César Pérez Vivas:
El régimen venezolano ha criminalizado la política democrática. El nivel de intolerancia y manipulación de la realidad a la que hemos arribado no tiene precedentes en América Latina en lo que va del presente siglo. La determinación de la cúpula madurista de perpetuarse en el poder no solo los llevó de instalar un sistema hegemónico, con un ventajismo sin parangón en los sistemas políticos contemporáneos, sino lo más grave los llevó a cometer el crimen mayor de desconocer el mandato ciudadano del 28 de Julio pasado.
El mundo democrático ha sido categórico al exigir a los representantes del poder público venezolano una clara y convincente demostración del expediente que sostiene los resultados anunciando a Nicolás Maduro como presidente electo de la república. Dicho de otra forma, se le exige exhibir las actas de cada una de las mesas de votación que funcionaron el 28 de julio.
Pero los titulares del poder y sus voceros propagandísticos pretenden que la carga de la prueba la asuma la oposición política, que de forma diligente logró recibir alrededor del 80 % de los códigos QR de las actas emanadas de las mesas de votación, asícomo un volumen importante de las copias físicas de las mismas.
Olvidan los responsables de tamaño despropósito que la constitución, las leyes y reglamentos que norman estos procesos obligan al poder público a exhibir, en sitios web, todas las actas. Pasó ya el primer mes del evento y no hicieron la publicación en la Gaceta Oficial de la República, tal y como lo ordena el artículo 155 de la ley orgánica de procesos electorales.
Después de un mes no se publican los resultados mesa por mesa y la camarilla roja pretende que todos los ciudadanos aceptemos como cierta su postura. Quieren imponer a sangre y fuego su narrativa y su resultado. Su palabra no puede ser objetada, pretenden cubrir con el manto de la infalibilidad sus temerarias afirmaciones. Dudar, cuestionar ese resultado, exigir transparencia, publicación desglosada de los resultados, examinar críticamente la absurda sentencia de la sala electoral constituye causa suficiente para ser llevado a prisión e imputado, por el glosario de delitos seleccionados para darle un barniz de legalidad a la brutal ola represiva desata.
Lo cierto es que a partir del fraude perpetrado contra la soberanía popular Maduro y su entorno han declarado la guerra a la política como expresión de la vida social de la nación venezolana. De facto han suspendido los derechos civiles y políticos de la sociedad y de los sectores políticos democráticos. Han criminalizado la protesta ciudadana, han lanzado a la calle a los escuadrones armados, mejor conocidos como colectivos, para sembrar el terror y frenar la protesta legítima de un pueblo que se siente burlado por el poder. Muertos, heridos y daños que el poder le imputa a los ciudadanos que protestan y/o opinan en las diversas redes sociales. Han convertido en delitos hechos que no son tales, todo con el fin de dejar sentado como dogma de fe que a Maduro ganó la elección. El glosario de tipos penales que el Ministerio Público le imputa, en una grotesca citación a Edmundo González Urrutia, pasará a la historia como el mayor monumento a la criminalización de la vida ciudadana y política. El ministerio público anuncia una investigación y en la misma le hace la imputación al ganador del proceso electoral del 28J. En efecto le anuncian la comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Les faltó uno de los tipos de moda en estos días: el terrorismo.
De entrada, esa citación viola la presunción de inocencia y el debido proceso, pero lo más grave es que la pretende dársele carácter penal a eventos que son de la esencia de la democracia y de los eventos electorales.
Todo el ensañamiento contra González Urrutia se debe a que la oposición democrática logró mostrar al mundo el fraude cometido con la recolección y publicación de las actas de las mesas de votación. Dichas actas son documentos públicos, cuyas copias se entregan por disposición de la ley a los testigos de los candidatos concurrentes. Se le entregan, precisamente, para que su equipo esté en capacidad de conocer el resultado directamente de las fuentes de donde emana la voluntad popular, es decir de cada mesa. Una vez anunciado el primer boletín, por parte del CNE, los comandos y los medios de comunicación están facultados legalmente para dar a conocer sus resultados y sus opiniones del mismo. Hacerlo no es un delito. La indignación de la cúpula roja es que se haya logrado recabar un elevadonúmero de actas, a pesar de la orden dictada a sus comisarios políticos de no entregar la copia ordenada por la ley a los testigos de Gonzales Urrutia. De modo que publicarlas en la forma y momento en que se hizo es un derecho constitucional de los ciudadanos, y para nada ese comportamiento reviste carácter penal. Resulta una temeridad pretender judicializarlo imputándole delitos como usurpación de autoridad, delito informático o forjamiento de documento público. Los otros tipos penales anunciados en la citación constituyen una aberración jurídica y política, con la cual están cometiendo el delito de simulación de hecho punible pues se le asignan delitos que no han ocurrido.
Este comportamiento del poder es sin lugar a dudas una forma de criminalizar la política y de hostigar a la disidencia, encarcelarla con el fin de callar el verdadero delito cometido, que no es otro que el golpe de estado a la soberanía popular. En cinco semanas posteriores al evento electoral del 28 de Julio,Venezuela ha pasado a ser el país del mundo con más personas procesadas por el delito de terrorismo. Más de 2.000 ciudadanos privados de libertad y sometidos a investigación criminal por el delito de terrorismo es un verdadero récord mundial. Un verdadero absurdo. Convertir la protesta ciudadana y la opinión de las personas en el delito de terrorismo constituye un despropósito y una violación a la dignidad de la persona humana.
La lista de dirigentes políticos presos con los cargos anteriormente narrados ya es muy larga. Todo indica que la cúpula gobernante no permitirá la existencia de una oposición democrática auténtica, solo busca tener una simulación de oposición, vale decir actores y organizaciones que acepten su narrativa, sus políticas fundamentales, su modelo de gestión y que nunca pretendan disputarles en serio el poder. De hecho, han cerrado el camino para la política y han criminalizado toda forma de disidencia.
Rescatar la convivencia civilizada, la vigencia del estado de derecho pasa por respetar la decisión de la nación venezolana emitida en las mesas de votación el pasado 28 de julio del 2024. Nuestros compatriotas y toda la comunidad democrática internacional son testigos de esta deriva al autoritarismo pleno. De ellos esperamos solidaridad para nuestro legítimo reclamo de hacer la auditoría publica de las actas y respetar la voluntad de nuestro pueblo.-
Caracas, lunes 2 de septiembre del 2024
