El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, expresó durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el martes, su preocupación por la «reducción acelerada» del espacio cívico y la sociedad civil en Venezuela.

Fakhri calificó esta situación como una violación de la Constitución y exhortó a la administración de Nicolás Maduro a garantizar un entorno más abierto y participativo.

“El espacio para la sociedad civil se está reduciendo rápidamente en Venezuela. Esto va en contra del propio espíritu de la Constitución de Venezuela y espero que mantenga este espacio”, advirtió Fakhri en su intervención.

«Venezuela era un buen ejemplo para otros países, por eso aliento a Venezuela a que extienda ese espacio disponible para la sociedad civil».

La declaración del relator se suma a las denuncias previas de organismos internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y la represión de organizaciones no gubernamentales en el país.

Visita de Relator de la ONU a Venezuela

Cabe resaltar que Fakhri ya publicó su informe sobre su visita oficial a Venezuela del 1 al 14 de febrero de 2024.

El propósito de la visita fue examinar cómo Venezuela está implementando el derecho a la alimentación, identificar buenas prácticas y considerar los desafíos que enfrenta el país en la promoción y protección del derecho a la alimentación, indicó Mario D’Andrea, defensor de derechos humanos.

Igualmente, el Relator Especial de la ONU observó el creciente sentimiento de decepción entre los movimientos sociales, los campesinos, los pescadores y los pueblos indígenas en relación con la falta de implementación y aplicabilidad de las leyes progresistas.

En criterio del Relator, el Gobierno no aplica efectivamente las leyes existentes, disminuyendo la voluntad popular de utilizar los mecanismos de participación. A su vez, esto vacía las instituciones gubernamentales, reseñó Fakhri.

También el Relator Especial pudo comprobar de primera mano cómo las sanciones económicas han limitado la capacidad fiscal del Gobierno para aplicar sus programas de protección social y prestar servicios públicos básicos. Sin embargo, la corrupción tiene efectos negativos en la realización del derecho a la alimentación, puntualiza.

Fakhri añade que la falta de transparencia e información sobre el uso de los recursos públicos y la implementación de los programas es un factor importante y preocupante. Esta opacidad, apunta, crea un entorno de impunidad para las redes de corrupción y dificulta cualquier supervisión significativa. Además, se han adoptado numerosas disposiciones legales para reducir los controles sobre el gasto público, como los decretos de emergencia económica y la mencionada Ley Antibloqueo, destaca.-