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Abolir todas las leyes de traición y sedición

Los Estados saben que las leyes de traición y sedición son mucho más que cuestiones de orden público. Son componentes esenciales para reforzar su poder

La palabra «traición» ha disfrutado de un cierto renacimiento en los últimos años en la izquierda. Antes era más popular en la derecha. Durante la Guerra Fría, los conservadores la empleaban con frecuencia para exigir el exilio o la ejecución de sus enemigos ideológicos. Hoy en día, los activistas antiinmigración suelen denunciar a sus oponentes como «el lobby de la traición».

Pero es en la izquierda donde la palabra parece tener sus defensores más devotos en este momento. Robert Reich, por ejemplo, está seguro de que Donald Trump es culpable de traición, y Trump ha sido acusado de traición desde al menos 2018 por una variedad de supuestos delitos como la «colusión» con los rusos. A raíz de los disturbios del 6 de enero, no han faltado comentarios denunciando a los partidarios de Trump en general como culpables de traición.

Por otro lado, aquellos que sospechan —correctamente— que ni Trump ni sus partidarios han hecho nada que encaje en la definición legal de traición han recurrido a menudo a la acusación menor de «sedición» en su lugar.

Ninguno de los dos términos tiene cabida en una sociedad libre. Palabras como «traición» y «sedición» se basan ambas en la idea de que los miembros de la sociedad pueden traicionar de algún modo al régimen, y que el mantenimiento del régimen es algo que todo el mundo debería valorar. Peor aún, el uso de estos términos sugiere que el usuario cree que los culpables de traición o sedición deberían estar sujetos a penas más duras porque sus actos «sediciosos» se cometieron contra personas muy especiales que trabajan para un régimen.

En una sociedad libre, sin embargo, se reconoce que nadie «debe» al gobierno lealtad o aprobación. En una sociedad libre, los agentes del gobierno, como los soldados de EEUU o la policía del Capitolio, no son personas especiales que merezcan protecciones legales especiales más allá de las que recibiría cualquier ciudadano particular. En una sociedad libre, lo que un día es traición no lo es de repente al día siguiente porque haya personas diferentes en el poder.

Por desgracia, la traición y la sedición (de diversos tipos) son delitos perseguibles desde hace mucho tiempo en la legislación federal. Además, la mayoría de las constituciones y leyes estatales contienen sus propias disposiciones para perseguir estos «delitos», acompañadas de penas a menudo severas. Estas leyes —a cualquier nivel de gobierno— no son necesarias ni prudentes, y existen principalmente para aumentar los poderes que los regímenes tienen sobre sus desventurados pagadores de impuestos y súbditos.

Ha llegado el momento de abolir por completo la traición y la sedición de las cortes y las constituciones de América.

Los ciudadanos no deben nada al régimen

Términos como «traición» y «traidor» perpetúan el mito de que los americanos le deben algo al régimen, o que el monopolio coercitivo del régimen se basa de algún modo en un acuerdo libre y voluntario —un «contrato social» imaginario— entre el régimen y quienes viven bajo él.

Sin embargo, el llamado «contrato social» no es en absoluto un contrato. Podemos verlo en cómo sólo una parte del contrato se mantiene en el trato. Se nos dice que los ciudadanos de a pie debemos pagar impuestos y ser leales al régimen como «el precio que pagamos por la civilización», o porque el régimen «nos mantiene a salvo». Si no cumplimos nuestra parte del «contrato», es probable que acabemos en la cárcel. Pero, ¿qué ocurre cuando el régimen no cumple su parte del trato? ¿Qué ocurre cuando el gobierno permite que ocurran cosas como el 11-S, o cuando el régimen inunda las ciudades de extranjeros no controlados repartiendo alojamiento y dinero gratis a cualquiera que se presente? ¿Qué ocurre cuando los agentes de policía se niegan a enfrentarse a un pistolero en una escuela porque se considera más importante la seguridad de los agentes del gobierno? ¿Se anula el contrato? Por supuesto que no. Tú, súbdito, estás obligado a seguir pagando por ese contrato social pase lo que pase. ¿Y si el régimen no proporciona esa «civilización» o seguridad en su parte del «contrato»? Bueno, entonces probablemente te dirán que no pagas suficientes impuestos. La idea de que es posible traicionar o cometer traición contra un contrato tan fraudulento es un absurdo.

El gran libertario americano Lysander Spooner se dio cuenta de ello a mediados del siglo XIX. Como muestra en su ensayo de 1867 «No a la traición», los americanos no están moralmente obligados por la Constitución de EEUU ni por sus agentes. La relación entre el americano medio y el gobierno de EEUU no es contractual. En el mejor de los casos, la Constitución sólo fue un contrato entre quienes la ratificaron y el régimen. Esas personas ya están muertas.

Para Spooner, a menos que una persona dé su consentimiento explícito y apruebe la Constitución y sus nociones de traición (entre otras nociones), no se puede decir que una persona sea ningún tipo de traidor:

“Es evidente que este consentimiento individual es indispensable para la idea de traición; porque si un hombre nunca ha consentido o acordado apoyar a un gobierno, no quebranta su fe al negarse a apoyarlo. Y si le hace la guerra, lo hace como enemigo abierto, y no como traidor, es decir, como traidor o amigo traicionero”.

El régimen y sus agentes no son especiales

Una premisa clave que subyace a los conceptos de traición y sedición es la noción de que los empleados del gobierno y la propiedad gubernamental son de alguna manera muy especiales. Los delitos contra la policía del gobierno, los soldados del gobierno, los burócratas y la propiedad del gobierno se consideran delitos especiales merecedores de penas más largas. Es decir, leyes como las de traición y sedición son similares a las denominadas leyes de delitos de odio, en las que los acusados están sujetos a penas más severas debido a quién es la víctima.

Quienes se oponen a las leyes contra los delitos motivados por el odio llevan mucho tiempo señalando que los delitos deben juzgarse en función de la naturaleza del delito, y no de si una persona pertenece o no a alguna clase protegida arbitrariamente. Estos críticos tienen razón. Desgraciadamente, no se dan cuenta de que la misma premisa se emplea en casos de traición y sedición: estos delitos se tratan con mayor dureza en la ley porque las víctimas son miembros de una clase especialmente protegida.

Además, como han señalado quienes se oponen a las leyes contra los delitos de odio, ya es ilegal asesinar a personas y robar propiedades. Por lo tanto, si un supuesto traidor o insurrecto entra en una propiedad del gobierno, destroza esa propiedad o agrede a empleados del gobierno, todos estos actos ya son ilegales. Ya es ilegal volar edificios con gente dentro. Ya es ilegal asesinar a personas, lleven o no un uniforme especial del gobierno.

Así, leyes como la traición y la sedición existen principalmente para enviar un mensaje: el mensaje de que la gente del régimen y los bienes del régimen son más valiosos que la gente y los bienes del sector privado productivo.

Lo que ayer no era traición, hoy es traición

En una sociedad libre, la naturaleza jurídica del delito no cambia de un día para otro simplemente porque cambien los gobernantes.

En el caso de la traición y la sedición, sin embargo, esto es común, y ciertamente ha ocurrido en América. Después de que comenzaran las hostilidades abiertas entre las colonias americanas y el Imperio Británico en abril de 1775, muchos secesionistas americanos habían estado participando en innumerables actos que estaban claramente definidos como traición y sedición según la ley británica.

Esto no impidió que los americanos dieran media vuelta y declararan traidores a todos sus propios oponentes internos. Por ejemplo, el 5 de junio de 1776, el Congreso Continental emitió una proclama que decía:

“Que todas las personas, miembros de, o que deban lealtad a cualquiera de las Colonias Unidas, como se describió anteriormente, que levante la guerra contra cualquiera de dichas colonias dentro de la misma, o sea adherente al rey de Gran Bretaña, u otros enemigos de dichas colonias, o cualquiera de ellos, dentro de la misma, dándole a él o a ellos ayuda y consuelo, son culpables de traición contra dicha colonia”.

Obsérvese que, en esta definición de traición, ni siquiera es necesario cometer actos manifiestos contra el régimen. Un traidor sólo necesita ser un «adherente al rey de Gran Bretaña». En otras palabras, las personas que no eran traidoras en 1775 se transforman en traidoras en 1776 basándose en poco más que el hecho de que un grupo diferente de personas se declaran los legítimos monopolistas del Estado. (La ironía de que un grupo de traidores declare que los no traidores del año pasado son los nuevos traidores de este año ilustrará para siempre la incoherencia moral de los Estados modernos).

El Congreso Continental tampoco se contentó con dejar las cosas así. La declaración del 5 de junio recomendaba además «a las legislaturas de las diversas Colonias Unidas, que aprueben leyes para castigar, de la manera que les parezca conveniente, a las personas antes descritas, que sean probadamente culpables de obra abierta, por personas de su condición, de cualquiera de las traiciones antes descritas».

Posteriormente, todas las colonias, excepto Georgia, promulgaron sus propios estatutos de traición.

Los americanos, por supuesto, no son los únicos pioneros en este vergonzoso fenómeno. La historia ofrece muchos casos en los que los cambios de régimen convirtieron a activistas leales en traidores y sediciosos en cuestión de horas, todo dependiendo del régimen gobernante que estuviera en el poder. Las oleadas de secesión e independencia política que se produjeron tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría cambiaron la definición de traición y lealtad para cientos de millones de seres humanos, todo ello en función de dónde se trazaran las nuevas y arbitrarias fronteras nacionales.

Abolir la traición y la sedición en la ley

El lenguaje jurídico de la sedición y la traición sigue siendo importante para los regímenes por su poder propagandístico. Cuando los regímenes gobernantes definen la traición en sus documentos legales, están estableciendo que han alcanzado el estatus de monopolio estatal y afirman que el régimen castigará cualquier desafío a ese poder monopolístico más duramente de lo que castigaría los meros actos ordinarios de allanamiento, robo o violencia. En el caso de la sedición, los Estados establecen que incluso castigarán las palabras que desafíen el monopolio estatal. Como afirma el historiador Mark Cornwell en su estudio sobre la traición en el Imperio austriaco, los regímenes «han utilizado la traición como un poderoso instrumento moral para gestionar la lealtad».

Los Estados saben que las leyes de traición y sedición son mucho más que cuestiones de orden público. Son componentes esenciales para reforzar el poder del Estado.

Sin embargo, no basta con borrar este lenguaje de las constituciones federal y estatales. La historia ha demostrado que los gobiernos consideran el silencio legal como un consentimiento a una serie interminable de leyes nuevas y abusivas. En su lugar, un lenguaje similar al de la Primera Enmienda resulta más prometedor: «El Congreso/la legislatura no promulgará ninguna ley para la creación o el castigo de la traición o la sedición…». Y así sucesivamente.

Esto, por supuesto, también sería insuficiente, ya que ninguna declaración de derechos o constitución escrita es suficiente en sí misma para evitar el despotismo. Sin embargo, tal lenguaje serviría como un útil recordatorio de que la traición y la sedición son fundamentalmente conceptos que existen para proteger a los regímenes, y no al pueblo.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.


Ryan McMaken es editor ejecutivo del Instituto Mises. Tiene una licenciatura en economía y una maestría en políticas públicas, finanzas y relaciones internacionales.

Panam Post

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