El contexto de los comentarios de Biden fue, por supuesto, el borrador que “se filtró”, de la opinión mayoritaria del juez Alito en el caso que ahora se encuentra ante la Corte Suprema: Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. El borrador de opinión, que la Corte ha confirmado desde entonces como auténtico, eliminaría Roe v. Wade y devolvería a los estados las regulaciones sobre el aborto.
El truco, para un político como Biden, es apegarse a las palabras que le gustan a la gente («derechos», «libertad», «elección») y evitar aquellas palabras que le recuerdan a la gente que una vida joven e inocente está siendo extinguida. Pero incluso las palabras «agradables» comienzan a perder su brillo si se emplean de manera demasiado falsa durante demasiado tiempo. Las nobles aspiraciones a la libertad y la igualdad se vuelven sospechosas si solo pueden comprarse a un precio tan espantoso.
Es una locura creer que la igualdad y la libertad de la mitad de la raza humana deben descansar necesariamente en el derecho ilimitado de usar la fuerza letal contra niños inocentes. Sin embargo, esa es la opinión ponderada de Nancy Pelosi sobre el asunto. Eliminar a Roe sería una «abominación», advirtió. “Al destripar la libertad fundamental de las mujeres a la atención reproductiva completa, los jueces radicales designados por republicanos están preparados para infligir un sufrimiento impensable a decenas de millones de familias”.
Tales histrionismos son una buena indicación de cuán profundamente el borrador de Alito destruye la lógica (tal y como es) de Roe y Casey. Esta semana, a pesar de todo el llanto y el crujir de dientes, las críticas serias al argumento legal de Alito, por parte del campo pro-Roe, han estado notoriamente ausentes. Como se ha mencionado innumerables veces esta semana, la opinión de Alito no es definitiva: pero la escritura está en la pared. Y es difícil no esperar que Roe pronto sea derribado.
Por supuesto, derrocar a Roe no pondría fin al aborto en este país. Por trascendental y necesaria que fuere una victoria, la contienda por el aborto se trasladaría a otros campos de batalla: las legislaturas estadales, en su mayoría; pero, también, el Congreso. Durante mucho tiempo se ha asumido que devolver la política sobre el aborto a los estados produciría un conjunto variado, pero, en general, más moderado de políticas respecto del aborto que las permitidas bajo Roe. Esto puede, de hecho, ser exactamente lo que suceda. Pero no sucederá automáticamente. Y no sucederá sin mucho esfuerzo y coraje a nivel local y estadal.
Los grupos a favor del aborto se han estado preparando durante mucho tiempo para lo que viene después. Ya existen planes para transportar a mujeres embarazadas, desde estados con leyes restrictivas del aborto, a estados con leyes más permisivas; una especie de “ferrocarril clandestino” para practicar abortos. También se ha hecho hincapié en aumentar la disponibilidad por correo de medicamentos abortivos.
Cruzar las fronteras estadales para procurar un aborto, o enviar abortivos a través de las fronteras estadales, garantiza que el gobierno federal seguirá desempeñando un papel importante en la restricción (o promoción) del aborto. Incluso si el Congreso no puede o no está dispuesto a tomar medidas directas y sustantivas, el poder ejecutivo será central para dar forma a las reglas y regulaciones en torno al aborto. No es inverosímil pensar que, con la Corte Suprema fuera del negocio de hacer una ley federal sobre el aborto, ambas partes se verán tentadas a reubicar tanto como sea posible en el poder ejecutivo la política federal sobre el aborto.
No hace falta decir que un panorama posterior a Roe hará que sea aún más urgente ampliar los programas para atender a las madres y a los niños en situaciones difíciles. La Texas Heartbeat Law, por ejemplo, es famosa por prohibir la mayoría de los abortos y por su forma poco ortodoxa de aplicación. Pero, lo que mucho menos se informó, fue que el mismo proyecto de ley, que casi cerró la industria del aborto en Texas, también aumentó los beneficios estadales para las madres pobres, amplió la cobertura de Medicaid y dedicó 100 millones de dólares anuales a su programa “Alternativas al Aborto”.
Los estados que puedan lograr restringir el aborto después de la caída de Roe deberían hacerlo absolutamente, pero esos estados también deben estar preparados para ser lo más generosos posible, para asegurarse de que las madres y los bebés (y los papás) tengan el apoyo que necesitan para que elegir la vida sea lo más fácil posible. A medida que la regulación del aborto regrese a los estados, ganar el tema del aborto a nivel local y personal, como se demuestra tanto a través de acciones como de retórica, se volverá aún más imperativo políticamente.
Los miles de centros existentes en todo el país, de embarazo en crisis, ya están haciendo un trabajo increíble en esta área. No hay motivo por el cual las restricciones al aborto no puedan combinarse con aumentar la ayuda a esas organizaciones, mientras se sigue el ejemplo de Texas, de hacer que los recursos públicos estén disponibles directamente para las mujeres que enfrentan embarazos difíciles o no deseados. Es lo correcto, y “corta las piernas” de aquellos críticos pro-aborto que insisten en que el movimiento pro-vida deja de preocuparse por la dignidad humana tan pronto como nace un bebé.
Una última cosa que los católicos deben considerar en un panorama posterior a Roe: durante décadas, Roe ha definido el status quo legal y político. Durante décadas, demasiados católicos han mostrado una generosa deferencia a ese status quo “establecido”. Cuando Roe se haya ido, si Dios quiere, y se rompa el atasco judicial, esa voluntad de sentarse al margen, de no sacudir el bote, dejará de ser sostenible de inmediato. Romper el dominio judicial sobre la política del aborto significará que los ciudadanos comunes y los legisladores locales y estadales, de repente, tendrán una mayor responsabilidad directa para defender la vida, o para promover directamente su destrucción. Los católicos, incluidos nuestros obispos y pastores, deben estar preparados para lo que eso significa. –
Sobre el Autor
Stephen P. White es director ejecutivo de The Catholic Project en la Universidad Católica de América y miembro de Estudios Católicos en el Centro de Ética y Políticas Públicas.
