Padre Alfredo Infante: «La política de ejecuciones extrajudiciales está amparada por una impunidad sistémica»

La parroquia La Vega, en Caracas, se ha convertido en epicentro de una violencia urbana casi inédita en la que participan bandas delictivas con pretensiones de expansión a nuevos territorios y cuerpos de seguridad que han causado más daño en la población inocente que en el blanco a atacar. Ese sector popular del oeste de la capital tiene un aliado en el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita que ha brindado apoyo pastoral en varios sectores de La Vega desde hace años y es un gran conocedor de la dinámica social de esa zona. Su andar por el mundo de los DDHH lo ha llevado hasta Angola, también fue director para América Latina y el Caribe del Servicio Jesuita de Refugiados. Actualmente, es coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla

─¿De qué se trata la iniciativa La Lupa por la Vida y por qué surgió?

─La Lupa por la Vida surge como una alianza entre la ONG Provea y el Centro Gumilla ante la alarma causada por los altos números de ejecuciones extrajudiciales que se dan en gran parte del país. La idea es poder tener un monitoreo de estos crímenes a nivel nacional para demostrar que no se trata de hechos aislados, sino de una política generalizada y sistemática contra una parte de la población enmarcada en un sistema de impunidad y, por tanto, nos hace pensar que estamos ante crímenes de lesa humanidad. Por ello nos parece muy importante sistematizar toda esa información en nuestro interés de defender el derecho a la vida. Ya realizamos el primer informe del año 2020 y estamos trabajando la información de este año.

─¿Cómo llegó usted a este proyecto?

─Soy el coordinador de derechos humanos del Centro Gumilla, parte del trabajo es emprender acciones para defender la vida y diseñar propuestas favorables a la vida. En la época que surgió la iniciativa de la Conarepol, cuyo objetivo era construir un nuevo modelo policial, participamos activamente en ese proyecto. Lamentablemente, no se llevó adelante como se había previsto, entonces siempre ha habido un deseo de ver cómo aportamos al país para que se garantice el derecho a la vida de la población y haya una institucionalidad que respete los derechos humanos.

─¿De acuerdo con el informe 2020 de la Lupa por la Vida, el año pasado ocurrieron en Venezuela 2.853 ejecuciones extrajudiciales y pese a los exhortos de organizaciones de derechos humanos la situación no ha cambiado, al punto que solo en el primer trimestre de 2021 se registraron 472 casos. ¿Por qué cree que el Estado no impone controles a la acción de la fuerza policial?

─Creo que es complicado responder con asertividad esa pregunta, pero se pueden hacer algunas hipótesis. Es claro ver dónde están las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría están en las zonas populares y son gente joven; entonces creo que a partir de ahí pueden surgir varias hipótesis. La primera es que hay un patrón de discriminación hacia las zonas populares; es decir, hay se relaciona delincuencia juvenil de origen popular. Sin duda alguna en los sectores populares hay delincuencia, eso es inocultable, pero hay que decir que son minorías.

En segundo lugar hay un aspecto desde el punto de vista político, los barrios en el imaginario venezolano siempre han sido una potencial amenaza para quienes tienen el poder, entonces mantener una política de amedrentamiento hacia las zonas populares para atemorizar, para que no haya movilización social también es una hipótesis, porque después del Caracazo quedó la idea de que los barrios son una potencial amenaza en caso de un estallido social. Un indicador claro de ello es que la masacre de La Vega, en Caracas, estuvo precedida de una serie de protestas de las comunidades por los servicios públicos.

La tercera cuestión es que sigue funcionando el esquema de que la represión visibiliza que el Estado está tomando medidas contra la inseguridad ciudadana. Entonces, también permite esos excesos para demostrar que está actuando, aunque eso genere un patrón de violación al derecho a la vida y al debido proceso. Por eso hablamos de ejecuciones extrajudiciales se han dado fuera de todos los procedimientos establecidos por la Constitución.

─La segunda hipótesis que maneja no debería ser un problema para quienes detentan el poder actualmente, pues aseguran que son el gobierno del pueblo y que sus bases están en las zonas populares…

─Eso es totalmente falso. Sí creo que hubo un tiempo, sin duda alguna, desde el inicio del chavismo hasta el año 2010 o 2011, en que la mayoría de los habitantes de los sectores populares favorecían al chavismo en las contiendas electorales y desconfiaban mucho de la oposición. Pero eso ha cambiado, ha crecido muchísimo la desconfianza hacia el gobierno en los barrios. Creo que cualquier encuesta que se haga en los sectores populares va a reflejar lo que a nivel nacional se expresa en las encuestas, que hay alrededor de 80 por ciento de descontento hacia el gobierno y entre 20 o 15 por ciento de apoyo, pero no es apoyo duro, sino por la falta de alternativas. Y eso el gobierno lo sabe. Son una minoría, aunque una minoría con poder, por supuesto, de allí la necesidad de contener cualquier descontento en los sectores populares que pueda convertirse en una movilización de carácter político.

─Usted es un gran conocedor de la parroquia La Vega donde este año ha habido varios procedimientos policiales que han dejado víctimas y causado alarma incluso en organismos internacionales. ¿Qué ocurre en esa zona del suroeste de Caracas que la fuerza pública insiste en ese tipo de operativos contrarios al respeto de los derechos humanos?

─Existe una pretensión de bandas delincuenciales que están penetrando y buscando controlar la zona. Eso es un hecho que no se puede negar, pero al mismo tiempo existe esa especie de pacto que hubo a partir de los corredores de paz o zonas de paz, ese este tipo de concesiones que se hicieron a las bandas se escaparon de las manos y hoy tenemos gran parte del país controlado por esas bandas, y La Vega no escapa a esa dinámica, estamos ante un escenario de lucha por el control del territorio. Pero actuar contra esas pretensiones delictivas sin que se afecten los derechos de la gente es un gran desafío. En la masacre de La Vega muchas de las víctimas eran inocentes, personas que no estaban en el enfrentamiento caótico, pero los cuerpos de seguridad terminaron mostrando números de supuestos delincuentes que habían sido batidos y resulta que muchos, se conoció después por testimonios de las familias, no eran tales delincuentes ajusticiados. Por eso se pide investigación para que se conozca la verdad, pero hasta ahora ni el defensor del pueblo ni la Fiscalía han tomado cartas en el asunto.

─En la frontera recientemente se vio algo muy inédito con la participación de las FAES en un operativo que, según la Constitución, le corresponde a las Fuerzas Armadas. Al igual que ocurre en la capital, esa actuación se caracterizó por un gran número de violaciones a los derechos humanos contra los pobladores de la zona. ¿Por qué cree que se decidió enviar a ese conflicto en el que participaba una facción de la guerrilla colombiana a un cuerpo del cual la ONU ha recomendado su disolución?

─Nuestra posición es fundamentalmente desde la perspectiva de los derechos humanos de la población y al analizar lo que ocurrió allí estamos ante un escenario oscuro, de mucha violencia y confusión. Lo que sí está claro es que hay una lucha por los territorios que están en juego y, por ser zona fronteriza, le corresponde a las Fuerzas Armadas la misión fundamental de defender el territorio y la soberanía nacional, pero resguardando los protocolos para garantizar la vida de los civiles. Sin embargo, la actuación desmedida contra la población civil inocente pareciera indicar que hay una pretensión deliberada de ‘limpiar’ esos territorios, que la gente se desplace para dejarlos en manos de negocios irregulares o, como se trata territorios muy estratégicos, que queden libres para futuras concesiones petroleras o mineras, pues se trata de una zona petrolera donde está el crudo liviano del país, por lo que sería importante conservar ese recurso. Entonces pareciera que hay intereses oscuros de carácter económico.

─El año pasado hubo una gran alarma en organismos internacionales porque surgieron informes que indicaban que desde 2014 se habían cometido 18.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, aunque se trata de una cifra increíblemente elevada y hay pronunciamientos y exhortos de la ONU para que el Estado evite que esto siga ocurriendo nada pareciera importarle al régimen que, además, se precia de ser humanista. ¿Por qué cree que ocurre esto?

─Cuando comienzan a darse este tipo de ejecuciones extrajudiciales con las OLP las organizaciones de derechos humanos inician una campaña denunciando los abusos y excesos, y las OLP desaparecen y emergen las FAES, entonces lo que ha habido es un cambio de imagen de cuerpo, pero se mantiene la política de ejecución. Por ejemplo, a partir de las últimas críticas que se han dado por la actuación de las FAES el patrón ha sido que ese cuerpo redujo su acción en las ejecuciones extrajudiciales y emergió el Cicpc como el organismo con mayor responsabilidad en este tipo de muertes. Entonces, todo apunta a que se mantiene la misma política desde ejecuciones, pero lo que va mudando es el rostro o la imagen del cuerpo policial protagonista, ahora las FAES aparecen en algunas regiones del país repartiendo bolsas de comida, o sea, dando otra imagen. Continúa la política de ejecuciones extrajudiciales amparada por la impunidad sistémica en la que estamos.  Esa es la reacción del gobierno a los exhortos.

─Hablar públicamente y denunciar las ejecuciones extrajudiciales también implica riesgos, hay muchas familias de víctimas que no denuncian por miedo o incluso porque se sienten desprotegidos ante la acción del Estado

─Sí, un sistema impune no solamente excluye a gran parte de la población, especialmente a los sectores más vulnerables, sino que lo más grave es que introyecta en el imaginario del excluido una mayor exclusión, eso fomenta una cultura de miedo y la gente termina autopercibiéndose como desprovista de derechos. Eso es lo terrible. Entonces, ese sistema de impunidad fomenta los abusos y con ello una mayor posibilidad del poder de controlar y desmovilizar a la sociedad. Entonces, hay resignación, por eso la educación en derechos humanos es tan importante.

─¿Cómo ha cambiado la situación del derecho a la vida en Venezuela desde que usted trabaja en el ámbito de los derechos humanos?

─Creo que por los ataques a los medios de comunicación y los bloqueos al acceso a la información la población está en una situación de mucha vulnerabilidad, aunque cada día hay más organizaciones de derechos humanos. Por otro lado, desde el punto de vista de la convivencia social la gente está en un absoluto desamparo porque no hay Estado de Derecho y sí hay un sistema que yo llamo de impunidad sistémica. Por ende, estamos en una situación muy crítica porque el alcance de las organizaciones de derechos humanos respecto al tamaño de la crisis es muy pequeño, aunque por supuesto tienen un importante impacto, pero al no haber un Estado de Derecho, eso pone a la población en una situación de gran vulnerabilidad.

Los que trabajamosen derechos humanos debemos tener mucha paciencia porque nuestro trabajo es una voz que clama en el desierto y sabemos que los frutos no son a corto plazo, pero es muy importante mantener el empeño en la defensa por la vida y seguir diseñando propuestas en la medida en que se va monitoreando y documentando. Nuestros informes han sido escuchados por instancias importantes como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ese tipo de incidencia es muy importante porque incluye la voz de las víctimas en instancias importantes y también hacen un llamado de alerta al Estado para que rectifique sus políticas.

─En su criterio, ¿cómo debería estar encaminada una política de seguridad que combata a las grandes bandas armadas con intenciones de expandirse pero que a su vez garantice los derechos humanos de la población?

─En primer lugar todo plan de seguridad tiene que partir o incluir un componente importante de prevención, y la prevención tiene que estar vinculada a un esquema de inversión en los ámbitos educativo, cultural, deportivo, en el fortalecimiento del tejido social. En segundo lugar, debe tener un componente de trabajo previo de inteligencia. También un aspecto político de negociaciones, no como se hizo con los corredores o zonas de paz, pero sí creo que con los delincuentes hay que dialogar porque son un poder. Hay experiencias como las de Centroamérica con el tema de las Maras que para pacificar importantes sectores de la ciudad hubo que entrar en negociación con esos actores que tenían poder y control de zonas y territorios, así que los acuerdos de paz son algo que hay que evaluar seriamente en estos contextos, pero sin dar concesiones de mayor poder, sino que sean acuerdos con permitan a esos grupos armados desmovilizarse y reintegrarse a la vida social.

Luego, creo que la Fiscalía tiene que monitorear la actuación de la policía y la Defensoría del Pueblo acompañar los procesos en las comunidades para que se puedan generar espacios de convivencia. Pero es muy importante la formación y la restauración de la policía, creo que los intentos que se hicieron con la Conarepol fueron positivos, ahí hubo un trabajo muy importante, pero lamentablemente después no hubo la voluntad para llevarlo adelante como fue pensado. //

Publicado originalmente por «Crisis en Venezuela«