Milos Alcalay:
El secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda en Chile produjo una indignación
mundial. Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela eran conocidas en la Corte
Penal Internacional y demás organismos vinculados a los Derechos Humanos, pero ahora se
evidencia el peligro de trasladar fuera de las fronteras venezolanas la persecución a opositores.
Las autoridades chilenas actuaron de inmediato para no dejar impune ese crimen, mientras
que las autoridades venezolanas reaccionaron con un silencio y una indiferencia preocupantes,
especialmente porque algunos especialistas destacaron que existían serios indicios de
responsabilidad por la forma profesional del secuestro, por el uso de uniformes policiales,
chalecos antibalas, información de inteligencia y otros indicios que demuestran que no se
trataba solo de un crimen de los delincuentes del Tren de Aragua, sino el deseo de silenciar a
disidentes.
La denuncia escrita de 185 páginas que hizo la víctima con los nombres y apellidos
de los Generales vinculados a la corrupcion, a la tortura, al narcotráfico, a las relaciones con
terroristas, al crimen organizado, fue entregado a la opinión pública al día siguiente del
asesinato por el hermano del teniente Ojeda.
El presidente Maduro y sus colaboradores usan y abusan del Poder para reprimir y para
esconder el rechazo popular que 25 años de destrucción del Estado de Derecho, han convertido
al chavismo en fuerza minoritaria, por lo cual para aferrase al Poder, han incrementado
ataques permanentes contra militares y civiles (en las cárceles de Venezuela hay hoy más
presos políticos militares que civiles). El nerviosismo por el aislamiento, los ha llevado a actuar
torpemente dentro y fuera de las fronteras con su pregonada “furia bolivariana".
El 5 de marzo del 2024, Estados Unidos prorrogó el Decreto que declara a Venezuela como una
“extraordinaria amenaza” a su Seguridad Nacional.
Esa amenaza no es solamente contra
Estados Unidos También va dirigida a otros países e instituciones internacionales como se
evidencia con la expulsión de los representantes designados por la entonces Alta Comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet a solicitud de Maduro,
pero como no les agrado el Informe, sorpresivamente expulsaron a los 14 funcionarios
internacionales, dándoles 72 horas para abandonar el país. Igualmente desproporcionado ha
sido declarar como Personas No Gratas a 446 eurodiputados por aprobar una resolución
exigiendo elecciones libres, o por otro lado, insultar a los jueces de la Corte Penal Internacional
por cumplir los alcances del Tratado de Roma, o amedrentar a Guyana con le designación de un
Gobernador militar del Esequibo en disputa, o incumplir los Acuerdos de Barbados, o el silencio
en relación al secuestro y asesinato del Teniente Ojeda en Chile, o las diversas intervenciones
de desequilibrio en el hemisferio, denunciadas por la Canciller Argentina. Todo ello muestra la
prepotencia de un régimen que no respeta ni siquiera el límite de sus fronteras y que pretende
imponer una pax bolivariana; que no es otra cosa que una hegemonía inaceptable y un riesgo
a la Seguridad Hemisférica.
Los países de América Latina y de otras regiones presentes en los Acuerdos de Barbados, deben
exigir que se respete lo acordado y que cesen las medidas inconstitucionales contra la líder de
la oposición Maria Corina Machado quien se ha convertido en un fenómeno político que ha
logrado un respaldo incontestable en el país permitiendo que sean los venezolanos los que fijen
el rumbo de su destino.-
