El colapso de la educación en Venezuela

Armando Durán:

Crecer en Venezuela no es fácil, entre otras razones, porque el proceso político puesto en marcha por Hugo Chávez tras su victoria en las elecciones de diciembre de 1998, a pesar de seguir jactándose de ser revolucionario y socialista, con todos los sacrificios que ese alarde retórico produce en materia de libertades individuales y derechos políticos y sociales, constituye un problema sin solución previsible a corto y mediano plazo. Un resultado y una contradicción entre la teoría y la práctica, que se hizo particularmente palpable estos días. En primer lugar, porque el pasado 15 de enero se celebró en Venezuela el Día del Maestro y las manifestaciones de los educadores en Caracas y en las principales ciudades del país, desde haces años no de júbilo y alegría, sino para expresar su creciente malestar y sus apremiantes necesidades, una vez más fueron acosadas y reprimidas por fuerzas regulares e irregulares del régimen. En segundo lugar, porque con motivo de esa frustrada festividad, la caraqueña Universidad Católica Andrés Bello le propuso al régimen que preside Nicolas Maduro destinar 30 por ciento de lo recaudado por el Estado con el cobro del IVA a “enfrentar la deserción y el rezago pedagógico que sufre Venezuela, construir más de 24 mil escuelas, atender socioeconómicamente a los maestros, preparar a más de 250 mil docentes y garantizar a los venezolanos una educación inclusiva y equitativa de calidad.” Es decir, un programa de urgente de inversión pública para facilitar el regreso a las aulas de maestros y profesores que se han visto forzados a abandonarlas para  emigrar o ganarse la vida en otros menesteres, recuperar centros educativos destartalados, darle a los docentes los ingresos que les permitan vivir dignamente y brindarles la oportunidad de mejorar continuamente su formación profesional, requisitos indispensables para que los ciudadanos cuenten son un sistema de educación como debe ser, de excelencia y posible para todos los niños y jóvenes del país.

Según denunció Maduro este 15 de enero en un punto clave de su discurso de 6 horas ante la Asamblea Nacional en el acto de entregarle a la nación su informe de gestión como jefe del gobierno correspondiente al año 2023, las abrumadoras menguas que desde hace años sufren los venezolanos son la consecuencia directa de la “guerra económica” que libra su gobierno para superar los múltiples y devastadores efectos generados por lo que él y los suyos califican de “bloqueo del imperio” a la economía nacional. Sin mencionar, por supuesto, que la serie de sanciones económicas impuestas al régimen chavista solo afectan la economía nacional desde 2019, como respuesta colectiva de Estados Unidos y de la inmensa mayoría de los gobiernos democráticos de la Unión Europea, Asia y las dos Américas a la reelección de Nicolás Maduro, mediante la escandalosamente fraudulenta elección presidencial realizada el año anterior.

Para ese momento, sin embargo, la compleja crisis política, económica y social de Venezuela ya hacía catastróficos estragos en la vida de los ciudadanos. Como hecho que vale la pena tener  muy presente para explicar por qué Venezuela se ha hundido en el vacío de un abismo sin precedentes, debemos destacar el desmantelamiento sistemático de la industria petrolera venezolana, que desde los años veinte del siglo pasado y hasta ese día había sido el factor esencial del desarrollo del país, desatado por Chávez el año 2000, al tomar la decisión de convertir a PDVSA, la exitosa empresa estatal petrolera de Venezuela, en la fuente financiera y sin control de su agresiva política de clientelismo partidista en Venezuela y en el resto de América Latina. Un dato a tener en cuenta es que, para la fecha de la elección de Chávez como presidente de la República, la producción venezolana de crudo era de tres millones 200 mil barriles diarios, y contemplaba, el desarrollo de un ambicioso programa de apertura del sector a la inversión privada internacional, elevarla hasta seis millones de barriles diarios. Por otra parte, la nacionalización de la industria en 1976 había propiciado la construcción de una importante red de refinerías que bastaban para procesar toda la demanda nacional de carburantes y añadir a las exportaciones petroleras un porcentaje cada vez mayor de productos refinados. Doce años después, al fallecer Chávez y asumir Maduro la Presidencia de Venezuela, esta suicida politización de la industria había provocado el descenso de la producción de crudos a un millón y medio de barriles diarios, equivalente a casi dos terceras partes de la producción petrolera venezolana de 1999. En la actualidad, primero como consecuencia de esta política petrolera chavista y desde 2019 con el agregado de  las sanciones al comercio internacional de petróleo, la producción nacional de crudo se redujo aun más y apenas llega al millón de barriles diarios, las refinerías están prácticamente paralizadas por falta de mantenimiento y la escasa gasolina que se surte en las estaciones de servicio del país, importada de Irán, es de un octanaje menor a la que tiene la gasolina regular que se comercializa en el resto del mundo.

En paralelo a esta deconstrucción de la industria petrolera nacional, se ha pulverizado el valor del bolívar. La primera señal de que la consecuente y descomunal destrucción del poder adquisitivo de la moneda nacional se produjo en 2007, cuando el gobierno de Chávez se vio obligado a quitarle tres ceros a la tasa de cambio del bolívar, que a partir de esa notable devaluación pasó a llamarse “bolívar fuerte”. En 2018, un año antes de que comenzaran a aplicarse las sanciones al régimen, el gobierno de Maduro tuvo que quitarle otros 5 ceros a la tasa de cambio y el bolívar fuerte se convirtió de pronto y misteriosamente, en “bolívar soberano”, que apenas tres años después dejó de ser fuerte y soberano, hasta el extremo de que para entonces se necesitaban varios millones de bolívares para comprar un dólar. Decisión insuficiente, pues apenas tres años después, en octubre de 2021, al gobierno de Maduro no le quedó más remedio que quitarle otros 6 ceros a la tasa de cambio y surgió el “bolívar digital.” En total, tres devaluaciones del bolívar que suman 14 ceros menos al valor de la moneda nacional, como resumen exacto del incalificable manejo económica de Venezuela, no de las sanciones, y causa de que casi 8 millones de venezolanos, aproximadamente un tercio de la población, desesperados por la situación de miseria sin remedio a la que han sido condenados, hayan escapado del país, incluso a pie, con los bolsillos vacíos y corriendo todos los peligros que acarrea los desafíos que entraña recorrer el páramo que separa a Venezuela de Colombia y atravesar la impenetrable selva del Darién.

La enormidad de esta crisis económica y social se entiende mejor si recordamos que el salario mínimo y la pensión de vejez que el Instituto Venezolano del Seguro Social concede a los ancianos del país, que constituye el ingreso básico de casi diez millones de trabajadores y jubilados se mantiene igual desde hace más de dos años. Y que los ingresos mensuales de un maestro, incluyendo las bonificaciones que discrecionalmente concede el gobierno de acuerdo con una política salarial denunciada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apenas llega a 15 dólares. Penosa situación que afecta por igual a los profesores de educación secundaria y universitaria, como señalaba la semana pasada Leonardo Azparren en mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, quien a pesar de ser profesor titular y a dedicación exclusiva de la Universidad Central de Venezuela, con 40 años de experiencia docente y una veintena de libros en su especialidad apenas cobra, incluidas las bonificaciones, 47 dólares mensuales.

Dura realidad que ha producido el colapso total del sistema educativo venezolano y explica cómo y por qué un país que hasta finales del siglo pasado era el espejo en el que deseaban mirarse la mayoría de los países latinoamericanos, se ha convertido, en estos primeros años del siglo XXI, gracias a la mal llamada revolución bolivariana, en un país que compite con Haití por el título de la nación más pobre y miserable de América Latina.-

América 2.1