Libertad de expresión continúa deteriorándose en Venezuela, según Relatoría de la CIDH
La RELE denunció que al menos 21 de las 2.400 detenciones tras los comicios del 28 de julio corresponden a trabajadores de la prensa
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la represión contra la prensa y la persecución a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
“A cinco meses de las elecciones presidenciales de 2024, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela continúan deteriorándose”, expresó la RELE en un comunicado.
La Relatoría instó al Estado venezolano a cesar de inmediato las prácticas violatorias de derechos humanos y a liberar a las personas detenidas arbitrariamente.
Además, reiteró su llamado urgente a la comunidad internacional para condenar la violencia institucional, promover la protección de la prensa y reforzar el monitoreo de la situación en el país.
La instancia indicó que el contexto poselectoral ha estado marcado por detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a la información pública y actos de persecución, intimidación, amenazas y censura.
La RELE denunció que al menos 21 de las 2.400 detenciones tras los comicios del 28 de julio corresponden a trabajadores de la prensa, acusados -añadió- sin fundamento de delitos como terrorismo, incitación al odio, alteración del orden público, asociación ilícita y obstrucción de la vía pública
La Relatoría Especial reveló un patrón de graves violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales, que incluyen la incomunicación de las personas detenidas con sus familiares y abogados, entre otras, de acuerdo con testimonios recabados.
La “Operación Tun Tun”, según el comunicado, forma parte de las estrategias de censura que no se limitan a la prensa, sino que también se han extendido a la población en general, especialmente a quienes apoyan las protestas o la oposición.
La RELE reitera que los ataques dirigidos a silenciar o disuadir la participación ciudadana en asuntos de interés público, así como a periodistas y medios de comunicación, constituyen una violación manifiesta de los derechos humanos y de los principios fundamentales del Estado de derecho.-
