El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes la resolución que renueva por dos años más la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

El proyecto de resolución, que se identificó como L.41 y que contó con el apoyo de 48 países, obtuvo 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones.

Los países a favor fueron Brasil, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Islas Marshall, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Corea del Sur, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

En contra estuvieron Bolivia, China, Cuba, Eritrea y Venezuela.

Se abstuvieron Argentina, Armenia, Benín, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Honduras, India, Indonesia, Kazajistán, Libia, Malasia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.

Dicha resolución expresó su preocupación: “La crisis actual sigue teniendo efectos
desproporcionados en los derechos de las mujeres y los niños, los pueblos indígenas, las
personas de edad, las personas con discapacidad y otras personas pertenecientes a
grupos en situación de vulnerabilidad”.

“Más de 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar la República
Bolivariana de Venezuela y más de 7 millones de personas siguen necesitando asistencia
humanitaria debido a la actual crisis política y económica”, se lee en el texto.

Asimismo, la resolución establece: “Expresa profunda preocupación porque la continua
erosión del estado de derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de
transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las
condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el reciente nombramiento de
magistrados del Tribunal Supremo”.

El propósito de la Oficina del Alto Comisionado en el país radica en que “siga vigilando la
situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, informando
al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla, entre otras cosas
mediante la presentación de informes verbales. De igual forma, la resolución solicita al
“Alto Comisionado que presente un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los
derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, que incluya una valoración
detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes anteriores
del Consejo”.

Por su parte, la renovación del mandato de la Misión se realizó con el objetivo de
“combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la
justicia para las víctimas, y solicita a la misión que presente un informe verbal actualizado
sobre su labor en un diálogo interactivo que tendrá lugar en los períodos de sesiones 52º
y 55º del Consejo, y que presente un informe sobre sus conclusiones al Consejo en un
diálogo interactivo”.

«Maquinaria para reprimir»

El mes pasado, esta misión de la ONU acusó a los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, mediante acciones que fueron ordenadas directamente por Nicolás Maduro y sus colaboradores más próximos.

“El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia”, señaló la misión internacional de investigación.

“El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, afirma el extenso informe que la misión presentó a la prensa.

Este informe ahondó en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centró en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En el caso del Sebin, el informe señala como responsables al actual director general, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese período, Ronny González.

En la Dgcim se menciona al director general Iván Rafael Hernández, y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.

Fuente: Prensa Misión Onu Venezuela / El Nacional