Amnistía Internacional: Venezuela ha cruzado el umbral de crímenes de lesa humanidad

El informe Detenciones sin rastro, presentado por la organización Amnistía Internacional, alerta sobre la creciente sistematización de violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela, a la vez que denunció que el gobierno de Nicolás Maduro intensificó su política de represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Durante la presentación, representantes de Amnistía Internacional explicaron que los hechos documentados, entre ellos desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, no constituyen episodios aislados, sino una política de Estado que se ha profundizado en la última década y que cumple con los criterios para ser considerada como crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.

“Estos hechos no han ocurrido en un vacío. Son parte de una política represiva sostenida por el Estado venezolano desde hace más de una década. Desde 2014, Amnistía Internacional ha venido documentando violaciones flagrantes a los derechos humanos. Lo que observamos hoy es una escalada de esa política, cada vez más descarada, sistemática y cruel”, expresó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Arrestos sin rastro

El informe documenta 15 casos recientes de desaparición forzada ocurridos tras las elecciones presidenciales de 2024. Nueve de las víctimas son venezolanas, mientras que seis son de nacionalidad extranjera. Estas desapariciones, según el informe, responden a motivos políticos: los detenidos eran periodistas, defensores de derechos humanos, opositores o personas percibidas como críticas al régimen.

“La desaparición forzada es una forma extrema de represión. Se priva a una persona de libertad y se niega su paradero, generando angustia en sus familias y garantizando impunidad. Lo que define este crimen no es su duración, sino la negativa sistemática del Estado a reconocer la detención y proporcionar información sobre la víctima”, explicó Pilar Martín, investigadora de Amnistía y coautora del informe.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Rory Branker, editor del medio La Patilla, de quien no se ha tenido ninguna noticia desde su arresto. Otros casos incluyen el del exgobernador Alfredo Díaz, y el abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos de la organización Provea.

El informe también destaca la aprehensión y desaparición de ciudadanos extranjeros, como el uruguayo Fabián Buglione, apresado sin orden judicial y aún desaparecido tras llegar al país para visitar a su pareja. Dos turistas españoles, Andrés Martínez y Pablo Rodríguez, desaparecieron el 2 de septiembre de 2024 y, pese a que su detención fue reconocida días después por el ministro Diosdado Cabello, su paradero sigue siendo desconocido.

Aparato judicial como engranaje de la represión

Amnistía Internacional también señala que el sistema judicial venezolano ha dejado de funcionar como garante de derechos, y se ha convertido en un mecanismo de encubrimiento y facilitación de la represión estatal.

En muchos casos, las audiencias de presentación se realizan en secreto, sin presencia de familiares ni abogados privados, con defensores públicos impuestos y sin independencia judicial. Se han utilizado tribunales especiales contra el terrorismo para procesar a civiles sin pruebas, y se ha anulado de facto el recurso de habeas corpus.

“El Ministerio Público se ha convertido en un órgano de persecución política bajo el disfraz de lucha contra el terrorismo”, sentenció Martín.

Amnistía sostiene que las desapariciones forzadas documentadas forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, tal como lo define el artículo 7 del Estatuto de Roma. Este patrón se ha repetido de forma constante desde 2014, e incluye ejecuciones extrajudiciales, persecución política, represión a la disidencia, criminalización de la sociedad civil y uso de recursos sociales como mecanismos de control.

“Con este informe reafirmamos que Venezuela ha cruzado el umbral de crímenes de lesa humanidad. Hay una política de Estado que ataca a la ciudadanía por razones políticas, con participación activa de diversas instituciones, cuerpos de seguridad y órganos judiciales”, afirmó Piquer.

El contexto de crisis humanitaria se agudiza: el salario mínimo mensual es de apenas 1,44 dólares, mientras que la canasta básica supera los 500 dólares; el 57% de los centros de salud no tiene agua corriente; y el 40% de las mujeres en edad fértil no puede acceder a anticonceptivos. Todo esto ha generado la mayor crisis de desplazamiento del hemisferio occidental, con más de ocho millones de venezolanos exiliados.

Sin periodismo libre

El periodista Luis Carlos Díaz también intervino en la presentación del informe,  y subrayó la creciente precariedad de la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos en el país.

“En Venezuela no existen medios de comunicación verdaderamente libres. El periodismo independiente enfrenta severas restricciones, especialmente tras la implementación de leyes que criminalizan el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y las representaciones internacionales”, declaró Díaz.

Asimismo relató su experiencia personal al ser víctima de desaparición forzada en 2019.

“Fui detenido y llevado a un centro de torturas clandestino del que aún no se sabe su ubicación. Estuve sometido al terror constante de no saber si estaría vivo al día siguiente. Durante ese tiempo me amenazaron con asesinarme y grabar el video para enviarlo a mi familia. Lo que viví es solo una pequeña muestra de lo que enfrentan las víctimas de desaparición forzada en Venezuela. Este terror no termina cuando ‘apareces’. La desaparición nunca se acaba, porque se reviven esos momentos cada vez que alguien más es desaparecido”, explicó Díaz.

A su testimonio, agregó: “Lo que más quiero es que ningún venezolano más tenga que preguntarse, como me pregunté yo en su momento, ‘¿alguien sabe dónde estoy?’. Eso es lo que buscamos todos los que seguimos luchando por la justicia: que esta situación no se repita nunca más. Cada testimonio, cada informe, cuenta. Esto es fundamental para la memoria, la justicia y la reparación”, concluyó Díaz.

Exigencias a la comunidad internacional

Ante el clima de impunidad reinante, Amnistía Internacional reitera su exigencia de acción internacional urgente:

● Que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance con las investigaciones sobre la situación en Venezuela.

● Que la Misión de Determinación de Hechos de la ONU continúe documentando violaciones de manera sistemática.

● Que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos obtenga acceso irrestricto para observar y apoyar a víctimas.

● Que los Estados ejerzan la jurisdicción universal para juzgar a los responsables de estos crímenes cuando existan pruebas suficientes.

“No podemos permanecer de brazos cruzados. No actuar ya no es una opción. La comunidad internacional no debe normalizar la crisis venezolana ni mirar hacia otro lado mientras la sociedad civil es silenciada. Debemos ejercer presión, exigir justicia y apoyar técnica y legalmente a quienes aún resisten dentro del país”, concluyó Ana Piquer.-

15 Jul, 2025 / Correo del Caroní