Libertad religiosa: los 12 países con peores condiciones

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó a finales de junio su informe anual sobre la situación de la libertad religiosa internacional. El Secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que el informe «avanza en nuestra visión de un futuro en el que todos puedan elegir y practicar sus creencias, incluido el derecho a no creer o adscribirse a una fe».

El último informe designa a 12 países -Birmania (Myanmar), la República Popular China, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán- como Países de Especial Preocupación (PCP). Esa designación indica que una nación ha cometido o tolerado «violaciones especialmente graves de la libertad religiosa».

He aquí algunas de las principales razones por las que estos 12 países han sido incluidos en este informe, con un enlace a la sección del país en el informe:

La constitución de Myanmar, a la que el Departamento de Estado se refiere como «Birmania«, garantiza «el derecho a profesar y practicar libremente la religión con sujeción al orden público, la moralidad o la salud y a las demás disposiciones de esta constitución».

Sin embargo, en 2023 surgieron informes sobre amenazas, detenciones y violencia contra grupos religiosos y etnorreligiosos minoritarios.

Aunque la Constitución de la República Popular China establece que los ciudadanos «gozan de libertad de creencia religiosa», solo los grupos religiosos que pertenecen a una de las cinco «asociaciones religiosas patrióticas» autorizadas por el Estado y que representan a las religiones oficiales pueden celebrar servicios religiosos.

Los reglamentos exigen que el clero prometa lealtad al Partido Comunista Chino (PCCh) y al socialismo y que «se resista a las actividades religiosas ilegales y a la ideología religiosa extremista, así como a la infiltración de fuerzas extranjeras que utilizan la religión».

La Constitución de Cuba contiene disposiciones sobre libertad religiosa y prohíbe la discriminación por motivos religiosos; sin embargo, algunas disposiciones de los códigos penal y administrativo contravienen estas protecciones. La Constitución declara que el país es un Estado laico y establece la separación entre las instituciones religiosas y el Estado, pero el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia (MJ), regula la práctica religiosa. La ley exige a todos los grupos religiosos que soliciten al MJ su registro oficial.

Muchos grupos religiosos siguieron afirmando que, a pesar de las disposiciones constitucionales sobre libertad de conciencia y religión y que prohíben la discriminación por motivos religiosos, el gobierno utilizaba amenazas, detenciones, violencia y otras tácticas coercitivas para restringir las actividades de algunos grupos religiosos, líderes y seguidores, incluido el derecho de los presos a practicar libremente la religión. Las fuentes citaron la constante vigilancia, intimidación e interrogatorio por parte del gobierno de sacerdotes que hablaban abiertamente de derechos humanos, así como la presión del gobierno sobre los líderes católicos para que silenciaran a los sacerdotes que hablaban abiertamente.

La Constitución de la República Popular Democrática de Corea establece la libertad de creencia religiosa. Pero un informe del Secretario General de la ONU de 2022 concluía que «el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión… sigue denegado, sin que las autoridades toleren sistemas de creencias alternativos».

El informe sobre libertad religiosa del Departamento de Estado decía: «Múltiples fuentes indicaron que la situación no había cambiado fundamentalmente desde la publicación del informe de la Comisión de Investigación (COI) de la ONU de 2014 sobre los derechos humanos en la RPDC, que encontró que las autoridades negaban casi por completo los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y determinó que el gobierno en muchos casos cometió violaciones de los derechos humanos que constituían crímenes de lesa humanidad. Al parecer, el gobierno siguió ejecutando, torturando, deteniendo y maltratando físicamente a personas por sus actividades religiosas».

La ley y la constitución de Eritrea, que siguen sin aplicarse, prohíben la discriminación por motivos religiosos y establecen la libertad de pensamiento, conciencia y creencia, así como la libertad de practicar cualquier religión. El gobierno reconoce cuatro grupos religiosos registrados oficialmente: la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Eritrea, el Islam suní, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Luterana de Eritrea.

Pero en 2023, según el informe, el gobierno eritreo detuvo a personas por motivos religiosos. La ONG cristiana Release International informó de la detención de 177 miembros de grupos cristianos no registrados entre enero y abril cuando se reunían en domicilios particulares para rendir culto o grabar música de culto. En julio, la ONG cristiana Voice of the Martyrs Canada informó de que dos pastores permanecían detenidos sin cargos desde 2004. No había información sobre las condiciones en que se encontraban recluidos estos detenidos ni sobre los cargos que se les imputaban, en caso de haberlos. Las ONG afirmaron que, en el pasado, las autoridades mantenían a algunos detenidos cristianos en contenedores de transporte y los golpeaban y torturaban para intentar obligarlos a renunciar a su fe.

El gobierno siguió gestionando escuelas que antes eran propiedad de católicos, ortodoxos y musulmanes y que fueron confiscadas en virtud de la Proclamación 73/1995, que prohibía a las instituciones religiosas prestar servicios sociales, incluida la educación.

La Constitución de Irán define el país como una república islámica y especifica que el Islam chiíta twelver ja’afari es la religión oficial del Estado. Establece que todas las leyes y normativas deben basarse en «criterios islámicos» y en una interpretación oficial de la sharia. La constitución establece que los ciudadanos disfrutarán de los derechos humanos, políticos, económicos y de otro tipo, «de conformidad con los criterios islámicos». El código penal prevé castigos ordenados por la sharia, como la amputación, la flagelación y la lapidación. Especifica la pena de muerte por moharebeh («enemistad contra Dios») y sabb al-nabi («insultar al Profeta»). El proselitismo de religiones distintas del Islam se castiga con penas de hasta 10 años de prisión.

La Constitución de Nicaragua prohíbe la discriminación por motivos religiosos; establece la libertad de creencias, religión y culto; y afirma que nadie «será obligado por medidas coercitivas a declarar su ideología o creencias».

Sin embargo, según múltiples informes de medios de comunicación, ONG y organizaciones internacionales, el gobierno aceleró sus ataques contra la Iglesia católica y los grupos cristianos evangélicos. A lo largo del año, la policía detuvo a 27 sacerdotes católicos y a dos seminaristas católicos, retuvo a muchos otros sacerdotes católicos durante breves periodos de tiempo para interrogarlos y expulsó del país a 18 sacerdotes nicaragüenses y a tres extranjeros.

En febrero, un juez condenó al obispo Rolando Álvarez, sin juicio previo, a 26 años de prisión y le retiró la ciudadanía por cometer traición y delitos cibernéticos. Ese mismo mes, el gobierno exilió a Estados Unidos a 222 presos políticos que habían obtenido la libertad condicional por motivos humanitarios, entre ellos seis sacerdotes católicos y otros cinco afiliados a la Iglesia Católica. Después de que los ex presos políticos llegaran a Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones de Managua declaró a esas personas «traidoras» y declaró que el gobierno las había despojado de su ciudadanía.

También en febrero, un tribunal de apelaciones declaró «traidores» a otros 94 ciudadanos nicaragüenses -entre ellos 10 sacerdotes católicos- por cometer «conspiración para menoscabar la integridad nacional» y «difundir noticias falsas», despojándoles de su ciudadanía y ordenando la confiscación de sus bienes.

En marzo, la Santa Sede cerró su nunciatura en Managua después de que el gobierno nicaragüense «suspendiera» las relaciones diplomáticas en respuesta a que el Papa Francisco comparara el gobierno de Ortega con la dictadura nazi de Hitler.

En abril, el presidente Daniel Ortega llamó a la jerarquía católica del país «obispos de Satanás». En agosto, el gobierno cerró la Universidad Centroamericana (UCA), operada por jesuitas, alegando que era un centro de terrorismo.

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La constitución de Pakistán establece el Islam como religión del Estado y exige que todas las disposiciones de la ley sean coherentes con el Islam. La constitución afirma: «Con sujeción a la ley, al orden público y a la moral, todo ciudadano tendrá derecho a profesar, practicar y propagar su religión». El código penal establece penas por blasfemia que van desde los 10 años de prisión hasta la pena de muerte, aunque el gobierno nunca ha ejecutado a nadie por blasfemia.

Según informes de los medios de comunicación, en ocasiones la policía ha matado o maltratado físicamente a miembros de minorías religiosas o no ha protegido a las personas de la violencia relacionada con la religión. Con frecuencia, los policías acusados de abusos recibían sanciones leves o no eran castigados en absoluto. En un caso, la policía no protegió a un detenido acusado de blasfemia en el distrito de Nankana Sahib, en Punjab; una turba asaltó una comisaría y lo linchó el 11 de febrero.

La Constitución de Rusia declara que el Estado es laico y garantiza la libertad de religión, la igualdad de derechos con independencia de las creencias religiosas y el derecho a rendir culto y profesar la propia religión. La ley establece que los funcionarios del gobierno pueden prohibir la actividad de una asociación religiosa por violar el orden público o participar en «actividades extremistas» y permite al gobierno criminalizar un amplio espectro de actividades como extremistas, pero no define con precisión el extremismo.

Una ley promulgada en 2022 autoriza la creación de una base de datos confidencial de materiales definidos como extremistas y un «registro unificado» de personas pertenecientes a organizaciones definidas como terroristas o extremistas. Otra ley de 2022 exige a determinadas organizaciones, incluidos grupos religiosos e individuos, que se identifiquen públicamente como agentes extranjeros, lo que, según los críticos, pretende desacreditarlos. La ley identifica el cristianismo, el islam, el judaísmo y el budismo como las cuatro religiones «tradicionales» del país y reconoce el papel especial de la Iglesia Ortodoxa Rusa (IOR).

La guerra de Rusia contra Ucrania ha sacado a la luz muchos problemas de libertad religiosa, especialmente en el territorio ucraniano ocupado por las fuerzas rusas. En esos lugares, Rusia ha denegado el derecho de culto a los miembros de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, los greco-católicos ucranianos, los musulmanes tártaros de Crimea, los testigos de Jehová, los evangélicos, los bautistas y otros.

Según la Ley Básica de Gobierno de 1992, la religión oficial de Arabia Saudí es el Islam, y la constitución es el Corán y la Sunna (tradiciones y prácticas basadas en la vida del profeta Mahoma). El sistema jurídico se basa en gran medida en la sharia, según la interpretación de la escuela hanbalí de jurisprudencia islámica suní. La ley no contempla la libertad de religión. La ley penaliza a «cualquiera que desafíe, directa o indirectamente, la religión o la justicia del rey o del príncipe heredero». La ley prohíbe «la promoción de ideologías ateas en cualquiera de sus formas», «cualquier intento de poner en duda los fundamentos del Islam», las publicaciones que «contradigan las disposiciones de la ley islámica» y otros actos, como el culto público no islámico, la exhibición pública de símbolos religiosos no islámicos, la conversión de un musulmán a otra religión y el proselitismo de un no musulmán.

En marzo, el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, visitó Arabia Saudí invitado por la Liga Musulmana Mundial (LMM) y se reunió con altos cargos, entre ellos el secretario general de la LMM, Mohammad bin Abdulkarim al-Issa, el ministro de Asuntos Islámicos, al-Sheikh, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Waleed El Khereiji. Según la prensa, el cardenal Schönborn habló de los esfuerzos por tender puentes de cooperación y comunicación eficaz entre los dirigentes para hacer frente al odio y a las ideas «extremistas».

La constitución de Tayikistán establece el derecho, individual o conjuntamente con otros, a adherirse a cualquier religión o a ninguna y a participar en costumbres y ceremonias religiosas. La constitución afirma: «Las asociaciones religiosas estarán separadas del Estado y no interferirán en los asuntos estatales». La ley restringe la oración islámica a lugares específicos, regula el registro y la ubicación de las mezquitas y prohíbe a los menores de 18 años participar en actividades religiosas públicas.

El Comité de Religión, Regulación de Tradiciones, Celebraciones y Ceremonias (CRA) del gobierno mantiene un amplio mandato que incluye la aprobación del registro de asociaciones religiosas, la construcción de lugares de culto, la participación de los niños en la educación religiosa y la difusión de literatura religiosa. El gobierno mantiene una lista de organizaciones extremistas prohibidas.

Las fuerzas del orden continuaron arrestando y deteniendo a personas sospechosas de pertenecer a grupos prohibidos o de apoyarlos.

La constitución de Turkmenistán establece que la república es un país laico y prevé la libertad de religión y el derecho de las personas a elegir su religión, expresar y difundir sus creencias religiosas y participar en observancias y ceremonias religiosas. La constitución separa las funciones del gobierno y la religión y estipula que las organizaciones religiosas tienen prohibida la «injerencia» en los asuntos del Estado.

En su informe anual de 2023, la ONG cristiana Open Doors señalaba que «los cristianos de origen musulmán sufren presiones tanto por parte del Estado como de su familia y su comunidad, que pueden someterlos a arresto domiciliario, matrimonios forzados y palizas para intentar obligarlos a volver al Islam». Open Doors informó además de que «los cristianos conversos de trasfondo musulmán son los más vulnerables a la persecución, especialmente en las zonas rurales. Es probable que sufran presiones y, en ocasiones, violencia física por parte de sus familias, amigos y comunidad local. Algunos conversos son encerrados por sus familias durante largos periodos, golpeados y pueden llegar a ser expulsados de sus comunidades. Los imanes locales predican contra ellos, lo que aumenta la presión. Como resultado, los conversos hacen todo lo posible por ocultar su fe: se convierten en creyentes secretos».

Algunos grupos religiosos informaron de un aumento de lo que un líder católico calificó de «curiosidad religiosa»: un mayor interés en el país por las cuestiones religiosas respecto a los 30 años anteriores. El líder dijo que el cambio de actitud hacia la religión procedía de personas que sentían curiosidad por el cristianismo y otras que buscaban restablecer los lazos con sus antepasados familiares que eran religiosos. Los líderes religiosos afirmaron que no hacían proselitismo, sino que abrían sus puertas a todas las personas.

Además de estos países, el informe designaba a Argelia, Azerbaiyán, la República Centroafricana, Comoras y Vietnam como países de la Lista de Vigilancia Especial por cometer o tolerar graves violaciones de la libertad religiosa. También designó a Al Shabab, Boko Haram, Hayat Tahrir al Sham, los Houthis, ISIS-Sahel, ISIS-África Occidental, Jamaat Nasr al Islam wal-Muslimin, filial de Al Qaeda, y los talibanes como Entidades de Especial Preocupación.

Pero en ninguna de estas listas figura Nigeria, y un número considerable de personas, incluidos nigerianos, siguen preguntándose por qué. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés), una agencia independiente y bipartidista del gobierno federal estadounidense creada por la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, ha señalado que Nigeria ha cumplido en repetidas ocasiones los requisitos legales para la designación.