La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), expresó este viernes su rechazó a la violencia, en relación al paro armado convocado en varias zonas del país por el Clan del Golfo, que ha respondido de esta manera a la extradición a los Estados Unidos de quien fuera su máximo líder, el narcotraficante Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.
“Sobre el paro armado, nosotros hemos tenido siempre la misma posición, distintos paros armados ha habido, y lo primero que insistimos es que ese no es el camino, que hay que mantener como prioridad de la sociedad el respeto por la vida humana”, expresó Mons. Héctor Fabio Henao, delegado de la CEC para las relaciones Iglesia-Estado.
“Toda forma de violencia, venga de donde venga, no puede recibir la aceptación de la sociedad colombiana”, afirmó el Obispo en la rueda de prensa en la que informó sobre las reuniones que la CEC sostuvo entre abril e inicios de mayo con ocho candidatos presidenciales.
Otoniel, a quien el presidente colombiano Iván Duque compara con el narcotraficante Pablo Escobar, fue extraditado el 4 de mayo a los Estados Unidos para responder por los cargos de “liderar una empresa criminal continuada” entre 2003 y octubre de 2021, cuando fue capturado en el departamento de Antioquia.
El narcotraficante también es acusado de “participar en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, a sabiendas y con la intención de que las drogas serían importadas ilegalmente a Estados Unidos”.
Como respuesta a su extradición, el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), anunció un paro armado de cuatro días y que comenzó ayer 5 de mayo.
Según la prensa local, a raíz del paro armado se han registrado hechos violentos en los departamentos del Cesar, Sucre, Antioquia, y otros.
En la rueda de prensa, Mons. Henao pidió respetar los derechos de las poblaciones que están siendo afectadas. “Hay que mirar con detenimiento las afectaciones a poblaciones inocentes, mantener el respeto por la misión médica, que se requiere de forma permanente; el derecho al trabajo de familias que no tienen una manera de sobrevivir si no pueden cada día ganar el pan, los alimentos para sus hijos, para sus familias en el día a día”, así como “el derecho a la educación”.
En la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, la Secretaría de Educación pidió suspender las clases para no arriesgar a los estudiantes y las empresas de transporte optaron por no trabajar.-
EDUARDO BERDEJO | ACI Prensa
