(Fabiana Ortega – RCL):

Desde el pasado lunes 4 de julio, y hasta el viernes 29, se lleva a cabo en Manaus, Brasil, la tercera edición de la Escuela de Promoción, Defensa y Exigibilidad de los Derechos Humanos. Se trata de una iniciativa, articulada por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), que reúne a líderes de pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la Panamazonía. Su principal objetivo es proporcionar herramientas educativas que ayuden a formalizar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el territorio amazónico. 

“En el planeta se están agotando los recursos. La Amazonía es la que genera la mayor cantidad de oxígeno a los que habitamos y está en peligro”, advierte la abogada y especialista en derecho ambiental, Lily Calderón, ante la amenaza de diferentes frentes en la región como hidrocarburos, represas, concesiones madereras, proyectos de hidrovías, minería ilegal y oleoductos petroleros.

En entrevista telefónica desde Brasil, Calderon –quien funge como Coordinadora de esta III Escuela de REPAM–, explica a RCL que actualmente 25 líderes que representan a seis países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y las fronteras de la Pan-Amazonía están recibiendo una formación de los principales instrumentos de defensa de sus derechos: El primer módulo correspondió a la realidad amazónica; el segundo, que finaliza este viernes, trató de los derechos colectivos e individuales. 

Se espera que la próxima semana aborden lo correspondiente a la documentación para cerrar el mes, y la escuela itinerante, con el análisis de la Incidencia de la Política Internacional.

“Actualmente estamos enfocados en buscar otras alternativas y otros espacios donde se puedan hacer eco, denunciar, visibilizar y buscar justicia”, manifiesta.

Calderon precisa que en esta oportunidad estudian 13 casos. Al momento de redactar esta nota, aún no habían analizado el presentado por la delegación venezolana.

“Entiendo que refiere a los derechos vulnerados de una comunidad indígena, producto de problemas de minería ilegal, de extractivismo, lo que ha generado pobreza y vulnera los derechos a la salud y a la educación”, adelanta Calderon.

El tráfico sexual de niños y niñas, la discriminación a las mujeres y la impunidad en las fronteras lucen como las principales problemáticas en la región Panamazónica, con 7,4 millones de km2 y que representa el 4,9% del área continental mundial.

Clamor de justicia

Comenta Calderón, de origen peruano, que la idea de esta Escuela es buscar entre todos las alternativas más viables, con la intención de cambiar esa realidad adversa y dolorosa que tanto aqueja a las comunidades, principalmente indígenas.

“El común es que hay una presión muy fuerte por los territorios de comunidades indígenas. Y violar un territorios indígenas implica violarnos el acceso al agua, la salud, a gozar de un ambiente sano y equilibrado. A que no se haga la consulta libre y previa cuando se intente implementar un proyecto de ley en determinado país. Que se le niegue una alimentación de acuerdo a su cultura. Eso es el común de todos los territorios”, señala Calderón y resalta que la mayoría de quienes violan los derechos son empresas extractivistas que sacan oro, madera, proyectos de carretera y de hidroeléctrica, entre otros.

“En los distintos estados que conforman la Panamazonía, las leyes simplemente están en el papel; en la práctica, no se cumplen. Se promueven leyes en beneficio de un sector supuestamente mayoritario y muchas veces, por no decir en casi todos los lugares, se desconocen los derechos humanos de las comunidades. Esa es una realidad cierta”, agrega con vehemencia.

La activista enfatizó en que lo que se busca es que los estados apliquen en su legislación aquellas sentencias que favorecen a las comunidades indígenas y que puedan mejorar y evitar que las comunidades estén sufriendo en sus territorios. “Que la justicia interna ordinaria cumpla y que cesen muchos actos de corrupción o actos que están generando vulneración a las comunidades”.

En estas jornadas, explica, que sortean opciones, de acuerdo al análisis de la legislaciones de los países correspondientes así como de convenios internacionales. 

“Una puerta grande, aunque parezca distante y lejana, son los organismos regionales y universales”, dice, al señalar que se han dedicado a hacer informes, recibir capacitaciones, denunciar al Estado, y buscar medidas cautelares para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su competencia, pueda hacer la denuncia y pasar el caso, dependiendo de su naturaleza, a la Corte Interamericana para buscar justicia.

“Primero hemos identificado el caso y los derechos más vulnerados en el territorio. Dependiendo de la complejidad de los casos, encaminaremos los casos ya sea a Naciones Unidas o a la CIDH. También participaremos el año que viene en el Foro Permanente para Pueblos Indígenas, que es un espacio donde se evidencia la problemática de un determinado territorio o derecho vulnerado”, agrega Calderon.

Cuestión de fe

Para Lily Calderón, el planeta tierra está en una crisis profunda. Y desde la Amazonía hay grupos de personas que, con sus precariedades, están luchando por sus vidas y por preservar la vida del planeta. Confiesa que ella es una de esas personas. En su caso, asegura que lo asume como una responsabilidad pero también como una herencia de sus antepasados. Dice que tiene la obligación moral de preservar este planeta para las futuras generaciones.

A pesar de la adversidad, de la necesidad y de los obstáculos del sistema mismo, aguarda con esperanza y celebra la resistencia que, a su juicio, sigue más fuerte que nunca.  

“El llamado es que estemos pendientes y no seamos indiferentes ante el problema actual. Como Iglesia, no es un deber político ni social, sino es una cuestión de fe defender los derechos humanos”.