Víctor Álvarez R./Revista SIC:
La solución del conflicto venezolano no puede pretender la capitulación o rendición incondicional del adversario, ni mucho menos el exterminio del contrario. En caso de un cambio en el mando político, el nuevo presidente tendría que coexistir con una Asamblea Nacional en contra, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrían bajo el control del oficialismo. Con todos ellos el nuevo presidente está llamado a entenderse. Por lo tanto, para poder gobernar tendrá que reconocer a su adversario y hacer posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.
Venezuela necesita un acuerdo de gobernabilidad que convierta en aliados a los antiguos enemigos políticos, a través de una fórmula incluyente de convivencia pacífica y cogobierno. Para evitar que al cambio político le siga una crisis de gobernabilidad, los factores en pugna están llamados a concertar un Programa de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales, el cual se comprometen a continuar, independientemente de quien resulte ganador.
Transiciones políticas exitosas han comenzado por un período de coexistencia y cogobierno entre adversarios que no solo fueron parte activa de las negociaciones, sino que terminaron integrando el nuevo gobierno que resultó de las elecciones. Al interés nacional le conviene la incorporación de la oposición al actual gobierno y, en caso de un cambio en el mando político, la incorporación al nuevo gobierno de quien pase a ser la oposición. Esta fórmula facilitará el respaldo y continuidad del programa de reformas previamente pactado, lo cual facilitará la gobernabilidad poselectoral.
Los incentivos y apoyo de la comunidad internacional serán claves para un gobierno de coalición, cuya conformación puede ser estimulada e incentivada no solo con la flexibilización de las sanciones, sino también con la rebaja y reestructuración de la deuda externa, la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales y las inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo. Con estos incentivos, un gobierno de coalición podrá llevar a cabo las reformas económicas, sociales e institucionales necesarias para que el nuevo gobierno que surja de las próximas elecciones presidenciales, en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social, más bien reciba una economía saneada, un Estado reinstitucionalizado y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.
Los cambios políticos por si mismos no garantizan que la situación económica y social mejore. El nuevo gobierno heredará una enorme deuda social, tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones, escasez de combustibles, deterioro de la infraestructura vial y colapso de los sistemas públicos de educación y salud. Recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo. Familias completas huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.
Para corregir los graves desequilibrios que generan la inflación, contraen la producción e impiden la generación de empleo, el nuevo gobierno tendrá que aplicar drásticos correctivos que no suelen ser bien recibidos por los sectores más vulnerables que protestan –con mucha razón–, cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo del ajuste. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, tendrá que reestructurar toda la administración pública para reducir el exagerado número de ministerios, liquidar entes públicos inoperantes y privatizar empresas públicas que terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo y la corrupción; tendrá que reducir los subsidios y sincerar las tarifas de los servicios públicos a fin de generar ingresos propios que permitan su mantenimiento y repotenciación; y tendrá que hacerlo en un país empobrecido donde el ingreso familiar no alcanza para comprar la canasta alimentaria, mucho menos para cubrir el costo de los demás servicios.
A las medidas de ajuste suele atribuirse un impacto social y un costo político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican. El creciente descontento social aborta las reformas económicas y desemboca en el reemplazo del gobierno que impulsó las mismas. Recordemos lo que le pasó a Macri en Argentina, a Lenin Moreno en Ecuador, al expresidente Sebastián Piñera en Chile, y la ola de protestas en Colombia que desencadenó la reforma tributaria que intentó Duque. En Argentina, Javier Milei enfrenta un creciente malestar social y ola de protestas por el drástico ajuste que está llevando a cabo. En Venezuela, la viabilidad económica de una transición política, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países y contemplar las medidas de protección social para compensar los efectos no deseados de las medidas económicas de ajuste.
Un Pacto de Convivencia Pacífica es necesario para evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad. En vez de apostar al fracaso del otro, los actores en pugna están llamados a cooperar y compartir las críticas y méritos por las medidas de ajuste que será necesario aplicar en el marco de un Gobierno de Coalición para hacer posible la reconstrucción nacional.-
