El oro, fuente de violencia y ecocidio en el sur de Venezuela, según Crisis Group

Un nuevo informe de Crisis Group para América y el Caribe devela cómo la minería ilegal y la búsqueda desenfrenada del oro se convirtió en un engranaje de violencia, corrupción, crisis humanitaria y destrucción de frágiles ecosistemas en el sur de Venezuela.

De acuerdo con el documento, aunque las autoridades gubernamentales han allanado minas de oro ilegales en el sur de Venezuela, “explotan las minas para su propio enriquecimiento o permiten que grupos armados lo hagan a cambio de una parte de las ganancias”.

Advierte el reporte de Crisis Group que la minería ilegal descontrolada es impulsada por el aumento del precio del oro, lo que fortalece a las “bandas criminales venezolanas, a los grupos guerrilleros colombianos y a elites corruptas”.

A continuación, en forma de claves, los hallazgos más importantes de este informe de Crisis Group.

● Arco Minero: oro y poder criminal. Desde que se formó el Arco Minero (2016), el Gobierno venezolano delegó el control de minas de oro en Bolívar y Amazonas a empresas estatales y grupos ilegales, incluyendo guerrillas colombianas como el ELN y disidentes de las FARC, que se han convertido en actores centrales en esta economía ilícita, de acuerdo con lo que se denuncia en este informe.

“A pesar del manto de legalidad que el Arco Minero le da a la industria minera, la producción formal de oro en Venezuela aún tiende a depender de la compra de oro a minas no reguladas, la mayoría de las cuales están controladas por grupos armados no estatales, y a través de empresas propiedad de individuos investigados por corrupción. La transparencia en los contratos y los datos de producción sorprende por su ausencia”, se describe.

Alertan, por otra parte, que aunque el gobierno asegura combatir la minería ilegal, “pactos informales entre militares y guerrillas colombianas” han permitido su expansión, y organizaciones criminales venezolanas siguen adentrándose en la selva en busca de oro.

● Grupos irregulares en alianza con el Estado. El informe abunda en cómo los grupos criminales o guerrilleros funcionan en alianza tácita con fuerzas del Estado, imponiendo control territorial, violencia y secuestro en zonas mineras. Esta colusión ha transformado pueblos remotos en “autoridades criminales” y zonas de amenazas constantes hacia las comunidades indígenas.

“Una forma en que esta alianza beneficia a los grupos armados colombianos es que las guerrillas parecen recibir un aviso previo de las ofensivas estatales, lo que les da tiempo para reubicarse y de esa manera evitar enfrentamientos con los militares. Cuando las fuerzas venezolanas se preparan para adentrarse en las densas selvas que rodean las minas de oro, según informaron fuentes a Crisis Group, los grupos guerrilleros colombianos a menudo alertan a los mineros que trabajan con ellos sobre las inminentes incursiones”, denuncia el informe.

Crisis Group menciona que, en algunos casos, los militares entregan las minas confiscadas a nuevos grupos y precisa que en el estado Amazonas, a alias Jhon 40, comandante de la facción disidente de las FARC Acacio Medina, “se le permitió explotar una mina y empezó a vender oro a un precio fijo por debajo del precio del mercado a las fuerzas estatales”.

● Impacto humanitario. Niños menores de diez años trabajando en las minas, casos de esclavitud moderna y distintas formas de explotación laboral (servidumbre doméstica involuntaria), trata laboral, trabajo forzoso infantil, esclavitud sexual y explotación sexual comercial de niños fueron reportadas a Crisis Group por oenegés venezolanas.

La organización reporta igualmente el reclutamiento “desenfrenado” de jóvenes por parte de la guerrilla, incluidos adolescentes indígenas de entre trece y quince años, para que trabajen en las minas, cobren extorsiones, ejecutan a mineros que incumplen órdenes de los cabecillas y trafiquen drogas través de las fronteras.

● Destrucción ambiental. Las poblaciones indígenas y rurales enfrentan desplazamientos, contaminación del agua, expansión de la malaria y la destrucción del ecosistema en zonas protegidas como el Arco Minero y parques nacionales.

Se denuncia que las actividades mineras ya se han adentrado en más de la mitad de las áreas protegidas bajo el régimen de administración especial en la Amazonía venezolana. El reporte indica también que casi 30 ríos del sur del país están afectados por la minería ilegal, un aumento de 106% en seis años.

Esta investigación también recoge las últimas cifras disponibles sobre el impacto en la Amazonía venezolana por la minería ilegal: “Más de 22 mil hectáreas fueron arrasadas dentro de los parques nacionales Caura, Canaima y Yapacana entre 2017 y 2020, según las últimas cifras disponibles, en gran parte para dar paso a la minería ilegal de oro”.

● Acciones urgentes y necesarias. Para Crisis Group es “crucial” poner fin a la violencia y a los abusos contra los derechos humanos relacionados con la minería ilegal en Bolívar y Amazonas, así como limitar la destrucción ambiental que causa.

Aunque reconocen que existen “pocas soluciones significativas” si no hay un cambio en la manera en la que el gobierno actúa en el sur del país, sí consideran necesario que los países del hemisferio, sobre todo los vecinos que comparten territorio en la Amazonía, “así como otros gobiernos extranjeros y actores clave en los mercados del oro” presionen a la administración de Nicolás Maduro “para que ponga fin a estas prácticas depredadoras y permita que las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria asistan a las comunidades en riesgo en Bolívar y Amazonas”.-

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• 29 Jul, 2025 /Correo del Caroní