Marianela Balbi: El estado de excepción no puede anular el derecho a la información
“Si bien el decreto podría justificar ciertas limitaciones administrativas, nunca puede usarse para anular el derecho fundamental del público a ser informado sobre asuntos de interés general y sobre el propio ejercicio del poder”
La persistente erosión de los derechos civiles en Venezuela ha encontrado un nuevo y preocupante catalizador: la declaración de un “estado de excepción por conmoción exterior“. Este marco jurídico especial, activado por el Ejecutivo nacional, no solo impone nuevas reglas al convulso panorama político, sino que también amenaza con consolidar la opacidad como una política de Estado inamovible.
Durante su participación en Espacio Runru.es, conducido por el director editorial de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco, Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, ofreció un análisis incisivo sobre el estado del derecho de acceso a la información pública.
Balbi alertó que la medida de excepción, al nacer en la oscuridad de la falta de publicación, constituye una “falla de origen” que podría servir de pretexto para una mayor represión y silencio oficial.
El decreto invisible: Un poder de excepción sin control
El principal cuestionamiento de Balbi y de la sociedad civil organizada se dirigió a la forma en que se anunció el decreto. La directiva de IPYS resaltó la paradoja de un “estado de excepción” que otorga poderes absolutos al Ejecutivo, pero cuyo texto oficial no era conocido ni estaba claramente establecido al momento de la conversación.
Esta omisión constituye una violación fundamental a la transparencia, pues impide que los ciudadanos y las organizaciones puedan ejercer un control sobre las “condicionantes” y los límites de una norma que afecta directamente sus garantías constitucionales.
“La falta de transparencia en la activación de un poder especial ya es, de por sí, una vulneración del derecho a saber”, sostuvo Balbi. Al no pasar por un control efectivo de la Asamblea Nacional ni estar disponible para el escrutinio público, el decreto se convierte en un cheque en blanco para el uso discrecional de la fuerza y las restricciones, un riesgo que se agrava en un país donde el Estado de derecho es prácticamente inexistente.
El derecho a saber
Uno de los puntos más críticos expuestos por Marianela Balbi fue el sustento legal que, paradójicamente, debería proteger a los ciudadanos incluso en la emergencia. Balbi hizo referencia explícita al artículo 337 de la Constitución Nacional, el cual establece cuáles derechos son intangibles y no pueden ser restringidos, aun bajo un estado de excepción por conmoción exterior.
Balbi recordó que este tipo de decreto “no restringe el derecho, por ejemplo, a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso y el derecho a la información”.
Esta protección constitucional contrasta dramáticamente con la realidad operativa del país, donde el silencio y la falta de respuestas son la norma: “Si bien el decreto podría justificar ciertas limitaciones administrativas, nunca puede usarse para anular el derecho fundamental del público a ser informado sobre asuntos de interés general y sobre el propio ejercicio del poder”.
Para IPYS, la activación del estado de conmoción exterior, lejos de ser un mecanismo de protección, puede interpretarse como una herramienta para justificar cualquier acción represiva contra las garantías ciudadanas, haciendo la situación aún más precaria.
El costo humano de la política de secreto
La opacidad en Venezuela, según Balbi, no es un accidente, sino una “política de secreto” por decisión. Esta dinámica ha normalizado el silencio oficial, llevando a la “naturalización” de la falta de respuestas por parte de la población.
Las consecuencias de esta política de secreto son tangibles y, en muchos casos, graves. La directora de IPYS mencionó como un “lado absurdo” de esta crisis el hecho de que a más de 800 presos se les haya violentado el debido proceso, sin que sus familiares o abogados puedan tener conocimiento de sus cargos ni su ubicación, prácticas que, jurídicamente, equivalen a desapariciones forzosas.
Además, la falta de información es palpable en temas cruciales para la soberanía y la seguridad, como los eventos recientes frente a las costas de Venezuela, donde la opacidad ha impedido obtener pruebas, conocer a los afectados o acceder a la información de interés público.
El secretismo, según la directora ejecutiva de IPYS, atraviesa la gestión pública en todas sus áreas. Recordó que ningún ministerio publica memorias y cuentas de forma regular; los funcionarios mantienen un patrón constante de negarse a dar declaraciones a la prensa y el acceso a datos económicos y sociales está sistemáticamente bloqueado, dificultando la planificación y el análisis.
Al concluir su participación, Balbi reiteró el mensaje esencial: esta violación constante del derecho de acceso a la información no es solo un problema para los periodistas; es un obstáculo para la sociedad, pues socava la capacidad de los ciudadanos para “tomar mejores decisiones” basadas en hechos verificables, un pilar indispensable para cualquier democracia funcional.-
- Runrun.es
- 2 Oct, 2025
