Misión ONU: “La maquinaria de represión del Estado ha funcionado, y lo continúa haciendo”

La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentó este martes las conclusiones detalladas de sus análisis que incluye los contextos fáctico y jurídico, de las graves violaciones de derechos humanos y delitos cometidos por el Estado en el país entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

Según el informe, hay suficientes elementos para concluir, “con motivos razonables para creer, que algunas de las violaciones de los derechos humanos y delitos investigados durante este período representan una continuación de la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad”. Señala que estas conductas se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición, o en apoyo de la misma.

De acuerdo con el registro de la misión, el Estado empezó a reactivar la maquinaria de represión para llevar a cabo acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar a la oposición política organizada, desde el mes de octubre de 2023 y las graves violaciones de derechos humanos documentadas “fueron el resultado del funcionamiento consciente y planificado de esa maquinaria”.

Precisa que, en los 10 meses anteriores a las elecciones, la misión documentó e investigó numerosos actos de represión selectiva, en particular la detención de lideresas y líderes políticos de la oposición y actores destacados de la sociedad civil. “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas (39 hombres y nueve mujeres), entre civiles y militares, fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, como la operación Brazalete Blanco. En el marco de la campaña electoral, la Misión registró y documentó las detenciones de 121 (106 hombres y 15 mujeres) por colaborar en actividades de la oposición”.

“Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las autoridades intensificaron y aceleraron la modalidad más dura y violenta de su represión” con el objetivo de silenciar a opositores o a las personas percibidas como tales”. Asimismo, el informe en sus conclusiones indica que la represión ejercida por los agentes estatales y privados con “la aquiescencia del Estado, que continúa produciéndose en estos momentos, ha generado un clima de miedo generalizado en la población”.

Producto de sus investigaciones, la misión concluyó “con motivos razonables para creer que se han producido privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual y basada en género”.

También destaca el informe que, a pesar de ser solo una muestra de un universo mucho más amplio, los casos investigados y documentados por la Misión incluidos en el documento ilustran la manera en la que la maquinaria de represión del Estado venezolano ha funcionado, y lo continúa haciendo.

“Las violaciones graves de derechos humanos y los delitos no fueron hechos aislados e implicaron a una amplia gama de actores institucionales. Las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”, precisan.

Sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, expone el documento que, “estuvieron involucradas masivamente en la comisión de violaciones y delitos, principalmente detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, en ocasiones junto con grupos armados de civiles, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual y de género. La mayor parte de estos actos fueron llevados a cabo por los servicios de inteligencia civil (Sebin) y militar (Dgcim), así como por la PNB y la GNB. Después del 28 de julio, el papel de la GNB, la PNB y las policías estadales se amplificó, siendo responsables al menos del 60% de las detenciones”.

De igual manera, expone el informe que los poderes e instituciones del Estado reflejaron su alineamiento con el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad en perjuicio del ejercicio independiente e imparcial de sus mandatos constitucionales, contribuyendo a la comisión de violaciones graves y delitos. Ello incluye especialmente al CNE, responsable de conducir el proceso electoral, el cual, según el Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”.

La Asamblea Nacional, según lo recogido por la misión, continuó siendo instrumento para la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático. “El sistema de justicia, incluyendo tanto al Tribunal Supremo de Justicia, órgano rector del Poder Judicial, como al Ministerio Público, continuó operando con falta de independencia e imparcialidad y sometido a los dictámenes del Ejecutivo de Venezuela”.

El perfil de las víctimas de la represión se amplió de manera significativa, según el análisis realizado. “Este perfil abarcó no solo a lideresas y líderes políticos y actores de la sociedad civil, sino que, tras las elecciones, incluyó a ciudadanos y ciudadanas comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”.

Tomando en consideración esa línea de conducta y la política estatal relacionada con la misma, así como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes del Estado, “la misión tiene motivos razonables para creer que se ha cometido el crimen de persecución por motivos políticos en la República Bolivariana de Venezuela durante el marco temporal de su mandato”. Para llegar a esta conclusión, la misión tomó en cuenta la documentación e investigación de las violaciones graves a los derechos humanos y delitos incluidos en este y en sus anteriores informes, así como otras violaciones cometidas en conexión con los mismos, precisa el documento.

Destaca la misión en su detallado informe que, ante el Consejo de Derechos Humanos, ya “formuló una serie de recomendaciones a la República Bolivariana de Venezuela y a la comunidad internacional sobre las medidas que deberían adoptarse para hacer frente a las violaciones graves de derechos humanos y los delitos investigados por la misión, con el propósito de que las personas responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan justicia”.-

• Beisys Marcano
• 15 Oct, 2024 /Correo del Caroní