Trabajos especiales

El día que cambió la historia de América Latina

El pasado 8 de enero se cumplieron 65 años de la entrada triunfal de Fidel Castro al frente de su ejército guerrillero a La Habana. Nadie, sin embargo, podía haber presumido entonces que en aquella jornada de exuberante frenesí popular también se iniciaba para América Latina y para sus relaciones con Estados Unidos el principio del fin de un mundo

Armando Durán:

El pasado 8 de enero se cumplieron 65 años de la entrada triunfal de Fidel Castro al frente de su ejército guerrillero a La Habana. Hugh Thomas señala en su clásico libro sobre Cuba que la capital cubana vivió ese día un momento único de su historia, el amanecer de una nueva era. Nadie, sin embargo, podía haber presumido entonces que en aquella jornada de exuberante frenesí popular también se iniciaba para América Latina y para sus relaciones con Estados Unidos el principio del fin de un mundo.

Al comenzar la convulsa década de los años cincuenta, el colombiano Germán Arciniegas llegó a la conclusión de que los latinoamericanos de su tiempo estaban condenados a sobrevivir entre la libertad y el miedo. Se refería, por supuesto, a la palpable contradicción existente entre las dos únicas opciones políticas posibles y reales del momento, democracia o dictadura. De un lado, el modelo representado por militares con entorchados de opereta y una concepción cuartelaría y vulgar del poder; en la otra orilla, movimientos políticos más o menos modernos, vagamente nacionalistas, algunos de ellos, incluso, con fundamentos ideológicos que hundían sus raíces en un nostálgico socialismo utópico, pero cuyos objetivos se limitaban a proponer el establecimiento de regímenes formalmente democráticos. Sólo hasta ahí llegaba entonces la romántica impaciencia del hombre rebelde latinoamericano. Derrocar a Trujillo, a Batista, a Somoza, a Pérez Jiménez, a Odría, a Stroessner. Derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos civiles de origen electoral, con sufragio universal, libertad de prensa y una justicia social retóricamente igualitaria pero nunca muy bien definida, que en ningún caso iba más allá de una simple declaración de buenas intenciones.

Es decir, que al iniciarse 1959, la ilusión de promover un auténtico cambio revolucionario en América Latina había terminado por diluirse en la hojarasca de ese modesto propósito de sustituir los gobiernos militares que asfixiaban la región por gobiernos respetuosos de los derechos políticos del hombre, sobriedad ideológica que en el fondo equivalía a un retroceso doctrinario hasta los tiempos de Jefferson y Montesquieu. Si tenemos en cuenta la aparición de radicales movimientos revolucionarios en Asia y África a partir de 1945, el estallido de la Guerra Fría y el temor a una posible catástrofe atómica mundial, debemos admitir que esta aspiración regional era exageradamente tímida, aunque perfectamente válida y suficiente para satisfacer los anhelos de libertad que sentía la inmensa mayoría de los latinoamericanos, sumidos, sin remedio aparente, en la oscuridad de atroces dictaduras militares.

    La revolución imposible

En 1950, América Latina, en efecto, era esa vasta geografía de opresión política y miedo que describía Arciniegas en su libro Entre la libertad y el miedo, pero también era un territorio que parecía estar irremisiblemente condenado a la miseria y la explotación por parte de grandes grupos económicos y financieros norteamericanos que, desde 1823, cuando el presidente James Monroe le presentó al Congreso de su país la propuesta de lo que desde entonces conocemos como Doctrina Monroe, contaban con un respaldo político ilimitado por parte de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos. De acuerdo con esta iniciativa, América le pertenecía a los americanos del norte, las naciones del sur del continente, que acababan de alcanzar su independencia política o estaban en trance de hacerlo, debían resignarse a ser zona de influencia exclusiva de Estados Unidos y se prohibía expresamente a las potencias europeas intervenir en los asuntos internos de los nuevos Estados americanos.

Años más tarde, esta visión supuestamente anticolonial daría paso a la decisión de imponer, ya sin ningún disimulo, el dominio imperial de Estados Unidos en América Latina. En el marco de esta nueva y espesa realidad de intereses, prejuicios ancestrales y poder hegemónico extraterritorial, proponer programas de educación masiva para los sectores más humildes de la población, hablar de reforma agraria, plantearse la organización de movimientos sindicales y partidos políticos independientes o aventurarse a exigir una mejor y más justa distribución de los ingresos y la riqueza, términos del debate político que hoy no despertarían el menor sobresalto en ningún rincón del continente, representaban, para el Washington de la primera mitad del siglo XX, desafueros inadmisibles. Y resultaba imposible pasar por alto la noción de que adaptar en el universo latinoamericano los principios democráticos más básicos engendrados por la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa constituía un salto cualitativo que haría saltar por los aires la esencia de la vida latinoamericana.

La buena vecindad

   A pesar de esta pretensión de imponer desde Washington un orden político y económico imperial en América Latina, la inclinación del presidente Franklyn Delano Roosevelt a percibir las circunstancias de su época con criterios más tolerantes había logrado introducir y arraigar en el pensamiento de algunos destacados miembros de las élites políticas, académicas e intelectuales estadounidenses una visión favorable al desarrollo de proyectos y ensayos democráticos en la región. A pesar de ello, en enero de 1959, aún se tenían muy en cuenta los límites infranqueables que confinaban el porvenir del proceso político en América Latina al espacio de lo permitido por los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos.

La imposibilidad de alterar esta suerte de destino manifiesto para el hemisferio acostumbró a las partes involucradas en la vida política de América Latina a no confundir las declaraciones y postulados pregonados por los dirigentes de la región con la verdadera naturaleza de sus proyectos y sus posibles acciones futuras de gobierno. Quizá por esta confusa interpretación del discurso y la realidad latinoamericana, las reformas económicas y sociales que proponía Fidel Castro en su libro manifiesto La historia me absolverá, cuyo texto redactó en prisión a partir de su alegato ante la Audiencia de Santiago de Cuba después de su fracasado asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, pasaron más bien desapercibidas, a pesar de que a lo largo de sus páginas Castro articulaba con nitidez el esbozo de un radical programa revolucionario. Nadie podía tampoco figurarse por aquellos días que muy pocos años después el mensaje que se recogía en esta suerte de respuesta política, económica y social a la dictadura de Fulgencio Batista comenzaría a socavar los fundamentos ideológicos del cada día más inestable contexto social latinoamericano.

Esta falta de perspicacia llegó al extremo de que, en junio de 1958, cuando el enfrentamiento de la guerrilla fidelista y la resistencia urbana con las fuerzas militares y policiales de la dictadura de Fulgencio Batista alcanzaban una intensidad reveladora de la inminencia de un desenlace de la crisis cubana por la vía violenta de la lucha armada, en Washington se descartaba la contaminación marxista-leninista del movimiento rebelde. Prueba de este equivocada visión de lo que ocurría en Cuba la ofreció el propio Allen Dulles, poderosos director general de la CIA, en la reunión número 362 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, celebrada en abril de aquel año, al afirmar que no existían evidencias de que el Movimiento 26 de Julio actuara bajo el influjo o contara con apoyo comunista.

Dulles basaba su posición en los informes elaborados por Lyman B. Kirpatrick, inspector general de la CIA, quien había viajado a La Habana en 1956, 1957 y 1958 con el propósito de examinar de cerca el funcionamiento del Buró Represivo de Actividades Comunistas (BRAC), organismo policial cubano creado y dirigido por la CIA para recabar información y dirigir la lucha contra cualquier posible pretensión comunista en Cuba.[2] No sería hasta finales de ese año, en la reunión del Consejo el 18 de diciembre, muy pocos días antes del derrocamiento de Batista, cuando sucesivos informes de la estación de la CIA en La Habana llevaron a Dulles a reconsiderar su posición y pensar que si Castro tomaba el poder, fenómeno que tal como se desenvolvían los acontecimientos en la isla podría ocurrir en cualquier momento, era previsible que algunos militantes comunistas formaran parte del nuevo gobierno. El propio Dulles le informó personalmente al presidente Dwight E. Eisenhower de la magnitud de este peligro, aunque todavía en términos imprecisos: “Una victoria de Castro puede no ser favorable a los mejores intereses de Estados Unidos.” [3]

A lo largo de la lucha contra Batista, la excéntrica personalidad del líder revolucionario, su rechazo a aceptar cualquier posibilidad de concertar sus acciones con los demás factores del proceso político cubano, su obstinada negativa a seguir las orientaciones de Washington y sus desmesuradas fantasías sobre la Cuba revolucionaria por venir habían generado un profundo malestar en el Washington de Eisenhower. Sin embargo, aún no existía motivo alguno para atribuirle a su mensaje político un valor excepcional. Ni en el Departamento de Estado ni en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sonarían las primeras alarmas hasta meses después, cuando el 17 de mayo de 1959, ya en el poder, Castro promulgó desde su antiguo cuartel general guerrillero en la Sierra Maestra la Ley de Reforma Agraria.

Hasta ese día, auténtico punto de quiebre en las relaciones de Washington con La Habana, el gobierno norteamericano prefirió no afrontar el reto que le presentaba el triunfo revolucionario cubano como una amenaza real a los vastos intereses de Estados Unidos en Cuba. Richard Nixon indica en sus memorias que, en el memorándum en que recogió para el presidente Eisenhower sus impresiones sobre la reunión de casi tres horas que sostuvo en sus oficinas del Senado con el primer ministro cubano el 19 de abril de 1959, “le señalé con claridad que estaba convencido de que Castro tenía una visión increíblemente ingenua sobre el comunismo o actuaba bajo disciplina comunista, y que era imprescindible tener esto muy en cuenta a la hora de tratar y negociar con él… pero dentro del Gobierno mi posición era minoritaria, particularmente en la sección latinoamericana del Departamento de Estado, y no fue hasta principios de 1960 que la posición que yo venía defendiendo desde hacía nueve meses finalmente se impuso y la CIA recibió instrucciones (del presidente Eisenhower) de proporcionar armas, equipos militares y entrenamiento a los cubanos que habían abandonado la Cuba castrista.” [4]

La guerra fría

    En todo caso, a lo largo de 1958 y buena parte de 1959, prevaleció en Washington la convicción de que el orden económico y el sistema social imperantes en Cuba y en el resto de América Latina eran suficientemente sólidos para garantizarle un futuro tranquilo a la supremacía norteamericana en la región. Sobre todo, porque el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 era una experiencia convenientemente reciente. Arbenz no era comunista, pero muchos revolucionarios de extrema izquierda y no pocos comunistas declarados se agrupaban a su alrededor, y su gobierno se inclinaba hacia el socialismo, una tendencia que Estados Unidos estaba resuelto a impedir que floreciera en la región. De este modo, la autorización del presidente Eisenhower a la CIA para intervenir en la pequeña nación centroamericana se fundamentó en su convicción de que Guatemala se estaba comunizando, y le sirvió para elaborar dos argumentos que volverían a emplearse en el caso cubano: la tesis del efecto dominó, según la cual, si una nación caía bajo la influencia comunista, las naciones vecinas caerían también, y la defensa de los intereses económicos de Estados Unidos en Guatemala, donde Arbenz había expropiado 160 mil hectáreas de tierra propiedad de la United Fruit Company, empresa de la que John Foster Dulles, secretario de Estado de Eisenhower, y su hermano Allen, director de la CIA, eran importantes accionistas. Desde ese instante se hizo evidente el riesgo que correría cualquier gobierno latinoamericano que no aceptase la orientación política y la hegemonía económica de Estados Unidos en la región.

Por otra parte, la certidumbre que se tenía en Washington sobre una supuestamente firme estabilidad política en América Latina también se sustentaba en el optimismo que generaba el hecho de que el capitalismo en Estados Unidos alcanzaba en los años cincuenta sus niveles de mayor desarrollo y porque la consolidación del escenario ideológico diseñado en esta segunda posguerra mundial para armar en todos los frentes la defensa del “mundo libre” ante la “amenaza roja” se hacía de acuerdo con el anticomunismo más empecinado.

En el terreno de los hechos concretos, estas convicciones produjeron tensiones que al terminar la década de los años cincuenta ya habían debilitado sensiblemente los más elementales fundamentos del ámbito económico y social latinoamericano, y obligaban a las élites regionales a tomar sus decisiones políticas de acuerdo con la confrontación de poderes que ahora dividían al mundo en dos polos ideológicos irreconciliables. Esta realidad determinó a su vez que, a principios de aquel año 1959, el escueto orden personalista de caudillos y dictadores militares típicos del siglo XIX y primera mitad del XX que describía Arciniegas, se había transformado en un orden político muchísimo más problemático, dirigido como siempre desde Washington, pero ahora con la vista clavada en Moscú. Por esta razón, los gobiernos que se instalaban en América Latina bajo este intenso sentimiento anticomunista entendían que ellos pasaban a representar ahora un papel mucho más exigente en el desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Aún no se recurría al argumento de la Seguridad Nacional tal como se hizo años más tarde en América Central, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay para justificar el uso del terror como política de Estado, pero muy pronto la represión violenta del adversario político y el derrocamiento por la vía de la renuncia obligada de gobernantes que Washington considerara veleidosos o débiles, Arturo Frondizi en Argentina, por ejemplo, o Janio Quadros en Brasil, comenzaron a hacerse instrumentos habituales de persecución y avasallamiento político. Nada extraño resultaba que empresas transnacionales y embajadas todopoderosas se ocuparan de poner el poder político de las naciones latinoamericanas en confiables manos militares y civiles que fueran capaces de asumir y apadrinar, al precio que fuese necesario, la defensa política, económica y doctrinal de los intereses de Estados Unidos en la región.

La tercera vía

   Durante los años treinta, la mayoría de los partidos políticos que surgían en América Latina lo hacían bajo el estímulo intelectual de Lenin y el tentador mensaje redentor que ofrecía la revolución bolchevique en sus inicios. Por eso, aunque esas tentaciones habían dejado de serlo años atrás, lo cierto es que en los años cincuenta casi todos los partidos políticos latinoamericanos sentían una cierta nostalgia sus viejas querencias y algunos de ellos, incluso, dejaban de lado la concepción jeffersoniana de la libertad individual como meta exclusiva de la lucha política. En todo caso, muchos adornaban esa urgencia de ser libres a toda costa con cambios sociales que en mayor o menor grado combinaran y hasta subordinaran los derechos del individuo a la necesidad revolucionaria de modificar la estructura política y económica de la sociedad. Sin embargo, nadie se planteaba objetivos que no tuvieran asidero en el mundo real.

Era un callejón sin salida, sobre todo, por la contradicción que representaba ahora la política de buena vecindad patrocinada por Roosevelt en un escenario dominado por el inconmensurable poder imperial de Estados Unidos. Y si bien los partidos políticos latinoamericanos habían renunciado a agitar las aguas sociales más allá de los límites permitidos por Washington, todavía conservaban en la sangre una vaga ilusión de justicia social en versión de marxismo utópico. En el terreno de los hechos concretos, y sin necesidad de recurrir al estudio de situaciones parecidas en Europa, donde la burguesía, desde mediados del siglo XIX, había sabido arropar a la clase obrera para llevarla a participar en un proyecto social común con la finalidad de castrarla como fuerza revolucionaria, puede afirmarse que la opción roosveltiana de una democracia discretamente reformista en lo social, con la aquiescencia del gobierno de Estados Unidos, le ofrecía a estos partidos un acomodo conveniente y posible. Sin embargo, los extremismos generados por la Guerra Fría hacían que incluso ese modesto espejismo de creer posible componer en América Latina una nueva correlación de fuerzas políticas democráticas con el visto bueno norteamericano resultaba exagerado. La confrontación de Estados Unidos y la Unión Soviética obligaba a descartar del menú de opciones regional la posibilidad de impulsar una auténtica apertura democrática en América Latina.

Kennedy y el macartismo

   Entretanto, la aparición de las “democracias” populares en Europa oriental al terminar la II Guerra Mundial, la partición de Alemania y el bloqueo soviético a Berlín en 1948, la entrada de Mao Zedong a Beijing en 1949, la explosión de la primera bomba atómica soviética ese mismo año y finalmente el estallido de la Guerra de Corea en junio de 1950, estremecedoras manifestaciones del inicio de la Guerra Fría, provocaron en la población de Estados Unidos una paranoia colectiva de inmensas proporciones. Joseph McCarthy, senador republicano por el estado de Wisconsin, aprovechó este alterado estado de ánimo y desató en 1950 una verdadera cacería de brujas, cuya primera acción fue denunciar la existencia de una conspiración comunista dentro del Departamento de Estado norteamericano, que involucraba a más de 200 de sus funcionarios.

Esta denuncia no fue más allá del escándalo, pero catapultó a McCarthy a la fama y a la Presidencia de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado. Centenares de destacados miembros del mundo intelectual, científico y del espectáculo desfilaron por la sala de audiencias de la Subcomisión y fueron sometidos a humillantes interrogatorios públicos y obligados incluso a delatar a parientes, amigos y compañeros de trabajo. Esta incansable labor del senador McCarthy, incluyendo la confección de listas negras que condenaban al ostracismo y el desempleo a quienes tuvieran la poca fortuna de ser incluidos en ellas, no produjo ningún proceso legal ni ninguna sentencia judicial de relevancia, pero contribuyó notablemente a incrementar la severidad y la profundidad del dogmatismo con que Estados Unidos, a partir de ese momento, se relacionaría con los gobiernos y los movimientos políticos del resto del planeta, y dividirían dramáticamente al mundo y a la propia sociedad norteamericana. La ejecución en la silla eléctrica de los esposos Ethel y Julius Rosenberg en 1953, acusados de haberle entregado los secretos de la bomba atómica a la Unión Soviética, constituye una buena demostración del clima espiritual que imperaba en Estados Unidos durante aquellos años.

La estrella de McCarthy se apagó abruptamente cuando sus obsesiones lo llevaron al extremo de acusar a altos mandos militares del gobierno de Eisenhower de ser parte de la conspiración. McCarthy fue destituido de inmediato de la Presidencia de su tristemente famosa Subcomisión y muy poco después, en mayo de 1957, como consecuencia de su alcoholismo, murió de cirrosis hepática a los 48 años de edad. A pesar de su temprana desaparición física y del descrédito que significó su abrupta destitución, la avasallante influencia del “macartismo” como expresión intemperante de inadaptación y rechazo a las posiciones discrepantes de los “otros”, modificó tan a fondo los puntos de vista políticos y hasta de ciudadanos comunes norteamericanos, que marcó indeleblemente de inflexibilidad, suspicacias, prejuicios y temores las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo.

El reformismo como opción

Al margen de esa nueva y ofuscada visión de las relaciones internacionales, numerosos miembros de los círculos políticos y académicos de Estados Unidos insistían en preguntarse si el sostenido respaldo de Washington a los tradicionales dictadores latinoamericanos le brindaban a Estados Unidos garantías suficientes para frenar una eventual penetración comunista en la región, o si no sería muchísimo más beneficioso para los intereses de Estados Unidos apoyar la aparición y fortalecimiento de regímenes democráticos y reformistas, pues a pesar de que en su seno pudieran engendrarse algunas tendencias desestabilizadoras, a la larga, esta apertura política ofrecía la oportunidad de facilitar la progresiva liberación de las graves y crecientes tensiones sociales de los pueblos latinoamericanos por la válvula de escape de una democracia formal, controlada y condicional.

Esta reflexión sobre la eficacia estratégica de respaldar un proceso de democratización regional recibió un apoyo imprevisto en 1958, cuando el vicepresidente Nixon, de visita oficial en Caracas, fue objeto de acoso y hasta de agresiones físicas suscitadas por un hondo sentimiento popular antiestadounidense. En el marco del desconcierto provocado por aquellas protestas callejeras en la capital venezolana comenzaron a adquirir mayor peso los razonamientos liberales en favor de cambios políticos y sociales en América Latina, aunque sólo fuese con la pragmática finalidad de evitar males mayores y fuera de control. En todo caso, este análisis de la tensa encrucijada latinoamericana impulsó en Washington el debate sobre la conveniencia de darle mayor apoyo a las políticas “reformistas” que comenzaban a proponerse para América Latina como mecanismo disuasorio de esos males peores. Desde esta perspectiva, y a medida que crecía la certeza de que cada día se haría más difícil contener por la fuerza las protestas de las masas latinoamericanas, se consolidaba la conjetura de que, además de una gradual apertura política, tal vez resultaría rentable admitir moderadas reformas de carácter económico y social.

Esta toma de conciencia adquirió un gran peso al iniciarse la década de los años sesenta, con el gobierno de John F. Kennedy, empeñado en ajustar sus pasos a las huellas dejadas por Roosevelt, y coincidía con los proyectos que propugnaban los principales movimientos democráticos de la región, algunos de los cuales ya habían conquistado democráticamente el poder o se habían transformado en vigorosos partidos políticos con opción de hacerlo. Era inevitable que de esas coincidencias surgieran alianzas muy estrechas, como la que tejieron Kennedy y Rómulo Betancourt, a la sazón presidente de Venezuela, que muy pronto ejercería una influencia de gran importancia política en todo el sur del continente.

En este esfuerzo por apaciguar los ánimos latinoamericanos resultó crucial el papel que desempeñó W. W. Rostow, asesor del presidente Kennedy en la elaboración de su política para América Latina, cuya nave insignia fue la Alianza para el Progreso. La tesis de Rostow, recogida en su libro The Stages of Econmic Growth: A Non-Comunist Manifesto, publicado por la editorial de la Universidad de Harvard en 1960, se correspondía con el respaldo que años antes le había dado a la política de Truman a las economías y finanzas de Grecia y Turquía con la finalidad de que sirvieran de freno a la expansión soviética en Europa. Según Rostow, en aquel punto crítico de la historia regional, era imprescindible erradicar de América Latina las condiciones de subdesarrollo y miseria que la convertían en un polvorín, y promover su desarrollo económico. Sólo de este modo, afirmaba, podría Estados Unidos garantizar a corto plazo la seguridad regional y la conservación de sus vastos intereses estratégicos y económicos en el hemisferio occidental.

En apoyo a esta audaz proposición acudió involuntariamente Raúl Prebisch, secretario general de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), al plantear con ardor la tesis de que el origen de todos los males regionales había que buscarlo en la naturaleza periférica de las economías de América Latina, dominadas por la de Estados Unidos. De acuerdo con esta interpretación “cepalista” de la dependencia, la mejor manera de superar los conflictos que acechaban a la región, tanto por las graves contradicciones que la afectaban desde hacía décadas, como por la proyección del modelo revolucionario cubano, era alentar programas de reforma agraria y de acelerada industrialización, ambos a nivel continental, que les permitiera a las naciones latinoamericanas incrementar la producción de alimentos, mejorar las condiciones de vida de la población campesina y sustituir muchos productos importados por manufacturas nacionales.

La revolución cubana

   Al iniciarse aquel año 1959, nadie podía incluir en sus cálculos sobre el porvenir continental las traumáticas consecuencias, muchas de ellas irreversibles, que produciría en Cuba y en el resto de América Latina el triunfo político y militar de la guerrilla del Movimiento 26 de Julio. Dentro del marco teórico que comenzaba a articularse en Washington, los barbudos de la Sierra Maestra, transmutados de la noche a la mañana en gobierno revolucionario, apenas constituían una expresión más o menos folklórica de la subdesarrollada cultura política latinoamericana y nadie los percibía como una amenaza a la estabilidad política regional. Los derrocamientos de los dictadores Juan Domingo Perón y Manuel Odría en 1956 y de Marcos Pérez Jiménez en 1958, sin que en sus países se produjeran turbulencias internas que desgarraran las tradicionales relaciones de Washington con América Latina, hacían natural la cómoda inclinación de ubicar a Fidel Castro, a pesar de las reservas que generaban sus excentricidades y del rechazo general a una justicia “revolucionaria” entendida por el nuevo gobierno cubano como exterminio físico del enemigo, entre los líderes reformistas que surgían en América Latina durante aquellos días de grandes cambios políticos. Recuérdese que, desde 1958, tres importantes dirigentes democráticos latinoamericanos habían conquistado electoralmente la Presidencia de sus países: Rómulo Betancourt en Venezuela, Arturo Frondizi en Argentina y Alberto Lleras Camargo en Colombia, y otros tres estaban a un paso de lograrlo: Janio Quadros en Brasil (1961), Fernando Belaunde Terry en Perú (1963) y Eduardo Frei Montalvo en Chile (1964).

No obstante, cuando Hugh Thomas reconocía que en enero de 1959 La Habana fue escenario de la aurora de un tiempo nuevo, América Latina, incluyendo a Cuba, se miraba mansamente en el espejo de una contención política que orientaba sus figuraciones hacia formas de cambio que no trascendieran la esfera de lo aceptado por Washington. Un conformismo que, no obstante, le concedía a los latinoamericanos y a los cubanos en particular, el poder pensar en un futuro político diferente, todo lo mediatizado que se quisiera, pero cambio, al fin y al cabo, factible.

En realidad, esta parecía ser en 1959 la única forma de construir en América Latina una sociedad distinta, aunque los condicionamientos interpuestos por Estados Unidos obligaban a las fuerzas democráticas del continente a reducir sus aspiraciones a satisfacciones muy modestas, incluso para el pensamiento discretamente reformista de la época. En definitiva, los dirigentes políticos latinoamericanos entendían que, a cambio de sacrificar sus proyectos más ambiciosos, si emprendían este rodeo de prudencia y buena conducta pública que les “sugerían” desde Washington, al final alcanzarían un destino al menos formalmente democrático para sus naciones.

Muy pronto, sin embargo, el derrocamiento del dictador Batista les haría comprobar a unos y otros la magnitud de este error. En lugar de dar nacimiento a una democracia negociada, como sucedía en otras naciones del continente, el derrocamiento de la dictadura en Cuba se convirtió de repente en una revolución que dejaba muy atrás sus simpáticas características de estallido popular con aires de romanticismo garibaldino y le presentó al gobierno de Estados Unidos, a sólo 90 millas de su territorio, el desafío de una revolución socialista que, además, desde el primer día, se entregó de lleno a la tarea subversiva de exportar su ideología y sus métodos de lucha violentos.

Este fue el dilema que muy poco después de su triunfo político y militar Fidel Castro le presentaría a los cubanos, la inmensa mayoría de los cuales suponía que el derrocamiento de la dictadura daría lugar a una rápida restauración de la democracia mediante dos acciones políticas perfectamente previsibles: devolverle de inmediato su vigencia a la Constitución de 1940, abolida por el golpe militar de Batista el 10 de marzo de 1952, y la convocatoria a elecciones generales libres y transparentes en un plazo no mayor de 12 meses. En definitiva, recuperar ese pasado de democracia burguesa y liberal había sido el aspecto central del programa públicamente asumido por Castro y por todas las organizaciones políticas y cívicas cubanas que se habían opuesto a Batista, y nadie tenía razón alguna para poner en duda a priori la sinceridad de este doble compromiso. Sin embargo, el pensamiento político y los planes secretos de Castro apuntaban en una dirección muy distinta a la de una simple restauración de la democracia en Cuba.

Por supuesto, ponerle fin a la dictadura de Batista era el primer paso, pero sólo como pretexto, aunque resulta imposible establecer el momento en que Castro tomó la decisión de fijarle a Cuba el rumbo que llevó la isla al socialismo. No obstante, muy pocas semanas tardaron los hechos en poner de manifiesto que el verdadero y subversivo objetivo del movimiento insurreccional castrista iba muchísimo más allá de la cosmética reivindicación formal de la democracia tal como se concebía entonces en todo el continente. La meta de Castro, oculta para todos menos para un pequeño grupo de hombres de su mayor confianza, era la construcción, sobre los escombros de la dictadura batistiana, una Cuba nueva, rigurosamente revolucionaria, socialista y antiimperialista.

Manuel Piñeiro, alias Barbarroja, testigo de excepción por haber sido desde abril de 1959 el hombre de confianza de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara para dirigir desde La Habana las actividades subversivas cubanas en América Latina, primero desde los organismos de inteligencia y contrainteligencia del gobierno revolucionario y después, durante muchísimos años, desde la jefatura del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, le declaró en octubre del año 2003 a los periodistas Ivette Zuazo y Luis Suárez Salazar, lo siguiente:

“Desde La historia me absolverá, Fidel manifiesta la vocación latinoamericanista de la Revolución Cubana. Fidel mismo había participado en el Bogotazo, en actividades de solidaridad con la lucha por la independencia de Puerto Rico, la soberanía de las Malvinas, la recuperación del canal de Panamá y en la fallida invasión a la República Dominicana desde el cayo cubano de Confites para derrocar al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Años después Fidel se encuentra en México con el Che, en quien ya existía esa misma voluntad, marcado por la experiencia de la derrota de Jacobo Arbenz en Guatemala. En ese país el Che conoció a muchos líderes revolucionarios del continente, que fortalecieron sus sentimientos y convicciones antiimperialistas y latinoamericanistas. Lo otro es que antes de partir a Cuba en el Granma, el Che le indicó a Fidel que tan pronto como terminaran sus responsabilidades con la Revolución Cubana, quería tener la libertad de integrarse a la lucha revolucionaria en algún otro país de Latinoamérica, preferiblemente en Argentina.”[5]

En otro momento de esta reveladora entrevista, Piñeiro señala que no puede recordarlos a todos, pero que, desde los primeros días de la Revolución cubana, numerosos dirigentes de la izquierda latinoamericana viajaron a La Habana para reunirse con el Che y hacer planes de acción insurreccional inmediatos. Entre esos visitantes menciona a “los nicaragüenses Carlos Fonseca, Tomás Borge, Rodolfo Romero y el ex oficial del ejército somocista Somarriba; los guatemaltecos Turcios Lima, John Sosa, Julio Cáceres Patojo, amigo íntimo y muy querido por el Che; los peruanos Luis de la Puente Uceda, Héctor Béjar y Javier Heraud; los peronistas William Cooke y Alicia Eguren; los colombianos Fabio Vásquez (quien llegaría a ser jefe del Ejército de Liberación Nacional en ese país), los hermanos La Rota y el secretario general del PC colombiano, Gilberto Vieira; el secretario general del PC uruguayo, Rodney Arismendi; los principales dirigentes de los partidos socialista y comunista chilenos, Salvador Allende y Jaime Barrios; y los principales dirigentes del PC venezolano, acompañados de Fabricio Ojeda.”

Los recuerdos de Piñeiro y las actividades que desarrolló la izquierda latinoamericana a partir de 1959 ponen de relieve que, si 10 años más tarde, en el París de 1968, la juventud francesa reclamaría con apasionado entusiasmo todo el poder para la imaginación, en América Latina, al concluir la década de los años cincuenta, el triunfo de la insurrección contra Batista le ofrecía a la juventud latinoamericana la posibilidad de soñar con la demolición de los muros que la experiencia histórica, el oportunismo de sus élites y la corrupción intelectual de su dirigencia política habían contribuido a levantar como diques infranqueables a cualquier cambio social medianamente profundo. El triunfo del movimiento revolucionario de Fidel Castro en Cuba, que muy pronto iba a retar a Estados Unidos hasta con una guerra nuclear, y la adopción en América Latina de la radical tesis guevarista del “foquismo” como método de acción revolucionaria para abolir a punta de pistola la dogmática exigencia leninista de las condiciones objetivas, quemar en ese atajo heterodoxo largas etapas del proceso revolucionario y acelerar al máximo la toma del poder por la vía fulminante de la lucha armada, todo ello basado exclusivamente en condiciones subjetivas, incendió, desde enero de 1959, la vasta pradera latinoamericana. En aquel excepcional punto de inflexión del proceso político regional, el dilema democracia o dictadura con que Arciniegas resumía la vieja controversia sobre el rumbo a emprender en América Latina, con el triunfo de la insurrección en Cuba, de golpe y porrazo pasó a ser otra disyuntiva, muchísimo más categórica, inquietante y peligrosa: democracia burguesa o revolución socialista. Ya no habría paz en América Latina.

[1] Hugh Thomas, Cuba: The Pursuit of FreedomNew York y Londres, 1972

[2] Lyman B. Kirpatrick, The Real CIA, capítulo 7, “Batista’s Cuba”, New York, 1968.

[3] Dwight E. Eisenhower, Memoirs of Change, New York, 1963, página 521 y siguientes.

[4] The Memoirs of Richard Nixon, New York, 1979, página 416.

[5] En Cuba: entrevista al comandante Manuel Piñeiro Losadawww.indymediapro.org , octubre 3, 2003.

América 2.1

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