[43] https://efectococuyo.com/cambio-climatico/efectos-cambio-climatico-venezuela/

[44] https://elucabista.com/2022/12/12/venezuela-esta-mas-vulnerable-menos-resiliente-y-mas-expuesta-a-los-impactos-del-cambio-climatico-advirtio-la-acfiman/

[45] CLIMA21 and Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales: Derrames Petroleros en Venezuela (2016-2021) March 2022

[46] https://ecopoliticavenezuela.org/2023/01/04/reporte-derrames-petroleros-2022/

[47] https://ecopoliticavenezuela.org/wp-content/uploads/2023/06/Situacion-socioambiental-de-Venezuela-2022_OEP.pdf

[48] E/C.12/GC/24, paras.16-17, 32. Vea también CCPR/C/GC/36, paras. 26 and 62.

[49] Decreto Presidencial 2.412 del 2013

[50] https://codehciu.org/hubo-48-muertes-potencialmente-ilicitas-en-bolivar-y-19-en-monagas-durante-2022/

[51] https://codehciu.org/codehciu-registro-37-reportes-de-desaparecidos-en-zonas-mineras-de-bolivar/

[52] Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU

[53] https://ceofanb.mil.ve/arranca-campana-de-reforestacion-en-la-region-de-guayana-a-traves-de-la-fanb/

[54] A/HRC/50/59 Para. 8

[55] https://sosorinoco.org/es/galeria/story-maps-es/perdida-de-bosque-en-la-amazonia-venezolana/

[56] Clima21 and OVDHA August 2022 report: Vanishing Forests: Deforestation in Venezuela 2016-2021

[57] http://www.correodelorinoco.gob.ve/fanb-inhabilita-43-campamentos-de-mineria-ilegal-en-parques-nacionales/

[58] https://www.defensa.com/venezuela/venezuela-lanza-simultaneamente-operaciones-roraima-2022-autana

[59] CDESC, E/C.12/GC/26, paras. 16-17, 19, 25 y 27. 61/295 61/295 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, art 26(3)

[60] https://es.mongabay.com/2023/02/la-tragedia-del-pueblo-yanomami-un-panorama-de-emergencia-en-venezuela-y-brasil/

[61] UNICEF Humanitarian Action for Children – Venezuela; 2023: https://www.unicef.org/media/131841/file/2023-HAC-Venezuela.pdf

[62] https://data.landportal.info/Content/Venezuela-indigenous-women-speak-out-against-miners-and-armed-insurgents

[63] A/HRC/50/59 Para 9

[64] http://www.minci.gob.ve/gobierno-nacional-crea-la-gran-mision-mujer-venezuela/

[65] A/HRC/50/59 Para. 39

[66] UTOPIX. https://utopix.cc/pix/diciembre-de-2022-son-25-casos-mas-para-un-total-de-236-femicidios-durante-el-ano-2022/

[67] A/HRC/50/59 Para. 39

[68] https://cepaz.org/noticias/observatorio-digital-de-femicidios-de-cepaz-en-el-2022-hubo-37-femicidios-de-ninas-en-venezuela/

[69] CEDAW/C//VEN/CO/9, para. 25-26.

[70] historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/323428-0128-16323-2023-23-0288.HTML

[71] https://cronica.uno/poblacion-lgbtiq-sigue-sin-respuestas-claras-sobre-cambio-de-nombre-luego-de-tres-meses-de-promesas-del-gobierno/

[72] Rompiendo el Silencio: informe sobre violencias contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela durante el 2022 Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+

[73] AL VEN 3/2022

[74] A/HRC/50/59 Para 22

[75] Vea Pacto Internacional de los Derechos Cívicos y Políticos (PIDCP) art. 9.

[76] CCPR/C/GC/35, para. 37; CCPR/C/GC/32, para. 61.

[77] A/HRC/WGAD/2022/16

[78] A/HRC/WGAD/2022/55

[79] A/HRC/WGAD/2022/67; A/HRC/WGAD/2022/87; A/HRC/WGAD/2022/48

[80] A/HRC/16/47/Add.1

[81] A/HRC/50/59 Para 28

[82] Programas voluntarios según la Ley de Redención de Penas por Trabajo de 1993 para permitir la reducción de la pena de detención.

[83] Articulo 9(3) PIDCP. Vea CCPR/C/GC/35, para. 38.

[84] PIDCP articulo 14(3)(c).

[85] PIDCP articulo 14(3)(b) and (d)

[86] Plan de actualización en derechos humanos

[87] CCPR/C/GC/36, para. 26.; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), regla 24

[88] https://www.mppsp.gob.ve/index.php/noticias/4403-mppsp-garantiza-los-derechos-humanos-de-la-comunidad-lgbtiq-en-los-centros-penitenciarios

[89] A/HRC/44/20 Para 86(g)

[90] Respuesta de la República Bolivariana de Venezuela al cuestionario del quinto informe periódico al Comité de Derechos Humanos, para 75.

[91] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes arts. 12-13; Comité contra la Tortura, Comentario General No. 2

[92] A/50/59 Para 55.

[93] A/HRC/50/59 Para 38; A/HRC/47/55 Para 33

[94] A/HRC/50/59 Para 17

[95] CCPR/C/GC/36, para. 29.

[96] VEN 8/2020

[97] A/HRC/47/55 Para 15; A/HRC/50/59 Para 33.

[98] https://twitter.com/sntpvenezuela/status/1586031478470856709/photo/1; https://espaciopublico.ong/situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela-enero-diciembre-2022-informe-preliminar/; https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-ipysve-informacion-en-deterioro-seis-meses-de-arbitrariedades-y-censura/#:~:text=IPYS%20Venezuela%20pudo%20constatar%20que%20393%20personas%20quedaron%20sin%20empleo,y%20trabajadores%20de%20las%20emisoras.

[99] https://www.telefonica.com/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/Informe-de-Transparencia-en-las-Comunicaciones-2021.pdf

[100] Sobre la vigilancia de metadatos y el derecho a la intimidad Vea A/HRC/27/37 Para 19.

[101] A/HRC/50/59 Para 49, 51, 57, 59.; A/HRC/47/55 Para. 61

[102] Vea el Rabat Plan of Action, para. 18.

[103] https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-de-interes-publico.

[104] A/50/59 Para 53, 54

[105] A/74/349

[106] PIDCP, Articulo 22

[107] GAFIC Medidas contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela, marzo 2023